MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia, en un
auto que acaba de ser notificado a las partes, ha desestimado el
incidente de nulidad de actuaciones planteado por la fiscalía y una
acusación particular personada en el caso de la Desalinizadora de
Escombreras, que pidieron ampliar el plazo para investigar los hechos.
La
resolución del tribunal mantiene su
criterio de que el plazo de instrucción fijado en seis meses por la
reforma introducida en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es
preclusivo, por lo que transcurrido el mismo no es posible declarar
compleja la causa y ampliarlo hasta 18 meses.
El auto del tribunal desestima así el incidente y reitera que cuando el juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos acordó la declaración de compleja de la causa, que había sido solicitada por la fiscal del caso, el plazo ya estaba cerrado.
Para la sala, no existe duda alguna al respecto, ya que descarta que los plazos contenidos en la reforma aprobada en 2015 para agilizar la justicia penal puedan ser entendidos solo como orientativos.
La fiscalía, en el incidente de nulidad de actuaciones, solicitó la revocación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que estimó el recurso de uno de los investigados, al que se adhirieron otros, y anuló el auto del juzgado de instrucción que declaraba la complejidad de la causa.
Para el representante del ministerio público, la decisión de ese tribunal podía suponer una vulneración de derechos fundamentales, por lo que pidió que dejara sin efecto su sentencia, algo que ahora se descarta.
En una reciente comparecencia para dar cuenta a los medios informativos de la Memoria 2018 de la Fiscalía, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, adelantó su propósito de instar ante el poder legislativo y el judicial la supresión o reforma del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos tasados para la instrucción.
Díaz Manzanera lamentó que los mismos hayan cercenado investigaciones en marchas en varios casos de presunta corrupción, y añadió que, hoy por hoy, si no se dota de más medios humanos y materiales a la Fiscalía y a los tribunales resulta de todo punto imposible cumplir con los plazos fijados.
El auto del tribunal desestima así el incidente y reitera que cuando el juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos acordó la declaración de compleja de la causa, que había sido solicitada por la fiscal del caso, el plazo ya estaba cerrado.
Para la sala, no existe duda alguna al respecto, ya que descarta que los plazos contenidos en la reforma aprobada en 2015 para agilizar la justicia penal puedan ser entendidos solo como orientativos.
La fiscalía, en el incidente de nulidad de actuaciones, solicitó la revocación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que estimó el recurso de uno de los investigados, al que se adhirieron otros, y anuló el auto del juzgado de instrucción que declaraba la complejidad de la causa.
Para el representante del ministerio público, la decisión de ese tribunal podía suponer una vulneración de derechos fundamentales, por lo que pidió que dejara sin efecto su sentencia, algo que ahora se descarta.
En una reciente comparecencia para dar cuenta a los medios informativos de la Memoria 2018 de la Fiscalía, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, adelantó su propósito de instar ante el poder legislativo y el judicial la supresión o reforma del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos tasados para la instrucción.
Díaz Manzanera lamentó que los mismos hayan cercenado investigaciones en marchas en varios casos de presunta corrupción, y añadió que, hoy por hoy, si no se dota de más medios humanos y materiales a la Fiscalía y a los tribunales resulta de todo punto imposible cumplir con los plazos fijados.
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