Viva la gente / Ángel Montiel

Qué día el pasado miércoles. El Seprona, advertido por la Plataforma en favor de la conservación de los restos arqueológicos de San Esteban, avisaba a la Fiscalía, que a su vez se dirigía al juzgado de guardia para paralizar las obras en la zona, donde parecían producirse movimientos de desmontaje de los restos encontrados, y el juez de turno dictó a favor de esa demanda, estableciendo además que deberían requerirse dictámenes técnicos ajenos a los existentes emitidos por Bellas Artes.

A otra hora, antes o después de este hecho –no me ha sido posible precisar la cronología–, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, grababa para la televisión autonómica, La 7, desde Bonn, donde se encontraba de viaje, unas 'declaraciones bomba', en las que se pronunciaba por primera vez sobre la polémica y se decantaba por la renuncia al parking y por la conservación en su integridad y la puesta en valor de los restos arqueológicos en su actual cota.

Esas declaraciones quedaron 'embargadas' –término con que se significa en el argot periodístico la potestad de una fuente para administrar el momento en que puede difundirse una información dada, imposible de ser transmitida por otra–, de manera que no fueron emitidas ni en los avances de la mañana ni en el informativo de mediodía.

La paradoja es que a eso de las once de la mañana, en el programa Mur-y-Cía, que Miguel Masotti dirige en la radio autonómica, Onda Regional, se emitía una entrevista con el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en la que éste insistía en la 'solución oficial' sin variante alguna, con el subrayado de que era la primera vez que se pronunciaba al respecto, ya que hasta entonces había actuado de cortafuegos el director de Bellas Artes, Enrique Ujaldón.

Por tanto, la tesis del desmontaje adquiría mayor consistencia, es decir, la Administración no daba su brazo a torcer a pesar de las crecientes movilizaciones.

Por si fuera poco, el consejero empleó en esa intervención algún concepto irritante para valorar la actitud de quienes se venían oponiendo de manera activa al traslado provisional de una parte de los restos: la palabra 'esquizofrenia', aunque en el contexto en que fue pronunciada pudiera entenderse en términos políticos, se interpretó, con toda lógica, además, como un insulto sin precedentes, no ya a un adversario, sino a todo un colectivo cada vez más diverso y heterogéneo, con en el que empezaban a simpatizar ya abiertamente incluso muchos allegados al PP ajenos a su nomenclatura, y de manera todavía velada, como me consta, algunos diputados y altos cargos.

Cuando a mediodía del miércoles empezó a filtrarse en ámbitos muy reducidos que existían unas declaraciones de Valcárcel, retenidas desde San Esteban –tal vez a la espera de que el presidente pudiera advertir sobre ellas al alcalde de Murcia o a su propio consejero– la sensación de pasmo fue espectacular entre quienes tuvimos acceso al dato.

¿Cómo era posible que casi a la misma hora de la mañana el presidente dijera una cosa, aunque no fuera de conocimiento público, y el consejero de Cultura insistiera en mantener la decisión contraria? Más tarde ha sido posible saber que las declaraciones de Cruz a Onda Regional habían sido registradas el miércoles día 2... ¡exactamente una semana antes de su emisión! Lo cual no deja de ser también muy raro, aun sin poner en duda alguna la veracidad del dato.

Y seguimos avanzando por la jornada de anteayer. A media tarde, en La 7, no se había recibido aún indicación para el levantamiento del embargo de las declaraciones de Valcárcel, pero el conocimiento en su entorno mediático de que la noticia había empezado a difundirse facilitó el plácet para que se emitiera en el informativo de las 20.30 y, además, el presidente decidió hacerla extensiva al conjunto de los medios a través de las agencias.

La noticia, que fue recibida con alborozo en todos los ámbitos, por unas u otras razones, dejó sobre la mesa la contradicción política principal, derivada de la sucesión de hitos relacionados con el asunto a lo largo del día. Quedaba claro, a todos los efectos, que el presidente desautorizaba al consejero de Cultura, pues aquél decía por la tarde –y más, a sabiendas ya por muchos de que lo había grabado por la mañana– justo lo contrario que a las mismas horas había expuesto Pedro Alberto Cruz.

La situación se pintaba como en el caso de González Sinde con Zapatero: al poco de que hace unos días la ministra de Cultura defendiera la posibilidad de que el Gobierno pudiera disponer sobre el cierre de web que facilitan el pirateo, el presidente salió a matizar que su Administración no cerraría ninguna página de Internet.

El PP se apresuró entonces a pedir la dimisión de la ministra, por entender que había sido desautorizada. El PSOE murciano, en la encrucijada Valcárcel/Cruz, reprodujo al instante el mismo argumento con idéntica consistencia.

Pero, además, hay otras incertidumbres políticas en el caso: la decisión de Valcárcel, tomada con temporizador, deja descolocado a Miguel Ángel Cámara, justo cuando como alcalde debiera haber estado en primera fila de lo que ahora, por fuerza, todo el PP ha de defender como si nunca hubiera estado en la práctica al otro lado de la trinchera.

El movimiento ciudadano ha dado una lección a la vez que ha aprendido otra. Ésta: como dijo aquel negrito, 'podemos'.

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