Casi 25.000 murcianos engrosan ya la larga lista de espera sanitaria de Valcárcel

CARTAGENA.- Un total de 24.692 ciudadanos/as esperan en la Región de Murcia más de los plazos previstos por la Consejería de Sanidad para una intervención quirúrgica, una consulta con el experto o las pruebas diagnósticas, según denunció hoy el médico yeclano responsable de Sanidad en el Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena.

Carpena reveló que la lista de espera del Servicio Murciano de Salud (SMS) a 31 de diciembre de 2009 era de 2.062 personas más que en la misma fecha del año anterior.

La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, ha admitido que la actividad quirúrgica con mayor demora en 2009 fue Traumatología (de 59 a 61 días), mientras que en Otorrinolaringología se pasó de 20 a 18 días. En Cirugía General se pasó de 65 a 60 días y en Oftalmología, de 54 a 50.

El diputado desvela que se están incumpliendo los plazos que marca el Decreto de Garantía de Demora Máxima de marzo de 2006, que pasan en la Región de Murcia por 150 días naturales para intervenciones quirúrgicas, 50 días naturales para las primeras consultas externas y 30 días para las pruebas diagnósticas o terapéuticas.

El parlamentario denuncia que el Gobierno de Valcárcel incumple la norma porque el Servicio Murciano de Salud no presta asistencia dentro de los plazos previstos en el decreto. Y no ofrece soluciones alternativas. De un año a otro hay un 10% más de personas en lista de espera".

La máxima responsable sanitaria en la Región confesó que "las cifras no son para estar satisfechos, ni ser autocomplacientes, pero tampoco para admitir un análisis catastrofista, basándose en las cifras absolutas".

"Es cierto que las entradas en lista de espera son más, pero también lo son los ciudadanos que demandan el servicio y las atenciones que se prestan. Esto nos obliga a seguir trabajando y dando cuenta de los datos reales", concluye.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, calificó hoy de "inaceptable" esos tiempos de espera en la sanidad murciana y acusó a Valcárcel, de incumplir los plazos máximos a los que se comprometió en la Asamblea Regional.

Propone la creación de un presupuesto específico para reducir las listas de espera y un incremento de las camas hospitalarias hasta alcanzar las 5.000 por cada mil habitantes en cinco años.

Y plantea un incremento de la contratación de profesionalesa tiempo completo; impulso de la dedicación exclusiva y la creación de grupos de intervención en las áreas de prevención/ promoción.

Amado Franco se perfila como nuevo presidente de la CECA

MADRID.- El presidente de Ibercaja, Amado Franco, cuenta con el respaldo de los responsables de varias entidades para relevar a Juan Ramón Quintás al frente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) el próximo mes de abril. El máximo representante de la entidad financiera aragonesa ya habría conseguido importantes apoyos para ser el presidente tras la prevista jubilación de Juan Ramón Quintás. No obstante, no se descartan sorpresas de última hora y que emerja un candidato de más amplio consenso si se produjese un empate o desequilibrio excesivo.

El consejo de administración de la Confederación España de Cajas de Ahorros (CECA) se reunirá el próximo miércoles en Sevilla para debatir, entre otros asuntos, sobre la designación del sucesor del presidente.

En caso de ser elegido presidente de la CECA, Amado Franco podrá compaginar este cargo con la presidencia de la caja aragonesa, algo que siempre ha ocurrido con otros presidentes, a excepción de Quintás, que se dedicó en exclusiva a su trabajo al frente de la patronal.

Entre los presidentes que siempre han liderado la lista de posibles candidatos se encuentra Amado Franco, presidente de Ibercaja aunque, al parecer, podría haber otros aspirantes provenientes de las grandes cajas (La Caixa, Caja Mediterráneo, Unicaja, Bancaja... ) aunque ninguno de medianas y pequeñas ante el proceso de absorciones, fusiones y concentración que se avecina por imposición del Banco Central Europeo y la colaboracion al efecto del Banco de España.

El candidato con más posibilidades es Amado Franco, conocido por ser un firme defensor del modelo tradicional de las cajas de ahorro y tener acreditada experiencia en el sector. El otro candidato capaz de reunir suficientes apoyos es Braulio Medel, presidente de la andaluza Unicaja, pero nunca los provenientes de cajas hoy muy cuestionadas, caso de las mediterráneas en general.

Porque para poder optar a la presidencia de la CECA hay que ocupar el cargo de presidente o director general de una caja con unas cuentas saneadas y sin maquillar, como es el caso claro de 'Ibercaja", que preside Amado Franco.

El mandado de Quintás expira el próximo mes de mayo y, por esta razón, la CECA ha decidido incluir en el orden del día este punto, ya que hasta esa fecha sólo queda pendiente la celebración del consejo del próximo miércoles y el previo a la Asamblea General del 21 de abril.

Además, el consejo considera prioritario afrontar este asunto ante la importancia del debate sobre la reforma del régimen jurídico de las cajas y sus instrumentos de consolidación. La patronal considera que este proceso será largo y que debe ser afrontado por un presidente que pueda atenderlo plenamente.

Japón intenta la crianza de atún rojo para salvar la especie

TOKIO.- Una empresa privada japonesa ha comenzado a exportar atunes rojos nacidos y criados en cautiverio, un experimento novedoso que podría permitir consumir este pescado sin amenazar su supervivencia en los océanos.

A pesar de las cuotas de pesca existentes, las reservas de atún rojo -un pez muy valorado por los amantes del sushi- han disminuido hasta en un 80% en el Mar Mediterráneo y el Atlántico occidental desde 1970.

Por esta razón, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) evaluará esta semana, durante su conferencia en Doha (Qatar), una propuesta para incluirlo en su lista de especies protegidas del comercio.

Los atunes son usualmente pescados directamente en el océano o capturados en su juventud y criados hasta una edad adulta en piscinas especiales. Pero la empresa japonesa de productos de mar Burimy afirmó este lunes haber logrado, por primera vez en el mundo, que los huevos de atún hicieran eclosión en cautiverio y criar a los pequeños peces hasta la madurez.

"Nuestro atún no atenta contra el medio ambiente," indicó Takahiro Hama, empleado de la compañía, ubicada en Amakusa (en el sur de Japón). "Podemos contribuir a detener la reducción del número de atunes".

Japón, país donde el 80% de los atunes son consumidos, es el principal opositor de la iniciativa propuesta por Mónaco, que apoyan la Unión Europea, Estados Unidos y otros seis países.

Sin embargo, algunas empresas y centros de investigación nipones buscan actualmente alternativas.

Para este proyecto, Burimy se asoció con el laboratorio de investigación marina Kindai, de quien recibió en diciembre de 2007 un lote de 1.500 huevos incubados artificialmente. La empresa crió luego los atunes jóvenes durante dos años en piscinas de 20 metros de profundidad, hasta que alcanzaron un tamaño de 1,20 metros.

"Acabamos de enviar las primeras entregas a Estados Unidos", indicó Hama. "Esperamos vender nuestro atún 'renovable' a restaurantes de sushi sensibles a la problemática ambiental".

La empresa ha enviado 20 atunes por semana a Estados Unidos desde enero. Su atún criado, denominado 'atún Kindai', apareció también en el mercado japonés, vendiéndose por 2.000 a 4.000 yenes (22 a 44 dólares) el kilo en grandes almacenes.

La autopsia de Lehman Brothers muestra que escondía deuda fuera del balance

http://www.elpais.com/articulo/economia/autopsia/Lehman/muestra/escondia/deuda/fuera/balance/elpepueco/20100313elpepieco_5/Tes

El modelo inmobiliario español y sus consecuencias / José Manuel Naredo

http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/naredo.pdf

'Murcia en bici' alega ante el borrador de Ordenanza ciclista en el municipio

MURCIA.- En respuesta al borrador de la Ordenanza Reguladora del Uso de la Bicicleta en Murcia, presentado por el Ayuntamiento de Murcia en los últimos días, la Asociación Murcia en Bici va a remitir a la Concejala de Seguridad y Tráfico, Nuria Fuentes, una serie de alegaciones a dicho borrador.

"En primer lugar creemos que esta ordenanza ha de tener un carácter armonizador del libre derecho de circulación de todos los elementos del viario urbano. Debería convertirse en una oportunidad para incentivar el uso de la bicicleta como agente de la movilidad sostenible por que la que el Ayuntamiento dice apostar.

Desde la Asociación Murcia en bici alentamos a los ciclistas a cumplir sus obligaciones como usuarios de las vías y a respetar a ultranza al componente más débil: el peatón. Pero pensamos que la imposición a los ciclistas de sanciones elevadas por conductas que no causan ningún perjuicio social es contraproducente con esa apuesta por la sostenibilidad.

Por ello, criticamos la ambigüedad del texto de la ordenanza en varios de sus artículos, fundamentalmente en los referidos a la circulación por aceras, paseos y otras zonas peatonales. Así, mientras el artículo 8 dice que en estos lugares “podrá autorizarse la circulación de bicicletas siempre que se realice por el espacio expresamente habilitado al efecto mediante señalización”, en su artículo 9 leemos que “se podrá circular en bicicleta por aquellos espacios peatonales en los que no esté expresamente prohibido”.

Desde Murcia en Bici exigimos una normativa que permita abiertamente la circulación de bicicletas por aceras de amplitud suficiente, paseos, parques y otras áreas peatonales --siempre respetando la preferencia de los peatones y adecuando la velocidad--, salvo en los momentos de aglomeración de peatones (cuando no sea posible conservar un metro de distancia entre la bicicleta y los peatones, o no se pueda circular en línea recta 5 metros de manera continuada).

Normas similares son las que se aplican en todas las ciudades, como Sevilla o Barcelona, en las que se ha aprobado una ordenanza para regular el uso de la bici, y pedimos la Concejalía de Seguridad y Tráfico que adopte un modelo similar. A aquellos posibles ciclistas a los que la modalidad de ciclocalles, adoptada preferentemente en el Plan Director de la Bicicleta, causa reticencia o inseguridad no tendrán opción de circulación si se les prohíben las zonas peatonales amplias y además, es incoherente con la previsión del Plan Director de la Bicicleta de colocar aparcabicis en plazas de dicha índole.

Segundo, consideramos que la limitación de velocidad a 20kms/h en todas las vías ciclables es incongruente, más si tenemos en cuenta que gran parte de la infraestructura ciclista planeada por el Plan Director consiste en vías ciclables compartidas con el resto de vehículos, en el que la velocidad máxima está de por sí limitada a 30kms/h.

De igual forma, creemos excesivamente restrictiva e impráctica la limitación a 10 kms/h en aceras bici, cuando éstas existen fundamentalmente en amplias aceras de gran recorrido como Juan Carlos I o Juan de Borbón.

En tercer lugar, en Murcia en Bici creemos que la Ordenanza no debe hacer obligatorio para el ciclista el uso de prenda reflectante (Artículo 10), sin perjuicio de la conveniencia, por su seguridad, de la utilización de este elemento tanto de día como de noche.

Creemos que la función de la ordenanza no es imponer más obligaciones de las que determina el Reglamento General de Vehículos, según el cual las bicicletas deberán portar elementos reflectantes debidamente homologados, y se considera conveniente que estén dotadas de timbre.

Tampoco entendemos prohibiciones arbitrarias como “ponerse de pie encima de la bici” (Artículo 12), e instamos a la Concejalía a aclarar estos aspectos, con el fin de diferenciar acciones habituales en cualquier ciclista, de acrobacias y otras conductas incautas que sí creemos inapropiadas en la vía pública.

Por último, creemos que la ordenanza debe tener un carácter de concienciación y no recaudatorio. Consideramos por tanto desproporcionado el importe de las sanciones que propone el borrador actual, desde 100 hasta 500 euros, y proponemos cuantías de 30, 60 y 100 euros para infracciones leves, graves y muy graves, respectivamente.

Creemos firmemente que la Ordenanza debe nacer con un espíritu correctivo para las conductas molestas o peligrosas, pero considerando siempre que el peligro que genera una bicicleta hacia los demás vehículos o personas es mucho menor al de los vehículos a motor. Así, los beneficios que el uso de la bicicleta reporta a la comunidad son manifiestos y deben reconocerse, y por tanto la bicicleta merece un trato estimulador, que no persecutorio, por parte del Consistorio".

El PSRM pide explicaciones en la Asamblea Regional sobre el futuro de Cala Reona

CARTAGENA.- La diputada regional del PSRM, Teresa Rosique, ha dicho que el Gobierno regional, "en coherencia con el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Natural, debe garantizar la protección de Cala Reona", según un comunicado de su partido.

El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para que explique en la Asamblea qué medidas piensa adoptar su Consejería para garantizar que no se va a desproteger esta zona.

El Ayuntamiento de Cartagena aprobó provisionalmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y remitió esa propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. "En dicha propuesta el Equipo de Gobierno municipal desprotege Cala Reona, una zona que contaba con una clasificación en el Planeamiento Municipal de No Urbanizable de Protección Ambiental", indica Rosique según la nota.

"Dicha propuesta carece de justificación alguna y no cuenta con ningún argumento medioambiental que lo respalde, ya que lejos de haber perdido valores ambientales está reconocida como un hábitat de interés comunitario; además, tampoco tiene justificación en base a un necesario desarrollo económico, pues el PP tiene aprobados otros proyectos como Novo Carthago con el que prevé construir entre 10.000-12.000 viviendas", añadió.

La diputada advirtió que con la revisión del PGOU "han abierto la puerta para urbanizar toda la ribera sur del Mar Menor, transformando el suelo protegido en suelo inadecuado", y recordó que la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad emitió un informe con fecha 31 de agosto de 2009 al Ayuntamiento de Cartagena en relación con la aprobación inicial de dicha modificación. Dicho informe, agregó, "tiene toda vigencia, al mantener el consistorio cartagenero íntegramente en la aprobación provisional la desprotección de Cala Reona prevista inicialmente".

En este informe, la Dirección General de Medio Natural dice que "la zona ha sido cartografiada en detalle con el fin de tomar medidas que eviten su transformación urbanística". Igualmente recoge que "Cala Reona tiene valores naturales de especial importancia".

Las vías existentes para garantizar que Cala Reona no se desproteja y se convierta en suelo urbanizable pasan por la protección por el Planeamiento municipal, "algo que el PP en Cartagena se ha cargado porque lo ha convertido en urbanizable, eliminando la protección que le daba el Plan General vigente. Por tanto, la Consejería debe rechazar la propuesta del Ayuntamiento, ya que entra en total contradicción con el informe emitido por la Dirección General de Medio Natural", explica Rosique.

Por otro lado, el Gobierno regional "debe poner en marcha los instrumentos de los que dispone para garantizar su protección, en consonancia, con los valores naturales de especial relevancia que han reconocido que tiene la zona. Los instrumentos son ampliar los límites del PORN de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas para incluir la zona de Cala Reona en el mismo o solicitar a la Unión Europea que se incluya en la Red Natura 2000", afirma.

El Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia del consejero de Agricultura y Agua para que explique las actuaciones que va a realizar su Consejería para frenar el "disparate propuesto por la alcaldesa Barreiro en Cala Reona y explicar los instrumentos de protección que va a poner en marcha en coherencia con el informe emitido desde su propia Consejería respecto a este tema".

V Aniversario de la plataforma cívica 'La Región de Murcia No Se Vende'

MURCIA.- El movimiento social, estructurado en plataforma cívica, 'La Región de Murcia No Se Vende' cumple hoy cinco años de actividad frenética de denuncia y protesta ante arbitrariedades y abusos de los poderes político y económico en nuestra región, algunas de cuyas actividades se recogen más abajo en toda una serie de videos para satisfacción de nuestra sociedad civil más concienzada y movilizada contra la sin razón y la codicia, que han conducido a la actual situación de desempleo estructural y pobreza relativa de las clases medias.

http://www.youtube.com/watch?v=oMMIg9buQwI

Otros vídeos interesantes que recogen acontecimientos de la Coordinadora como...

Vamos a andar:
http://www.youtube.com/watch?v=F_S7sShwfOc

En defensa del litoral murciano:
http://www.youtube.com/watch?v=LXVWUtG-x0g

Manifestación en Totana:
http://www.youtube.com/watch?v=jeq-zpSfQPY

Tamborrada festiva por nuestra cultura y por nuestra tierra:
http://www.youtube.com/watch?v=wHVhql9x2HQ

Peligrosos colectivos antisistema:
http://www.youtube.com/watch?v=DrOtUqbJ-2Q

Batukada en la mani del 5 de Mayo:
http://www.youtube.com/watch?v=-c5V6CpBMgA

En el Bando de la Huerta:
http://www.youtube.com/watch?v=R-KPMYAy_II

Pedro Camacho, huertano jubilado, en la IV entrega de boinas:
http://www.youtube.com/watch?v=8iP9O2GcpS8

Antonio "El Moreno", panochista, en la IV entrega de boinas:
http://www.youtube.com/watch?v=bl2YV9DdsL8

VII Marcha en defensa del litoral:
http://www.youtube.com/watch?v=XzT1MvZG5lY


www.murcianosevende.org
Si deseas colaborar económicamente realiza tu ingreso en:
CCC 3018–5745–94–2012072324
Caja Rural Regional (Plaza Santa Isabel - Murcia)

Izquierda Unida en Totana, considera "escandaloso" que el alcalde pague a sus abogados con el dinero de los totaneros

TOTANA.- La noticia relatando que Martínez Andreo contrató a dedo a su abogado particular en el caso Tótem, "supera todos los límites admisibles y requieren una respuesta de la Dirección Regional del PP, que permite a sus concejales en Totana, sigan apoyando a un alcalde que actúa de forma impune con el dinero de los totaneros y totaneras", según un comunicado de IU.

"Resulta paradójico, que Martínez Andreo, utilice fondos públicos para pagar 18.000 euros a su abogado, por presentar una querella, cuyo coste oficial no supera los 600 euros. No menos curioso, el que presente esa querella para defender a unos comerciantes, a cuyas asociaciones no paga las subvenciones presupuestadas desde hace dos años y que superan los 12.000 euros".

Martínez Andreo, "miente" al afirmar que el acuerdo del Pleno en marzo, se adoptó por unanimidad, "cuando los grupos de la oposición se abstuvieron y no se acordó presentar querella contra nadie", tal y como “interpretó” al contratar a dedo los servicios de su abogado, en la Junta Local de Gobierno de 26 de junio de 2008, "sin tener en cuenta que debía solicitar tres presupuestos, como mandata la base 11 de Ejecución del Presupuesto de 2008, aprobada por el Grupo Popular en solitario".

“El alcalde, ordena pagar 18.000 euros, antes de realizar el supuesto trabajo a sus abogados particulares, mientras la deuda con profesionales, comerciantes y empresas de servicios totaneras, superan los 27 millones de euros al día de hoy (casi el presupuesto municipal). A los abogados de Madrid, les paga 30 veces más que el valor de su trabajo y por adelantado. A los totaneros, no les paga desde hace años, Así actúa Martínez Andreo…”, manifiesta el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.

Para la formación de izquierdas, la situación es insostenible y exige a Valcárcel, como responsable del PP regional, que adopte medidas con sus concejales en Totana y retomen las prácticas de gestión "que requieren los ciudadanos y el sentido común", en un Ayuntamiento "arruinado y salpicado por la corrupción y la nefasta gestión".

El PSRM pide impulso a nuevos modelos energéticos en los cultivos bajo plásticos

MURCIA.- El responsable de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Bartolomé Soler, ha presentado una moción en la que pide a la Consejería de Agricultura que impulse nuevos modelos energéticos en los cultivos bajo plásticos.

Soler propone en concreto que la Administración regional gestione con el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), ayudas cofinanciadas para apoyar la implantación de nuevas estructuras de invernaderos, adaptados a la realidad productiva del campo murciano y dando participación en la toma de decisiones a las organizaciones profesionales agrarias de la Región de Murcia.

El parlamentario socialista argumenta en su iniciativa que uno de los grandes retos de quienes se dedican a la agricultura bajo plástico “debe ser la disminución de los costes, el aumento de la productividad de manera sostenible, mantener un nivel permanente de producción a lo largo de la campaña para atender a sus clientes y, todo ello, bajo un procedimiento eficaz de control de las temperaturas”.

En distintas zonas de la costa mediterránea se vienen introduciendo nuevos diseños de invernaderos, basados en modelos energéticos innovadores.Dichas instalaciones son capaces de incrementar sustancialmente la productividad, sin un excesivo aumento de costes, lo que posibilita una agricultura más competitiva.

A lo anterior hay que añadir que se reducen las emisiones de CO2, con los consiguientes beneficios medioambientales, mejorando la calidad comercial de la producción.

Por todo ello, “se hace necesario que la Administración regional, de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino apoyen estas nuevas estructuras, adaptándolas a la realidad productiva de nuestra Comunidad Autónoma y dando participación en la toma de decisiones al sector agrícola, a través de sus organizaciones profesionales.

A información pública los estudios de impacto ambiental de las autovías del Norte y del Este

MURCIA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha recogido los anuncios de información pública de los estudios de impacto ambiental de las autovías del Norte (Caravaca-Jumilla) y del Este (Santomera-Yecla), dos vías de alta capacidad que sumarán más de 135 kilómetros a la red de autovías de la Comunidad Autónoma, gracias a una inversión de 550 millones de euros, según comunicado del Gobierno regional.

El director general de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Guijarro, informó hoy de que "tras el proceso de evaluación de impacto ambiental, se iniciará la redacción de los proyectos constructivos de las dos nuevas autovías regionales, cuyas obras supondrán la creación de más de 5.000 puestos de trabajo en la Región".

La autovía del Norte conectará Andalucía y Valencia por el interior de la Región a través de los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Cieza, Jumilla y Yecla, como una alternativa a la autovía del Mediterráneo (A-7).

"Supondrá la reducción de una media hora en los desplazamientos entre Caravaca de la Cruz y Jumilla y tendrá una longitud total de 68 kilómetros, con una inversión por parte del Gobierno regional de 325 millones de euros", subrayó Guijarro.

En concreto, se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del tramo Calasparra-Jumilla, que tiene una longitud total de 45 kilómetros y un coste estimado de 219,4 millones de euros.

Esta parte completará el tramo Caravaca de la Cruz-Calasparra, de 23 kilómetros, que fue aprobado inicialmente en mayo de 2008 y del que en la actualidad se está redactando el correspondiente proyecto de trazado.

Por su parte, la autovía del Este, que supondrá una inversión de 225 millones de euros, conectará la Comarca del Altiplano con Murcia en tan sólo 45 minutos. Con la nueva obra se reducen en media hora los desplazamientos con respecto al actual recorrido y se triplica la capacidad de la vía.

Asimismo, supondrá la construcción de 68 nuevos kilómetros de vía de alta capacidad, que creará un nuevo eje de comunicaciones en la zona Este de la Región, desde Yecla hasta el entorno de la capital regional, y agilizará también la conexión de la Región con la Comunidad Valenciana.

Y es que, la nueva infraestructura "posibilitará una conexión directa con el Mar Menor en una hora, ya que está prevista su continuidad con la autovía Zeneta-San Javier, y ello implicará un aumento de la capacidad de la vía y la seguridad vial, así como una significativa reducción de los tiempos de recorrido", añadió el director general.

Por último, Guijarro manifestó que las autovías del Norte y del Este "son dos infraestructuras largamente esperadas en la Región y supondrán la vertebración y la potenciación socioeconómica de las comarcas que comunica".

Disney planea cerrar el estudio de Zemeckis, de 450 trabajadores

LOS ÁNGELES.- La compañía Walt Disney planea cerrar el estudio ImageMovers Digital del director Robert Zemeckis, en el norte de California, con lo que despediría a 450 trabajadores.

Disney cerrará IMD y despedirá a los trabajadores cuando finalice la producción de "Mars Needs Moms", una película animada que se estrenará dentro de un año.

El plan para cerrar IMD se produce cuando Rich Ross, recientemente nombrado presidente de Walt Disney Studios en la unidad de negocios, reestructura la división cinematográfica de la compañía para centrarse en películas que puedan ser apoyadas por otras plataformas, como juguetes y videojuegos.

"Dada la realidad económica actual, necesitamos encontrar formas alternativas de llevar un contenido creativo al público y la compañía IMD ya no se adapta a nuestro modelo de negocio", dijo Alan Bergman, presidente de Walt Disney Studios, en un comunicado.

La última película salida de IMD fue el estreno en noviembre de la película en 3D "Un cuento de navidad", que registró ingresos en la taquilla mundial de 324 millones de dólares (220,91 millones de euros) y tuvo un coste de producción de 175 millones.

Otras películas de IMD incluyen "Beowulf", de 2007, y "Polar Express", de 2004.

En septiembre, el entonces presidente de Walt Disney Studios, Dick Cook, anunció que Zemeckis trabajaría en una nueva versión en 3D de la película "Submarino Amarillo", que realizó en 1968 Los Beatles.

El viernes, Disney dijo que esperaba crear un nuevo acuerdo de producción a largo plazo con Zemeckis y sus socios en IMD, Jack Rapke y Steve Starkey, para continuar el desarrollo de "Submarino Amarillo".

"Mars Needs Moms", el último proyecto de IMD, se basa en un libro ilustrado de Berkeley Breathed.

La unidad de estudio de Disney emplea a unas 8.000 personas.

Robert Zemeckis fue el director de la popular saga "Regreso al Futuro" y de la oscarizada "Forrest Gump".

Agricultores españoles piden a la CE medidas para afrontar la crisis del sector hortofrutícola

MADRID.- Una delegación de agricultores españoles planteó hoy ante el Comité Consultivo de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea la necesidad de adoptar medidas "urgentes" para mejorar la gestión de la crisis del sector.

El responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, denunció ante el comité que los productores de frutas y hortalizas están "completamente expuestos al mercado, padeciendo las presiones de la gran distribución y de las importaciones a bajo precio", un hecho que les obliga a afrontar crisis de precios "cada vez más frecuentes, menos predecibles y más virulentas".

Góngora destacó asimismo la necesidad de un "nuevo sistema de gestión de crisis grave" que permita afrontar las crisis generalizadas en momentos claves, que no pueden atacarse desde las organizaciones de productores.

Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) consideró prioritaria la existencia de un mecanismo de regulación de crisis, que sea accesible para todos los agricultores, independientemente de las ayudas a la gestión de crisis a través de las organizaciones de productores, cuyos fondos calificó de "claramente insuficientes".

En este sentido, Asaja argumentó que, en productos como el limón, el agrupamiento en organizaciones de productores no llega ni al 15%, razón por lo que consideró que las medidas que se tomen a través de estas organizaciones "están abocadas al fracaso".

La deuda de las CC.AA. crece un 25,8% en 2009

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 25,8% en 2009 en comparación con el dato de 2008, hasta registrar 86.280 millones de euros (el 8,2% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación.

Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el tercer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 22.605 millones de euros, superando el 26,1% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó Valencia (14.330 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 11.576 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 56,2% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (9.840 millones de euros), Galicia (4.783 millones), Castilla-La Mancha (4.074 millones), Baleares (3.289 millones), Castilla y León (3.227 millones de euros), Canarias (2.352 millones), Aragón (1.890 millones), País Vasco (2.519 millones) y Murcia (1.348 millones).

Completan la lista Navarra (1.112 millones), Extremadura (1.086 millones), Asturias (1.080 millones), Cantabria (662 millones) y La Rioja (507 millones).

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, destacando el incremento del 182% en el caso del País Vasco, el 78,5% de Murcia o el 71,1% de Castilla-La Mancha.

Tomando el ratio deuda/PIB, Valencia vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 14,1% de su PIB, seguida de Baleares (12,5%), Castilla-La Mancha (11,6%), Cataluña (11,5%), y Galicia (8,8%), todas ellas por encima de la media (8,2%).

Los porcentajes son menores en Andalucía (6,9%), La Rioja (6,5%), Madrid (6,2%), Extremadura (6,2%), Navarra (6,2%), Aragón (5,7%), Canarias (5,6%), Murcia (5%), Castilla y León (5,8%), Asturias (4,7%), Cantabria (4,9%) y País Vasco (3,8%).

Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 34.594 millones de euros en 2009, el 3,3% del PIB, lo que representa un aumento del 9% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (28.770 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 10,1%, y de esta cifra, 14.593 millones pertenecen a capitales de provincia (incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.361 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7%.

Destaca, sobre todo, el incremento del 19,4% de la deuda del consistorio de la capital, que sumó 6.762 millones de euros, superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, es casi nueve veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona, que se situó en 725 millones y descendió un 2,2%.

Ballesta desvela que el aval para construir Corvera sigue su procedimiento administrativo

CARTAGENA.- "Estamos cumpliendo todos los pasos, estrictamente, y es el mismo procedimiento que hay que seguir para cualquier otro aval de estas características", ha dicho hoy el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, respecto al procedimiento administrativo que se está siguiendo con ese aval de 200 millones de euros de la Comunidad Autónoma para asegurar la construcción del aeródromo de Corvera.

Ballesta defendió la transparencia del citado aval, porque ha sido aprobado en la propia Asamblea Regional, después de que la responsable de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, pidiera ayer transparencia en este asunto al Gobierno Valcárcel.

El consejero recuerda ahora que la Asamblea Regional aprobó la enmienda a los Presupuestos Regionales de 2010 que autoriza al Gobierno autónomo a conceder el aval mediante esa disposición adicional. Y que ahora le está dando cumplimiento, como es obligación de la Consejería "porque todos los trámites no son simples ni fáciles, en todos los estamentos, no solo el regional, sino el nacional y también el europeo".

Los socialistas consideran injusto que San Javier pague los gastos de gestión del puente de El Estacio

CARTAGENA.- La diputada regional del PSRM Teresa Rosique califica de inaceptable e injusto en un comunicado que Valcárcel y su gobierno exijan a los vecinos de San Javier que paguen con sus impuestos locales el paso de veleros por el puente de El Estacio hacia el Mar Menor así como su posterior salida. Por su parte el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, insistió hoy en que la Comunidad Autónoma "no tiene ninguna potestad y ninguna posibilidad, ni siquiera, de tener ni la llave, porque el puente no es de la Comunidad Autónoma".

Ya ha presentado Rosique una moción en la Asamblea Regional para que sea la Comunidad Autónoma quien asuma de inmediato el mantenimiento y funcionamiento del puente, porque las competencias autonómicas en materia de puertos deportivos son del Gobierno regional, dado el gasto "enormemente gravoso ya que el coste actual del mismo asciende a la cantidad de 231.400 euros anuales, según valoración económica realizada en julio de 2009", argumenta la diputada Rosique

La moción explica la firma en 2001 de un convenio entre la administración regional y el citado ayuntamiento para construir un puente basculante sobre el Canal del Estacio, en La Manga del Mar Menor, tras el desmantelamiento del existente.

El citado convenio establece como obligaciones de San Javier conservar y mantener en perfecto funcionamiento el nuevo puente, realizando, a su cargo, las obras y trabajos que a tal fin resulten necesarios. La construcción fue contratada por el Ayuntamiento y financiada por la Comunidad Autónoma aunque el convenio finalizó el 31 de diciembre de 2004, sin haber sido renovado.

Rosique piensa que por todas las razones anteriores, los vecinos de San Javier "no deben seguir pagando con sus impuestos el funcionamiento y mantenimiento de dicho puente", sentencia.

Sin embargo, el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Teritorio, José Ballesta, descartó hoy mismo que el puente de El Estacio se trate de una responsabilidad jurídica de la Comunidad Autónoma porque, sostiene, que "tanto la carretera que pasa sobre el puente, como el propio puente, son de titularidad municipal".

Insinuó luego que un acuerdo satisfactorio ya ha quedado esbozado en ese sentido y el Ayuntamiento podría encargarse provisionalmente en breve, de cara a la festividad de San José y Semana Santa, de volver a abrir el puente, ahora dos veces al día - mañana y tarde o ante una emergencia-, mientras no se encuentra otra solución menos gravosa para sus arcas.

El Ayuntamiento de Águilas promociona hoteles que no existen, según AVA-Foro

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña AVA-Foro Ciudadano de Águilas denuncia la existencia en la ciudad de señales informativas que pretenden orientar al turista hacia un hotel que no existe, el “Bahía de Águilas” (antes “Stella Maris”), establecimiento que cerró sus puertas hace aproximadamente siete años, siendo posteriormente demolido dada su situación de ruina y, actualmente, sólo es un solar abandonado y repleto de maleza y roedores.

"Ante esta lamentable situación, prueba palpable de la dejadez de las autoridades y responsables turísticos tanto locales como regionales, AVA solicita públicamente al Ayuntamiento de Águilas, Consorcio Águilas Turística, Consejería de Turismo o al organismo o entidad responsable, que se proceda a la retirada inmediata de las citadas señales, por cuanto además de ser erróneas, desorientar e inducir a confusión, provocan una mala imagen de la ciudad y dejan en fuera de juego a sus responsables políticos.

Las señales, incluidas en el pomposo Plan de Dinamización Turística de Águilas, producen el efecto contrario: lejos de dinamizar nada, rozan penosamente el ridículo y sobre todo ponen en duda el interés que se supone tienen los poderes públicos y entidades privadas en potenciar eficazmente la promoción y posibilidades turísticas de Águilas.

Además, la dejadez que denuncia la Agrupación Vecinal se extiende incluso a los hosting, dominios o servidores, las páginas web de Internet donde habitualmente se realizan reservas hoteleras on-line y en las que todavía se oferta la publicidad, con posibilidad de alojarse en régimen de desayuno o media pensión en el citado “Bahía de Águilas” e incluso también en el más recientemente desaparecido hotel “Cala Real”, cuyos indicadores tampoco han sido retirados.

Una penosa prueba de que ningún responsable turístico se ha ocupado ni preocupado de advertir a los propietarios legales de dichos alojamientos en la Red sobre la inexistencia de los citados establecimientos, que están engrosando de forma ficticia la precaria oferta hotelera de Águilas".

Al respecto, el presidente de la Agrupación Vecinal Aguileña, Alberto F. Giordano, ha manifestado que “mal camino llevamos para conseguir alguna vez el pretendido y tan cacareado ‘despegue turístico de Águilas’ si nuestros políticos o autoridades de promoción turística ni siquiera han advertido que ellos mismos están engañando a los turistas y visitantes al anunciar, mediante postes informativos colocados en la propia ciudad, cómo pueden llegar a hoteles que hace años cerraron sus puertas. Y que lo hicieron, por cierto, sin que ni Ayuntamiento ni Comunidad Autónoma pudieran, supieran o quisieran hacer algo por impedirlo”, explica Giordano.

Los precios siguen reflejando en la Región una demanda débil

MURCIA.- El Índice de Precios al Consumo (IPC) dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa interanual en el 0,7 por ciento, encadenando así tres meses consecutivos en valores positivos.

El comportamiento mensual ha sido atípico, ya que en un mes tradicionalmente inflacionista, la variación ha sido de -0,1 por ciento, siguiendo la misma tónica que en el ámbito nacional (tasa del 0,8, con una variación mensual del -0,2).

Por grupos, bebidas alcohólicas y tabaco han experimentado una subida del 1,6 por ciento; mientras que los servicios asociados a la vivienda (calefacción, alumbrado y distribución de aguas) han subido un 0,5.

En sentido contrario, el último mes del periodo de rebajas se ha dejado notar en vestido y calzado, que ha bajado un 0,7 por ciento; seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,6) y ocio y cultura (-0,5).

Peligra la financiación europea para el corredor mediterráneo

BRUSELAS.- El ministro de Fomento, José Blanco, reiteró hoy que España pedirá la inclusión del Corredor ferroviario Mediterráneo entre las redes de transporte prioritarias de la UE, para que pueda así acceder a más financiación comunitaria.

Pero el vicepresidente de la Comisión y responsable de Transportes, Siim Kallas, replicó que el Ejecutivo comunitario no es partidario de añadir muchos proyectos nuevos a la lista porque falta financiación y anunció que favorecerá a los proyectos de los países del Este porque es donde hay más carencias.

"Es demasiado pronto para decir algo sobre los proyectos concretos", dijo Kallas al ser preguntado por si apoya la inclusión del Corredor Mediterráneo.

Agregó en todo caso que "no se pueden añadir demasiados ejes o corredores" porque la financiación es "bastante limitada" y hay que concentrarse en terminar los tramos transfronterizos de los ejes ya incluidos en la lista y que están retrasados.

El comisario de Transportes resaltó además que "si se mira el mapa de carreteras y ferrocarriles se puede ver qué pobre es la situación en la parte Este de Europa".

Por ello, abogó por "buscar soluciones para integrar mejor el este con el oeste de Europa a través de infraestructuras". En todo caso, auguró que las discusiones para revisar la lista de ejes prioritarios de la UE serán "complicadas".

Blanco dijo que la reunión que celebrarán los ministros de Transportes de la UE en junio en Zaragoza debe servir para fijar los criterios que se utilizarán en la revisión de la lista de proyectos prioritarios.

A partir de ahí, "para el Gobierno de España la inclusión del denominado Corredor Mediterráneo será una cuestión de máxima prioridad por la importancia que tiene este eje para la conexión de España con el resto de Europa".

El ministro de Fomento criticó que los Gobiernos del PP no pidieran en su momento la designación del Corredor Mediterráneo como eje prioritario de la UE y aseguró que se está generando "un consenso" para incluirlo ahora.

"He hablado con muchos países miembros de la UE sobre este corredor y hay bastantes coincidencias y bastante apoyo para impulsar el Corredor del Mediterráneo", sostuvo.

"Desde luego, España no va a renunciar a este proyecto", subrayó. Recordó además que "muchos tramos" del Corredor Mediterráneo en la parte española se van a incluir en un plan de colaboración público-privada que el ministerio de Fomento presentará antes de que acabe el mes.

El CdR no encuentra ahora un acuerdo sobre su nueva composición

VALLADOLID.- La comisión encargada de fijar la futura composición del Comité de las Regiones (CdR) no ha alcanzado hoy ningún consenso para establecer los criterios con los que se distribuirán los 350 puestos de este organismo entre los países miembros de la Unión Europea.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha señalado a su término que era "difícil" conseguir un acuerdo porque hay intereses muy dispares entre los estados europeos, pero que la idea es que esta comisión "ad hoc" vuelva a reunirse en abril y que pueda presentar sus conclusiones en el plenario del CdR del mes de junio.

El resultado que se alcance se trasladará a la Comisión Europea, y ésta al Consejo, que será el órgano encargado de tomar la decisión definitiva sobre el reparto.

Areces es el único representante español de los 27 que se han reunido hoy en Valladolid -uno por país miembro- en la comisión creada en el seno del CdR con el fin de establecer un criterio para el reparto de los 350 representantes que, como máximo, pueden integrar este foro.

Esta comisión se enmarca en los actos programados en Valladolid con motivo de la reunión de la Mesa extraordinaria del Comité de las Regiones de la UE, que se centrará mañana en la contribución de estos entes territoriales al cumplimiento de los objetivos europeos en materia de cambio climático.

En esta reunión, que preside la nueva responsable del Comité de las Regiones, la italiana Mercedes Bresso, asistirán entre hoy y mañana más de un centenar de representantes regionales de los 27 países de la UE.

Bresso y la secretaría técnica del CdR serán los encargados ahora de hacer una nueva propuesta para el reparto por países, sobre la base de que la mayoría, aunque no todos, asume que se haga por una proporcionalidad corregida que favorezca un mayor pluralismo, según ha señalado Areces.

El representante español, de hecho, fue quien propuso que se sondease a las delegaciones de los países miembros para elaborar esta nueva propuesta con otros topes máximos y mínimos de representantes, tesis que se impuso a la defendida por el irlandés, partidario de que se constituyes una comisión técnica.

España tiene actualmente en el CdR 21 representantes -los presidentes de las 17 comunidades autónomas y cuatro representantes municipales-, tal y como se fijó a raíz del Tratado de Niza, que ahora debe se adaptado al último Tratado de Lisboa.

Si se hiciera un reparto con los mismos criterios con los que se han asignado los miembros del Parlamento europeo, a España le corresponderían en el CdR un total de 25 puestos, cuatro más que en la actualidad.

En caso de aplicarse la proporcionalidad corregida por criterios solidarios que se ha propuesto desde el propio Comité de las Regiones, España ganaría sólo un representante.

"España va a tener en cualquier caso más representantes porque ha aumentado su población, pero se acepta como criterio que esa proporcionalidad esté corregida por criterios de solidaridad", ha precisado el presidente del Principado.

Ha reconocido que es "difícil" llegar a acuerdos unánimes porque hay intereses muy dispares entre los estados europeos, pero que la idea es que esta comisión "ad hoc" vuelva a reunirse en abril para analizar la propuesta que elabore Mercedes Bresso y que pueda presentar sus conclusiones en el plenario del CdR del mes de junio.

El resultado que se alcance, se trasladará a la Comisión Europea, y ésta al Consejo, que en definitiva será quien tome la decisión final sobre el reparto.

En cualquier caso, Areces ha asegurado que lo conveniente es "encontrar un consenso que deje hueco para las incorporaciones inmediatas de otros países" y ha propuesto que, en el caso de que se formalicen la de Islandia y Croacia, de forma transitoria se permita superar los 350 integrantes del Comité hasta el año 2015.

Las aerolíneas perderán 2.000 millones este año, lo que mina la viabilidad de Corvera

GINEBRA.- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) prevé que las aerolíneas registren unas pérdidas de 2.800 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros) en 2010, lo que no es una buena noticia para seguir con las obras del aeródromo de Corvera porque esta tendencia mina claramente su viabilidad a corto plazo.

Según sus cifras, las aerolíneas cerraron 2009 con unos 'números rojos' de 9.400 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros).

Se espera que en Europa las aerolíneas pierdan 2.200 millones de dólares (1.610 millones de euros), siendo la región más afectada, debido "al lento ritmo de la recuperación económica en la región y a la vacilante confianza del consumidor".

A las aerolíneas europeas le siguen las de EEUU, que perderán 1.800 millones de dólares (1.317 millones de euros), según la IATA.

Hace más de un año... / Colaboración espontánea

Pues la cosa parece estar clara, echaran tierra sobre el asunto y aquí paz y después gloria hasta las próximas elecciones. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero la cosa no es tan simple como piensan estos simplistas del Ayuntamiento y Cultura, no, porque hay que exigir responsabilidades ante tanto despropósito y hay que exigir que los responsables no se vayan de rositas porque han actuado de forma negligente, han mentido, han menospreciado y hasta, presuntamente, han propiciado el expolio y la destrucción de un bien de interés cultural y porque además:

Hace más de un año había un parque con jardines y arboles, ahora no hay nada.

Hace más de un año se podía circular y atravesar el jardín de San Esteban en una y otra dirección, ahora no se puede.

Hace más de un año se podía aparcar en sus alrededores, ahora no se puede.

Hace mas de un año había aceras que rodeaban el jardín, ahora no las hay.

Hace más de un año, había un espacio libre, público y abierto, ahora hay un espacio vacio, inmundo, cerrado y vallado.

Hace más de un año había un espacio donde se instalaban barracas, carpas de moros y cristianos, conciertos ferias, festivales, ahora no se puede utilizar para nada.

Hace más de un año, teníamos un mercadillo artesanal que daba vida al entorno y trabajo a pequeños comerciantes, ahora no tenemos ni mercadillo ni futuro.

Hace años nos aseguraron por cojones que íbamos a tener un aparcamiento subterráneo, ahora ni está ni se le espera.

Hace años no imaginábamos hasta donde podía llegar la estulticia y la estupidez de algunos responsables de la cosa pública, ahora lo conocemos y lo denunciamos.

Hace años no sabíamos de la incompetencia y el servilismo de los subalternos de la política murciana, ahora lo sabemos.

Hace meses se nos aseguró que no se iban utilizar medios de destrucción masiva, ahora sabemos que si se utilizaron.

Hace meses se nos dijo que allí lo que aparecía eran los cimientos del manicomio, ahora sabemos que no era cierto y se estaba ocultando la verdad.

Pero lo que no sabíamos ni sabremos nunca, es porqué ante tal cúmulo de despropósitos e incompetencia, no se ha producido ningún cese ni dimisión de los responsables máximos y/o subalternos.

Ahora bien, como no hay mal que por bien no venga, también es cierto que:

Hace más de un año teníamos a los arqueólogos encerrados en su torre de marfil y ahora los tenemos enseñando y explicando la historia, el arte y la cultura en la mismísima calle (algunos).

Hace más de un año, teníamos una sociedad sumisa y callada y ahora tenemos una sociedad que se manifiesta públicamente en defensa del patrimonio histórico artístico.

Hace años era impensable que la Justicia se personara en una obra pública y la paralizara y ahora vemos que la razón se impone y la Justicia lo hace posible.

Hace años no conocíamos la historia y el urbanismo del Arrabal de la Arrixaca y ahora lo conocemos y lo admiramos.

Hace años ...........

Las instituciones murcianas quedan en ridículo ante la ONU a cuenta de la voracidad urbanística sobre la Huerta

MURCIA.- Como cientos de propietarios y agricultores de la Huerta de Murcia, un grupo de vecinos afectados por planes de urbanización en las huertas de Senda de Granada quiso cuestionar al Ayuntamiento sus decisiones y se encontró con un muro. Un muro que no atiende otras maneras de vivir ligadas a la agricultura, que no respeta un paisaje agrario de gran valor cultural y medioambiental, que no da soluciones para integrar la vida urbana con la rural o, simplemente, el crecimiento armónico entre la ciudad y su entorno de huerta.

"De modo que nos encontramos ante un crecimiento descontrolado y especulativo que devora su entorno y amenaza con la expropiación a todos los que en él viven. En la mente de todos queda el recuerdo de los huertanos Violante y Pedro, que resistieron pacíficamente hasta el final para impedir la destrucción de su vivienda y su huerto. Conflictos similares se han dado con vecinos disidentes de otras zonas del municipio, como en El Puntal, Puente Tocinos, El Palmar, la Costera Sur, etc.

Así, en cuanto la Asociación de Vecinos Senda de Granada empezó a solicitar información y quiso participar en las decisiones en relación a la reclasificación de terrenos protegidos de huerta para impedir su cambio a suelo urbano de alta densidad, empezaron los obstáculos y la sospecha de corruptelas por soluciones tomadas de antemano.

Los vecinos se pusieron en contacto con la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) y abogados ambientalistas (Asociación para la Justicia Ambiental, AJÁ) que les indicaron la mejor manera de ejercer su derecho a participar: obteniendo información, haciendo alegaciones, denunciando situaciones injustas y acudiendo a los tribunales si sus derechos no les eran reconocidos o bien se incumplían las leyes que protegen la Huerta de Murcia.

Después de casi cinco años de lucha, y pese a que las leyes reconocían todas las posibilidades a los vecinos para intervenir en el proceso urbanístico, los huertanos se dieron cuenta que el Ayuntamiento beneficiaba a los promotores porque las decisiones ya están tomadas previamente, y a los ciudadanos que se acercan se les interponen barreras para no participar, tales como precios desorbitados por solicitar información que es pública (2 euros por página y 60 euros por plano), denegación de información en formato digital, ausencia de respuesta, plazos breves para participar y en períodos festivos, así como procedimientos judiciales contenciosos eternos e injustos.

Esta situación, como confirman numerosos informes – algunos dedicados a estudiar la corrupción como los de “Transparencia Internacional” – es común a todas las Administraciones, frente a las que el ciudadano está totalmente indefenso, y es por eso que estos vecinos de Murcia decidieron recurrir a instancias internacionales para exigir el cumplimiento de normas para la democracia participativa vigentes en España y que las autoridades públicas se resisten a cumplir, aunque las incluyan en sus discursos. Quizá estemos ante el nacimiento de un nuevo movimiento vecinal urbanístico que una vez más tiene su origen en esta castigada región y que supone una vía alternativa a la vía política que se usó con el Informe Auken.

El Convenio de Aarhus es un tratado internacional de la ONU que pretende que los ciudadanos defiendan su derecho humano al ambiente saludable, a la participación pública y a la transparencia administrativa. Hasta ahora las quejas y las condenas se han dirigido a países exsoviéticos, con una democracia aún frágil y unas autoridades con pocos recursos. En el caso de Senda de Granada, por primera vez se planteaban cuestiones básicas en un Estado comunitario y otras más complejas que tenían que ver con el acceso a la Justicia.

Varios representantes de la asociación de vecinos tuvieron que acudir a la ciudad de Riga (Letonia) en junio de 2008, para presentar su queja ante un primer tribunal, que tras estudiarla la admitió a trámite. Después de esperar casi un año tuvieron que viajar a la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) para asistir al juicio en abril de 2009. A pesar de que el Estado Español y el Ayuntamiento de Murcia se defendieron negando todas las acusaciones, finalmente las pruebas y argumentos de los huertanos demostraron la culpabilidad de las administraciones.

El resultado ha sido muy positivo para los vecinos puesto que, aunque aún no han recibido respuesta de los tribunales regionales sobre los 16 procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma por la reclasificación de terrenos de huerta protegida, ni ha finalizado la investigación que la fiscalía tiene abierta, han podido comprobar que un organismo internacional independiente ha reconocido las trabas que el Ayuntamiento de Murcia, la legislación urbanística y los Tribunales, les han puesto para proteger de forma pacífica y democrática su forma de vida en la Huerta de Murcia.

La ONU ha sido muy severa a través del Comité del Convenio de Aarhus, y ha determinado que los costes de la información de la Gerencia de Urbanismo de Murcia son excesivos, que se debe responder a las solicitudes de información y además en el formato requerido.

Por otro lado, que los plazos de participación de la Ley del Suelo son insuficientes y además no pueden ser dispuestos en las vacaciones, cuando nadie puede atenderlos, y que los convenios urbanísticos son un fraude a la participación por cuanto suponen tomar decisiones que luego no pueden variarse.

Así mismo, el Comité cuestiona el sistema judicial español en relación a las medidas cautelares – por ejemplo la suspensión de las obras – que son difíciles de obtener y además llegan muy tarde, o el sistema de imposición de costas para asociaciones que defienden el interés general, en este caso la protección de la huerta murciana.

Las consecuencias son la necesaria revisión de las tasas por información de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, la modificación de la Ley del Suelo, el estudio y eventual revisión del sistema judicial contencioso-administrativo y la necesaria formación a autoridades y operadores jurídicos en la materia del Convenio de Aarhus. La falta de cumplimiento de las recomendaciones de la ONU supone la posibilidad de que España sea amonestada y sancionada.

La dimensión del caso no sólo se reduce a la Huerta de Murcia, sino que sirve a cualquier persona que habite en los Estados que han ratificado el Convenio de Aarhus, y es pionera pues se trata de la primera condena rotunda a un Estado comunitario.

La Asociación para la Justicia Ambiental valora esta condena como una muestra de que el Convenio de Aarhus es una norma de derecho internacional viva y accesible para cualquier persona, y que permite promover cambios reales en situaciones de falta de transparencia administrativa, que suelen ser nido de corruptelas y de decisiones insostenibles.

HUERMUR considera que esta condena demuestra que no se ha permitido una participación ciudadana efectiva en la planificación urbanística que se ha llevado a cabo en Murcia. La consecuencia de esto es que el desarrollo que se ha realizado en el municipio no ha sido en base al interés general de todos, sino al de unos pocos, lo que se llama urbanismo a la carta, dando como resultado un crecimiento caótico e insostenible, que en el caso concreto de la ciudad de Murcia ha sido a costa de nuestro espacio natural más emblemático; la huerta, y de las gentes que en él habitan".

Camps dice dejar en manos de sus órganos de dirección la suerte de la CAM

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, insistió hoy en Alicante en que la decisión sobre una posible fusión o SIP de Caja Mediterráneo es "responsabilidad de los órganos de dirección de la CAM", al tiempo que se mostró "convencido de que acertarán" en sus actuaciones, sean las que sean.

"He dicho lo que siempre he dicho, es responsabilidad de los órganos de dirección de la CAM", dijo Camps. A su juicio, la entidad tiene "al mejor presidente posible y al mejor equipo posible al frente", por lo que argumentó que ellos "sabrán lo que tienen que hacer en cada momento". "Estoy convencido de que acertarán", apostilló.

El Gobierno, dispuesto a apoyar a los ayuntamientos en la integración de los inmigrantes

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que el Ejecutivo está dispuesto a considerar "todo aquello que tenga que ver con incrementar las posibilidades" de los ayuntamientos para conseguir una mayor integración de los inmigrantes.

Rodríguez Zapatero ha respondido así en el Pleno del Congreso al diputado de CiU Josep Antoni Durán Lleida, quien ha opinado que los ayuntamientos y las comunidades autónomas "han quedado desasistidos" y ha pedido la creación de un "fondo importante" para poder desarrollar las competencias sobre integración otorgadas por la ley de extranjería.

Durán ha propuesto dotar a las administraciones locales de instrumentos jurídicos para poder controlar la capacidad de registro de la ocupación de las viviendas y ha pedido que se aclare qué deben hacer los ayuntamientos cuándo tienen población irregular en sus censos.

El presidente del Gobierno ha destacado la importancia del ámbito local para conseguir una mayor integración y convivencia, y ha opinado que la nueva ley de extranjería y su desarrollo "debe clarificar algunas cosas, desde luego todo lo que afecta al padrón municipal".

"Estamos dispuestos a considerar todo aquello que tenga que ver con incrementar las posibilidades para que en el ámbito local, que es el ámbito más propicio, se consiga una mayor integración en la convivencia y en los valores de la inmigración en nuestro país", ha dicho.

Según Rodríguez Zapatero, este debate debe afrontarse desde "una visión positiva, alejando cualquier tentación, que evidentemente es muy peligrosa en la sociedad, sobre lo que supone este fenómeno".

Ha explicado que se está impulsando "con rapidez" la aplicación de ley de extranjería y ha opinado que la elaboración del reglamento será una oportunidad para concretar "muchas de las opciones de la ley".

"El Gobierno quiere que el acuerdo social y político que ha habido en la elaboración de la ley se mantengan en el reglamento", ha dicho Rodríguez Zapatero, quien ha recordado la apuesta del Ejecutivo de "hacer política de integración y convivencia desde la legalidad".

El tema de Corvera lleva camino de complicarse en Bruselas a cuenta del aval

A la atención de los medios de comunicación:

Un grupo de contribuyentes manifestamos nuestra perplejidad ante la noticia del diario La Verdad del día 2 de marzo de 2010. Informa que el aval de 200 millones de euros a la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto, depende de la autorización de Bruselas. Añade que el Jefe de Gabinete de la Consejería de Obras Públicas, a preguntas de dicho periódico, manifestó que era “un mero trámite burocrático”. Y también manifestó que estaban tan seguros en la consecución de la autorización, que informaron a las autoridades comunitarias después de acordarse la concesión del aval en el Consejo de Gobierno del día 29 de enero de 2010.

A la vista de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 14/2009, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2010; y del Reglamento (CE) 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 89 del Tratado CE, creemos que el Jefe de Gabinete de Obras Públicas en sus declaraciones, o está ocultando información, o está poniendo de manifiesto una gestión nefasta. Y además, han ocultado a la ciudadanía lo acordado en un Consejo de Gobierno. Estas consideraciones las sustentamos sobre los siguientes razonamientos:

A.- OSCURANTISMO SOBRE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO OBJETO DEL AVAL.

De la lectura del apartado I. 4 de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 14/2009, se desprende:

1.- que el plazo para la formalización del contrato de préstamo era de un mes;
2.- que su vencimiento se produjo el día 1 de febrero de 2010.

Y vistas las declaraciones del Jefe de Gabinete.

Consideramos que la noticia difundida por diversos medios de comunicación regionales y nacionales, que da cuenta de la formalización del contrato de préstamo por la sociedad concesionaria (disponible también en www.gruposyv.com), pudiera formar parte de una campaña de distracción. Que la noticia en sí pudiera no ser cierta, estar sin formalizar el contrato de préstamo y el plazo haber vencido; ser cierta y estar formalizado, pero condicionado a la obtención del aval; y ser cierta y el contrato estar formalizado con un aval otorgado ya por el Gobierno Regional.

B.- INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (CE) 659/1999.

Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de dicho Reglamento:

“La ayuda que deba notificarse a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 no podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que ha adoptado una decisión autorizando dicha ayuda”.

Por consiguiente, el citado artículo tiene efecto suspensivo sobre cualquier ayuda, hasta tanto la misma es autorizada por la Comisión. De ser cierto que el ejecutivo acordó la concesión del aval en la reunión del día 29 de enero, la pregunta a realizarse es por qué no demoró tal acuerdo hasta contar con la conformidad de Bruselas.

C.- NEFASTA ACTUACIÓN DE LOS GESTORES IMPLICADOS.

De la lectura de los artículos 2, 4, 6 y 7 del Reglamento (CE) 659/1999, se desprende:

1.- que existe obligación de notificar con antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda;

2.- que la Comisión dispone de dos meses para tomar una decisión sobre la ayuda notificada.

Que tras un examen previo, la Comisión puede:

3.- tomar la decisión de no presentar objeciones;

4.- tomar la decisión de incoar procedimiento de investigación formal.

La investigación formal puede concluir en:

4.1.- decisión positiva, la ayuda es compatible con el mercado común;

4.2.- decisión negativa, la ayuda no es compatible;

4.3.- decisión condicional, la ayuda se debe ajustar a las condiciones que establezca la Comisión.

Vistos los plazos fijados por el Reglamento y los derroteros por los que puede discurrir el expediente del aval en la Unión Europea, calificar la notificación a Bruselas de “mero trámite burocrático” y fingir tal grado de convencimiento en la autorización, que la notificación se realiza a posteriori, es una insensatez. Sus declaraciones persiguen desviar la atención del hecho de no haber practicado la notificación con anterioridad, como establece la legislación comunitaria. Y además restarle importancia al aval.

De conformidad con el Reglamento (CE) 659/1999, y con las Directrices Comunitarias sobre la Financiación de Aeropuertos (2005/C 312/01) (que serán objeto de análisis en posterior informe), lo sensato y acertado hubiese sido notificar la ayuda antes de ser autorizada por la Ley de Presupuestos y concedida por el Consejo de Gobierno, sobre todo si tan seguros estaban de su compatibilidad con el mercado común. La notificación previa hubiese evitado la exposición de la Asamblea Regional y del Consejo de Gobierno al riesgo de ser desautorizados desde Bruselas.

La página Web de la Comunidad Autónoma de Murcia no mencionaba el aval a la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto, entre los acuerdos adoptados por el ejecutivo en la reunión del día 29 de enero de 2010. Por ello, de ser ciertas las declaraciones del Jefe de Gabinete de Obras Públicas, la decisión ha sido ocultada a la ciudadanía durante más de un mes. Si tan seguros estaban de la compatibilidad del aval con el mercado común, ¿por qué no han informado hasta ahora del acuerdo del Consejo de Gobierno? Cuanto menos el comportamiento es contradictorio.

Va siendo hora que desde alguna instancia de la Asamblea Regional, en ejercicio de la representación que ostentan, se pida que en sede parlamentaria y por el responsable o los responsables que corresponda, se dé una explicación con visos de credibilidad. La misma debe disipar todas las dudas que se ciernen sobre lo acordado por el ejecutivo en su reunión del día 29 de enero, lo actuado por la Consejería o Consejerías implicadas en el aval, lo firmado o no firmado por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, S. A, y lo investigado por Bruselas.

El oscurantismo es una práctica a desterrar por cualquier democracia que se precie de tal, sobre todo cuando se trata de responsabilizar al contribuyente de un aval prestado, o que se pretende prestar, a una sociedad anónima, por un importe de 200 millones de euros.

Atentamente.

Un grupo de contribuyentes anónimos.

Rato no fusionará Caja Madrid con entidades pequeñas mientras no lo hagan primero entre ellas

MADRID.- El nuevo presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, tiene previsto constituir antes del verano un nuevo equipo directivo para acometer el plan de reestructuración de la entidad.

Aunque aún se desconoce el número de miembros que integrarán ese equipo directivo, podría estar compuesto por, al menos, un nuevo director general y otro alto directivo, ambos procedentes de otras entidades y organismos, que Rato habría sondeado ya.

No obstante, Caja Madrid cuenta con un equipo personal muy cualificado, con una gran experiencia y un profundo conocimiento de la entidad, por lo que el presidente finalmente podría decantarse por mantener también el grueso.

Las fusiones no constituirán de momento el principal objetivo del nuevo presidente, ya que esperará a que las cajas pequeñas se fusionen entre sí para acometer posteriormente un proceso de integración con una gran caja, que complemente su fortaleza, y que podría ser la CAM o Bancaja aunque en ningún caso Caja Murcia.

"Un fusión con pequeñas entidades da mucho trabajo y no tiene un gran impacto en el tamaño de la caja, habrá que esperar a grandes fusiones", indicaron desde Caja Madrid. "Rodrigo Rato no ha venido para gestionar esto de una manera normal, tiene planes más ambiciosos", concluyeron.

La crisis turística hunde el tráfico de pasajeros en el aeródromo de San Javier

MURCIA.- La crisis turística y la ampliación del aeropuerto de Alicante están hundiendo el tráfico de pasajeros en el aeródromo de San Javier a tenor de la última estadística hecha hoy pública y que confirma la fuerte tendencia de los últimos meses. El de Alicante, con 973.000 pasajeros, tan solo aumenta un 2,6% en enero-febrero. La estadística refleja la consolidación del crecimiento en los grandes aeropuertos.

San Javier registró 60.209 pasajeros en el mes de febrero, con un descenso interanual del 26,7% con datos oficiales de AENA. Entre las mayores caídas en estos dos primeros meses (enero-febrero) también destaca el 25,5% del aeropuerto murciano.

Igualmente se realizaron un 27,2% menos de operaciones de tráfico aéreo (723) con respecto a febrero de 2009.

En cuanto a mercancías, tras el hundimiento casi definitivo de las exportaciones de atún rojo a Japón, tan solo 127 kilos el mes pasado, lo que significa un 51,2% interanual menos.

En febrero, Alicante, con 4.455 operaciones experimentó un aumento de sólo el 0,1% y un 3,3% más de pasajeros, tras completar ocho meses consecutivos de crecimientos.

El caso de Senda de Granada y Joven Futura provoca la condena de España en la ONU

MADRID.- La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.

La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano, según revela hoy 'El País".

Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar (en la imagen) el abogado que llevó el caso.