MADRID/VALENCIA.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este viernes el fin de la prisión provisional para el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, por "humanidad" y a la vista de los "informes médicos que dicen que su vida corre peligro".
"Siempre he respetado y respeto las decisiones judiciales,
pero en este caso creo que la humanidad y la salud deberían estar por
encima de cualquier decisión de otro ámbito", ha defendido el número dos
del PP en una entrevista en Telecinco.
Zaplana, que lleva siete meses en prisión incondicional y sin fianza en la cárcel de Picassent como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco del caso Erial, está siendo tratado en el Hospital La Fe de Valencia para que el deterioro que sufre, como consecuencia de una leucemia, no sea "irreversible", según fuentes de su defensa.
Para el PP, el que fuera uno de sus máximo dirigentes "no debería pasar por el calvario personal" por el que está pasando "con una salud tan frágil", ha insistido García Egea, tras argumentar que "lo más importante que tenemos es la vida humana, que tiene un valor incalculable" y que por eso Zaplana "debería poder seguir siendo tratado fuera de prisión para que su vida no corra peligro".
"Cuando la vida de una persona corre peligro, toda la sociedad tiene que volcarse para que esa situación no sea irreversible; los médicos ya lo han dicho y ante esos informes médicos lo mejor es hacer caso a ellos y que Zaplana pueda seguir el tratamiento en unas condiciones que le permitan remontar", ha implorado.
La juez rechaza una oferta de colaboración "total" de Zaplana
La magistrada del caso Erial, María Isabel Rodríguez, alega que "no es necesaria para la investigación" la oferta del exministro, quien se muestra dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La justicia basa la prisión provisional del exministro en el riesgo de destrucción de pruebas que comportaría su libertad.
Zaplana, que lleva siete meses en prisión incondicional y sin fianza en la cárcel de Picassent como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco del caso Erial, está siendo tratado en el Hospital La Fe de Valencia para que el deterioro que sufre, como consecuencia de una leucemia, no sea "irreversible", según fuentes de su defensa.
Para el PP, el que fuera uno de sus máximo dirigentes "no debería pasar por el calvario personal" por el que está pasando "con una salud tan frágil", ha insistido García Egea, tras argumentar que "lo más importante que tenemos es la vida humana, que tiene un valor incalculable" y que por eso Zaplana "debería poder seguir siendo tratado fuera de prisión para que su vida no corra peligro".
"Cuando la vida de una persona corre peligro, toda la sociedad tiene que volcarse para que esa situación no sea irreversible; los médicos ya lo han dicho y ante esos informes médicos lo mejor es hacer caso a ellos y que Zaplana pueda seguir el tratamiento en unas condiciones que le permitan remontar", ha implorado.
La juez rechaza una oferta de colaboración "total" de Zaplana
La magistrada del caso Erial, María Isabel Rodríguez, alega que "no es necesaria para la investigación" la oferta del exministro, quien se muestra dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La justicia basa la prisión provisional del exministro en el riesgo de destrucción de pruebas que comportaría su libertad.
La oferta de Zaplana que avanza la SER iba dirigida a agilizar los trámites para la obtención de esas pruebas y reducir el tiempo de prisión provisional. Además, la juez cree que Zaplana puede fugarse a pesar de su cáncer: "También hay hospitales en paraísos fiscales".
El ofrecimiento fue presentado el pasado mes de octubre, pero no había trascendido hasta la fecha.
En su escrito, Zaplana se mostraba dispuesto a firmar "cuantos documentos sean necesarios" para autorizar "a quien designe el juzgado" a la información contenida en "cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina" para obtener "cualquier información sobre la titularidad o derechos sobre bienes, participaciones sociales, cuentas bancarias, depósitos, fondos o activos de cualquier tipo de los que considere el juzgado o tenga sospecha" de que el investigado "pudiera ser titular real o formal, apoderado, autorizado o beneficiario".
Zaplana manifiesta en su escrito que carece de cualquier tipo de patrimonio en el extranjero, pero muestra su "voluntad de colaborar con los investigadores para que verifiquen in situ" las sospechas y agilizar los trámites "habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente".
La juez va más allá y añade que "no existe" la "pretendida" colaboración "pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo".
La magistrada recalca que además de la destrucción de pruebas, Zaplana sigue en prisión por el "riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas". Y cree que Zaplana podría fugarse incluso con la leucemia que padece, que requiere un seguimiento médico, al sostener que "hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales".
Fuentes del caso afirman que "en este momento" de la investigación no precisan de la colaboración de Zaplana, que reclamarán "cuando corresponda".
Los investigadores afirman que en las últimas semanas han visitado varios países, fundamentalmente en sudamérica, donde supuestamente Zaplana acumula un patrimonio oculto cercano a los 10.5 millones de euros procedente de comisiones cobradas durante su etapa como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002.
El exministro de Trabajo permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia, Guillermo Sanz, que trata estos días a Eduardo Zaplana, ha publicado este jueves un tuit en el que se limita a ofrecer el significado de 'tortura' según el diccionario de la RAE: "Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo". A continuación, pregunta si "es esto" a lo que está siendo sometido Zaplana.
En su escrito, Zaplana se mostraba dispuesto a firmar "cuantos documentos sean necesarios" para autorizar "a quien designe el juzgado" a la información contenida en "cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina" para obtener "cualquier información sobre la titularidad o derechos sobre bienes, participaciones sociales, cuentas bancarias, depósitos, fondos o activos de cualquier tipo de los que considere el juzgado o tenga sospecha" de que el investigado "pudiera ser titular real o formal, apoderado, autorizado o beneficiario".
Oferta para acceder "en días" a datos clave en la investigación
La defensa de Zaplana expone en su escrito que con esta oferta, los investigadores podrían acceder "en cuestión de días" a los datos para confirmar o descartar las sospechas, cuando el procedimiento habitual de auxilio judicial para lograr información internacional demora las respuestas durante "muchos meses, años e incluso se han conocido casos en los que nunca se ha llegado a contestar".Zaplana manifiesta en su escrito que carece de cualquier tipo de patrimonio en el extranjero, pero muestra su "voluntad de colaborar con los investigadores para que verifiquen in situ" las sospechas y agilizar los trámites "habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente".
La juez desprecia la oferta en un auto fechado el pasado
15 de noviembre, que también permanecía inédito hasta hoy. Asegura la
magistrada que Zaplana "olvida" que su autorización para la obtención de
datos "no es necesaria para la investigación", porque los órganos judiciales "tienen potestad para solicitarlos directamente".
Dice la juez que Zaplana "quiere dar la imagen" de colaboración,
cuando "él mismo es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de
personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se
le imputan".La juez va más allá y añade que "no existe" la "pretendida" colaboración "pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo".
La magistrada recalca que además de la destrucción de pruebas, Zaplana sigue en prisión por el "riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas". Y cree que Zaplana podría fugarse incluso con la leucemia que padece, que requiere un seguimiento médico, al sostener que "hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales".
Fuentes del caso afirman que "en este momento" de la investigación no precisan de la colaboración de Zaplana, que reclamarán "cuando corresponda".
Los investigadores afirman que en las últimas semanas han visitado varios países, fundamentalmente en sudamérica, donde supuestamente Zaplana acumula un patrimonio oculto cercano a los 10.5 millones de euros procedente de comisiones cobradas durante su etapa como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002.
El exministro de Trabajo permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El médico que trasplantó de médula a Zaplana pregunta
públicamente si está siendo "torturado"
El jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia, Guillermo Sanz, que trata estos días a Eduardo Zaplana, ha publicado este jueves un tuit en el que se limita a ofrecer el significado de 'tortura' según el diccionario de la RAE: "Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo". A continuación, pregunta si "es esto" a lo que está siendo sometido Zaplana.
Sanz, en un escrito a la instructora de la operación Erial, Isabel Rodríguez,
el pasado 21 de noviembre, advirtió de un riesgo infeccioso similar al
de un niño burbuja, con peligro de muerte. En el texto, aclaraba que el
mal asociado a la leucemia que padece el exministro,
similar al del rechazo de un órgano en un trasplante, es "una bomba de
relojería" que puede "sobrevenirle la muerte de forma súbita e
inesperada".
Zaplana se encuentra en La Fe desde el 18 de
diciembre. El ingreso se debió a un serio deterioro de su salud
consecuencia del trasplante de médula al que se sometió hace tres años
por la leucemia.
Pese a su situación y al citado informe, la jueza
Rodríguez, que le mantiene en prisión preventiva desde hace siete meses,
está presionando a los médicos que le atienden para que le den el alta cuanto antes y así poder devolverlo a la cárcel, según pudo saber El Español de fuentes cercanas al caso.
Ninguna de las peticiones han hecho mella en la decisión de Rodríguez. Tampoco el comunicado
que recientemente emitió el propio político en el que se preguntaba
"cuánto tiempo" tenía que permanecer en prisión "para no destruir
pruebas".
Zaplana se reclamaba "inocente" de los cargos que se le
imputan "por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los
hechos de los que se me acusa en el auto judicial" que produjo su
detención.
A esto hay que sumar lo ocurrido en Nochebuena. El
cardenal Antonio Cañizares quiso hacer una visita al también
expresidente de la Comunidad Valenciana el 24 de diciembre, pero no pudo
entrar. La instructora no permite visita alguna, ni siquiera de esta
índole. Dos días antes, la mujer de Zaplana emitió un comunicado por el
mismo motivo: "No sólo está privado de libertad sino, además, incomunicado".
Eduardo Zaplana lucha ahora para conseguir que la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, le permita recuperarse en su casa de la grave leucemia que sufre desde 2015, pero juegan en su contra los indicios de blanqueo acumulados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado 22 de mayo en la llamada operación Erial.
Uno de los movimientos de dinero reconstruidos por los investigadores vincula al expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) con 2.111 metros cuadrados de suelo urbanizable en la costa mediterránea, dentro del término municipal de Villajoyosa (Alicante), a apenas 15 kilómetros de Benidorm, el enclave donde arrancó su meteórica carrera política, recuerda hoy El Confidencial.
El suelo, que se divide en tres parcelas reservadas para la construcción de viviendas y hoteles, tiene un valor aproximado de 2,2 millones de euros. En realidad, nunca ha estado a nombre de Zaplana.
Los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado han llegado hasta él siguiendo el rastro de uno de sus presuntos testaferros, Joaquín Miguel Barceló Llorens, alias Pachano, un amigo de la infancia que está acusado de haber ejercido un papel clave en la repatriación de los 10,5 millones de euros que supuestamente recibió el exdirigente del PP del empresario Vicente Cotino por el amaño de adjudicaciones públicas y que habrían permanecido ocultos en el extranjero durante casi dos décadas, según mantiene la jueza.
Las últimas pesquisas habrían permitido ahora cerrar el círculo del cohecho en torno a estos activos al demostrar indiciariamente que el suelo pasó de Cotino a Zaplana mediante las mercatiles offshore de Barceló.
Una de las parcelas tiene una extensión de 424 metros cuadrados y está catalogada como “reserva de aprovechamiento urbanístico subjetivo”, según consta en el registro de la propiedad. La segunda abarca 700 metros cuadrados y tiene asignado un uso residencial-terciario. La última mide 987 metros cuadrados y está emplazada en un área destinada a la construcción de equipamientos hoteleros.
Las tres se ubican en la zona de Poble Nou o Les Puntes del Moro, en primera línea de playa. Se trata de una de las pocas zonas que quedan por desarrollar en las inmediaciones del núcleo urbano. Su planificación se produjo en pleno 'boom' y cuando estaba al frente del ayuntamiento un regidor del PP.
No son las únicas propiedades vinculadas presuntamente a Zaplana que fueron bloqueadas por la jueza para evitar su posible venta. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, entre los bienes decomisados figuran cuatro viviendas en Alicante, dos apartamentos en la playa de Altea, un chalé y siete casas en Benidorm, pisos en Jumilla y Águilas, en Murcia, y un apartamento en Isla Cristina, en Huelva, además de una decena de plazas de garaje y un suelo rústico.
Las tres parcelas en primera línea de playa que mantienen a Zaplana en prisión
Eduardo Zaplana lucha ahora para conseguir que la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, le permita recuperarse en su casa de la grave leucemia que sufre desde 2015, pero juegan en su contra los indicios de blanqueo acumulados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado 22 de mayo en la llamada operación Erial.
Uno de los movimientos de dinero reconstruidos por los investigadores vincula al expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) con 2.111 metros cuadrados de suelo urbanizable en la costa mediterránea, dentro del término municipal de Villajoyosa (Alicante), a apenas 15 kilómetros de Benidorm, el enclave donde arrancó su meteórica carrera política, recuerda hoy El Confidencial.
El suelo, que se divide en tres parcelas reservadas para la construcción de viviendas y hoteles, tiene un valor aproximado de 2,2 millones de euros. En realidad, nunca ha estado a nombre de Zaplana.
Los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado han llegado hasta él siguiendo el rastro de uno de sus presuntos testaferros, Joaquín Miguel Barceló Llorens, alias Pachano, un amigo de la infancia que está acusado de haber ejercido un papel clave en la repatriación de los 10,5 millones de euros que supuestamente recibió el exdirigente del PP del empresario Vicente Cotino por el amaño de adjudicaciones públicas y que habrían permanecido ocultos en el extranjero durante casi dos décadas, según mantiene la jueza.
La
operativa que se esconde tras los terrenos y los avances que se han
producido en esta línea de investigación rebajan las opciones de Zaplana
de quedar en libertad, pese a su delicada salud.
Oficialmente, las tres
parcelas figuran en el registro de la propiedad a nombre de la
mercantil Gesdesarrollos Integrales SL, que adquirió el suelo entre 2008 y 2014. A su vez, Gesdesarrollos Integrales SL está controlada por otra mercantil, Medlevante SL, que fue constituida en 2005.
Los
investigadores sostienen que, inicialmente, las acciones de Medlevante,
y por tanto las parcelas, eran propiedad de Vicente Cotino. Sin
embargo, en torno a 2009, la titularidad del suelo pasó a manos de
Joaquín Barceló mediante una operación mercantil ejecutada a miles de
kilómetros de distancia de Villajoyosa.
Según fuentes cercanas a las
pesquisas, el supuesto testaferro de Zaplana tomó el control de
Medlevante entrando en su capital con dos firmas 'offshore', Nysleny SA y Disfey SA, desconocidas hasta ahora.
Como adelantó El Confidencial, ambas sociedades instrumentales habían sido creadas previamente en Uruguay por Fernando Belhot,
el abogado con el que Zaplana se asoció para vender en España productos
químicos para la depuración de aguas y, también, con el que fue captado por la UCO en numerosas ocasiones durante los seguimientos y escuchas de la operación Erial.
Comisión judicial a Uruguay
Hace
dos semanas, la jueza, el fiscal y la UCO viajaron a Uruguay para
registrar la vivienda de Belhot en busca de documentación sobre Nysleny
SA y Disfey SA. También aprovecharon para incautarse de pruebas sobre
tres mercantiles domiciliadas en una zona franca de Montevideo, Zonamérica,
que habían tenido como administrador hasta 2014 a Vicente Cotino y que
la investigación implica igualmente en la presunta red societaria tejida
por Zaplana para esconder el dinero de las comisiones lejos del alcance
de la Justicia española. Se trata de las sociedades Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA.
La jueza ya había acordado el pasado junio el decomiso de los
terrenos de Gesdesarrollos Integrales SL ante la sospecha de que
pertenecieran al expresidente valenciano, pero consideró necesario
desplazarse a Uruguay para atar esa parte de la instrucción.Las últimas pesquisas habrían permitido ahora cerrar el círculo del cohecho en torno a estos activos al demostrar indiciariamente que el suelo pasó de Cotino a Zaplana mediante las mercatiles offshore de Barceló.
Una de las parcelas tiene una extensión de 424 metros cuadrados y está catalogada como “reserva de aprovechamiento urbanístico subjetivo”, según consta en el registro de la propiedad. La segunda abarca 700 metros cuadrados y tiene asignado un uso residencial-terciario. La última mide 987 metros cuadrados y está emplazada en un área destinada a la construcción de equipamientos hoteleros.
Las tres se ubican en la zona de Poble Nou o Les Puntes del Moro, en primera línea de playa. Se trata de una de las pocas zonas que quedan por desarrollar en las inmediaciones del núcleo urbano. Su planificación se produjo en pleno 'boom' y cuando estaba al frente del ayuntamiento un regidor del PP.
No son las únicas propiedades vinculadas presuntamente a Zaplana que fueron bloqueadas por la jueza para evitar su posible venta. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, entre los bienes decomisados figuran cuatro viviendas en Alicante, dos apartamentos en la playa de Altea, un chalé y siete casas en Benidorm, pisos en Jumilla y Águilas, en Murcia, y un apartamento en Isla Cristina, en Huelva, además de una decena de plazas de garaje y un suelo rústico.
La
defensa de Zaplana ha pedido hasta en cinco ocasiones su libertad
subrayando que su estancia en la cárcel está afectando gravemente a la
evolución de su leucemia. El exministro de Trabajo ha experimentado un
nuevo bache por el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al
que fue sometido para tratarle sus problemas linfáticos, una afección
conocida como enfermedad de injerto contra huésped.
Como
consecuencia, se encuentra muy débil, ha perdido peso y la pigmentación
de su piel ha adquirido un color morado. La jueza autorizó la semana
pasada su ingreso en el Hospital de La Fe, pero sobre el exdirigente pende la amenaza de la vuelta inmediata a la prisión de Picassent,
donde permanece desde hace más de seis meses.
La instructora mantiene
que, pese a la enfermedad, aún persiste el riesgo de fuga por los
supuestos activos que Zaplana podría seguir controlando desde el
extranjero, como habría ocurrido con los terrenos de Villajoyosa.
La Audiencia Provincial de Valencia
está avalando hasta ahora las decisiones de la jueza. Este mismo
jueves, sin ir más lejos, esa instancia ratificó un auto anterior de la
instructora en el que esta rechazaba la excarcelación de Joaquín
Barceló. El supuesto testaferro de Zaplana también deberá seguir en
prisión.
