MURCIA.- El presidente del Comité de Empresa de El Pozo Alimentación, Antonio Muñoz, informó en rueda de prensa, de que el 92,6 por ciento de los trabajadores de producción de la empresa murciana votaron a favor de la necesidad de realizar un huelga, del día 11 al 15 de este mes, para pedir el mantenimiento del sistema de incentivos y productividad actual, evitando que los trabajadores no dejen de percibir entre 300 y 500 euros mensuales.
A la convocatoria acudió también el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO), Santiago Navarro; el representante de Unión General de Trabajadores (UGT), José Sáez; así como un representante de la Unión Sindical Obrera (USO), José Urrea.
En este sentido, Muñoz indicó que "ante la negativa de la empresa de alimentación murciana de negociar con los trabajadores y después de la manifestación realizada en Alhama de Murcia, a la que acudieron cerca de 2.000 personas, y después de que el 92,9 por ciento de los empleados de producción de El Pozo reafirmaran su voto a favor en el referéndum realizado, la única salida que nos queda es la huelga".
De este modo, si la reunión que se va a celebrar el viernes entre el Comité de Empresa y la Dirección General de Trabajo no lo remedia, los trabajadores del El Pozo Alimentación realizarán una huelga desde las 00.00 horas del próximo lunes, día 11, y hasta las 00.00 horas del viernes, día 15.
Entre los motivos que llevaron al Comité de Empresa a convocar esta huelga destaca el mantenimiento del actual sistema de incentivos y productividad, con actualización y abono de los salarios dejados de percibir a los trabajadores que se le modificaron las tasas.
"Con este sistema la empresa creció de manera continuada durante 35 años, por lo que fue y es rentable para empresa y trabajadores", indicó Muñoz, quien añadió que, "si se modifica este sistema como pretende la empresa, los trabajadores dejarán de percibir al mes entre 300 y 500 euros".
Los trabajadores piden también el abono del 100 por ciento de la enfermedad profesional, como se venía realizando anteriormente por la empresa, y no el 75 por ciento como está ocurriendo desde hace un año; así como la conciliación de la vida laboral y profesional, ya que "muchos trabajadores no tiene la posibilidad de tener una jornada intensiva y la empresa modifica los horarios sin consultar con el Comité de Empresa", señaló su presidente.
Asimismo, los trabajadores piden el cumplimiento de los acuerdos de fijeza pactados con la empresa de 2004 a 2007, donde el 50 por ciento de los fijos se harían por antigüedad entre los eventuales, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral y prevención de riesgos.
"La empresa pretende pasarse por el arco del triunfo la resolución que la Inspección de Trabajo realizó, a propósito del conflicto colectivo interpuesto por CCOO sobre un área de la factoría como es el salazón, y en el que se le aconsejó a la empresa bajar el ritmo de trabajo", explicó el presidente del Comité de Empresa.
En ese conflicto interpuesto, según explicó Muñoz, el inspector de Trabajo pedía a la empresa la cronometración de los puestos de trabajo, puesto que la cantidad y velocidad de los movimientos no eran los correctos; la modificación de los pesos que mueven los trabajadores por "ser exagerada"; así como que los estudios económicos realizados por la empresa son insuficientes.
Por su parte, Sáez puntualizó que "los trabajadores no están reivindicando algo fuera de convenio, pues el sistema de incentivos lleva funcionando más de 35 años", al tiempo que destacó "la unanimidad existente entre las tres fuerzas sindicales y los trabajadores".
Al hilo, Navarro indicó que el Comité de Empresa "está y estará siempre abierto a negociar, como demostró durante 35 años", al tiempo que calificó de ejemplar el comportamiento de los técnicos del sindicato y de la empresa, "porque siempre han llegado a acuerdos".
"Desgraciadamente, tenemos que mostrar nuestro malestar por la negativa de la empresa a sentarse a negociar con nosotros la solución de un conflicto generado por ellos, más aun cuando El Pozo confirmó, recientemente, un incremento de facturación del 11 por ciento (614 millones de euros en 2008)", finalizó Muñoz.
Versión de la empresaEl Pozo Alimentación lamentó hoy que el comité de empresa "haya manipulado la información para conseguir una decisión generalizada de huelga que va a resultar, de llevarse a cabo, muy negativa para todos", informó la compañía en un comunicado.
La empresa consideró que "no se está midiendo el perjuicio personal, comercial y de imagen que se puede hacer" y "sus efectos y resultado final no podrán reparar, durante bastante tiempo después, el daño que se haga".
A juicio del grupo, "es el peor momento para realizar reivindicaciones laborales en un entorno general de inseguridad en muchas empresas del país y de la región".
Además, reprochó al comité de empresa que, a pesar de que la convocatoria de huelga viene motivada por las revisiones que se vienen realizando de las tasas en todos los puestos de la factoría, esté "utilizando otras supuestas causas como los despidos mal llamados indiscriminados, la disminución de la plantilla o el incremento de accidentes de trabajo, entre otros".
De un tiempo a esta parte, señala en el comunicado, el comité viene demostrando su desacuerdo ante las revisiones de tasas provocadas por cambios del método operatorio, mecanización y mejora de instalaciones, entre otros.
La empresa propuso el arbitraje de la Autoridad Laboral y se comprometió a que si queda demostrado que las tasas "están mal aplicadas, fueran abusivas o se hubieran establecido objetivos inalcanzables, acataría el resultado del arbitraje abonando, con carácter retroactivo desde el comienzo de este conflicto".
Pero, aseguró la empresa, el comité "nunca aceptó el arbitraje técnico que nos ofreció la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo".
De igual forma, El Pozo Alimentación negó que vaya a eliminar la posibilidad de llegar a la actividad máxima (90), ya que "el sistema Bedaux, siendo la actividad óptima 80, no impide llegar a 90".
Quiso dejar claro que la empresa "jamás ha quitado ni va a quitar dinero a los trabajadores" y aseguró que "cumple la más estricta legalidad vigente, aplicando el Convenio de Cárnicas". Lo que ocurre, aclaró que "al Comité no le ha interesado y, por lo tanto, ha impedido que los tribunales se pronuncien sobre este tema".
Por otra parte, El Pozo Alimentación achacó "los escasos despidos" a "incumplimientos muy graves de los trabajadores, con conocimiento previo del Comité de Empresa, quien fue informado antes que los propios interesados en cada uno de los casos".
Entre las causas destacó "el hurto, dormir en la jornada de trabajo, fingir una baja o falsificar partes de trabajo" y negó que se haya despedido a alguien "por llegar media hora tarde".
Según la empresa, una huelga en este momento podría conllevar una pérdida importante de pedidos; disminución importante de la matanza producida por esa disminución de pedidos y de la plantilla, por ese mismo motivo.
Además, calculó, la pérdida entre 80 y 100 euros de salario del trabajador por cada día de huelga. Esta huelga, concluye el comunicado, "afectaría de forma muy importante el salario de un tercio de la plantilla, casi mil personas, que no están sometidas al sistema Bedaux y que verían reducida su nómina de forma importante".
MURCIA.- El abogado murciano Juan de Dios Teruel Sánchez, primo político y letrado defensor del notario aguileño Sebastián Fernández Rabal, aseguró esta noche que su defendido se encuentra bien, y que no tiene constancia de que haya declarado todavía ante la Policía Nacional, ni tampoco su apoderado José Cáceres Olivares.
