MADRID.- El marasmo de impuestos y modificaciones fiscales en las comunidades
autónomas es un claro reflejo del alto nivel de descentralización de
España. Pero también se convierte en un problema para ciudadanos y
empresas, que tributan de forma muy diferente en función del territorio
en el que se residan, a juicio de El Economista.
Más si, como
pone de manifiesto un informe reciente del Consejo General de
Economistas, las autonomías cuentan con 82 impuestos propios -siempre al
margen de los ya conocidos IRPF, IVA, Sociedades y Especiales- y
acometen cientos de cambios normativos que dificultan el entendimiento y
el control del sistema fiscal en conjunto.
El año pasado llevaron a
cambio nada menos que 732 modificaciones, 200 más que en 2016.
El citado informe, 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral
2018', pone de relieve que ese 'lío' con los impuestos apenas trae
beneficios en forma de recaudación. El 82% de los ingresos autonómicos
sigue llegando de manos de su participación en los grandes impuestos
estatales, mientras que los propios apenas dejan una cosecha del 2,2% de
la recaudación total.
Y ello pese a la recuperación económica, que dejó
122 millones más en las arcas regionales en tasa anual.
El resto del
dinero se obtiene a través de impuestos cedidos como el de Patrimonio,
que proporciona casi 1.000 millones anuales; Sucesiones y Donaciones,
con más de 2.200 millones; o Transmisiones Patrimoniales, con casi 5.000
millones.
"Se ha exagerado la capacidad normativa", aseveran desde el Consejo
General de Economistas, que advierten de "cierto caos normativo" en
tributos como el de Sucesiones y Donaciones "donde, a veces, ni siquiera
se aclara si las reducciones aprobadas son propias o mejoran la norma
estatal".
Tampoco escapa el IRPF, el tributo que más cambios sufrió en
2017, con un total de 220. Y ello pese a que se trata de uin impuesto de
carácter estatal en el que las competencias regionales son muy
limitadas.
Cabe recordar que las comunidades autónomas tienen la facultad de
establecer impuestos propios porque así lo fija la Constitución. Y
pueden hacerlo siempre y cuando no establezcan figuras ya gravadas por
las corporaciones locales o por el Estado, cuando no afecten a negocios,
actos y hechos de otras autonomías, y cuando no supongan un obstáculo
para la libre circulación de personas, mercancías o servicios.
Según
el 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral', Cataluña es, desde
hace tiempo, la comunidad que mayor número de impuestos propios
concentra, con un total de 18. Por méritos propios, además, es la que
mayores novedades incluyó a lo largo de 2017, con la creación de
tributos como el que grava las bebidas azucaradas, que levantó una gran
polvareda. Hacienda había amagado con implantarlo en todo el país.
Sonados han sido también sus impuestos sobre viviendas vacías y sobre establecimientos comerciales, ahora judicializado.
Cabe decir que esta región ha tratado de utilizar su capacidad
normativa hasta el límite por una situación de infrafinanciación que
incluso reconoce Hacienda, pero ello ha llevado a que tres de sus 18
propios impuestos hayan sido declarados inconstitucionales.
Este hecho
lleva a los autores del estudio a pedir a los políticos "a considerar,
con análisis claros, el coste y beneficio de implantar determinadas
figuras".
Debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar
un análisis coste-beneficio por parte de las autonomías, principalmente
en el caso de los impuestos medioambientales pues, en muchos de estos
casos, los costes derivados de su establecimiento superan a la
recaudación obtenida.
En la clasificación ostenta la segunda plaza Andalucía, con ocho
impuestos como el de tierras infrautilizadas, residuos peligros y
emisión de gases a la atmósfera, entre otros; y Aragón, con un total de
siete, casi todos ellos medioambientales.
La región que preside Javier
Lambán grava, por ejemplo, el daño medioambiental de algunas emisiones y
la contaminación de las aguas. Curiosamente, los tributos relacionados
con el agua suponen casi el 79 por ciento de la recaudación por tributos
propios autonómicos, según el estudio del Consejo de Economistas,
entidad para la que sería clave armonizar esos impuestos contemplando
hechos, bases imponibles y cuotas tributarias.
"Un ejemplo podrían ser los impuestos locales, regulados en una Ley
estatal que otorga cierta potestad normativa a los municipios para la
regulación de los tributos, fijando unos límites mínimos y máximos, así
como otros aspectos relacionados con los beneficios fiscales", aseveran
los autores en el informe, que aprovechan para calentar el debate de la
financiación autonómica a solo unos días de que el Ejecutivo, por fin,
muestre el documento que sobre esta materia ha elaborado el Comité
Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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