El verbo amagar tiene una curiosa
dualidad de sentido en castellano y catalán. En castellano significa más
o menos amenazar; en catalán, ocultar. El titular de El País podría leerse como que los secesionistas ocultan la desobediencia, aunque para eso sobraría la preposición "con".
En
todo caso, el asunto va de desobediencia. La aprobación de la reforma
de la Ley de la Presidencia no lo sería; su implementación proponiendo
la investidura de Puigdemont a distancia, sí.
Y
aquí es donde el independentismo debe decidir: o desobedece ahora
proponiendo la investidura de Puigdemont o aplaza la desobediencia a que
cargue con ella un govern efectivo. Mientras esté en vigor el
155 prácticamente toda acción de este será de desobediencia. El gobierno
central ya ha hecho saber que el 155 no tiene límite de tiempo. Ni de
nada.
Véase el trance del PNV: dijeron no aprobar los presupuestos si no
se retiraba el 155; luego pasaron a aprobarlos mediando solo una
promesa de retirada. Al final, ni promesa queda. En realidad, ningún
gobierno independentista puede llevar adelante su mandato en el marco
legal español, haya o no 155. Eso es lo que quiere decir que el
conflicto es político.
Y
si de respetar escrupulosamente la legalidad se trata nombrando a un
candidato "limpio", el nombre de Carles Riera se ajusta al perfil. A
ello se añadiría un reconocimiento de legitimidad con el nombramiento in pectore de Carles Puigdemont en el extranjero.
El
problema de los jueces para mantener en la cárcel a los presos
políticos es que no encuentran la violencia que necesitan para acusarlos
de rebelión; el de los indepes para sacarlos: aceptar una legalidad
autonómica que incluye la existencia de presos políticos. Mientras haya
presos políticos no se podrá hablar de normalidad.
El
problema son los presos y exiliados políticos. El problema es la
judicialización del procés que, en sí misma, es un llamamiento a la
desobediencia civil..
La
normalidad solo podrá darse con el desestimiento de la acción represiva
del independentismo en todos los órdenes y el inicio de negociaciones
bilaterales entre el Estado y la Generalitat en la forma y con los fines
que acuerden.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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