La patronal murciana defiende que las empresas de la Región luchan "por la supervivencia del tejido productivo" y "por mantener el empleo", pero, advirtió, "la vulnerabilidad de las empresas" en la crisis se hace patente "en las dificultades de acceso a la financiación", tanto para proyectos de inversión como para capital circulante.
Consideró "incomprensible" el "brusco cambio" experimentado por las entidades financieras que "han pasado de estimular actividades, a dejarlas ahora a mitad de camino", al tiempo que advirtió que mientras no se normalice el sistema financiero no se va a iniciar la recuperación de "manera continuada y sin recaídas imprevistas".
En este marco, urgió al Gobierno central a que "afronte y resuelva el problema", pero también le reclamó que "controle los recursos" que ha aplicado al sistema pero que "no han llegado a las empresas con la eficacia anunciada", lo que ha convertido "los problemas de liquidez en problemas de solvencia".
De igual forma, la patronal murciana se quejó de "la excesiva morosidad" de las Administraciones Públicas a la hora de pagar a sus proveedores, lo que ocasiona "graves problemas de supervivencia" y receló de que se pueda hacer efectiva la reducción del plazo de 30 días para pagar a proveedores propuesta en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
Además propuso reducir los costes empresariales e igualar las condiciones tributarias de las empresas españolas con la de sus competidores y abogó por una reforma del mercado laboral, no para "tener despido libre", sino "flexiseguridad interna de la empresa" y evitar el absentismo, "uno de los males mayores de la empresa".
Los empresarios murcianos no se olvidaron de la agricultura, que está "gravemente amenaza" por los costes de producción y el precio final del producto; por la pérdida de competitividad por acuerdos preferenciales de la Unión Europea con terceros países; por el incremento de cotización por Régimen Especial Agrario; por la escasez de agua y el precio aplicado a los caudales disponibles y por su futuro si prospera la pretensión de Castilla-La Mancha reflejada en la reforma de su Estatuto.
Sobre este último punto, el sector empresarial quiso dejar claro que no aceptará un Estatuto de Castilla-La Mancha, ni ninguna otra norma, que conlleve la caducidad del trasvase Tajo-Segura, ni tampoco "elevación de las reservas estratégicas en el río excedentario que lo limite o condicione".
En relación a los otros sectores económicos, Croem pidió que no se siga "demonizando" la Construcción y lamentó que el sector Industrial, por diferentes causas, no pueda tomar el relevo a la Construcción. Por ello, abogó por apostar por el sector Servicios, concretamente por potenciar el turismo, el comercio minorista frente a grandes superficies y el transporte de mercancías.
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