Aprofito
l'ocasió per donar el meu suport a la vaga feminista d'avui i recordar
que el feminisme és l'avantguarda de la humanitat. D'aquí l'aparició de
VOX, el partit del patriarcat més agressivament masclista.
Aquí el text castellà:
Un seudojuicio en una seudodemocracia
El
juicio/farsa del 1-O sigue su agitado curso y ha conseguido ya dejar
clara su naturaleza a los ojos de la ciudadanía y la opinion pública
mundial: doce personas de paz están siendo juzgadas por delitos
inventados, con pruebas falsas y amañadas por las distintas policías,
con una fiscalía incompetente que no se esfuerza pues sabe que la
sentencia está ya escrita, ante unos jueces parciales, sumisos al poder
político, que quiere altas condenas para escarmiento futuro y con la
guinda de que forma parte del proceso como acusación un partido, Vox,
cuyo miembros estarían en la cárcel en cualquier país del mundo por
fascistas.
Es
tal la arbitrariedad y el disparate jurídico que el proceso ha dado la
vuelta y, si bien los encausados siguen siendo los doce
independentistas, en realidad es el Estado español el que está siendo
acusado por no respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía, ni
la división de poderes, ni la independencia del judicial.
En
las comparecencias como testigos de las distintas autoridades del
Estado ha habido dos claros momentos, según la jerarquía de quienes
hablaban: el de los amnésicos y el de los embusteros. Los amnésicos son
las máximas autoridades del momento, el presidente y la vicepresidenta
del gobierno y el ministro del interior.
Ninguno de ellos tomó decisión
alguna en relación con los hechos, tampoco recordaba nada de lo que pudo
pasar e ignoraba quién dio las ódenes de cargar (si es que hubo cargas)
y de dejar de cargar.
Ninguno de ellos, por tanto, tenía
responsabilidad alguna. El tribunal protegió celosamente el no-derecho
de los testigos a mentir, acotó el campo de maniobra de la defensa y dio
una prueba más de servilismo gubernamental ayudando a construir la
interpretación de que, en aquellos momentos de crisis, el país se regía
solo pues el máximo gobernante, M. Rajoy (a) Sobresueldos, estaba muy
ocupado con otros asuntos, fáciles de imaginar.
Tras
los amnésicos, los embusteros, los jefes de policías o el delegado del
gobierno. Estos sí reconocen haber tomado decisiones, para combatir el
supuesto delito que ahora cuesta tanto probar: la violencia, el tumulto,
el alzamiento, la rebelión, cosas que no sucedieron y, como no
sucedieron, solo pudieron invocarlas, pero no demostrarlas, mintiendo,
por tanto en toda la línea.
Estaban seguros, sin embargo de que las
órdenes que dieron, las decisiones que tomaron, no produjeron heridos, a
pesar de las decenas de vídeos que prueban lo contrario; si hubo
heridos, fueron algunos contusos y, desde luego, no hubo cargas
policiales.
El reino de la mentira y la impunidad más absoluta para unos
testigos que no solo mienten, sino que niegan la verdad paladina
grabada en vídeos, aunque con la ayuda del presidente del tribunal, que
impide que se vean. La mentira oficial fue luego remachada por Pérez de
los Cobos, exmiembro de Fuerza Nueva y responsable del "operativo"
policial del 1-O. El único que sabe de qué miente porque él sí participó
en una rebelión violenta y armada, la Tejerada de 1981, a pesar de lo
cual sigue formando parte de este Estado delictivo.
Unidad
de acción de los amnésicos y los embusteros. Si Rajoy afirma que no
hubo referéndum, es lógico que sus subordinados no vieran violencia ni
cargas policiales contra un referéndum inexistente. Y los mil heridos
atendidos en los hospitales habrán salido de un cuento chino o de una
novela de ciencia-ficción, como, según Grande Marlaska, ministro del
Interior socialista que estaría con Vox si la actitud de este hacia la
diversidad fuera menos bestial, fue el llamado "cerco" a la consejería
de Hacienda de la Generalitat.
Claro
que no es juicio, sino una farsa inquisitorial para disfrazar de
procedimiento jurídico una pura persecución persecución política,
impropia de un Estado de derecho y democracia.
Todo
encaja porque, a pesar de que el ministro de Asuntos Catalanes, el
catalanófobo Borrell, está despilfarrando recursos públicos en un
gigantesco aparato de propaganda para convencer al mundo de que España
es una democracia y un Estado de derecho, la evidencia cotidiana
demuestra que es falso.
Obviamente, si fuera cierto, no sería necesario
andar predicándolo por ahí, ni pagar sumas astronómicas a gentes sin
escrúpulos, escritoras de libros de encargo, ni contratar mindundis
ideológicos, profesoress universitarios dispuestos a predicar las
mentiras oficiales a tantos euros la mentira.
Porque
mentira es. España no es ni puede ser una democracia y un Estado de
derecho mientras haya presos y exiliados políticos, mientras la policia
actúe ilegalmente, los tribunales dicten la "justicia" del poder
político, no haya separación de poderes y se vulneren los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
