Más voces se suman a la declaración del yacimiento de San Esteban como BIC

MURCIA.- La presión popular para dar carpetazo al proyecto del parking subterráneo de San Esteban no se ha detenido y nuevos colectivos se sumaron a la solicitud de declaración del parque arqueológico como Bien de Interés Cultural (BIC), un grado de protección superior que libraría de cualquier amenaza urbanística el entorno.

Así lo entiende el Colegio de Arquitectos de Murcia, la Plataforma que defiende la conservación in situ del arrabal de la Murcia andalusí, Huermur y grupos políticos como IU+LV y el PSOE. Estos colectivos han solicitado ya que se inicie por la vía de urgencia la tramitación del expediente no contentos con la afirmación del presidente Valcárcel de que el parking es incompatible con la magnitud del yacimiento, según 'La Opinión'.

El diputado socialista Francisco Oñate consideró que la destrucción de los restos iba a ser una operación "consciente y planificada".

"Alguien estaba dispuesto a intercambiar la historia por la avaricia de un negocio", lamentó.

Por su parte, la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, aclaró que descartado el proyecto del parking el solar de San Esteban, cedido en 2005 al Ayuntamiento, pasará a Patrimonio de la Comunidad.

Por otro lado, el comité de expertos que asesorá a Cultura sobre el futuro del yacimiento cuenta ya con otras dos figuras: el arqueólogo Francisco Navarro, uno de los autores del anteproyecto de desmontaje, y el arquitecto Pablo Puente, que se suman a Jorge Eiroa y José María Luzón.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, María José Alarcón, aseguró hoy que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y la concejala de Cultura, Fátima Barnuevo, "ofenden a la inteligencia de los murcianos" cuando hablan de San Esteban.

Para la portavoz socialista la actitud del alcalde "ha sido lamentable" durante todo el proceso, "demostrando con su silencio y su tozudez una gran falta de sensibilidad y respeto hacia el patrimonio histórico de todos los murcianos, prevaleciendo intereses particulares frente al interés general".

El alcalde Cámara, añadió la socialista en comunicado de prensa, "ha hecho el más absoluto ridículo al verse desautorizado y tener que plegarse finalmente a Valcárcel".

En este sentido recordó que el propio presidente ha reconocido "que ha faltado pedagogía en este tema y ha asegurado que es imposible construir el parking dada la magnitud de los hallazgos arqueológicos hallados en San Esteban". De esta forma, el alcalde Cámara, insistió, "ha quedado en evidencia ya que siempre insistió y defendió la construcción del 'parking'".

Alarcón subrayó que tanto el alcalde como la concejala hacen uso de un "gran cinismo político cuando después de haber puesto en riesgo los restos, pretenden aparecer ahora como los grandes salvadores del yacimiento".

Por otro lado, se sorprendió ante las declaraciones de la edil de Cultura, Fátima Barnuevo, y calificó de "ocurrencia" el anuncio hecho por ésta de apoyarse en el yacimiento para la candidatura de Murcia a Capital Europea de la Cultura en 2016.

Es muy significativo y lo dice todo, apuntó Alarcón, "que no aparezca ni un solo euro para este tema en los Presupuestos municipales para el año que viene".

Además, añadió, "llama la atención que la concejala ahora se atreva a alardear de que no recuerda otra candidatura que cuente con algún yacimiento similar. Creo que en esto como en otras cuestiones el PP actúa de forma incoherente y gestiona a golpe de improvisación".

Por último, manifestó que "el Grupo Municipal Socialista ha defendido siempre y en todo momento que sobre la base de nuestra historia, Murcia puede y debe construir un nuevo futuro económico generando riqueza y empleo".

El PSRM quiere que la Asamblea investigue el comportamiento del Gobierno regional sobre el yacimiento medieval

MURCIA.- Los socialistas pidieron la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional. El secretario de Coordinación del PSRM y diputado regional, Francisco Javier Oñate, afirmó que «conforme se van conociendo datos sobre San Esteban, aumenta la sospecha de que se estaba llevando a cabo una destrucción consciente y planificada del yacimiento arqueológico».

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista exige la protección con carácter de urgencia del yacimiento de San Esteban y que se inicie de inmediato el expediente para declarar el yacimiento Bien de Interés Cultural.

«Si la excavación no se cubre para evitar daños por el mal tiempo, perderemos parte de los hallazgos y no podremos construir ningún museo».

El edil José Manuel Abellán espera que la resolución del contrato no se convierta en un inconveniente para proteger y conservar el yacimiento. Recordó que el solar de San Esteban pasó a manos del Ayuntamiento con la finalidad de construir el aparcamiento.

Agentes de la Policía Judicial acudieron ayer a las dependencias de la Dirección General de Bellas Artes para recabar datos y expedientes en torno al proyecto del 'parking' de San Esteban, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia presentara el miércoles una denuncia por presunta prevaricación y daños al patriomonio arqueológico

El presidente Ramón Luis Valcárcel reconoció ahora a 'La Verdad' que les «ha faltado pedagogía» a la hora de comunicar la decisión de no construir el 'parking' de San Esteban. Añadió que esta medida «se podía haber explicado antes» a la opinión pública. «Es verdad que ha fallado la cadena de mando», apuntó dentro de lo que parecía otra cadena de errores, equívocos o ambigüedades.

Rechaza que el miércoles -cuando dijo públicamente que quedaba anulado el aparcamiento- actuara bajo la presión de los acontecimientos de ese día porque, argumenta, comunicó a primera hora de la mañana en Bonn la decisión que ya tenía tomada. La semana que viene convocará la comisión de expertos para recuperar el yacimiento.

Se reafirma en que hace veinte días tuvo claro que no habría 'parking', a la vista del informe que presentó el director general de Bellas Artes, Enrique Ujaldón, que mantenía la compatibilidad entre el yacimiento arqueológico y el aparcamiento. ¿No le llegó la orden a Ujaldón?

«Quizás Ujaldón no quiso desautorizar a los técnicos que y dejó que siguieran con su tarea porque son quienes realmente entienden. En asuntos arqueológicos son los expertos quienes deben decidir y marcar la pauta, no los políticos. Ese informe no obligaba a hacer el 'parking'.

Tal vez Ujaldón tenía que haber sido menos técnico y más político, pero lo que tenía claro todo el mundo es que el yacimiento era la prioridad». Añadió que Bellas Artes se ha visto desbordada a la hora de «aclarar los conceptos» debido a la presión social y política.

En la Consejería estaban en otra clave, ya que el día en el que se desencadenaron los acontecimientos esa dirección general ordenó el desmonte de parte de los restos, que quedó paralizado en cuanto llegó la orden de la juez de guardia y del propio Valcárcel.

El presidente añade que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, también compartió su decisión en un acto conjunto que tuvieron días atrás, razón por la cual el primer edil salió al día siguiente señalando que el yacimiento era una oportunidad para la ciudad y que había que preservarlos a toda costa, aunque no se pronunció taxativamente sobre el futuro del aparcamiento. «Quizás Miguel Ángel Cámara tuvo que afinar más», contestó al ser preguntado por 'La Verdad'.

A la vista de las palabras de Valcárcel, el fallo en «la cadena de mando» tuvo varios hitos destacados. Hasta el miércoles a mediodía, el Ayuntamiento de Murcia mantenía como válido el informe de Ujaldón sobre la compatibilidad de yacimiento y 'parking'. Previamente, en el Pleno municipal del pasado día 27, el Grupo Popular se ratificó en dicho informe.

Un día después, Enrique Ujaldón comunicó que los trabajos de desmontaje y traslado de los restos arqueológicos de San Esteban, previsto en el informe elaborado por su departamento, «sólo se harán cuando se presente el proyecto pertinente» y se evalúe como adecuado para «asegurar la perfecta conservación» del yacimiento.

Esta operación se iba a realizar para proseguir con la excavación y evitar daños en la base del palacio de San Esteban, según la Consejería.

El presidente niega que hubiera actuado «a remolque» de los acontecimientos y que puede demostrarlo con una grabación que hizo horas antes en Bonn. «Lo que ocurrió el miércoles fue un cúmulo de cosas y de coincidencias», apostilló para insistir en que no reaccionó tarde ni obligado por la presión ciudadana y la acción de la Justicia. A la pregunta de que si la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento estaban apurando hasta el último minuto para intentar construir el aparcamiento, Valcárcel negó que se hubiera actuando en esa dirección. «Antes que la Plataforma, que la Fiscalía y la jueza, fui yo quien dijo que había que preservar el yacimiento y eliminar el 'parking'».

¿Ha quedado desautorizado y sobrepasado el consejero Pedro Alberto Cruz? El presidente lo niega. «Cruz ha seguido la pauta de los técnicos. El informe no contradice lo que dice el político. Los técnicos no exigen que se haga el 'parking'. Al principio parecía que podía ser compatible una cosa con la otra, pero estaba claro que el yacimiento era lo importante. Tengo plena confianza en los técnicos. No se puede poner ahora en duda el interés y vocación del Cruz, Ujaldón y del Gobierno regional por darle prioridad del yacimiento. Nosotros lo dijimos antes que nadie».

Sobre la resolución de abril del 2008, publicada ayer por 'La Verdad', en la que Cultura autorizó el 'parking' pese a que había un depósito arqueológico en el lugar, Valcárcel rechaza que fuera contradictorio y que hubiera servido para apoyar el aparcamiento.

«Se sabía que había algo debajo, como sucede en cualquier lugar de la ciudad de Murcia. Lo que no se conocía era la magnitud y el estado de conservación de los restos. Todo el mundo sabe que se puede encontrar con eso al hacer una obra. La empresa era consciente de ello y el Ayuntamiento también. Por esta razón se obliga siempre a realizar unas excavaciones. Es lo que se ha hecho y el tiempo ha demostrado al realidad del yacimiento».

El presidente concluyó con que lo importante es preservar con urgencia el yacimiento porque se encuentra expuesto y es vulnerable a las inclemencias del tiempo. «No hemos recurrido el auto de paralización de la jueza, pero creo que es urgente que se actúe de inmediato para preservar los restos. La próxima semana puede llover».

El Banco España autoriza un grupo consolidable en torno a Cajamar

MADRID.- La comisión ejecutiva del Banco de España ha autorizado la constitución del primer grupo económico consolidable en torno a la caja rural Cajamar, dijo la entidad almeriense.

En el sistema institucional de protección (SIP), fórmula elegida para la integración, estarán Cajamar Caja Rural, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Albalat.

Las cuatro cajas rurales suman activos valorados en 26.845 millones de euros, que suponen en torno al 30 por ciento del balance de las 76 cajas rurales que operan en España, según el comunicado de Cajamar.

El modelo denominado SIP permite a las cajas que se integran mantener la personalidad jurídica y sus órganos de gobierno respectivos y el compromiso con sus territorios, como la obra social. Esta fórmula contempla la integración operativa de servicios comunes, tecnología y marca, con redes comerciales complementarias.

El SIP contribuye a mejorar la solvencia y a poner en común los sistemas de riesgo, además de facilitar los accesos a los mercados.

La fórmula del SIP permite además no contrariar a los poderes políticos de las respectivas comunidades autónomas, que son los que han obstaculizado las fusiones interregionales plenas, al disponer los gobiernos regionales del derecho de veto.

En la actualidad, hay tres fusiones en marcha con esta fórmula entre las cajas de ahorros.

Caja Navarra con Caja General de Canarias están constituyendo un SIP, Caja Inmaculada de Aragón (CAI), Caja Insular de Canarias y Caja Rioja, y también Caja Guadalajara y Caja Sol.

El presidente de 'Hefame' propaga alarmismo sobre el sector farmacéutico

MADRID.- Algunas farmacias, sobre todo de las grandes capitales como Madrid, lo van a pasar muy mal y podrían echar el cierre a partir del próximo verano, según el lorquino Antonio Abril, presidente de 'Hefame', la segunda cooperativa distribuidora de medicamentos de España, que atiende al día más de 15.000 pedidos de fármacos de 5.500 clientes y dice conocer los apuros económicos de muchos boticarios españoles.

Durante la presentación de su nuevo almacén de distribución en Getafe ante periodistas especializados, Abril aseguró que "hay retrasos en los pagos" y "algunas farmacias no lo van a poder contar".

El presidente de Hefame pidió la "actualización" de las escalas del Real Decreto 5/2000, que fija las aportaciones económicas que las farmacias deben satisfacer en función de los ingresos y que funciona en la práctica como un nuevo impuesto. Desde la patronal de farmacias, FEFE, y los colegios se aboga directamente por su eliminación ante la gravedad de la crisis para el sector.

Las dificultades presupuestarias de la mayoría de regiones para atender los gastos sanitarios ha obligado este año a hacer malabarismos y tirar de los presupuestos de 2010 para pagar las facturas sanitarias de 2009. Pero el próximo ejercicio puede no dar ya de sí y afectar a uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud, como es la red de más de 21.000 farmacias abiertas en España.

A diferencia de otros sectores, la distribución cooperativa, verdadero soporte de la calidad del modelo de farmacia español, "no puede aguantar el pago ni un segundo", como reconoce Abril.

La rotación de medicamentos es muy alta, como demuestran los más de 1.000 repartos diarios de fármacos que al menos dos veces al día asegura Hefame a las farmacias, y no existen fondos para demorar los pagos, la opción de la que todas las administraciones abusan para financiar la compra de medicamentos y tecnologías a sus proveedores, según El Semanal Digital.

Murcia tiene empadronadas 1.446.520 personas, un 1,4% más que en 2008

MADRID.- A fecha 1 de enero de 2009 en España estaban empadronadas un total de 46.745.807 personas, un 1,3 por ciento más que el año anterior, según las cifras oficiales dadas a conocer hoy por el Gobierno y recogidas en un real decreto tras revisarse el padrón municipal.

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista por número de personas empadronadas (8.302.923), seguida por Cataluña (7.475.420), Madrid (6.386.932) y Comunidad Valenciana (5.094.675).

Aparte de Ceuta (78.674) y Melilla (73.460), las comunidades con menos personas empadronadas son La Rioja (321.702), Cantabria (589.235) y Navarra (630.578).

La variación relativa más grande en el último año se ha producido en Melilla, con un crecimiento del 2,8%, seguida por Baleares, con un 2,1%, Castilla-La Mancha (1,9%) y Madrid (1,8%).

Castilla y León (0,2%) y las comunidades de Extremadura y Galicia, ambas con un 0,4%, son las que menos variación del padrón han tenido.

Por provincias, Madrid (6.386.932), Barcelona (5.487.935) y Valencia (2.575.362) son en las que más personas están empadronadas, mientras que, sin contar Ceuta y Melilla, en las que menos empadronamientos se recogen es en Soria (95.101), Teruel (146.751) y Segovia (164.854).

El siguiente cuadro refleja, por Comunidades Autónomas, el padrón de 2008, el de 2009, así como la variación absoluta y relativa que se ha producido.

POBLACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CC AA/ 2008 /2009 /Variación %

----------------------------------------------------------------

Andalucía 8.202.220/ 8.302.923/ 100.703 /1,2

Aragón 1.326.918 1.345.473 18.555 1,4

Asturias 1.080.138 1.085.289 5.151 0,5

Baleares 1.072.844 /1.095.426/ 22.582 /2,1

Canarias 2.075.968 2.103.992 28.024 1,3

Cantabria 582.138 589.235 7.097 1,2

C.y León 2.557.330 2.563.521 6.191 0,2

C-La Mancha 2.043.100 2.081.313 38.213 1,9

Cataluña 7.364.078 /7.475.420 /111.342/ 1,5

C. Valenciana 5.029.601/ 5.094.675/ 65.074 /1,3

Extremadura 1.097.744 1.102.410 4.666 0,4

Galicia 2.784.169 2.796.089 11.920 0,4

Madrid 6.271.638 6.386.932 115.294 1,8

Murcia 1.426.109 /1.446.520/ 20.411/ 1,4

Navarra 620.377 630.578 10.201 1,6

País Vasco 2.157.112 2.172.175 15.063 0,7

La Rioja 317.501 321.702 4.201 1,3

Ceuta 77.389/ 78.674/ 1.285/ 1,7

Melilla 71.448 /73.460/ 2.012/ 2,8

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TOTAL 46.157.822/ 46.745.807/ 587.985 /1,3

Las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles serán difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, una vez que el Real Decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, a través de su página web: www.ine.es.

El tráfico de mercancías en los puertos españoles cae un 15% hasta octubre

MADRID.- El tráfico de mercancías en los puertos españoles cayó un 14,9% en los diez primeros meses del año en comparación con igual periodo de 2008, hasta situarse en 341,43 millones de toneladas, como consecuencia de la crisis económica, según datos de Puertos del Estado.

En la evolución mensual, el tránsito de mercancías por los puertos muestra no obstante una subida del 4,24% frente al mes de septiembre, si bien la comparación con octubre de 2008 aún arroja un descenso del 9,35%.

Estas tasas están en la línea de "atenuación" que los descensos del volumen de mercancías portuarias registran en los últimos meses, desde las caídas de más del 20% de comienzos de año, según indican en fuentes de Puertos del Estado, que prevé que a cierre de ejercicio la reducción de tráfico de mercancías se sitúe en el entorno medio del 12%.

Por tipo de mercancía, y por lo que al acumulado a cierre de octubre se refiere, todos contabilizaron descensos, salvo el tránsito de pesca fresca, que creció un 12,5%, hasta 203.768 toneladas.

Del lado de las caídas, destaca la del 26,9% registrada por el tránsito de graneles sólidos, la del 19,59% de la mercancía general convencional y la del 14,4% de las cargas transportadas en contenedores.

Todos los puertos registraron descensos en el volumen de mercancías gestionadas entre enero y octubre, entre los que sobresalen los de Gijón, con una caída del 33,6%; Pasajes (-32%), Almería (-28,9%) y Vigo (-25,1%).

No obstante, grandes puertos como los de Valencia, Algeciras, Bilbao y Barcelona resistieron mejor a los descensos, ya que en los nueve primeros meses se anotaron descensos de tránsito de mercancías del 5,53%, 7,9%, 18,6% y el 20,16%, respectivamente.

El PSRM propone que el aval del Aeropuerto regional sirva para garantizar su construcción, puesta en marcha y explotación

CARTAGENA.- La diputada socialista Teresa Rosique explicó que ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la ley de Presupuestos regionales para 2010, en la que propone la concesión de un aval de 200 millones de euros para la construcción de esta infraestructura, el PSOE va a presentar el próximo lunes una enmienda alternativa.

Rosique manifestó que el primer objetivo de la enmienda consiste en garantizar, además de la construcción del aeropuerto, su puesta en marcha y explotación, tal y como se recoge en el contrato firmado por la concesionaria en julio de 2007. De la enmienda del PP se desprende que sólo se está garantizando la construcción del aeropuerto.

Desde el PSOE "no queremos que la Comunidad Autónoma se pudiera encontrar en un futuro con un escenario en el que tuviera que asumir una infraestructura aeroportuaria sin tener garantizado quién lo va a gestionar".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido un nuevo punto a la enmienda del PP en el que se establece que la finalidad de este aval sea garantizar la construcción, puesta en marcha y explotación del aeropuerto. Compromiso que el concesionario, en esta ocasión prestatario, está obligado a cumplir por la firma del contrato y ahora por la concesión de dicho aval.

El segundo objetivo es preservar los recursos públicos. Para ello Rosique considera necesario que la cuantía del préstamo y, por tanto, del aval se cuantifique de manera pormenorizada, fijando todas las actuaciones recogidas en el contrato y pendientes de realizar, para poder establecer la cuantía necesaria del aval.

Rosique explicó que el Partido Popular en su enmienda deja la puerta abierta a que el aval llegue hasta los 200 millones de euros. Esta cuantía no se ha justificado y, además, no coincide ni siquiera con lo que públicamente la empresa había dicho en base a que necesitaba 160 millones de euros de financiación.

"Es fundamental establecer que el coste máximo del aval no exceda de lo que realmente se necesita, por razones obvias, pero además porque todo el dinero que la Comunidad Autónoma dedique al aval del aeropuerto se resta del disponible para el resto de empresas de la Región, ya que para los Presupuestos del próximo año, la Administración regional dispondrá de 300 millones de euros para este fin", precisó.

El tercer objetivo es cumplir la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. El PP en su enmienda suprime "el beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil, al que la Administración pública sólo puede renunciar según el texto refundido de la Ley de Hacienda regional en el caso de que los avales fuesen para organismos públicos o entidades locales".

Para Teresa Rosique, eliminar el beneficio de excusión supone que en caso de impago del préstamo, las entidades financieras no recurrirían al concesionario o prestatario sino que acudirían directamente a exigir el pago a la Comunidad Autónoma.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista no aceptamos la supresión del beneficio de excusión planteado por el PP y, en base al interés general de la Hacienda regional, queremos que dicho beneficio de excusión no se elimine y se garantice", concluyó el comunicado.

El PSOE de Murcia exige la protección del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia exigió hoy la protección con carácter de urgencia del yacimiento de San Esteban y que se inicie de inmediato el expediente para declarar el yacimiento Bien de Interés Cultural, según informaron fuentes socialistas en un comunicado de prensa.

En este sentido, el edil del PSOE José Manuel Abellán esperó que la resolución del contrato no se convierta en un inconveniente para proteger y conservar el yacimiento y recordó que el solar de San Esteban pasó a manos del Ayuntamiento con la finalidad de construir el aparcamiento.

Ahora, apuntó, la titularidad queda en el aire porque se ha incumplido la condición establecida para la cesión, por lo que lo más razonable es que éste pasara de nuevo a la Comunidad Autónoma o se firmara otro acuerdo de cesión.

Abellán esperó que mientras se soluciona lo de la titularidad "ni el Ayuntamiento ni el Gobierno regional abandonen la protección de los hallazgos y actúen al unísono en su defensa y puesta en valor".

Por otra parte, las asociaciones Pro-Patrimonio piden que continúen los trabajos de estudio arqueológico del yacimiento para su consolidación y futura musealización.

La paralización determinada por el juzgado solo afecta a las obras de “extracción, almacenamiento y reubicación” de los restos arqueológicos que fueron acordadas el pasado 30 de noviembre por una resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, por lo tanto esta paralización cautelar no afecta a la continuidad de los trabajos en el yacimiento referidos a su estudio, consolidación y protección de los restos hallados.

Las asociaciones declaran que el yacimiento arqueológico de San Esteban no puede ser abandonado a su suerte para seguir el desdichado camino de deterioro que ya hemos visto recorrer a muchos de los monumentos y yacimientos que forman parte del patrimonio histórico de la Región de Murcia. Es necesaria y obligada la adopción de medidas urgentes de protección del yacimiento.

El yacimiento debe ser tratado como un ente vivo y deben protegerse las débiles y valiosas estructuras que contiene de las inclemencias climatológicas, ya que las lluvias pueden afectar gravemente mermando e incluso destruyendo elementos importantes del yacimiento.

Desde HUERMUR se apremia a que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales incoe expediente para la declaración de bien de interés cultural del yacimiento solicitada desde el 28 de noviembre.

Además, las entidades solicitan la creación de una Comisión que estudie la forma más adecuada de musealizar el yacimiento. Y que el proceso sea abierto a la participación pública, con total transparencia, y siguiendo las leyes y recomendaciones internacionales en materia de gestión y conservación del patrimonio arqueológico.

La CROEM vuelve a arremeter contra Zapatero antes de reconocer errores propios

MURCIA.- La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) celebró hoy una Asamblea General Extraordinaria para dar a conocer la "insostenible" situación en que se ha colocado al sector empresarial y "ante la falta de una política económica decidida e integral" que impulse la recuperación económica.

La patronal murciana defiende que las empresas de la Región luchan "por la supervivencia del tejido productivo" y "por mantener el empleo", pero, advirtió, "la vulnerabilidad de las empresas" en la crisis se hace patente "en las dificultades de acceso a la financiación", tanto para proyectos de inversión como para capital circulante.

Consideró "incomprensible" el "brusco cambio" experimentado por las entidades financieras que "han pasado de estimular actividades, a dejarlas ahora a mitad de camino", al tiempo que advirtió que mientras no se normalice el sistema financiero no se va a iniciar la recuperación de "manera continuada y sin recaídas imprevistas".

En este marco, urgió al Gobierno central a que "afronte y resuelva el problema", pero también le reclamó que "controle los recursos" que ha aplicado al sistema pero que "no han llegado a las empresas con la eficacia anunciada", lo que ha convertido "los problemas de liquidez en problemas de solvencia".

De igual forma, la patronal murciana se quejó de "la excesiva morosidad" de las Administraciones Públicas a la hora de pagar a sus proveedores, lo que ocasiona "graves problemas de supervivencia" y receló de que se pueda hacer efectiva la reducción del plazo de 30 días para pagar a proveedores propuesta en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Además propuso reducir los costes empresariales e igualar las condiciones tributarias de las empresas españolas con la de sus competidores y abogó por una reforma del mercado laboral, no para "tener despido libre", sino "flexiseguridad interna de la empresa" y evitar el absentismo, "uno de los males mayores de la empresa".

Los empresarios murcianos no se olvidaron de la agricultura, que está "gravemente amenaza" por los costes de producción y el precio final del producto; por la pérdida de competitividad por acuerdos preferenciales de la Unión Europea con terceros países; por el incremento de cotización por Régimen Especial Agrario; por la escasez de agua y el precio aplicado a los caudales disponibles y por su futuro si prospera la pretensión de Castilla-La Mancha reflejada en la reforma de su Estatuto.

Sobre este último punto, el sector empresarial quiso dejar claro que no aceptará un Estatuto de Castilla-La Mancha, ni ninguna otra norma, que conlleve la caducidad del trasvase Tajo-Segura, ni tampoco "elevación de las reservas estratégicas en el río excedentario que lo limite o condicione".

En relación a los otros sectores económicos, Croem pidió que no se siga "demonizando" la Construcción y lamentó que el sector Industrial, por diferentes causas, no pueda tomar el relevo a la Construcción. Por ello, abogó por apostar por el sector Servicios, concretamente por potenciar el turismo, el comercio minorista frente a grandes superficies y el transporte de mercancías.

Por último, solicitó que se fomente la internacionalización de las empresas de la Región, que se reduzcan las cargas administrativas para la creación y desarrollo de empresas, se apliquen criterios de austeridad en el gasto público corriente y la adaptación de la oferta educativa de Formación profesional a las necesidades actuales de las empresas.

Viva la gente / Ángel Montiel

Qué día el pasado miércoles. El Seprona, advertido por la Plataforma en favor de la conservación de los restos arqueológicos de San Esteban, avisaba a la Fiscalía, que a su vez se dirigía al juzgado de guardia para paralizar las obras en la zona, donde parecían producirse movimientos de desmontaje de los restos encontrados, y el juez de turno dictó a favor de esa demanda, estableciendo además que deberían requerirse dictámenes técnicos ajenos a los existentes emitidos por Bellas Artes.

A otra hora, antes o después de este hecho –no me ha sido posible precisar la cronología–, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, grababa para la televisión autonómica, La 7, desde Bonn, donde se encontraba de viaje, unas 'declaraciones bomba', en las que se pronunciaba por primera vez sobre la polémica y se decantaba por la renuncia al parking y por la conservación en su integridad y la puesta en valor de los restos arqueológicos en su actual cota.

Esas declaraciones quedaron 'embargadas' –término con que se significa en el argot periodístico la potestad de una fuente para administrar el momento en que puede difundirse una información dada, imposible de ser transmitida por otra–, de manera que no fueron emitidas ni en los avances de la mañana ni en el informativo de mediodía.

La paradoja es que a eso de las once de la mañana, en el programa Mur-y-Cía, que Miguel Masotti dirige en la radio autonómica, Onda Regional, se emitía una entrevista con el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en la que éste insistía en la 'solución oficial' sin variante alguna, con el subrayado de que era la primera vez que se pronunciaba al respecto, ya que hasta entonces había actuado de cortafuegos el director de Bellas Artes, Enrique Ujaldón.

Por tanto, la tesis del desmontaje adquiría mayor consistencia, es decir, la Administración no daba su brazo a torcer a pesar de las crecientes movilizaciones.

Por si fuera poco, el consejero empleó en esa intervención algún concepto irritante para valorar la actitud de quienes se venían oponiendo de manera activa al traslado provisional de una parte de los restos: la palabra 'esquizofrenia', aunque en el contexto en que fue pronunciada pudiera entenderse en términos políticos, se interpretó, con toda lógica, además, como un insulto sin precedentes, no ya a un adversario, sino a todo un colectivo cada vez más diverso y heterogéneo, con en el que empezaban a simpatizar ya abiertamente incluso muchos allegados al PP ajenos a su nomenclatura, y de manera todavía velada, como me consta, algunos diputados y altos cargos.

Cuando a mediodía del miércoles empezó a filtrarse en ámbitos muy reducidos que existían unas declaraciones de Valcárcel, retenidas desde San Esteban –tal vez a la espera de que el presidente pudiera advertir sobre ellas al alcalde de Murcia o a su propio consejero– la sensación de pasmo fue espectacular entre quienes tuvimos acceso al dato.

¿Cómo era posible que casi a la misma hora de la mañana el presidente dijera una cosa, aunque no fuera de conocimiento público, y el consejero de Cultura insistiera en mantener la decisión contraria? Más tarde ha sido posible saber que las declaraciones de Cruz a Onda Regional habían sido registradas el miércoles día 2... ¡exactamente una semana antes de su emisión! Lo cual no deja de ser también muy raro, aun sin poner en duda alguna la veracidad del dato.

Y seguimos avanzando por la jornada de anteayer. A media tarde, en La 7, no se había recibido aún indicación para el levantamiento del embargo de las declaraciones de Valcárcel, pero el conocimiento en su entorno mediático de que la noticia había empezado a difundirse facilitó el plácet para que se emitiera en el informativo de las 20.30 y, además, el presidente decidió hacerla extensiva al conjunto de los medios a través de las agencias.

La noticia, que fue recibida con alborozo en todos los ámbitos, por unas u otras razones, dejó sobre la mesa la contradicción política principal, derivada de la sucesión de hitos relacionados con el asunto a lo largo del día. Quedaba claro, a todos los efectos, que el presidente desautorizaba al consejero de Cultura, pues aquél decía por la tarde –y más, a sabiendas ya por muchos de que lo había grabado por la mañana– justo lo contrario que a las mismas horas había expuesto Pedro Alberto Cruz.

La situación se pintaba como en el caso de González Sinde con Zapatero: al poco de que hace unos días la ministra de Cultura defendiera la posibilidad de que el Gobierno pudiera disponer sobre el cierre de web que facilitan el pirateo, el presidente salió a matizar que su Administración no cerraría ninguna página de Internet.

El PP se apresuró entonces a pedir la dimisión de la ministra, por entender que había sido desautorizada. El PSOE murciano, en la encrucijada Valcárcel/Cruz, reprodujo al instante el mismo argumento con idéntica consistencia.

Pero, además, hay otras incertidumbres políticas en el caso: la decisión de Valcárcel, tomada con temporizador, deja descolocado a Miguel Ángel Cámara, justo cuando como alcalde debiera haber estado en primera fila de lo que ahora, por fuerza, todo el PP ha de defender como si nunca hubiera estado en la práctica al otro lado de la trinchera.

El movimiento ciudadano ha dado una lección a la vez que ha aprendido otra. Ésta: como dijo aquel negrito, 'podemos'.

www.laopiniondemurcia.es

Alberto Aguirre de Cárcer, nuevo director del periódico 'La Verdad'

MURCIA.- Alberto Aguirre de Cárcer ha sido nombrado director de 'La Verdad' en sustitución de José María Esteban. Alberto Aguirre de Cárcer, hasta la fecha subdirector de ABC, nació en Madrid hace 48 años, está casado y tiene un hijo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en ABC en 1987. Una parte importante de su trayectoria profesional ha estado vinculada a la información científica, de salud y nuevas tecnologías.

Con amplia experiencia docente, Alberto Aguirre fue nombrado subdirector de Información de ABC en 2006. Desde septiembre de 2008 ha sido subdirector de Fin de Semana, con responsabilidad, igualmente, sobre los suplementos D7, Empresa, ABCD y Madrid 360. Desde su nombramiento como subdirector en 2006, Alberto Aguirre ha colaborado decisivamente en el proceso de relanzamiento que viene experimentado ABC.

Alberto Aguirre de Cárcer sustituye como director de 'La Verdad' a José María Esteban, quien ha estado al frente del periódico durante más de seis años.

Dentro de los cambios se incluye, como otra de las medidas, la supresión del cargo de director adjunto, que ha venido desempeñando Mariano Caballero durante los últimos trece años.

La alta morosidad y la falta de liquidez, principales problemas de las empresas familiares de la Región

MURCIA.- La alta morosidad y la falta de liquidez son principales problemas de las empresas familiares de la Región, según las conclusiones, dadas a conocer hoy, del segundo barómetro elaborado por la Cátedra de Empresa Familiar y la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur).

Así, el estudio refleja que los principales indicadores de actividad en las empresas familiares (precios de venta, cifra de negocios, rentabilidad, exportaciones, empleo o inversiones) siguen mostrando en 2009 importantes reducciones.

En ese mismo estudio se señala que, junto a la crisis económica, los factores que más limitan el desarrollo empresarial son la debilidad de la demanda de sus productos, las dificultades de obtención de financiación, así como el incremento de la presión competitiva.

Por tanto, ante esta situación, la confianza de las empresas (medido a través del índice de confianza empresarial) en la situación económica es baja y sigue reduciéndose respecto del año pasado. A pesar de ello, estas empresas tienen una mayor confianza en el papel que representa la familia en el desarrollo del modelo de negocio.

Para hacer frente a estos problemas, las empresas están adoptando estrategias de reducción de costes, mejorando la gestión del cobro y financiándose a través de la retención de beneficios (autofinanciación).

También "juega un papel relevante la financiación obtenida desde el ámbito familiar, bien en forma de capital (ampliación de capital), o mediante préstamos y avales de los miembros de la familia, según un comunicado de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar.

En este contexto, las empresas familiares demandan de las Administraciones Públicas una reforma del sistema financiero, que permita una mayor intervención del Estado en cuestiones como la fijación de intereses, comisiones y otras medidas que faciliten el acceso a los préstamos bancarios. También destacan entre sus demandas la necesidad de disminuir la presión fiscal.

Por lo que respecta a la situación financiera, las empresas familiares de la Región de Murcia señalan que sus principales problemas son la escasa rentabilidad y la falta de liquidez, más exactamente, la alta morosidad unido al elevado coste de la financiación bancaria y a las dificultades para su obtención (tanto a corto como a largo plazo).

Los resultados del estudio fueron presentado por José María Tortosa, presidente de Amefmur, y Juan Monreal, director de la Cátedra de Empresa Familiar. El acto contó también con la presencia de Salvador Marín, consejero de Universidades, Empresa e Investigación; y José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de Murcia, que presentaron una conferencia sobre recursos financieros que pronunció Roberto López, director general de CAM.

No prosperó el negociete pero hay más a la vista / Apunte de Argárico

Era el negociete del siglo para algunos figurantes del poder regional aunque no todos. Se presume que, tras el aparcamiento de 30.000 m2 a construir en San Esteban, estaba el ex político Sánchez Carrillo (el más que íntimo del hermano del presidente Valcárcel, vicepresidente de Caja Murcia y hombre del dinero en el PPRM) y, por supuesto, otra gente, más o igual de codiciosa, de alguna entidad de crédito acostumbrada a jugar con ventaja, y tal vez sucio, en Murcia. Era un chollo para muy pocos escogidos pese a unas desorbitadas ganancias previstas durante los 40 años de la concesión municipal. Un negociete que no prosperó por saltarse algunos informes preceptivos previos marcados por la legislación.

Algunos cálculos preliminares hablan por lo bajo de un 'cash' diario en torno a los 15.000 euros a repartir sólo entre los de siempre. Pero los tiempos vienen mal. Tanto descontento social y tanto desempleo con escasa esperanza tiene soliviantados los ánimos de la ciudadanía. La Región de Murcia, aunque no lo parezca, está a punto de convertirse en un polvorín a nada que nuestra clase dirigente dé síntomas de haber perdido el sentido común político al no tener una percepción corregida de la realidad mutante y continuar actuando creída de una segura impunidad. La sociedad civil murciana salta ya como un resorte ante el más mínimo abuso de poder.

No conozco cuáles serán ahora los consejos jurídicos del inefable juez Pacheco a su futuro vecino en la Gran Vía pero sí tengo claro que la presión ciudadana organizada y sin desmayo, la postura tan profesional e independiente del Colegio de Arquitectos, la influencia de verdaderos expertos arqueólogos sobre la opinión pública, la presión de determinado cuerpo diplomático islámico y el interés personal de la Reina Sofía han tenido que pesar sobre el ánimo de la Fiscalía y la resolución de una jueza, valiente y honesta, ante tanto síntoma de una presunta corrupción desenfrenada en las esferas del poder político murciano.

¡Qué vergüenza su pasividad para el rector de la UMU y la manumitida Academia Alfonso X el Sabio, ahora sin un también silente medievalista local al frente, como el profesor Torres Fontes!

Intentar zanjar el asunto con caza menor política (Cruz y Ujaldón, los escogidos para dar la cara) sería una necedad. Hay que exigir por las alturas que respondan políticamente el cobarde del alcalde oriolano y el sátrapa títere manipulador, callados como putos hasta el pronunciamiento judicial para ver si colaba. Este del aparcamiento les ha salido mal y ahora van a probar con el siguiente: Corvera. Por eso no quieren dar el cante ante tanto ruido mediático, no vaya a ser que se malogren otros mejores que tienen a la vista.

Aún sabiendo que el proyecto aeroportuario es inviable, no les importar empeñar 200 millones de euros de todos los murcianos en época de vacas flacas y virtual quiebra financiera de la Comunidad Autónoma, que no del SMS, (¿no dijo Vacárcel que nunca se comprometería dinero público para esa fantasía?) con el único objeto de revalorizar ante la expectativa los terrenos circundantes. Ese es el siguiente negocio del poder político murciano y de algunos de sus mentores civiles. Tal vez como Miguel del Toro, presidente de la CROEM y vicepresidente de Caja Murcia.

Por cierto, antes de que acabe diciembre, los abogados de la Comunidad Autónoma están citados en el Tribunal de Cuentas, en Madrid, para que expliquen (previamente a la citación del propio Valcárcel, a instancias de la Fiscalía) por qué Miguel del Toro y su empresa se llevan la mayoría de las obras de construcción licitadas por la Consejería de Educación. Es un tema que Diego de Ramón ha hecho llegar a Anticorrupción y que se está investigando para mayor gloria de este abogado intocable.

Con un tráfico aéreo mundial y europeo a la baja, unas previsiones turísticas desastrosas en el medio plazo, un aeródromo de San Javier puesto a punto de modernidad por Madrid para evitar tener que desmantelar la AGA, un aeropuerto de Alicante con casi 1.000 millones de inversión estatal para ser capaz de digerir 20 millones de pasajeros y con doble pista trasatlántica, hablar de una previsión de 2 millones de usuarios en Corvera es, sencillamente, una mentira conveniente para determinados intereses privados a los que AENA no está dispuesta a servir.

Del gran negocio compartido de la nueva dársena en El Gorguel hablaremos otro día. Porque son los mismos y alguno más, creído de ser el más listo del lugar. Mientras Barcelona mueve dos millones de contenedores/año aquí nos quieren hacer creer que una decrépita Cartagena, ayuna de tejido productivo a su alrededor, necesita tener capacidad para no bajar de los tres millones y medio.

Corrupción pura lo de construir por construir pensando nada más que en comisiones a diestro y siniestro a costa de unas arcas públicas esquilmadas o la ruina de unos accionistas sin puta idea de que los mal llamados gestores hacen de su capa un sayo con el dinero ajeno, esta vez privado.

Valcárcel y Cámara niegan saber del interés de la Reina Sofía por el yacimiento medieval de San Esteban

MURCIA.- La Reina Sofía se interesó ayer mediante un escrito de la Casa del Rey ante el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por la situación del yacimiento de San Esteban , han confirmado hoy fuentes de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Yacimiento de San Esteban , tras una comparecencia ante los medios de comunicación.

Dos de las portavoces de la Plataforma, Laura More y Maite Luengo, leyeron ante los restos arqueológicos, donde hoy se han paralizado las obras, un texto en el que, en representación de todos sus componentes, se muestra la satisfacción y agradecimiento por la decisión judicial de paralizar las operaciones de desmontaje y extracción de los restos del yacimiento.

La Plataforma ha colgado en su página web un escrito procedente de la Casa del Rey en respuesta a la petición que hizo la citada Plataforma el pasado día 2 a la Reina , para que intercediera ante el Gobierno regional y el ayuntamiento de Murcia, de cara a evitar el traslado de los restos.

En la carta, firmada por José Cabrera, jefe de la Secretaría de la Reina , se indica que "su Majestad ha quedado enterada pero que, lamentablemente, nada puede hacer porque no tiene capacidad para intervenir en las decisiones de las distintas administraciones del Estado".

"No obstante, y siguiendo instrucciones de su Majestad damos traslado de su solicitud" al presidente Valcárcel y al alcalde Cámara añade el escrito, que al tiempo muestra el deseo de que "se encuentre una pronta solución a la cuestión".

Fuentes de Presidencia del Gobierno regional dijeron que "no consta que haya llegado esa comunicación", y un portavoz del ayuntamiento de Murcia han negado haber recibido un escrito en nombre de la Reina .

Fuentes del Ayuntamiento si confirmaron tener constancia de que un responsable de un Gabinete de la Casa del Rey ha reenviado al consistorio un correo electrónico remitido a su vez por un ciudadano privado de Murcia, en nombre propio y no de la Plataforma, relativo al mismo tema.

Ahora IU+Los Verdes pregunta por el aval para construir el aeródromo de Corvera

CARTAGENA.- José Antonio Pujante Diekmann, Diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 25.3 del Estatuto de Autonomía y el 13.2 del vigente Reglamento de la Asamblea Regional, presentó ante la Mesa, para su calificación y admisión a trámite, solicitud de información, dirigida al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio sobre informe de intervención general de la Comunidad Autónoma de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno en relación a la aprobación del aval para terminación de las obras del aeropuerto de Corvera.

Solicita, en consecuencia, al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio copia del informe de Intervención General de la Comunidad Autónoma de Murcia sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno, en relación a la aprobación del aval por valor de 200 millones de euros, para la terminación de las obras del aeropuerto de Corvera.

CCOO y UGT convocan concentraciones ante grandes almacenes y centros comerciales

MURCIA.- Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores anunciaron este jueves la convocatoria de trece concentraciones, entre el próximo 18 de diciembre y hasta el 4 de junio de 2010, a las puertas de los principales centros comerciales de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y San Javier, para mostrar su disconformidad con el convenio colectivo alcanzado a nivel nacional para los trabajadores de los grandes almacenes.

Así lo anunciaron los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, quienes comparecieron en rueda de prensa junto a los responsables de las federaciones de Comercio de ambos sindicatos, Juan José García (CHTJ-UGT) y Eva Saorín (FCOTH-CCOO).

Bueno explicó que convenio colectivo fue firmado el pasado verano por la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y los sindicatos Fasga y Fetico, que denominó como "sindicatos corporativos o amarillos", y aseguró que lo acordado es "un auténtico atropello y una tropelía para los trabajadores".

En este sentido, Jiménez detalló que el convenio es "una carta en blanco a los empresarios" que contempla "retrocesos en la conciliación de la vida laboral y familiar, en un sector donde los trabajadores sufren fuertes rotaciones y gran frecuencia de jornadas partidas, y que constituye un factor de riesgo para la salud psicológica y física".

Y es que, concretó, "se establece una desregulación de horarios, que se deja al arbitrio empresarial". De esta forma, la empresa puede dar vacaciones o días de libranza en épocas de baja actividad que, en período de alta actividad, el trabajador debe "devolver" acumulando jornadas.

Por ejemplo, apuntó Saorín, "la empresa puede decidir que trabajes sólo dos o tres días en julio y en agosto, fechas que en Murcia capital son de baja actividad, dándotelo como libranza o vacaciones, pero después tienes que trabajar desde el 1 de diciembre el 1 de febrero todo seguido, es decir, dos meses consecutivos con jornadas de nueve a doce horas y sin librar ni un solo día, de lunes a domingo".

Al hilo, García añadió que con este sistema las empresas se ahorran entre 20.000 y 21.000 trabajadores que antes contrataban en el conjunto del país como refuerzo para épocas especiales, como por ejemplo Navidad.

En la Región de Murcia, este convenio colectivo afecta a entre 6.500 y 7.000 empleados de grandes almacenes que, según CCOO y UGT, desconocen los perjuicios de este acuerdo porque estos dos sindicatos sufren "importantes trabas" para tener presencia en los centros de trabajo del sector.

Por ello, la campaña de concentraciones se realizará a las puertas de los centros comerciales, con el fin de "informar a los ciudadanos, pero también a los trabajadores de los grandes almacenes".

"Esperamos que les haga reflexionar de cara al próximo proceso de elecciones sindicales y sepan cuáles son los sindicatos que de verdad defienden a los trabajadores", apostilló Bueno.

Al respecto, Jiménez advirtió que el convenio colectivo supondrá, de facto, una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de grandes almacenes, al ligar a partir de 2010 la subida salarial a las ventas del sector.

Finalmente, aseguró que el trabajador perderá dinero si cae enfermo en dos o más ocasiones, ya que "se ha condicionado percibir el complemento por incapacidad laboral a que el trabajador no inicie otro proceso de incapacidad laboral en el mismo año".

Es decir, concretó Saorín, "como un trabajador coja la gripe A y, al tiempo, enferme con un resfriado, perderá 150 euros de salario", concluyó.

Regantes del Tajo-Segura en Murcia, Alicante y Almería se ahorrarán 26 millones por exención de tarifas

MURCIA.- Los usuarios del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) se ahorrarán alrededor de 26 millones de euros de tarifas gracias a la aprobación, por parte del Gobierno de España, del nuevo real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El texto, que fue publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, supone la continuación de una política de ahorro de costes para los agricultores de la Cuenca del Segura de la que se vienen beneficiando desde el año 2005, coincidiendo con época de mayor sequía de la que se tiene constancia.

El real decreto incluye exención de las tarifas de utilización, tanto del acueducto Tajo-Segura como del Postrasvase. Estas exenciones supondrán a los regantes del SCRATS un ahorro directo aproximado más de trece millones de euros, a los que hay que añadir 12,7 millones de euros en beneficios indirectos por la congelación de las tarifas.

La iniciativa del Gobierno de España también incluye otras medidas beneficiosas para los agricultores, como la prórroga de la posibilidad de intercambios de derechos de agua, que permiten la cesión de recursos entre cuencas (gracias a ellos el SCRATS ha dispuesto este año de más de 50 millones de metros cúbicos adicionales), o la declaración de emergencia de aquellas obras que supongan la modernización de los regadíos y el ahorro de agua.

El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tuvo hoy la oportunidad de explicar al presidente del Sindicato Central, José Manuel Claver, y a la Junta de Gobierno del SCRATS las ventajas de este Real Decreto Ley en Cartagena, donde ha sido invitado a la primera reunión que este organismo celebra fuera de la ciudad de Murcia.

Las lluvias invernales pueden destruir el yacimiento de San Esteban si no se protegen los restos

MURCIA.- Maite Luengo, una de las portavoces de la Plataforma Ciudadana por la Defensa del Yacimiento Arqueológico de San Esteban, ha alertado hoy de que "las lluvias de los próximos días pueden destruir elementos importantes".

Luengo aseguró que seguirán con las movilizaciones previstas y con la recogida de firmas, "ya que ahora más que nunca exigimos que se declare el yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC), para que quede realmente protegido el expolio y como primer paso a su conservación y puesta en valor".

Según Luengo, la plataforma seguirá atentamente todo el proceso judicial "para que se depuren responsabilidades por los tres intentos ilegítimos de expolio que esta Plataforma ha evitado con su presencia, presión y denuncias".

Luengo lamentó "el silencio cómplice" de instituciones como la Universidad de Murcia o la Academia Alfonso X, "lo que nos hace plantearnos que ahora más que nunca es imprescindible la creación de un órgano consultivo de participación ciudadana como es el Consejo Asesor de Patrimonio".

Por último la plataforma ciudadana, que se mostró "muy satisfecha" por la paralización de las obras del parking, advirtió que su trabajo "no ha hecho más que empezar" y aclaró que la denuncia de los ciudadanos y la intervención de la Fiscalía "fue lo que realmente paralizó el expolio de San Esteban".

Al tiempo que destacaron que "los trabajos de desmontaje que se empezaron ayer, se desarrollaron incluso ante la presencia de una dotación del Seprona, que se personó por la denuncia que hicimos los ciudadanos".

Un juzgado desestima que el fotomontaje que hizo Greenpeace sobre La Manga perjudicara al sector inmobiliario

MADRID.- El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha desestimado la demanda que presentó la empresa Bureau Investment contra Greenpeace en la que defendía que un fotomontaje realizado por los ecologistas había perjudicado el negocio inmobiliario en La Manga del Mar Menor, según la sentencia.

La empresa Bureau Investment demandó a Greenpeace después de que los ecologistas publicaran el libro 'Photoclima', en el que aparecían fotomontajes que ponían de relieve los efectos que el cambio climático tendría en distintos lugares de España. Uno de esos fotomontajes correspondía a La Manga, que aparecía en las completamente inundada.

Bureau Investment consideró que la publicación es "incierta y contraria a la verdad" y que Greenpeace había incurrido en una "manipulación maliciosa" de la predicción de los expertos sobre la subida del nivel del mar en La Manga del Mar Menor.

No obstante, los responsables de Greenpeace justificaron que con la publicación quisieron llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y causar alarma sobre este tema, aunque negaron que las imágenes fueran "catastrofistas" ni que causaran la "depreciación de los inmuebles" de la zona.

En el juicio testificaron varios responsables de inmobiliarias de la zona, que aseguraron que el día que se el libro tuvo repercusión en los medios de comunicación empezaron a tener llamadas de clientes y propietarios "alarmados" y llegando a "cancelar operaciones".

Sin embargo, el Juzgado ha considerado que ninguno de estos testimonios tiene una base objetiva que "demuestre la veracidad de los hechos".

En definitiva, que no se cuenta con "prueba alguna" que justifique que la publicación es causa "del perjuicio" denunciado, ya que hubiera sido necesario "probar que la reacción fue una cadena causal de la caída del negocio inmobiliario", que, según el Juzgado, no ha podido ser probado.

Buscan en Cartagena un pienso que permita criar el atún rojo en cautividad

CARTAGENA.- Investigadores del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Centro de Investigación en Acuicultura de Skretting (SARC) de Noruega llevan a cabo una investigación conjunta en las instalaciones de la empresa Tuna Graso en Cartagena para encontrar un pienso apropiado para el atún rojo que permita su cría en cautividad.

La experiencia, que se prolongará durante tres meses en el marco del proyecto Selfdott, cofinanciado por el VII Programa Marco de la Unión Europea, tiene como principal objetivo la domesticación del atún rojo, según informaron fuentes del Instituto Español de Oceanografía en un comunicado.

Para obtener el pienso, los científicos están realizando pruebas de alimentación con 200 juveniles de esta especie, todo bajo la coordinación del investigador del Centro Oceanográfico de Murcia, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, Fernando de la Gándara.

Los atunes, de aproximadamente un kilogramo de peso están ubicados en dos jaulas de 25 metros de diámetro y 20 metros de profundidad en la bahía de El Gorguel, en Cartagena, en las instalaciones de la empresa Tuna Graso, perteneciente al grupo empresarial Ricardo Fuentes, participante en el proyecto Selfdott. Todos los peces se encuentran adaptados a una alimentación inerte compuesta a base de alacha y sardinella aurita.

Tal y como está previsto en el anexo técnico del proyecto Selfdott se han empezado las pruebas de alimentación con pienso formulado y para ello se ha desplazado desde Stavanger (Noruega) el experto en alimentación de peces, Karl Sveinsvoll, del Centro de Investigación en Acuicultura de Skretting perteneciente a la multinacional Nutreco, líder mundial en producción de piensos para peces y participante en el proyecto Selfdott.

La prueba consistirá en mantener durante unos tres meses a una de las jaulas, con alimentación a base de alacha, y a la otra con alimentación a base de pienso formulado fabricado por el SARC. Para establecer la situación de partida, los científicos han estimado la talla y el peso medio de los atunes mediante el uso de una herramienta llamada Video Image Capturing and Sizing System (Vicass).

Una vez finalizado el periodo experimental, los investigadores procederán a muestrear parte de los peces de ambas jaulas, a fin de establecer las diferencias entre ambos tipos de alimentación.

Estas pruebas se engloban en el WP4 del proyecto Selfdott que tiene como objetivo el establecimiento de las bases necesarias para el desarrollo de alimentos adecuados desde el punto de vista de la eficacia, como del respeto al medio ambiente.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo público de investigación (OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.

El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos, y cuenta con una plantilla aproximada de 600 personas y su presupuesto supera los 60 millones de euros.

Tiene nueve centros oceanográficos costeros, una estación de biología pesquera, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por seis buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de Saavedra, de 68 metros de eslora.

Los poderosos contra las cuerdas / José Buendía

De enhorabuena estamos. “Hemos salvado San Esteban”, decían ayer tarde algunos colegas. No han sido los políticos, ni las academias de Alfonso X y de la Arrixaca, ni tampoco la Universidad, ni el partido de la oposición en Murcia. No, no. No estaban, o bien llegaron tarde. Ha sido un movimiento ciudadano que nació súbitamente, el que ha puesto a los políticos contra las cuerdas.

El día 27 de Noviembre escribí una serie de correos a las dos de la mañana, con el título “Creo que he visto una luz”: “Algo está ocurriendo en Murcia: La gente en cola durante más de dos horas para denunciar la actuación de los gobernantes en los descubrimientos arqueológicos. Allí he visto a pintores como Belzunce, arquitectos como Iracheta, profesores como Jesús Galindo, jóvenes con estudios y personas mayores sin cualificar...

Quiero decir que se trata de un hecho muy relevante. Hace ya muchos años que no habíamos visto cosa igual ¿Cuándo un grupo tan numeroso de gente, a altas horas de la noche se ocupa de algo que aparentemente no tiene que ver con su vida ni con la de su familia? Acabo de llegar a casa con los pies cansados, pero lleno de esperanza. No era previsible esto Por eso creo que estamos ante un hecho significativo. “Ayúdame, y te lo explicaré mejor.” Hasta ahí el correo que yo enviaba a los amigos. Alguien muy listo él, graduado en la Sorbona, llegó a decir: “esto es cosa de cuatro desocupados”.

Pero la Jueza ordenaba ayer parar las obras, de acuerdo con las denuncias presentadas por la Plataforma en defensa del patrimonio histórico. En consecuencia, el presidente Valcárcel declaró que "la magnitud de los restos hallados en San Esteban hace imposible construir un aparcamiento”

A partir de hoy en Murcia, Prometeo ha dejado de estar encadenado; Antígona, enterrada con vida, deja la tumba. Las cadenas del miedo de la prudencia y de la mentira han sido reducidas a nada.

Los inquilinos de la Glorieta y de San Esteban deben saber, que algo nuevo va a nacer en Murcia. Algo en el cuidado de la Naturaleza, en la Cultura y en la Educación. No era un sueño. Es realidad. “Creo que he visto una luz”.

www.josebuendia.blogspot.com

Una dimisión de libro / Patricio Hernández *

¿Cuándo debe dimitir un político?

En una situación de normalidad democrática, un político debe dimitir cuando:

a) comete errores graves, y/o

b) cuando es desautorizado por quienes han puesto en él su confianza necesaria para desempeñar su puesto.

Los responsables de la Consejería de Cultura en el caso del yacimiento de San Esteban (el Consejero y el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales) han cometido graves errores: han pretendido una solución para los restos arqueológicos de San Esteban que se ha mostrado impracticable desde el punto de vista tecno-científico, han desoido y aun descalificado las opiniones de los ciudadanos (ni se les ha llamado al diálogo ni se les ha tenido en cuenta de forma alguna) y de los más cualificados expertos externos, han despreciado otras opiniones fundamentadas como la del Colegio de Arquitectos, han omitido cualquier consulta con órganos asesores colegiados de los que aparecen en la legislación española y murciana sobre patrimonio (universidades, academias, centros de investigación), han ignorado requisitos administrativos para proceder al levatamiento de los restos arqueológicos, etc.

En resumen y en conjunto, han puesto en grave peligro la adecuada preservación de bienes únicos del patrimonio histórico, como era su obligación, y se han convertido incluso en la mayor amenaza para su destrucción, que ha llegado a iniciarse.

Los responsables de la Consejería de Cultura han sido desautorizados por los ciudadanos en quienes reside la soberanía y de quienes proviene toda legitimidad, pues si es cierto sólo se ha movilizado una minoría, el sentimiento era ampliamente compartido por la inmensa mayoría de ciudadanos y de la opinión pública; han sido desautorizados por la fiscalía y el juzgado, que han pedido y ordenado la paralización de los trabajos iniciados de desmontaje de elementos de la excavación; han sido desautorizados por todos los expertos y profesionales que se han pronunciado; y, finalmente, han sido desautorizados por el Presidente de la Comunidad que ha resuelto detener el traslado de los restos y manteer el yacimiento in situ para su adecuada musealización en contra las decisiones de los responsables de Cultura.

La pregunta que debemos hacernos es sólamente una pero admite una doble formulación: ¿a qué esperan estos responsables para presentar su dimisión? o, en su defecto, ¿a qué espera el Presidente para cesarlos?, si es que esta es una situación de normalidad democrática, claro está.

(*) Presidente del Foro Ciudadano

Ahora se piden medidas para proteger el yacimiento de San Esteban

MURCIA.- Hoy, tras los acontecimientos que tuvieron lugar ayer, la Plataforma Ciudadana está muy satisfecha, aunque advierte a la ciudadanía de que su trabajo no ha hecho más que empezar.

"Primero queremos aclarar la confusión que hoy vemos en algunas informaciones a raíz de las declaraciones del Presidente Valcárcel y del Alcalde Cámara:

No entendemos cómo puede ser que el Presidente Valcárcel tuviera tomada hace 20 días la decisión que ayer hizo pública, de parar el proyecto del aparcamiento, cuando esta Plataforma tuvo que poner su primera denuncia por expolio el día 27 de Noviembre ante el SEPRONA.

Tampoco entendemos que se diga que la Consejería o el Presidente Valcárcel paralizaron los trabajos de desmontaje, cuando realmente fue una Orden Judicial de Paralización Cautelar del desmontaje de los restos, lo que detuvo el expolio que se estaba produciendo ayer, con el conocimiento y el consentimiento de las autoridades competentes. Fue la denuncia de los ciudadanos y la intervención de la fiscalía lo que realmente paralizó ayer el expolio en San Esteban.

Tenemos que destacar, y hay pruebas de ello, que los trabajos de desmontaje que se empezaron ayer, se desarrollaron incluso ante la presencia de una dotación del Seprona, que se personó por la denuncia de expolio que los ciudadanos hicimos ayer.

Aclarado esto, queremos destacar que el trabajo de esta Plataforma no ha hecho más que empezar.

Ayer conseguimos el primer objetivo que nos habíamos fijado: paralizar el desmontaje y deterioro del yacimiento arqueológico de San Esteban.

A partir de ahí, y desde hoy mismo, estamos trabajando para conseguir los siguientes objetivos:

1. Adopten medidas urgentes de protección del yacimiento: Para evitar que las lluvias de los próximos días puedan destruir elementos importantes del yacimiento. Si mañana mismo la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento no adoptan estas medidas, estamos dispuestos a adoptarlas como ciudadanos amparados por la ley, con el asesoramiento de los expertos.

2. Declaración de BIC: Seguimos con la recogida de firmas y las convocatorias de movilizaciones (ver fechas al final de la nota de prensa), ya que ahora más que nunca exigimos que se declare el yacimiento Bien de Interés Cultural, para que quede realmente protegido del expolio, y como primer paso a su conservación y puesta en valor.

3. Proyecto de Musealización: Que el proyecto de musealización se desarrolle de manera abierta, transparente y con participación ciudadana.

4. Depuración de responsabilidades: La Plataforma Ciudadana seguirá atentamente todo el proceso judicial para que se depuren responsabilidades por los tres intentos ilegítimos de expolio que esta Plataforma ha evitado con su presencia, presión y denuncias.

Para concluir, hemos de lamentar el silencio cómplice de instituciones como la Universidad de Murcia y la Academia Alfonso X, entre otras, lo que nos hace plantearnos que ahora más que nunca es imprescindible la creación de un órgano consultivo de participación ciudadana como es el Consejo Asesor de Patrimonio.

Animamos a todas las personas que compartan esta causa a que se unan o apoyen a esta Plataforma.

www.abrazasanesteban.blogspot.com
abrazasanesteban@gmail.com

Movilizaciones previstas en Diciembre

1.- Domingo día 13 a las 11,00 : Bicifestación Cultural (Coordinadora Murcia No Se Vende).

2.- Domingo días 13 a las 17,00 : Clase popular del Profesor Javier García del Toro, y abrazo a San Esteban.

3.- Sábado día 19 a las 17,00 : Manifestación festivo-reivindicativa para pedir la declaración de BIC y la conservación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico de San Esteban.

Plataforma para la Conservación del Yacimiento Arqueológico de San Esteban".

La ciénaga de la corrupción / Emilio Sánchez Ulled *

Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro.

El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular.

No es una conducta novedosa. Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.

En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones.

Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado.

Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general.

No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.

La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses.

Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.

El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias.

Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.

La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político.

Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.

Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal.

También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".

(*) Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.

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El PSPV califica de 'vulgar chantaje' el ofrecimiento del PP de puestos en la CAM

VALENCIA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ángel Luna, ha calificado de "vulgar chantaje" el ofrecimiento de puestos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a cambio de retirar la querella interpuesta contra la supuesta financiación irregular del PPCV del portavoz parlamentario del PPCV, Rafael Blasco.

En un comunicado Luna señala que "lo que está planteando Rafael Blasco es un vulgar chantaje".

"No nos está pidiendo que acabemos con una campaña de difamación que no existe. Lo que nos está pidiendo es que nos olvidemos de un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional española, que relaciona la financiación del PPCV con actividades de la trama Gürtel", ha señalado Luna.

Asimismo, el portavoz socialista ha asegurado que Blasco "nos está pidiendo que retiremos una querella fundamentada en ese informe, que es tanto como pedirnos que aceptemos pasivamente la impunidad de las actividades corruptas que están llevando a cabo algunos amigos del entorno del presidente Camps".

A este respecto, Luna ha precisado que los socialistas valencianos "no vamos a aceptar en ningún caso ni vamos a renunciar a cumplir con nuestra obligación".

"No vamos a aceptar dejar de defender los intereses de los valencianos que han visto cómo el dinero de sus impuestos está en paraísos fiscales en estos momentos", ha señalado.

El portavoz socialista ha remarcado que "no vamos a aceptar este chantaje en ningún caso ni a cambio de nada".

"Ni siquiera a cambio de unos puestos en el Consejo de Administración de la CAM. Ellos sabrán las responsabilidades que tienen con las instituciones financieras de la Comunidad Valenciana y sabrán cómo tienen que responder de sus muchas obligaciones ante los valencianos", ha concluido.