MURCIA.- Decenas de personas han participado en la concentración convocada este jueves por la Marea Verde frente al Palacio de San Esteban en Murcia --sede del Gobierno autonómico-- y frente a la Asamblea Regional en Cartagena para exigir que las competencias de la Consejería de Educación y Cultura no recaigan en la "extrema derecha".
En concreto, la concentración ha sido convocada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública-Marea Verde de Murcia para mostrar su "más firme rechazo" por el "mercadeo" que el Partido Popular "está haciendo con la Educación" en la Región.
Las organizaciones que forman parte de la Plataforma, Asociaciones de alumnado y familias, representantes del profesorado, sindicatos y partidos políticos han expresado así de forma rotunda su rechazo a que se entregue la Consejería de Educación y Cultura a la extrema derecha.
"El derecho a la Educación, que viene recogido en nuestra constitución, nunca puede ser objeto de mercancía intercambiable por intereses particulares y partidistas", según los convocantes, quienes rechazan esta posibilidad, sobre todo, "en la situación en la que nos encontramos de pandemia, que ha supuesto graves problemas en la educación de nuestros menores y jóvenes que han provocado graves situaciones de inequidad y una gran brecha educativa".
La educación pública no se vende", según la Marea Verde, que ha considerado que "es el momento de reforzarla y dotarla de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos".
La Plataforma recuerda que el 75% del alumnado de esta Región "está matriculado en la escuela pública" y cree que "lo que necesitamos son políticos que la refuercen, que la doten de los recursos que se han ido perdiendo con los recortes de años anteriores".
A su juicio, la prioridad de los políticos "debe ser garantizar el éxito educativo de todos y todas". Así, han arremetido contra las "continuas muestras de deslealtad" del Gobierno de Fernando López Miras, con el "menosprecio hacia los miles de docentes que trabajan diariamente para garantizar la calidad de la enseñanza, a pesar de los recortes e impedimentos para realizar su labor".
En su opinión, esta actitud "refuerza la idea cada vez más generalizada de que el Gobierno de López Miras no está a la altura de sus responsabilidades que se ve reforzada por la deslealtad institucional que muestra continuamente".
Por último, han mostrado su apoyo y reconocimiento "a los más de 20.000 docentes de la Escuela Pública que han mostrado su compromiso y vocación para, con un gran esfuerzo y dedicación durante estos últimos meses, garantizar la atención educativa de todo su alumnado y hacia los alumnos y alumnas que siguen a la altura pese a la falta de presencialidad".
"Un compromiso que exige, no más desplantes por parte de Miras sino medidas concretas recogidas en los Presupuestos Regionales de 2021 que acaben con los recortes impuestos hace una década y mejoren las condiciones laborales del personal docente y no docente para que la Escuela Pública siga cumpliendo la importantísima función de garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades sociales", ha remarcado la Marea Verde.
La Plataforma ha defendido que la educación "está por encima de cualquier interés y color político, es la base para el progreso y el desarrollo libre y respetuoso de unos valores sociales que defiendan la igualdad y la diversidad actual".
Colectivos LGTBI de Murcia se suman a la protesta
La Plataforma LGTBI de la Región de Murcia, formada por GALACTYCO, No te Prives, ASFAGALEM y Chrysallis, se unen a la protesta contra la plataforma de la Consejería de Educación, Educarm, convocada por la Marea Verde en Murcia y Cartagena.
Una protesta que se convoca después de que se hiciera público un borrador de las negociaciones entre PP y Vox en el que se baraja como titular de la Conserjería de Educación y Cultura a la expulsada del partido de Santiago Abascal, Mabel Campuzano, en sustitución de la popular Esperanza Moreno, convirtiéndose así en la primera diputada del partido de extrema derecha en entrar en el Ejecutivo del gobierno de una Comunidad Autónoma.
La plataforma se muestra también muy crítica con la vicepresidenta y también consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco: “Desde el primer momento vimos que solo le interesaba mantenerse en el puesto, jamás se mostró en contra del veto parental accediendo a todo lo que la ultraderecha exigía. Su Consejería ha sido nada más que una fachada como las siglas que muestra, pero vacía de contenido y de gestión”.
“Desde los colectivos LGTBI nos alegra que tanto la comunidad educativa como la sociedad en general esté abriendo los ojos ante este intento de adoctrinamiento procedente de la ultraderecha”, afirman. Además, se quejan de que utilizar como moneda de cambio en la formación de los gobiernos el veto parental no es algo contra los colectivos LGTBI “sino contra toda la sociedad”.
Ya en el 2018 los colectivos LGTBI dieron la voz de alarma de lo que fue “el germen del veto parental”. La paralización de las charlas sobre educación afectivo-sexual y diversidad por parte de la por aquel entonces Consejera de Educación, Adela Martínez Cachá, a petición del presidente del Foro de la Familia, fue “un intento de introducir una censura en la educación de nuestros jóvenes”.
Años más tarde con la formación de Vox esta paralización se materializó en el veto parental “que no es más que una cortina de humo para poder controlar la Escuela Pública”, aseguran desde la plataforma.
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