El ex director general del Agua defiende su actuación en las obras del canal del Carmolí

MURCIA.- El ex director general del Agua de la Región de Murcia Andrés Martínez Francés, que ha declarado hoy como investigado en el juzgado de instrucción que trata de esclarecer posibles irregularidades administrativas en las obras de emergencia para evitar los vertidos al Mar Menor, ha defendido su actuación.

En su declaración ha señalado que esas obras, iniciadas en agosto de 2016, fueron promovidas por la Consejería de Agricultura ante la alarma por el deterioro de la laguna salada y los efectos que producían los vertidos desde la rambla de El Albujón, con gran cantidad de restos inorgánicos y, singularmente, de nitratos.
Asistido de su abogado, Miguel Pardo Domínguez, ha dicho que se pidió un informe a dos catedráticos de la Universidad de Murcia que fueron concluyentes en la necesidad de afrontar medidas correctoras que pusieran fin al deterioro del Mar Menor por esos vertidos.
Preguntado sobre quién decidió emprender las obras instalando una tubería, ha contestado que "en última instancia" la consejera, entonces Adela Martínez-Cachá.
También que la legalidad del proyecto fue respaldada por los servicios jurídicos de la Consejería, mientras que el gasto fue fiscalizado por la intervención de la comunidad autónoma, que no puso reparos.
A la pregunta de por qué comenzaron las obras en agosto, sin respetar el periodo que se había considerado aconsejable para no poner en peligro la nidificación en este espacio protegido, incluido en la Red Natura 2000, ha explicado que la decisión del comienzo fue adoptada por el director de las obras.
De todas formas, ha añadido, los trabajos no afectaron a la zona con protección, ya que dieron comienzo por un sector que no goza de ella.
En cuanto a por qué no esperó a contar con el informe que debía emitir la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que finalmente determinó que la obra necesitaba de un informe de impacto, ha dicho que esa obligación afectaba a lo referido al uso de las aguas, no a la instalación de la tubería, para la que bastaba con el informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, que lo había emitido a favor.
También ha hecho referencia a una reunión en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en agosto de 2016 con representantes de ese organismo, el Gobierno murciano, organizaciones de regantes y el Sindicato Central de los del trasvase Tajo-Segura en la que todos coincidieron en la necesidad de esa obra para evitar los vertidos.
En ese encuentro, ha añadido, se convino que la dirección general a cuyo frente estaba él se encargaría de promover las obras propiamente dichas, mientras que la CHS asumiría todo lo relativo al uso de las aguas.
A preguntas de su letrado defensor, ha indicado que la zona ha sido repoblada y restaurada.