Hola Mundo.
Todo
era susceptible de empeorar y empeoró. El primer consejero autonómico
ultraconservador de España será de la región de Murcia. Y nada menos que
de Educación y Cultura. Para supervisar de primera mano que se implanta
el veto parental, la censura. Para vigilar que los niños no reciban la
educación afectivo sexual que necesitan porque "corrompe la mente de nuestros jóvenes" dijo el diputado del grupo VOX (expulsado de VOX) Francisco Carrera en la Asamblea Regional.
Ya lo ha dicho el diputado Juan José Liarte, ahora promocionado en redes sociales como un diputado más del PP, "todas las consejerías están en buenas manos, pero queremos estar cerca y poder controlar". Solo
falta saber si las siglas LGTBI se caerán del nombre de la consejería
de Isabel Franco, la tránsfuga a la que no le importa que la llamen
sinvergüenza y corrupta a la cara.
Se baraja para tal consejería el nombre de María Isabel Campuzano a quien el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, llamó negacionista y terraplanista en una comisión por cuestionar la bondad de las vacunas contra el coronavirus. Campuzano, antivacunas confesa, prefiere definirse como "preguntacionista". El
año antes de hacerse con un escaño en la Asamblea Regional declaró cero
euros según su Declaración de Bienes. No tenía oficio. No tenía
profesión. Ahora es política.
Lo más suave que Campuzano ha
dicho sobre la LOMLOE es "sacaremos sus sucias manos de la educación
de nuestros hijos" o "no permitiremos que este gobierno bolivariano
secuestre la educación para adoctrinar a nuestros hijos y arruinar su
futuro". Si de ella dependiera, privatizaría toda la escuela pública.
Daría un cheque escolar a los padres y que se busquen la vida. Y no solo
eso. En sus comparecencias en el Parlamento ha demostrado una
ignorancia supina sobre el protocolo Covid que están aplicando los
maestros en los colegios para evitar contagios. "Los niños en el patio
sentados en círculo y vigilados por los maestros parecían un grupo de
zombies" dijo.
Pues bien, el gobierno de López Miras
está dispuesto a entregar la gestión de la escuela pública a quien
desprecia la escuela pública, enarbola la bandera del elitismo, la
xenofobia, el odio y la confesionalidad. Y lo hace porque puede y
porque sabe que no tendrá consecuencias políticas aunque haya
movilizaciones de sindicatos y de asociaciones de padres y profesores
intentando frenar el fascismo. Al final, se manifiestan cuatro, son
muchos más los que, mayoritariamente, votan a la derecha en la
región, elección tras elección
desde hace décadas.
El PP conoce mejor que nadie el sustrato
socio-cultural de la región de Murcia. Por algo presenta mociones
conjuntas con VOX pidiendo que la Santísima Virgen de Atocha sea
declarada alcaldesa perpetua de Santiago y Zaraiche.
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Es extremadamente grave lo que ha ocurrido en la región de Murcia, muy grave. Aún más al ver que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha
sido el encargado de bendecir en persona semejante cambalache. La mitad
de las consejerías del gobierno regional está en manos de diputados sin
partido político. Educación, cultura, universidades, industria, empleo, transparencia y política social en manos de tránsfugas o expulsados. Tremendo, pero cierto. "Gobierno de libertad" lo llaman. De libertad con la ultraderecha. El oxímoron perfecto.
Y
aún se permite decir que "Murcia ha dado una lección a toda España",
pero una lección de anormalidad democrática. Una lección de
transfuguismo porque no hay listas abiertas. Los ciudadanos votan a los
partidos. De verdad alguien en su sano juicio habría votado a Franco, Álvarez o Miguelez de haber listas abiertas.
Y todo
bajo el paraguas argumental de la unificación del centro derecha en
España que, dicen, ha comenzado en la región de Murcia. En realidad
se trata de un indecente tráfico de carne fresca dirigido por el ex de
Cs, Fran Hervías, cuyo secuaz, Emilio Argüeso, fue pillado repartiendo
puestos en la consejería de la tránsfuga Valle Miguelez entre los
militantes de Cs. Se trata de comprar voluntades, aunque "no está
demostrado que esa forma de robar cargos electos sea rentable para el
ladrón" escribe Fernando Onega en La Voz de Galicia.
En realidad, lo que ha comenzado en la región de Murcia es el desmantelamiento de la escuela pública con el cheque escolar que plantea Isabel Campuzano que, por cierto, no ha desmentido que vaya a ser la nueva consejera de Educación y Cultura.
Casado y García Egea maniobran
a la desesperada. Esa es la impresión. Son conscientes de que VOX se
los está comiendo por los pies. El hundimiento en Cataluña del PP ha
sido descomunal y un serio aviso. Encuestas internas indican que VOX
ya ha doblado al PP en la región de Murcia en el caso de elecciones
generales. Según esos sondeos, VOX obtendría 4 escaños, 2 el PP, 3 el
PSOE y 1 Podemos. El último CIS dice que Abascal está a 2,9 puntos de Casado en España.
El
PP ha incumplido el Pacto
Nacional Antitransfuguismo y ha incumplido los estatutos de su partido y
aún así sus militantes les jalean. "La moción de censura era una
puñalada por la espalda y les ha salido mal" comentan victoriosos aún
sabiendo que se han transgredido normas básicas del partido al que
pertenecen. Que han manchado las instituciones porque el trueque se
negoció en el mismo palacio de San Esteban, sede del gobierno regional,
según ha admitido la misma Isabel Franco en su periplo de entrevistas radiofónicas.
Si
los partidos políticos son el eje del sistema democrático, es
absolutamente urgente y necesario que se convoque el Pacto Antitransfuguismo para
expulsar de manera inmediata a quien da alas el transfuguismo en España. Y no solo eso. Lo
que procede es una queja formal ante el Parlamento Europeo y ante la
Comisión Europea por la falta de calidad democrática a la que estamos
asistiendo en vivo y en directo. El transfuguismo es la más grave
corrupción política que existe.
Pablo Casado no
puede quejarse en Europa de ausencia de calidad democrática en España
porque el Gobierno quiera modificar la ley para elegir a los miembros
del CGPJ ante su bloqueo, y luego comprar a tres tránsfugas a cambio de
cargos en el Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Eso es de todo
menos calidad y normalidad democrática. Su nombre es otro, es sinvergonzonería.
Ningún
partido político puede consentir que se aliente el transfuguismo o esto
será la selva. Se acabará normalizando el tráfico de
actas. La compra y venta de escaños estará servida. Es inadmisible que
quien tenga más poder político o económico acabe imponiendo su voluntad
en los Parlamentos. Pervierte la democracia. Degrada las instituciones.
Alienta el populismo. Genera desconfianza entre los ciudadanos que
dejarán de votar porque no sabrán a quién votan en realidad. El
escenario político que se vislumbra es muy peligroso para la democracia
española.
Los
populares no pueden tildar de "traición" el incumplimiento del pacto de
gobierno PP+Cs de 2019 quebrantando el pacto nacional
antitransfuguismo. Eso es puro cinismo. La moción de censura es un
instrumento legítimo de control al gobierno a través del Parlamento.
Puede que no fuese oportuna, pero es legítima. Puede que no estuviese
debidamente justificada, pero es legítima. Puede que fuese una moción
de censura chapucera de PSOE y Cs, pero es legítima. Lo ilegítimo es
"comprar" voluntades políticas a cambio de puestos políticos y elevados
sueldos que es lo que ha hecho el Partido Popular con los tránsfugas de
Cs y los expulsados de VOX.
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Y
aún así el Partido Popular siempre logra imponer su relato. Porque en
política se trata de eso. De hacer que tu relato triunfe frente al del
adversario y eso es muy fácil para los populares en la región de Murcia,
una tierra que se incorporó tarde a la alfabetización en España.
Los tres tránsfugas: Franco, Miguelez y Álavarez,
acabarán siendo presentados como los salvadores de la región y de
España de las zarpas del social comunismo bolivariano y su inmoral
conducta será aplaudida por muchos murcianos. Al tiempo. Da igual lo
hediondo que sea el lodazal. Esto es lo que los murcianos quieren y así lo expresan en las urnas cada vez que acuden a votar.
En
la región de Murcia casi todos se ponen de perfil. Hasta los rectores
de las universidades restan importancia a que "un vendedor de chorizos"
sin estudios superiores sea quien les gobierne al frente de la
Consejería de Universidades. "Lo importante es que sepa gestionar" han
dicho para salir del paso. El traje nuevo del emperador versión siglo
XXI para salvar el presupuesto universitario. En privado su versión es
otra. Ya pueden imaginar.
"¿Quién es el dueño de esta pocilga?" preguntó Clean Eastwood en
la película Sin Perdón. Los dueños de la pocilga son los "grandes de
Murcia, los que dirigen San Esteban entre bambalinas" dijo la diputada
de Podemos, María Marín, con suma clarividencia y sin necesidad de gritar como buena parlamentaria que es. Demasiado dinero en juego para permitir que entren otros y se pongan a rebuscar en los cajones.
Y da igual que el relato esté salpicado de falsedades. Se distribuye oportunamente conforme sale del horno propaganda sin el más mínimo control de calidad. Posverdad para manipular a la sociedad.
Según los hechos, el viceportavoz del PSOE, Francisco Lucas, no negoció con la diputada expulsada de VOX, Isabel Campuzano, el
pin parental para que apoyase la moción de censura, pero es lo que el
PP se ha empeñado en contar hasta hacer que muchos lo crean.
No hubo reunión entre ellos en casa de nadie. Pantallazos de conversaciones de whastapp entre Campuzano y Lucas atestiguan de manera fehaciente que no negociaron nada, pero una vez lanzado el bulo es incontrolable. No deja de engordar. Tampoco interesa contrastar.
Los
ciudadanos buscan las informaciones que confirman sus pensamientos. La
verdad no importa. Se está llegando al punto de que en esta región han
pedido a articulistas que no utilicen palabra "fascista" para referirse a
VOX. El blanqueamiento ha comenzado.
Por otra parte, fue el maestro del enredo, Juan José Liarte, quien propuso hablar a Juan José Molina de Cs. Liarte, que no se ha visto en otra, quería
dos consejerías: "una de gestión (turismo) y otra de ideología
(educación)". Dijeron desde la formación naranja que ni hablar. Que
ellos nunca podrían formar parte del gobierno regional. En todo caso, se
comprometían a que educación no fuese del PSOE sino de Cs en ese nuevo
gobierno para no asustar a la escuela concertada. Juan José Liarte ya estaba negociado con el PP que la consejería de Educación fuese para la diputada Isabel Campuzano. Todo lo demás es cuento. Los de Liarte propusieron para la consejería de Turismo el nombre de un conocido abogado de Cartagena.
Igualmente falsa es la información difundida por una agencia de noticias en la que informaba de que el delegado del gobierno, José Vélez,
estaría a las puertas del juicio oral por supuesto cobro ilegal de
sueldo en el consistorio calasparreño, si la Audiencia Provincial
admitía la impugnación del fiscal al recurso de apelación presentado por
Vélez. Otra noticia falsa que oportunamente utilizó el portavoz del grupo popular, Joaquín Segado, durante la segunda sesión del debate de la moción de censura.
En
realidad y según fuentes de la fiscalía, si la Audiencia Provincial
admite el recurso de apelación se producirá la caducidad de la
instrucción y, en consecuencia, se tendrá que archivar el procedimiento
una vez agotado el plazo de instrucción.
El recurso en cuestión nada tiene que ver con la apertura de juicio oral pues el procedimiento sigue en fase de instrucción. Nadie
va a contar tampoco que la Fiscalía ha tardado más de seis meses en
evacuar un trámite para el que tenía un plazo de 5 días hábiles
vulnerando el derecho de toda persona a un procedimiento sin dilaciones
indebidas.
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Una
justicia lenta no es justicia, genera inseguridad jurídica y espacios
temporales de impunidad que los partidos políticos, todos, usan en su
propio beneficio. Las intervenciones parlamentarias durante el debate de
la moción de cesura dan cuenta de ello.
Son
muchos y muy graves los casos de corrupción pendientes de resolver en
los tribunales de justicia de la región de Murcia: Auditorio, Umbra,
Barraca, Novo Carthago, Casino, La Sal, Pedanías, Caravaca Jubilar,
Nueva Condomina, etc. Son solo algunos de los casos, graves casos de
corrupción, que llevan años instruyéndose con decenas imputados. Siguen
abiertos. Otros se han cerrado sin hacer justicia al prescribir los plazos de instrucción por despistes intolerables del juez o del fiscal de turno, como sucedió con el caso pasarelas de Puerto Lumbreras.
La
memoria del Consejo General del Poder Judicial constata que la
corrupción anida en la región de Murcia desde hace años y lo que es
peor, que se está enquistando por falta de medios para extirparla, y aún
así nos quieren hacer creer que eso es cosa del pasado. Que si pelillos a la mar. El caso Auditorio en el que está procesado el ex presidente Pedro Antonio Sánchez sigue pendiente de señalamiento de fecha para juicio oral desde hace meses.
Somos
una de las regiones de España con mayor número de procesados por
corrupción según datos del CGPJ. Los jueces españoles concluyeron en 2019 un total de 42 procedimientos por corrupción en los que se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento
contra 254 personas, de las que 84 (33%) fueron acusadas por delitos
relacionados con corrupción en la Región de Murcia.
En esta región se ha amenazado y perseguido abiertamente a fiscales para que no investiguen la corrupción. Han asaltado en
dos ocasiones la casa del fiscal anticorrupción para robarle el
ordenador con todos sus casos.
Más País, de Iñigo Errejón, acaba
de presentar una PNL en el Congreso en la que insta al Gobierno de
España a dotar a la Fiscalía de la región de Murcia de los medios
técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo una eficiente lucha
contra la corrupción en las administraciones públicas, equiparando como
mínimo sus recursos a los del resto de comunidades autónomas de España. Harían falta, como mínimo, 15 fiscales más en la región de Murcia para equipararnos a la media de otras regiones con bastantes menos sinvergüenzas.
Dotar
de medios a la Fiscalía es absolutamente necesario y urgente en la
región de Murcia, pero depende de la decisión política de aquellos a
quienes la Fiscalía persigue y esos no quieren que la justicia tenga
medios. Esa es la triste realidad. La Sicilia Ibérica nos llaman ya y con razón. Menudo espectáculo.
(*) Periodista
https://rosarodanews.blogspot.com/2021/03/quien-es-el-dueno-de-esta-pocilga.html
