MURCIA.- Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia, denuncia que el alquiler
irregular de pistas deportivas desde algunas Juntas durante la gestión
del exconcejal de Deportes Miguel Cascales queda en evidencia por la
sentencia del Juzgado de lo Social nº 4, de fecha uno de marzo de 2016,
que condena al Ayuntamiento por “despido improcedente” de una persona
dedicada, según hechos probados, a alquilar y cobrar por las pistas
deportivas municipales de Puebla de Soto. El edil explica que “el actual
diputado debería responder políticamente ante una sentencia judicial
que prueba irregularidades durante su gestión”.
Según la sentencia
citada, entre 1999 y 2014, el denunciante habría percibido una
retribución mensual, que llegaría a los 800 euros mensuales, sin estar dado
de alta y sin amparo contractual alguno. De hecho, dicha condena obliga
al Ayuntamiento a readmitir o indemnizar al trabajador.
Para
Cambiemos Murcia, la rueda de prensa, en la que Coello admitía
irregularidades durante la etapa anterior de la Concejalía de Deportes,
es una impostura ante una Comisión de Investigación “que tiene previsto
cerrar su trabajo la próxima semana”.
“Es una forma de adelantarse y
orientar las conclusiones de un grupo de trabajo donde están
representados todos los grupos municipales”, añade.
Miguel
Cascales admitió conversaciones con pedáneos sobre el alquiler irregular
de estas pistas y aseguró haberles prevenido mediante circular de la
ilegalidad de tales prácticas, para más tarde justificar que no podía ir
más allá en el control desde su Concejalía. Para Cambiemos Murcia
resulta muy insuficiente su actuación, “que más bien ha servido para
promocionar el laissez faire de algunos aprovechados”.
Otro suceso
digno de mención es la ocupación del estadio municipal de La Condomina
por parte del Club de fútbol UCAM Murcia, para lo que medió un simple
“cesión de uso” y que ni siquiera fue anunciada por el entonces concejal
de Deportes, Juventud y Turismo, quien por el contrario no tenía
impedimento a la hora de anunciar ofertas de “marineras y minicubatas”.
En
todo caso, “entendemos que la gestión de las instalaciones por parte de
los clubes y asociaciones, de personas que trabajan de forma altruista
por el deporte, no puede verse manchada por la actuación de una minoría
de personas que pueda haber abusado de la pasividad de la Administración
municipal ante ciertas prácticas irregulares”, ha concluido Tornel.