El Gobierno que ha delegado en los jueces el asunto más
complicado de la legislatura –la cuestión de Catalunya– topa ahora con
los jueces. Un choque tremendo, que enerva al bloque social conservador,
mientras las encuestas siguen señalando a Ciudadanos como fuerza de
recambio.
El partido gubernamental, que pide firmas para mantener en
vigor la “prisión permanente revisable”, no sabe como colocarse ante la
sentencia más discutida de la historia reciente de España: el sórdido
caso de
La Manada
. El bloque punitivo se ha vuelto estos días garantista. Y los
garantistas piden en esta ocasión mano dura. La crisis política es cada
vez más profunda.
El ministro Cristóbal Montoro se enfrenta al juez instructor Pablo Llarena a
propósito de la investigación fiscal del 1 de octubre catalán, ante la
irritación del Tribunal Supremo, de la mayor parte de la prensa de
Madrid y del público que ya ha dictado sentencia condenatoria contra los
dirigentes soberanistas.
Cinco informes de Hacienda remitidos al juez
Llarena niegan la existencia de indicios de malversación, tal y como informaba La Vanguardia el pasado domingo.
Montoro defiende la credibilidad de sus servicios de inspección
–elemento fundamental para el prestigio de la Hacienda pública española–
y es acusado abiertamente por el bloque punitivo de facilitar la
exculpación de Carles Puigdemont ante el tribunal alemán de
Schleswig-Holstein.
El teorema Llarena –rebelión violenta en Catalunya–
puede tambalearse en un momento político extremadamente delicado. Mariano Rajoy ha
pedido a Montoro que rebaje la tensión con la magistratura y desde el
entorno judicial se desliza la información que algún magistrado del
Tribunal Supremo ha llegado a plantear que el ministro de Hacienda sea
llamado a declarar en calidad de acusado por obstrucción a la justicia.
En esas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, visiblemente afectado por la onda expansiva de la sentencia de Pamplona, sugiere que el magistrado Ricardo González, autor de un exhaustivo voto particular, con escabrosas valoraciones sobre el comportamiento de la víctima de la agresión de La Manada,
no se halla en plenas facultades para el ejercicio de la magistratura.
“Todo el mundo sabe que tiene un problema y el Consejo General del Poder
Judicial debería haber actuado”, declaró el lunes el ministro a la
Cadena Cope, sin detallar qué tipo de problema padece el juez González.
(En el 2008, la Audiencia de Navarra pidió iniciar un expediente de
jubilación por incapacidad permanente, tras un año de baja del juez).
La reacción corporativa de la magistratura ha sido unánime y
de una dureza pocas veces vista. Todas las asociaciones de jueces y
fiscales piden la dimisión del ministro de Justicia por haber puesto en
duda las facultades para ejercer el cargo del juez González. La
magistratura se siente cuestionada por el Gobierno en un momento de
fuerte tensión en la opinión, ante el amplio rechazo a la sentencia de
Pamplona. Las asociaciones de jueces y fiscales temen el desbordamiento
de la opinión pública, capitaneada de nuevo por la protesta femenina, un
vector moralmente fuerte.
La alta magistratura tiene un temor añadido: el
cuestionamiento de los tribunales de justicia españoles cuando el
Tribunal Supremo se halla pendiente de los jueces alemanes.
El bloque conservador clama contra Catalá, al que acusa de
debilitar la autoridad del poder judicial ante una fronda populista
excitada por las redes sociales. El presidente de la Tribunal Superior
de Navarra, Joaquín Galve, contraataca calificando de “turba
enfurecida” (declaraciones a la cadena Ser) a las personas que se
manifestaron el pasado viernes en Pamplona ante la sede del tribunal
protestando contra la sentencia. El juez Galve defiende al juez
González.
El bloque social punitivo clama contra el ministro de
Justicia y exige garantismo en el sórdido caso de Navarra. El bloque
social garantista –contrario a la cadena perpetua– exige una punición
más severa para La Manada. La palabra “manada” empieza a ser
utilizada en el pimpampum político, cada vez más áspero y agresivo. El
Gobierno que delegó en los jueces se ve enfrentado ahora la
magistratura, mientras las encuestas apuntan a una caída en picado del
viejo partido alfa. La crisis política es colosal.
Un fatídico juego de espejos encuadra el momento español. El juego de espejos de La dama de Shanghai, de Orson Welles.
Pueden quedar dos años de legislatura –con el oxígeno suministrado a
Rajoy por el Partido Nacionalista Vasco– y no es prudente levantar actas
de defunción antes de hora. Veremos quien queda vivo cuando ya no
queden espejos.
El Gobierno parece noqueado, pero las declaraciones de
Catalá no pueden achacarse a un despiste. El ministro de Justicia pasa
por ser uno de los miembros del actual Gobierno más sensibles a las
reivindicaciones feministas. Catalá comparte la indignación de la
mayoría de la opinión pública. El ministro ha sido fiel a sus
convicciones.
En la sala de los espejos de la dama de Shanghai cada
fuerza política presenta su propio juego de reflejos. Ciudadanos se
desdobla en dos imágenes. Albert Rivera cuida con mucho esmero el perfil de orden, siempre al lado de los jueces, mientras que Inés Arrimadas recuerda el aniversario de la muerte de Clara Campoamor, figura de referencia del feminismo español. El voto de las mujeres será decisivo en las próximas elecciones generales.
El Partido Socialista sigue emitiendo radiaciones de baja frecuencia. Pedro Sánchez también
quiso hacer ayer un discurso de orden, rebajando unas declaraciones del
día anterior de la portavoz socialista en el Congreso, la magistrada en
excedencia Margarita Robles, que podían interpretarse como un
mensaje de apoyo al ministro Catalá, ayer vapuleado por toda la prensa
de Madrid, sin excepción alguna.
Podemos sigue al frente de la pancarta feminista.
Recientes encuestas apuntan a un insólito triple empate PP, PSOE,
Podemos, con Ciudadanos destacado en primera posición.
(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia
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