miércoles, 7 de marzo de 2018

Productores de Almería, Murcia y Alicante distribuyen 30.000 kilos de verdura en Madrid para exigir más recursos hídricos

MADRID.- Regantes de las provincias de Almería, Murcia y Alicante repartirán a lo largo de este miércoles 30.000 kilos de frutas y verduras en la plaza de Callao (Madrid) para reivindicar "más agua" en el Levante y sureste español.

Desde las 9.30 horas, representantes del sector horticultor del Levante han estado descargando camiones en la mítica plaza madrileña para hacer entrega de calabacines, alcachofas, calabazas, colirábanos, apios, melones, brócolis y coliflores, entre otras verduras.
A las 10.00 horas ha comenzado el reparto de estos productos, que durará hasta las 16.00 horas, a los transeúntes que pasaban por Callao, como si se tratara de un supermercado, donde los mimos organizadores y agricultores se han metido en el papel de "verduleros" y "vendedores" para dar los productos que siembran en sus tierras y para hacer ver a los que pasaban por allí que "sin agua, no se pueden seguir cultivando estos productos", tal y como le cuenta Pedro Alfonso Garre, de G'S España, a una de las "clientas".
Antes de llevarse la compra a casa, los consumidores daban su apoyo a este colectivo dejando su firma plasmada en post-its, que eran pegados en un gran cartel donde se indica que "hay soluciones" y se pide "Agua para el Levante". La idea es rellenar 'Agua', palabra escrita en mayúsculas, con estos apoyos.
Tras dejar su firma, y con la ayuda de unas 15 "azafatas", se instaba a la gente a firmar a través de Internet el Manifiesto Levantino por el Agua, que ya acumula más de 12.000 firmas, según fuentes de la organización. Estas azafatas también han hecho entrega de 4.000 'Anthurium', una flor parecida a la gerbera, cultivada en San Javier (Murcia).
"El problema no es el agua, son las personas; si queremos, se solucionan las cosas", ha explicado su productor, José María Pérez, que ha decidido sumarse a la reivindicación de este miércoles.
"Nuestras reivindicaciones se resumen en agua y agua a un coste que nos permita poder seguir funcionando en igualdad de oportunidades con el resto de productores del país", ha asegurado  el portavoz del Círculo por el Agua --convocante de la manifestación y del acto--, Lucas Jiménez Vidal.
Vidal ha criticado los costes que suponen una "sangría" para los bolsillos de los ciudadanos de Almería, Murcia y Alicante, que tienen que pagar en su recibo de hogar y comercios, según Jiménez, "unos precios desorbitados que supone el tercio de lo que se paga en otras comunidades autónomas".
Este acto se une a la manifestación que protagonizaron a partir de las 12.00 de este miércoles regantes del Levante desde la Puerta de Alcalá hasta la estación de Atocha, donde se produjo una concentración frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente donde se leyó el manifiesto que recoge más de 12.000 firmas.

La Comunidad Autónoma reivindica "una solución definitiva para el campo"

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha acompañado este miércoles, "una vez más y como siempre", a los regantes y a los agricultores en la manifestación convocada por el Círculo por el Agua en Madrid con el fin de demandar una "solución definitiva al déficit estructural que mantiene la cuenca del Segura y todo el levante español".

Así lo ha destacado la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuya reunión no ha podido presidir este miércoles el jefe del Ejecutivo debido a su presencia, precisamente, en Madrid.
Se trata, según Arroyo, de reivindicar "una solución definitiva que garantice el presente y el futuro de decenas de miles de familias que trabajan en nuestro campo y que son un ejemplo mundial en la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y por la excelente calidad de los productos".
"Un sector próspero, puntero, que no puede vivir mirando hacia el cielo para ver si cae agua", según la portavoz del Gobierno murciano, quien ha considerado que "necesitamos generar certidumbre y que se mantengan sus cultivos, los que tienen previstos cada año, que generan riqueza y empleo".
La portavoz del Ejecutivo ha remarcado que se trata de un agua que "necesitamos para beber, pero también que necesitamos para vivir y para salvar millones de árboles y frenar la desertización que nos amenaza por el cambio climático".

LAT suspende dos líneas de bus con Avileses y El Palmar

MURCIA.- Autobuses LAT suspenderá el servicio de las líneas 45, Avileses-Murcia, y la 18, urbano de El Palmar; así como la modificación del calendario y frecuencias de las líneas 7, La Albatalía-Murcia-La Arboleja, y la 39, Campus de Espinardo-Murcia.

Los cambios entrarán en vigor el próximo 23 de marzo, aunque los viajeros serán avisados con dos semanas de antelación, como marca la legislación vigente. Además, se ha habilitado un teléfono específico de Atención al Cliente, en el número 902 25 00 88, y también se podrá acceder a la información a través de la web 'latbus.com'.
Desde Autobuses LAT explicaron que "la prestación de estos servicios, todos ellos extraconcesionales y altamente deficitarios, no se pueden mantener sin ayuda pública, debido al escaso número de viajeros que hacen uso de los mismos y, como a fecha de hoy no se ha resuelto su financiación, lamentablemente nos vemos obligados a adoptar esta decisión para no perjudicar la estabilidad de la concesión".
Además, añadieron que sienten "profundamente las molestias ocasionadas a los usuarios afectados y manifestamos nuestra voluntad en seguir trabajando para encontrar una solución junto con la Administración competente".

Por otra parte, la Consejería de Presidencia y Fomento subvenciona con 300.000 euros las líneas de transporte regular de viajeros de autobús que cubren las poblaciones más dispersas y menos pobladas de la Región de Murcia con el objetivo de mantener un servicio público esencial para el desplazamiento de los ciudadanos, a pesar de su escasa utilización.
Así lo anunció el director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, durante una reunión con 15 empresas concesionarias en la que se acordaron los criterios de reparto de estas ayudas públicas que tienen por objeto financiar las denominadas líneas de débil tráfico, "para asegurar su viabilidad económica".
El director general destacó que, a pesar de que se trata de líneas deficitarias, "desde el Gobierno regional consideramos el transporte público como una necesidad social de primer orden, y por este motivo es imprescindible que garanticemos el acceso al autobús a los vecinos de estas zonas".
Señaló que, en ocasiones, es el único medio de transporte con que cuentan para acudir al médico, asistir a su centro de formación, desplazarse al trabajo o realizar otro tipo de actividad fundamental.
Se van a subvencionar las líneas con recaudación inferior a 100.000 euros y que operan en zonas de menos densidad geográfica, fundamentalmente en las comarcas del Noroeste, Altiplano y Guadalentín.
"La Comunidad subvenciona la prestación del servicio, y para ello hemos analizado costes y objetivos de la concesión", señaló el director general, quien indicó que la subvención mínima será de 5.000 euros y puede alcanzar hasta los 60.000.

Más de 25.000 murcianos faltan a su trabajo cada día

MADRID.- El último informe estadístico publicado sobre el absentismo laboral en la Región deja varias cifras llamativas y preocupantes. Las principales avisan de que más de 25.900 trabajadores no acuden diariamente a su puesto en Murcia, lo que supone un coste anual de 1.349 millones de euros a las empresas regionales. 

Según un informe del centro de estudios y análisis de Randstad en España, durante el último trimestre, han faltado a su trabajo en Murcia un promedio de 7.500 personas sin baja médica, el equivalente al 1,3% de los ocupados en la Región.
En toda España 247.000 profesionales faltan a su puesto de trabajo cada día, el equivalente al 1,3% de los ocupados del país.
Esta cifra asciende hasta los 820.000 cuando se tiene en cuenta tanto el absentismo con baja médica como sin ella, lo que supone un coste anual de 50.200 millones a las compañías españolas.
Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es la diferencia en el absentismo laboral en función de la comunidad en la que el profesional desarrolla su actividad. En este sentido, el estudio revela que País Vasco, Castilla y León y Asturias son las regiones con mayores tasas de absentismo, todas ellas con índices cercanos al 5%.
Los menores niveles se localizan en La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con tasas por debajo del 4%.
Murcia, por su parte, se sitúa justo en el 4,4%. Sin embargo, cuando se hace referencia al absentismo sin baja médica, estos ratios varían.
En este caso, las regiones del norte de la Península tienen tasas más elevadas que las del centro y sur. Castilla y León, País Vasco, Galicia y Cantabria registran los índices de absentismo más elevados.
Por su parte, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias se sitúan como las comunidades con menores índices de absentismo injustificado.
Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones donde el absentismo tiene un coste más elevado, con una cifra acumulada de más de 25.000 millones, lo que supone el 50% del coste total nacional.

El campo murciano ocupa Madrid este miércoles

MURCIA.- Los comuneros, regantes, cooperativas, empresas y comercializadoras agrícolas se manifestarán este miércoles por Madrid para reclamar al Gobierno y partidos políticos soluciones inmediatas para erradicar el déficit hídrico del Levante, así como un trato equitativo en cuanto a su precio, de forma que pueda equipararse al del resto de usuarios de España.

La actuaciones se concretarán en dos acciones diferenciadas aunque complementarias, la primera de las cuales se desarrollará en la plaza de Callao bajo el lema '¡Defendamos la huerta de Europa! Necesitamos agua' para compartir los frutos de la tierra con la ciudadanía y exigir al Gobierno de España "soluciones viables y sostenibles para conseguir la igualdad de condiciones sobre el acceso al agua".
En concreto, esta acción se desarrollará en un espacio de 80 metros cuadrados en la Plaza de Callao habilitado para el reparto gratuito de 25.000 kilogramos de frutas y verduras producidas en el Levante a los transeúntes y ciudadanía de Madrid, desde las 10.00 hasta las 16.00 horas
El reparto de frutas y verduras se hará extensivo a otros puntos de la capital, a los que acudirán vehículos para su distribución gratuita, según la organización, que ha detallado que el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez Vidal, junto con los miembros de su Junta de Gobierno, atenderán a los periodistas y medios que lo deseen entre las 10.00 y 11.00 horas.
El segundo acto consistirá en una manifestación hasta la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con el fin de reclamar al Gobierno y partidos políticos soluciones inmediatas para erradicar el déficit hídrico del Levante, así como un trato equitativo en cuanto a su precio, de forma que pueda equipararse al del resto de usuarios de España.
Esta manifestación se desarrollará bajo el lema 'En el Levante, sin agua: desierto y paro. ¡Defendamos la huerta de Europa!'. La llegada de autobuses a la Plaza de la Independencia estaba prevista entre las 10.30 y las 11.30 horas, con la consiguiente recepción y organización de manifestantes.
A las 12.00 horas se produjo el inicio de la manifestación en la calle Alcalá, y se desarrollará hasta las 13.30 horas por la Fuente de la Diosa Cibeles, Paseo del Prado (carril Izquierdo) y Atocha hasta desembocar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde tendrá lugar una concentración a partir de las 13.30 horas.
Sobre una tarima habilitada al efecto y ante todos los manifestantes concentrados, intervendrán tres mujeres en representación del sector agrícola de Alicante, Murcia y Almería, que lanzarán breves mensajes sobre 'Agua', 'Futuro' y 'Empleo', respectivamente, procediendo a realizar una escenificación al objeto de resaltar las metas fundamentales que se pretenden alcanzar.
Finalmente, se desarrollará una lectura por personas de reconocido prestigio de la exposición de motivos de esta acción y demandas concretas al Gobierno de España para lograr una solución definitiva en materia de aguas para el Levante, poniendo fin a la concentración a las 14.30 horas.
La manifestación ha registrado multitud de adhesiones en las últimas semanas por parte de diversos organismos, asociaciones, administraciones y entidades empresariales.
Entre los organismos que respaldan la manifestación se encuentra la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), que ha hecho partícipe a sus asociaciones y empresas adheridas de toda la información relativa; mientras que el Gobierno regional también ha confirmado que una representación del Ejecutivo acompañará a los regantes.
También se ha sumado a la manifestación la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte en Murcia (Froet), que ha animado a sus socios a acudir a la convocatoria, en demanda de un precio justo del agua y del mantenimiento y consecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para paliar la situación de sequía en Levante.
La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) también se ha unido al paro agrario para apoyar la participación de empresas, cooperativas y agricultores en la manifestación; mientras que el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, también ratificó su apoyo "inquebrantable" a los regantes y anunció que estará hoy día 7 en Madrid.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA-Murcia) ha hecho un llamamiento a todos los sectores económicos vinculados al sector agrícola para que secunden el paro.

El hidrogeólogo de la CHS expedientado, Francisco Turrión, premiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial del Agua

TOLEDO.- La bodega Finca Antigua de Los Hinojosos (Cuenca), la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que hizo el informe sobre la situación del Tajo a su paso por Talavera de la Reina (Toledo), y el expedientado hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Francisco Turrión, serán premiados por el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial del Agua.

El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha avanzado que el Consejo de Gobierno de esta semana ha tenido conocimiento de las personas y entidades que serán reconocidas el próximo 22 de marzo, durante el acto institucional que se celebrará en Sisante (Cuenca) por su labor en la gestión, regulación y defensa del agua.
De esta forma, el premio a la mejor gestión del agua ha sido para la bodega Finca Antigua de Los Hinojosos, por el uso que hace de la nanotecnología para reducir los consumos públicos.
El premio a la defensa del agua reconocerá la labor de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que visitó esta legislatura el río Tajo a su paso por Talavera "para investigar denuncias sobre la situación del río y el incumplimiento de la normativa comunitaria", que concluyó "con un durísimo pero totalmente cierto informe" en el que se denunciaba el "estrés hídrico del Tajo, en plena sintonía con la defensa de los intereses del agua de Castilla-La Mancha".
Finalmente, según ha relatado Hernando, el premio a la investigación en el agua ha sido concedido al expedientado hidrogeólogo de la CHS, Francisco Turrión, que fue la persona encargada del informe de Greenpeace que denunciaba "la trama del agua" en la cuenca del Segura.
En este contexto, a preguntas de los medioss por la manifestación de agricultores levantinos hoy en Madrid, pidiendo agua e infraestructuras para acabar con la sequía en el campo de esa zona del país, el portavoz regional ha apuntado que "si quieren defender sus intereses" deberían "girar el cuello y empezar a mirar las desaladoras y al levante".
A su juicio, si los agricultores que se manifiestan "fuesen serios" se darían cuenta de que ellos son las personas que "en mayor riesgo" están poniendo la economía, empleando el agua de una tubería "que más pronto que tarde va a quedarse seca".

Alemania no encuentra a trabajadores para cubrir un total de 1.183.000 vacantes

BERLÍN.- Alemania registró en el cuarto trimestre de 2017 un total de 1.183.000 puesto de trabajo vacantes, 128.000 más que en el mismo periodo del año anterior, y marcó así un nuevo récord, según un informe hecho público por el Instituto de Estudios del Mercado Laboral (IAB). Respecto al tercer trimestre de 2017, en el cuarto se registraron 85.000 puestos vacantes más.

El estudio muestra que los problemas para cubrir puestos de trabajo crecen especialmente en el sector industrial y en la construcción. En el primero de los sectores había en el cuarto trimestre alrededor de 161.000 empleos sin cubrir, un 35% más que un año antes, y en la construcción, en torno a 98.000, un 24% más.
La mayoría de las vacantes (918.000) se encuentran en Alemania occidental, donde se localiza la mayor parte de la industria, mientras que en el este hay 265.000 puestos sin cubrir.
Con el descenso de la tasa de desempleo en el conjunto del país (5,7% en febrero), el IAB destaca que hay 194 parados por cada 100 puestos de trabajo vacantes en el oeste de Alemania y 225 en el este, las cifras más bajas registradas en los últimos 25 años.
"Las cifras muestras que hay mejores oportunidades laborales para los que buscan trabajo, pero apuntan también a crecientes retos para los empleadores a la hora de contratar", destacó en un comunicado Alexander Kubis, experto del IAB.
El estudio sobre vacantes, que se presenta cuatro veces al año e incluye también puestos no registrados en la Agencia Federal de Empleo, está basado en una encuesta representativa en la que en el cuarto trimestre participaron 15.000 empleadores.

El repliegue de los británicos de España

MADRID.- La pérdida de poder adquisitivo por la debilidad de la libra, la vejez y el cambio en el cálculo estadístico reducen un 40% el número oficial de residentes de Reino Unido, según revela hoy El País.

La tienda que Michelle Ball atiende en La Xara, Alicante, no es un Todo a 100, aunque lo parece. Vende vestidos a un euro, platos, vasos, lámparas, flores de plástico y otros objetos de decoración. Pero sus productos no proceden de fábricas chinas, sino de las cocinas, comedores y armarios de viviendas británicas, que los donan con fines benéficos. 
Ball y el resto de voluntarios que trabajan aquí destinan después los beneficios a ayudar a compatriotas enfermos y con pocos recursos que residen en la provincia. Su charity shop vive una edad dorada, porque un creciente número de británicos está vendiendo sus casas en la zona y regresando a su país. Antes de marcharse, pasan por la tienda de Ball y le entregan todo lo que no les vale la pena llevarse a Reino Unido.
“Muchos están volviendo porque la vida aquí se ha vuelto supercara. Mi madre ha perdido 160 euros al mes en su pensión desde el referéndum del Brexit por la devaluación de la libra. Su pensión es ahora de 690 euros. Y desde el cambio que hizo hace unos años el Gobierno español, también tiene que pagar parte de sus medicamentos, no es mucho, pero tampoco ayuda”, resume Ball, que tiene 44 años y llegó a la Comunidad Valenciana con 14.
El número de residentes británicos en España que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha pasado de 397.892 a 240.785 en cinco años. Hay 157.107 menos. En ese descenso influye la nueva regulación del padrón municipal para los ciudadanos comunitarios. 
Pero mientras la caída registrada en el mismo periodo entre los residentes en España del resto de países del núcleo histórico de la UE, los 15 que componían la Unión antes de la ampliación hacia el Este, ha sido del 25%, la reducción de los residentes británicos se eleva al 40%, según los datos oficiales.
La estadística de migraciones, una información paralela que ofrece el INE, muestra que 102.367 residentes británicos abandonaron España entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2017. Cada año siguen instalándose ciudadanos de Reino Unido en España: 88.799 en el mismo periodo. Pero ahora el número de quienes se marchan es mayor, lo que le ha dado la vuelta a la tendencia anterior: de 2008 a 2012, llegaron 40.454 más de los que se fueron.
Tanto el número de residentes como el saldo migratorio reflejan una evolución negativa, pero sus volúmenes son diferentes. Los expertos señalan que ello se debe principalmente a que en la reducción de residentes influyen dos factores. 
El primero es que el cambio en la forma de actualizar el padrón ha sacado a luz que decenas de miles de británicos ya no vivían en España, bien porque habían regresado tiempo antes a su país o bien porque habían fallecido, sin que nadie lo hubiera notificado a un registro que es voluntario. Los Ayuntamientos tenían un incentivo para que se empadronaran –más residentes implica más financiación del Estado- y ninguno para darlos de baja.
Hasta principios de esta década la presencia de un comunitario en un municipio se mantenía año tras año, a no ser que hubiera una petición expresa de baja. Los Consistorios están ahora obligados a confirmar que el comunitario sigue viviendo en el municipio cada dos años, o de cinco si se halla inscrito en el Registro Central de Extranjeros. 
Esto provoca el segundo factor que los expertos señalan para explicar la disparidad de los datos oficiales, y que consiste en que el padrón deja ahora fuera a comunitarios que siguen viviendo en España y no han realizado el trámite de confirmar la residencia. Es la tesis defendida por muchos alcaldes, como el de Torrevieja, José Manuel Dolón.
En este caso, los Ayuntamientos sí tienen interés en clarificar el error. Y los que cuentan con grandes poblaciones de comunitarios mantienen campañas informativas que incluyen llamadas telefónicas, como la que recibió en diciembre en su casa Linda Hall, vecina de Altea y corresponsal en Alicante del diario Euro Weekly, o comprobaciones físicas por parte de la policía local.
La reducción del número oficial de británicos ha resultado especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, que fue su primer destino residencial masivo en España, y donde el efecto limpieza del padrón ha sido mayor. En cinco años, se han reducido casi a la mitad: de 145.652 a 75.045. Andalucía también ha perdido británicos, pero menos, y es ahora la comunidad donde más residen, 74.252.
La marcha de británicos puede agravarse en función de cómo concluyan las negociaciones del Brexit, ya que muchos piensan como Patricia Mary Sawers, de 69 años, antigua administrativa de la Universidad de Cambridge, que vive en Pedreguer, Alicante, desde que se jubiló. 
“No sé si regresaré. Dependerá de cómo quede nuestra cobertura sanitaria. La atención ahora es estupenda, pero no sabemos si tras la salida de Reino Unido de la UE seguiremos teniendo sanidad pública aquí. Esa es la gran cuestión”, afirma Sawers después de dar un sorbo a su taza de té.
Aunque el presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que los británicos seguirán recibiendo atención sanitaria en la Comunidad Valenciana tras el Brexit, la realidad es que la reciprocidad se decidirá en el marco de la negociación entre Bruselas y Londres o, en todo caso, a escala bilateral, entre España y Reino Unido.
La salida de muchos de los que se han ido está vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. La pertenencia a una comunidad cerrada que tiende a beber en sus propios bares, comer en sus restaurantes, comprar en sus tiendas y alternar en sus clubes los protegió relativamente de la crisis. 
Pero esa endogamia ha agravado el impacto en sus negocios de la reducción de ingresos de los pensionistas como consecuencia de la devaluación de la libra, señala Carmen Ródenas, catedrática de la Universidad de Alicante.
El hecho de enviudar y la extrema vejez de quienes llegaron con más de 65 años a la costa mediterránea en la gran oleada migratoria de principios de siglo, coincidiendo con el boom residencial, también fomentan el regreso, señala el profesor de la Universidad de Valencia, Jordi Giner, autor de una tesis doctoral sobre su salida de España.

'El Corte Inglés' pide un pacto europeo para “frenar el tsunami online”

BARCELONA.- El presidente del consejo de administración de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha pedido un gran pacto europeo entre el sector comercial local y con el apoyo legal de las administraciones para hacer frente a las grandes plataformas de comercio electrónico que están disparando su presencia en el mercado europeo. Gimeno pidió la colaboración y acuerdos entre todos los segmentos y formatos del sector comercial tradicional, grandes y pequeños formatos, para enfrentar a gigantes como Amazon o Ebay, según publica La Vanguardia.

“Los nuevos operadores tienen muchas ventajas fiscales y legales y nos lo ponen muy difícil; necesitamos competir en igualdad de condiciones, ya sea porque ellos paguen lo mismo o que a nosotros se nos de más libertad”, aseguró Gimeno, protagonista de la cita Dinars Cambra, organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona. 

La carrera con el online


El ejecutivo aseguró que la compañía de distribución, que facturó 15.000 millones de euros en 2016, concentra todos sus esfuerzos en “frenar el efecto tsunami que provoca el mundo online”. 
La compaña está plenamente centrada en la transformación digital, en mejorar procesos y servicios y en complacer a un cliente cada vez más omnicanal.
En la carrera contra Amazon, aseguró: “No sé si ellos serán más rápidos en al apertura de tiendas o nosotros en la transformación digital, pero vamos muy rápido”. Según Gimeno, la gran ventaja competitiva de El Corte Inglés son las tiendas y su capilaridad en todo el mercado español. 
“Seremos capaces de hacer entregas en media hora”, aseguró. Hoy, afirmó, la compañía llega a prácticamente toda la población española en dos horas. El Corte Inglés, explicó, también está aumentando su catálogo de referencias en las tiendas para competir con la gran variedad de los gigantes online.

Sabadell recibe 3.200 millones del FGD por la CAM

MADRID.- Las pérdidas en las que el Fondo de Garantía de Depósitos incurrió el año pasado por el compromiso de asumir el 80% del deterioro de la cartera protegida procedente de la antigua CAM no hacen sino crecer a medida que pasan los ejercicios, según revela hoy Expansión

Vendido efectivamente el banco CAM a Sabadell en junio de 2012 (aunque el acuerdo se alcanzó varios meses antes a la espera de recibir el visto bueno de las autoridades comunitarias por contemplarse ayudas públicas), se contemplaba el compromiso del FGD de hacer frente al 80% de las pérdidas en que se incurriera al vender una cartera protegida de inmuebles y créditos inmobiliarios por valor de 24.644 millones de euros una vez se hubieran consumido las provisiones existentes en el balance de CAM por valor de 3.882 millones de euros.

Punto de inflexión

Estas provisiones fueron suficientes para hacer frente a las pérdidas generadas durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Pero a partir de ese último año se agotaron, lo que provocó que, con cargo a las ventas llevadas a cabo en 2015, Sabadell pidiera al FGD 825 millones de euros, que este le ingresó el último día de febrero de 2016. El año pasado Sabadell elevó la factura hasta acercarla a los 1.000 millones, exactamente 981 millones de euros.
La liquidación presentada en las primeras semanas de 2018, correspondiente a lo ocurrido en 2017, ha crecido sustancialmente hasta superar de largo los 1.300 millones de euros, lo que podría sorprender al compararla con los dos ejercicios anteriores, dada la recuperación del sector inmobiliario que se ha registrado en los dos últimos años. Fuentes del banco no quisieron confirmar la cifra que han recibido, declarando que se trata de información que no es pública y, por lo tanto, declinaron hacer ningún comentario al respecto.

Factura al alza

Puede haber algunas explicaciones al crecimiento anual de la factura. La primera de ellas es que, si bien Sabadell ha vendido activos dañados por un importe similar al de ejercicios anteriores, lo que ha ocurrido es que el peso de los activos procedentes de CAM es relativamente mayor que el de los que estaban en el Banco Sabadell y que no tenían la cobertura del fondo de garantía. 
Otra razón se refiere al nivel de cobertura que Sabadell había constituido sobre los activos de CAM, inferior a los del propio Sabadell, gracias a tener un plazo de 10 ejercicios para venderlos con la garantía parcial del FGD. Una vez que han disminuido en el conjunto los activos malos procedentes de Sabadell, los de la antigua CAM salen más deprisa.
Las cifras de pérdidas esperadas de la cartera que sigue protegida por el FGD, según los cálculos de este organismo hechos públicos en 2017 con los datos de cierre del ejercicio de 2016, se cifraban en 7.390 millones de euros, de los que el fondo de garantía tendría que asumir casi 6.000 millones y el resto correría a cargo de Sabadell. El tamaño de la cartera que aún queda por vender y que sigue protegida no lo hacen público ni el FGD ni Sabadell.
La realidad es que, en los cinco años transcurridos desde la venta de CAM a Sabadell, las pérdidas efectivas por la venta de una parte no conocida públicamente de la cartera protegida están ya muy cerca de los 8.000 millones de euros al sumar la totalidad de la provisión inicial que tenía CAM y las cantidades que han tenido que aportar el FGD y Sabadell.
La presión de las autoridades supervisoras europeas para que los bancos aceleren la venta de sus activos problemáticos en el menor tiempo posible, en torno a los próximos tres ejercicios, ha tenido como efecto concreto en Sabadell que la entidad destinara todas las plusvalías obtenidas por la venta de algunos negocios el año pasado a aumentar el nivel de provisiones y en el FGD a plantearse en qué medida podría hacer frente al pago de las pérdidas previsibles en un menor tiempo, cuestión complicada ya que la institución se nutre de las cuotas que cada año pagan los bancos y su situación financiera no es precisamente holgada.

Oposiciones a funcionario: cuántos se han ido, cuántos llegan y cuántos se necesitan

MADRID.- Acababa el mes de enero y el Gobierno convocaba los procesos selectivos para cubrir 4.725 plazas en cuerpos generales del Estado, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017. Esta convocatoria por parte de la Administración General del Estado (AGE) supone un incremento del 65% sobre las 2.867 plazas ofertadas en la anterior. En 2016 sólo se publicaron 2.867 plazas, según 20 Minutos.

Se convocaron 800 plazas por el sistema de ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en el que no se habían convocado bajo esta modalidad desde 1992. Sin embargo, la mayoría de las plazas son de promoción interna, es decir, para empleados públicos que ya forman parte de un cuerpo de funcionarios. Hasta 2.545 puestos (el 53,9%) se reservan para promoción interna; el resto, 2.180, se abren en convocatoria de ingreso libre.
De manera más específica, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado recibirá 630 administrativos y 340 trabajadores de sistemas e informática; el Cuerpo General de la Administración del Estado será el gran beneficiado, pues se distribuirá 2.100 administrativos y 1.200 auxiliares; y, por último, la plantilla del Cuerpo Técnico de la Administración del Estado sumará 455 auxiliares de informática.

La realidad impone las ganas de ser funcionario

Con una tasa de paro tan alta como la española y unos sueldos por nuevo contrato que muchas veces no son ni de mileurista, ser funcionario es la mejor opción. Por eso no extraña que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) haya previsto recibir más de 100.000 solicitudes para las 4.725 plazas. Sólo en febrero se han presentado unas 85.000.
Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en España hay 3.074.700 empleados públicos. Es el 16% de la población activa. Pero eran más. Nuestro país tiene hoy 59.449 empleados públicos en la Administración Pública Estatal menos que hace 5 años. Según datos del Registro Central de Personal, entre enero de 2012 y enero de 2017, el número de empleados públicos se redujo un 10,2%.
Según respuesta parlamentaria en diciembre a una pregunta escrita del Grupo Socialista, el número de efectivos de la Administración del Estado ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012 a 522.412 en enero de este año. En la primera legislatura de Mariano Rajoy (enero 2012 - enero 2016) concretamente, la plantilla del Estado se redujo un 9,3%, al disminuir en 54.060 empleados en esos cuatro años.
De la reducción de 59.500 efectivos en los últimos cinco años, la mayor parte se registró en la Administración General del Estado, que pasó de 234.685 efectivos en 2012 a 206.706 en 2017, un 13,5% menos. En otros departamentos de la Administración del Estado el número de efectivos se redujo un 9%, pasando de 347.176 en 2012 a 315.706 este ejercicio.
Dentro de la AGE, la plantilla de los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad contaba en enero de este año con 188.506 empleados, un 12,6% menos que en enero de 2012; la de las agencias estatales con 14.699 empleados públicos, un 8,3% menos en el periodo, y la de las instituciones sanitarias de Defensa con 3.501, por lo que subió en cambio un 17% en esos cinco años.
Por su parte, entre los otros órganos de la Administración pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han visto disminuida su plantilla un 6,3%, hasta 138.883 efectivos; en las Fuerzas Armadas se ha reducido un 5%, hasta 120.648 empleados, mientras que la Administración de Justicia ha bajado solo un 1%, hasta 24.424 efectivos. A su vez, el número de empleados en las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico ha caído un 33%, hasta los 31.751 efectivos.

España necesita más funcionarios

Y tantos se han ido con la crisis que realmente España necesita más funcionarios, al menos si se quiere garantizar el nivel de eficacia que desean y merecen los ciudadanos, clientes finales de cualquier administración. Según las relaciones de puestos de trabajo (RPT) publicadas en el Portal de la Transparencia, en diciembre de 2017, ministerios y organismos autónomos mostraban 24.000 vacantes sobre un total de 140.000 puestos disponibles, lo que supone un déficit de personal por encima del 17%.
En plena crisis, en 2012, el empleo público alcanzó su máximo histórico, al suponer el 18% del total de ocupados. Hoy, esos más de 3 millones de empleados públicos, que según el INE hay en España, suponen el 16% de la población activa. Es una cifra modesta. Si comparamos con el resto de Europa no salimos retratado como un país de muchos funcionarios, como muestra el estudio Government at a Glance 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con datos de 2015.
Sí es país para funcionarios Noruega. Allí los empleados públicos son el 30% de la población activa. En cifras parecidas están sus vecinos: Dinamarca (29,1%), Suecia (28,6%) y Finlandia (24,9%). Un país más cercano como Francia tiene un 21,4% de funcionarios sobre su población activa. Hasta una nación como Grecia, en peor situación económica y donde la crisis ha causado más estragos, tiene más empleados públicos; un 18%, concretamente. La media de los países de la OCDE es del 21%.
"Si hacemos una foto de nuestro empleo público, estamos, en tamaño, por debajo o igual que los países de nuestro entorno, pero si lo vemos en movimiento, lo que nos muestra es una fuerte tendencia expansiva del empleo público, poco controlada por las Administraciones", asegura el director general adjunto de Esade, Francisco Longo. No son muchos pero sí son mayores.
El problema de nuestros funcionarios es su edad. Según un estudio de esta escuela de negocios, el 63% de los empleados públicos españoles tienen más de 50 años. Según Longo, el envejecimiento de la plantilla pública es una amenaza porque implica "descapitalizar" a corto plazo el empleo público. Claro que pude ser una "oportunidad" porque el proceso de jubilaciones "masivas" que España debe afrontar en los próximos años podría aprovecharse para cualificar el empleo público, "dotándolo de más inteligencia y menos trámite".

Funcionarios del Estado por comunidades

En el detalle por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid suma 151.549 empleados del Estado, un 11,5% menos que en 2012, seguida por Andalucía, con 84.919 efectivos (-10%); Castilla y León, con 35.697 (-13%); la Comunidad Valenciana, con 35.018 (-10,6%); Galicia, con 27.619 (-7,3%); Cataluña, con 25.989 (-15,2%); Canarias, con 23.941 (-4,5%) y Aragón, con 21.817 efectivos (-8%).
A continuación se sitúan Castilla-La Mancha, que ha reducido su número de efectivos de la Administración Pública Estatal un 9,8%, hasta 17.611 empleados; Murcia, con 16.677 empleados (-5,8%); Extremadura, con 13.720 (-1,6%); País Vasco, con 11.075 (-17,6%); Islas Baleares, con 10.429 (-8,3%); los efectivos del extranjero, con 9.564 (-2,2%); Asturias, con 9.060 (-16%); Melilla, con 8.904 (-5%), Ceuta, con 7.738 (-8,2%). Las tres regiones con un menor número de efectivos de la Administración estatal son Cantabria, con 4.649 empleados, un 14,4% menos que en 2012, Navarra, con 4.231 empleados (-9,9%) y La Rioja, con 3.015 efectivos (-10,3%).

La vivienda será en Aragón un derecho subjetivo exigible ante los tribunales

ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Vivienda que configura este bien como un verdadero derecho subjetivo, exigible ante los tribunales. También contempla, como último recurso, la posibilidad de expropiar viviendas que no cumplan la función social para las que están concebida, como es su uso residencial y su efectiva ocupación. En estos supuestos se encontrarían las desocupadas de forma permanente, las sobreocupadas y las que no tengan carácter residencial habitual, según recoge El Mundo.

El proyecto de ley incluye como novedades la obligación de que el Gobierno de Aragón garantice una alternativa habitacional en casos de vulnerabilidad; la definición de vivienda desocupada, que permitirá que se pueda acceder a las mismas para incluirlas en un Fondo de Vivienda Social de Aragón; y modificaciones en el concepto de Vivienda de Protección Oficial como que no puedan ser descalificadas para su venta por libre.
En rueda de prensa, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que, aunque se trata de una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP que "no tiene en frente a la ciudadanía si no a los bancos". Soro ha añadido que es una ley que "sitúa a las personas como protagonistas de las políticas públicas" y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.
Según Soro, el anteproyecto de ley se inspira en cuatro principios: la vivienda con un derecho subjetivo y no como un bien de mercado, de manera que todos los ciudadanos y asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de la citada ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el derecho de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Ejecutivo regional actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el derecho al disfrute pacífico de la vivienda; y el derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida.
La satisfacción del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible puede garantizarse mediante la puesta a disposición de una vivienda bajo cualquier régimen jurídico de tenencia y en el caso de inexistencia de vivienda, con un sistema de prestaciones económicas.

Rehabilitación

El texto considera que el concepto de la vivienda en alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho constitucional a una vivienda. Para ello considera la rehabilitación como un instrumento básico y contempla medidas como el impulso de un Plan de Vivienda de Aragón que adapte a las necesidades de Aragón.
Se regulan por primera vez los derechos del usuario de vivienda, tanto en lo que se refiere a la información y publicidad como a los requisitos de los contratos sobre la vivienda.
Destaca el derecho de información en relación con los sistemas de financiación (hipotecas o cualquiera otros), ya que es imprescindible para el acceso, pero también para el disfrute pacífico (evitar perder la vivienda por un mal sistema de financiación).
Otra novedad es la obligatoriedad de la mediación cuando los actores que intervienen en un negocio jurídico entran en conflicto, no solo los contratos de compraventa, sino también los sistemas de financiación, como los préstamos hipotecarios.
Soro ha explicado que "se regula por vez primera la función social de la vivienda, que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación: se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento mediante sanciones y procedimientos expropiatorios".
Dentro de esta función social se encuentra la definición de vivienda desocupada, lo que supone que su incumplimiento también podría conllevar sanciones en determinados casos.

Entidades financieras

En relación a las entidades financieras, sociedades inmobiliarias, Sareb, activos inmobiliarios y grandes propietarios, se establece la obligación de dar información a la Administración sobre personas en riesgo de perder su vivienda. Esto permitirá a la administración prever las medidas que ha de tomar para garantizar la vivienda a dichas personas.
El consejero ha señalado que "las entidades que adopten medidas para evitar el sobreendeudamiento y acepten la dación en pago como sistema ordinario para saldar las deudas tendrán absoluta prioridad en el trato con todas las administraciones públicas de Aragón".
Respecto a la Vivienda Protegida, Soro ha destacado que "se recupera el control que la Administración había perdido en la legislatura anterior por los cambios introducidos por el PP". Todas las adjudicaciones de vivienda nueva, así como las transmisiones de viviendas ya existentes, serán controladas por la Administración. Además, se recupera el sistema de sorteo.
El proyecto de ley recoge que "la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil" de manera que se eliminan "las especulaciones al no ser posibles las descalificaciones", según Soro.
El Ejecutivo aragonés creará el Observatorio de la Vivienda de Aragón, una unidad administrativa que permitirá obtener datos a los poderes públicos para que puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.

Expertos en gestión de agua piden mejoras en la regulación de los acuíferos

MADRID.- La Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) ha demandado hoy una revisión del Pacto Nacional de Agua que amplíe la regulación existente sobre almacenamiento, recarga artificial y consumo del aguas subterráneas para paliar la sequía y mitigar los efectos del cambio climático.

El volumen total de los acuíferos en España puede ascender a 400.000 hectómetros cúbicos, según datos del presidente de FFGA, Fernando López Vera, repartidos en más de medio millón de pozos por toda la geografía nacional.
EL 70 % de los abastecimientos urbanos españoles procede de aguas subterráneas, y durante 2017 entre 28 y 30 millones de ciudadanos, sin contar el consumo de los 80 millones de turistas que visitaron el país, bebieron agua procedente de estos acuíferos.
Su capacidad total es "mayor que la de los embalses", ha recordado Vera, que ha presidido una jornada sobre 'Regulación hidráulica de acuíferos en España' en la que también han participado representantes del Canal de Isabel II (CYII) y el Grupo Tragsa.
Todos ellos han apostado por una gestión "íntegra y coordinada" de aguas superficiales y subterráneas para paliar los efectos de las irregularidades fluviales, como sequías o desbordamientos.
Para ello será preciso cambiar la normativa existente, según la cual el agua subterránea solo puede utilizarse como "recurso estratégico" para situaciones de emergencia.
Acotar y privatizar los perímetros con agua subterránea, revisar la definición de vertidos o fijar la titularidad de autorización de recarga artificial en los acuíferos son algunos de los requisitos planteados por el presidente de FFGA para impulsar este cambio, ante la redacción del tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca.
Su propuesta incluye también la flexibilización del uso conjunto de las masas de agua subterránea y la implicación de sus usuarios en su gestión.
Esta iniciativa permitiría regular y gestionar mejor este recurso para evitar la sobreexplotación de algunos acuíferos desde que las aguas subterráneas se incorporaran al ciclo hídrico en 1985.
La directora de operaciones del CYII, Belén Benito, ha añadido que, en el caso de Madrid, esta entidad tiene registrados hasta 80 pozos que "pueden ser susceptibles de recarga".
La incorporación de aguas subterráneas al sistema de abastecimiento de esta región a través de los acuíferos terciario detrítico y cretácico carbonatado "supuso un hito importante en la gestión de los recursos hídricos" según la definición del canal, porque permite disponer de un mayor volumen de agua para afrontar períodos de sequía o disminuciones del volumen de los embalses.
La extensión del afloramiento madrileño es de 2.600 kilómetros cuadrados y su capacidad de recarga -gracias a los interfluvios de los ríos Jarama, Manzanares y Guadarrama- es de entre 120 y 150 hectómetros cúbicos al año.
El subdirector de Soporte técnico e innovación de Tragsa, Enrique Fernández Escalante, ha insistido en que la legislación española está "retrasada respecto a la de otros países europeos como Alemania, Holanda y Bélgica", por lo que es necesario resolver las "múltiples barreras legislativas y administrativas" en el sector.

Oda entusiasta al jefe / Pedro Costa Morata *

El corte, franquista tópico, familiar y bien conocido para los de mi edad (y la suya); el estilo, turiferario y fantasioso, con anulación del siervo fiel ante el excelso patrón; el objeto, ensalzar al jefe supremo, del que se asegura que se desvelará por los murcianos más, si cabe, en este 2018; el contenido, muy acorde con las notas anteriores, banal e infantil hasta el mero ridículo: carreteras, Aves, aeropuertos, zonas logísticas, una orgía de inversiones y, en consecuencia, una romería de fastos, todo ello para este Año del Líder, un espectáculo de asfalto y hormigón sin precedentes en esta tierra tan necesitada pese a fidelísima, arrinconada por tantos traidores y seleccionada, por fin, por quien sabe y quiere premiar y redimir.

Los dos textos que en este periódico (2 de enero: «La Región de murcia por tierra mar y aire», y 12 de febrero: «Un firme compromiso con la Región cifrado en 2.492 millones de euros») dedica a los murcianos nuetro diputado, regional y popular, Juan Gullamón, nos han descrito, en entusiasmada prosa y rigurosa exageración, la apoteosis que viviremos en este año en el que, ya bien entrados, no advertimos, sin embargo, y a diferencia del panegirista, más que corrupción e incompetencia en muchos de sus correligionarios, y en su partido como acusada seña de identidad.

Así, así como el de Guillamón eran los discursos de ministros como Solís Ruiz, Utrera Molina y el mismo Fraga Iribarne, cuando aludían a las realizaciones del Caudillo o hacían de teloneros en las inolvidables inauguraciones de embalses, refinerías o centrales nucleares; y babeaban de placer mientras ensalzaban al invicto y excelente, al salvador de la patria y de sus desvalidos moradores. 

Nuestro hombre en la Asamblea se ha limitado a copiar, de forma fidelísima, los discursos lacayescos que tomaban por Dios, o poco menos, al Supremo; y quien lo dude deberá consultar las hemerotecas y podrá así recuperar el ambiente político de exaltación y servilismo sonrojantes hacia el Generalísimo de tierra, mar y aire. 

«Por tierra, mar y aire», en efecto, dice Guillamón que ha dicho el presidente López Miras que «entraremos en el siglo XXI», ya que eso de alcanzar un «futuro de progreso y bienestar» parece ser cosa que depende del asfalto y el hormigón, su religión de cabecera como hombre objetivo, sansimoniano y creativo que es: puro vanguardista del cemento y los proyectos duros, un hombre-asfalto, cuya vida de entrega a lo público se sublima con los presupuestos millonarios (¡2.492 millones de para los murcianos, ni uno más ni uno menos) y las obras ampulosas, procedentes todas ellas de la magnanimidad de Rajoy y López Miras para con la Región.

Para acompañar tan estrambóticos textos, que son imagen de esa cabecica tan radicalmente fuera de la realidad (pero que empieza a regalarnos con producciones cada vez más frecuentes en las que se sobrepone lo divertido de la tontería a lo riguroso de la información), es oportuno recoger aquí algunas de las ´perlas murcianas´ tomadas de la prensa regional, que sí reflejan el patoso, aborrecible e insostenible estado de la Región, que esas sí han de relacionarse con la realidad del ejercicio político de los compadres del parlamentario, y que redactaré de seguido a ver si transmito a los lectores la misma cólera que a mí me embarga.

Cuatro de cada diez niños murcianos están en riesgo de pobreza o exclusión social, según Unicef-Murcia; hace tres años fue Save the Children la organización que situó a nuestros pequeños en la cola de España, hundidos en el profundo sur tercermundista. La Región ostenta el liderazgo en obesidad infantil, con Canarias y Andalucia, lo que se ha triplicado en los últimos veinte años. Nuestros jóvenes figuran en segunda posición (por detrás, claro) en la tasa de abandono escolar; y nuestros universitarios constituyen el más bajo porcentaje (pese a disponer de tres instituciones de rango superior). 

Los jubilados murcianos son los terceros que menos cobran del país, con 809 euros de pensión media (111 euros menos que la media nacional). El gasto sanitario per cápita es el tercero por la cola. Somos la segunda región con peores servicios sociales, con 224 euros per cápita frente a la media española de 309. Murcia es la cuarta región con la renta per cápita más baja (ganando sólo a Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha). 

Peor todavía andamos en un indicador más ajustado, la riqueza familiar disponible, que no solamente figura en tercer lugar por la cola sino que ha ido alejándose de la media nacional en los últimos quince años. Sin dejar de lado que estamos en el furgón de cola en empleo cualificado, así como en salarios medios (nos ¡ganan¡ Canarias y Extremadura), con la nota adicional de que nuestra brecha con la media sigue ensanchándose. 

El extático propagandista es un raro político perteneciente a la variedad ingenieril menos sensible (por pretender ser realista y práctica) a las necesidades y derechos sociales, minucias despreciables en las que no hay por qué pararse. 

No necesito, en esta ocasión, detenerme en los silencios de los textos guillamonianos, tan rotundos al eludir el espectáculo y el coste del aeropuerto; el saqueo de lo público que implica la quiebra de la autopista Cartagena-Vera, que tanto defendió y cuyo fracaso se anunció por activa y por pasiva; o el nutrido espectro de escándalos políticos, el último de los cuales, el de los responsables políticos de la pocilga del Mar Menor, deberá enturbiar algo este 2018 que tan brillante nos anuncia.

Son, los aludidos, unos textos panfletarios carentes de cualquier valor informativo o de la menor fuerza reflexiva, tal es su falta de calidad y si nos atenemos al fatuo estilo prometedor y a los habituales y dilatadísimos plazos de cumplimiento (cuando lo hay, porque proyectos prometidos e incumplidos abundan sobremanera). 

Entre otras razones porque el exaltado político carece de la menor capacidad para hacerlos realidad o de influir en ellos. Unos textos que (más allá de la generosa acogida que este periódico concede a este político en ejercicio) supongo que habrá tenido que pagar como publicidad político-electoral, que es lo que, en puridad, resultan ser.



(*) Ecologista e ingeniero jubilado



La apuesta de Escolano / Primo González *

Román Escolano es el nuevo timonel de la economía española. Es una persona de perfil político modesto que tendrá que hacerse un nombre en el mundo económico, algo que también le sucedía en su día a su antecesor Luis de Guindos, que ahora se va al Banco Central Europeo como “número dos”.  

No le costará mucho porque  el puesto  de titular de Economía es bastante exigente en carga de trabajo en todos los frentes posibles, internos y externos, además de enfrentarse a una exigente agenda doméstica que en los próximos meses no está carente de compromisos, desde el espinoso asunto de las pensiones  hasta hipotéticos  retoques en el mapa bancario español, en los que el titular de Economía algo tendrá que decir, sobre todo en el futuro de la participación del Estado en Bankia, sin olvidar  citas  fijas como la designación del nuevo gobernador del Banco de España, que no está tan lejana.

Los dos ministros, Guindos y Escolano,  tienen en común bastantes cosas: perfil técnico predominante, funcionarios (siendo Rajoy Presidente del Gobierno sería impensable otra cosa) de cuerpos de élite del Estado (técnicos comerciales),  rodaje internacional abundante, tanto en instituciones públicas como privadas, buen conocimiento de los engranajes comunitarios  que pivotan en torno a Bruselas y experiencia como directivos de alto nivel en instituciones financieras privadas. 

Escolano ha prestado sus servicios en BBVA aunque su trayectoria como directivo bancario ha estado sobre todo   centrada en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en donde trabajaba en la actualidad como uno de los vicepresidentes.

La  herencia que recibe Escolano no se puede considerar precisamente mala. Guindos deja la economía española en una posición  bastante envidiable, por mucho que los partidos de la oposición y los sindicatos hayan invitado al nuevo responsable de la economía a poner en práctica un cambio radical respecto a las principales líneas de actuación del  Gobierno en  esta  materia.

La cuestión económica,  aunque no sea patrimonio exclusivo del titular de Economía, constituye el principal activo sobre el que Mariano  Rajoy  puede acreditar una buena gestión, con datos muy precisos.  En otras vertientes de la gestión gubernamental se puede especular o realizar valoraciones más o menos subjetivas. 

En materia económica, las cifras ejercen un poderoso influjo sobre el diagnóstico.  Es posiblemente el área en la que el actual Ejecutivo puede vanagloriarse de  haber superado las expectativas que se habían puesto en este Gobierno cuando accedió al poder.

Es por este motivo quizás por  el que Rajoy ha huido de aventuras o de apuestas más o menos audaces, algo que podría haber intentado habida cuenta de la fase del ciclo económico  en la que nos encontramos, con una valoración internacional altamente positiva y con un grado de aceptación interna que desde luego es bastante variopinta pero que presenta pocos argumentos para  formular críticas demoledoras. 

Hay muchos frentes sobre los que actuar pero si Escolano dirige la nave económica del país con medio millón de empleos nuevos cada año, habrá dado por buena una gran parte del cometido para el que ha sido reclutado.


(*) Periodista y economista


España exige 'tino' a Bruselas en su respuesta a las medidas arancelarias de EEUU / José Hervás *

El Gobierno es­pañol ha re­co­men­dado "tino" y "mesura" a la Comisión Europea a la hora de res­ponder a las me­didas aran­ce­la­rias que el pre­si­dente de Estados Unidos tiene pre­visto firmar en los pró­ximos días. Después de que Donald Trump lo anun­ciara la se­mana pa­sada, pese a los men­sajes en­viados desde la Unión Europea y China, y a la di­mi­sión de su prin­cipal asesor eco­nó­mico, Donald Trump tiene pre­visto man­tener su apuesta.
Tan decidido está el líder norteamericano en seguir adelante con su propósito de poner los aranceles al acero y el aluminio que su principal asesor económico, Gary Cohn, ha anunciado su renuncia al puesto en las próximas semanas. La razón de su decisión es justamente su total desacuerdo con Trump sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
En la rueda de prensa conjunta que ha dado el presidente americano y el primer ministro sueco, Stefan Löfven, de visita en EEUU, Trump ha justificado su decisión diciendo que la Unión Europea no ha tratado bien a EEUU, añadiendo que si levanta sus barreras comerciales se replanteará si aplica o no aranceles.
Donald Trump ha obviado hacer ninguna alusión a que las relaciones se rigen según los acuerdos alcanzados en con la Organización Mundial del Comercio.
Como la Comisión Europea ha dado por seguro que Trump mantendría su amenaza en las últimas horas ha fijado los principios que regirán en sus medidas de retorsión. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com conocedoras de los detalles de la decisión de Bruselas, el Ejecutivo comunitario ha optado porque las medidas de respuesta afecten, además de al acero y al aluminio, al sector industrial y al sector agrario de EEUU.
De acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio los países que se ven afectados por la decisión unilateral de un miembro de la OMC de imponer barreras arancelarias no previstas, estos pueden responder imponiendo a su vez otras medidas equivalentes, pero que sumen solo la mitad de la iniciativa del país que abre el proceso.
Además, Bruselas también tiene previsto denunciar ante la OMC la decisión de Donald Trump, una vez que se conozcan los detalles de la decisión del presidente de EEUU, para que sea este organismo con sede en Ginebra quien decida sobre la improcedencia de los nuevos aranceles.
Aunque el Ejecutivo comunitario ha preparado la respuesta a Trump en constante contacto con el Consejo, algunos sectores españoles temen que la represalia europea pueda conllevar consecuencias negativas para sus intereses exportadores.
Según fuentes comunitarias lo aprobado por la Comisión es solamente un acuerdo político, un preacuerdo, entre los Estados miembros y Bruselas para tener preparada la respuesta a la que califican de actitud irresponsable de Donald Trump. En caso de que las medidas afectaran negativamente a alguna empresa de los Estados miembros se adoptarían medidas para resolver el conflicto. Pese a ello se da por descontado que el proceso generará imprevistos.
El sector agrario español mira con cierto recelo la situación. Un tercio de las medidas del preacuerdo de Bruselas para responder a Trump están relacionados con el sector agrario.



(*) Periodista

Los catalanes tienen la culpa de todo / Ramón Cotarelo *

También de que Rajoy sea un inepto y no consiga gobernar ni aprobar los presupuestos, ni normalizar la situación en Cataluña. El B155 está desatado y sus razonamientos no pueden ser más peregrinos. 

Según El País la causa de la parálisis de la legislatura es la crisis catalana. Es una pura inversión de la relación causal. La causa de la paralización de la legislatura y la ineptitud del gobierno no es la "crisis catalana"; esta no es la causa de aquellas parálisis e ineptitud, sino su efecto. 

La legislatura está paralizada por una especie de acuerdo entre truhanes. El gobierno está en minoría, pero gobierna por decreto ley, sin hacerlo a traves del parlamento y con un acuerdo implícito de la oposición que renuncia a ponerlo en un brete o incluso a derribarlo mediante una moción de censura a cambio de que por su parte no haga nada. La ineptitud del gobierno corre paralela con la irrelevancia del Parlamento y el activismo de unos jueces, movilizados por gobernante que no sabe cómo salir del atolladero en que se ha metido él solo.

Los prosupuestos no están bloqueados por el PNV sino por el 155. Lo que bloquea todo y todo lo paraliza es el 155. En la situación actual empieza a cundir la idea de que los indepes catalanes posterguen la investidura del presidente para que M. Rajoy se vea obligado a levantar el 155 antes de que aquella se produzca y a los efectos de que el PNV acepte discutir del presupuesto y lo desbloquee. 

Sería un cálculo razonable si el B155 actuara por criterios democráticos y humanos. Pero no es el caso. Si los catalanes no hacen lo que el gobierno quiere, seguirá el 155 y, mientras siga el 155, no habrá presupuestos de 2018. Se prorrogarán los de 2017 con general descalabro. 

Al final, los catalanes van a tener también la culpa de que un gobierno que no sabe gobernar no pueda gobernar y se vea obligado a convocar elecciones por su incapacidad.

Agotar todas las vías 

La partida de la investidura es muy complicada. El terreno en que se juega es movedizo y carece de límites claros. El comportamiento del B155 es imprevisible. Por eso corresponde a los indepes ir tentando las posibilidades de llevar adelante su proyecto republicano. Hacer política, como siempre. A eso responde este acuerdo de JxC y ERC de investir a Sánchez al tiempo que pide una moratoria para convencer a la CUP.

Si de convicción va, se me ocurre la siguiente: la CUP quería investir presidente a Puigdemont, ¿por qué no a quien Puigdemont señale habiéndose él apartado voluntariamente? En principio, si se apoya a Puigdemont, se apoyará su decisión. ¿O eso depende de cuál sea la decisión? Entonces es que no se le apoyaba. Solo por ser congruentes.

En lo demás, la propuesta de Sánchez obliga al B155 a dar pasos en su estrategia. El gobierno piensa que el Supremo no permitirá al preso Sánchez asistir a su investidura y si, contra toda razón y sentido del Estado lo permite, listo está ya el recurso al otro Tribunal amigo. El Constitucional, siempre presto a amparar la causa de la justicia nacional. Es decir, Sánchez probablemente no podrá ser investido y la situación volverá al punto de partida. 

Aquí ya sí que el movimiento indepen deberá tomar una decisión, elegir un camino, como cuando Hércules hubo de decidirse entre la virtud y el vicio. Esto es: la mayoría republicana independentista proclama la República Catalana, inviste presidente a Puigdemont y se prepara para lo que se le venga encima o bien esa misma mayoría inviste presidente a un candidato al que el B155 no objete y cuya misión habrá de consistir en el levantamiento del 155 y la recuperación del autogobierno, si bien nada de esto parece practicable en presencia de presos y exiliados políticos.

El problema, en realidad, no es la investidura en sí; el problema es que Catalunya no puede gobernarse en situación de arbitrariedad y excepción. Que la única solución razonable es el reconocimiento del resultado de las elecciones de 21  diciembre, el levantamiento del 155 a todos los efectos, la cancelación de todos los procedimientos represivos, judiciales, administrativos, policiales, la liberación de los presos, el retorno de los exiliados y el restablecimiento del orden institucional en Catalunya bajo la presidencia de Puigdemont.

El resto ya es cosa de la política. De otra política. 

Mañana, todas a la huelga

Hasta Rajoy ha tenido que rectificar a dos de las mujeres más machistas de su partido, Cristina Cifuentes (presidenta de la CA Madrid) e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura. Ambas habían hablado de hacer "huelga a la japonesa", lo cual, por supuesto, es una pura estupidez. Hacer huelga "a la japonesa" en el Japón tiene sentido porque es huelga de verdad; hacerla aquí es otra cosa. Se llama comportamiento de "esquirol" o rompehuelgas. Y hasta Rajoy está en contra.

¿Por qué? Porque a todo el mundo se le alcanza que se trata de una huelga absolutamente justificada: tiene motivación económica en la brecha salarial; motivación política en la patente desigualdad de género en todas las actividades sociales y políticas, empezando por los partidos que dan prueba de ella mientras dicen combatirla; motivación social en la violencia machista en la sociedad. 
 
Tiene todas las motivaciones y legitimaciones y hace falta ser muy duro de mollera para no admitirlo. He leído que la señora Arrimadas y el señor Rivera se oponen a la huelga porque dicen que es anticapitalista y que ellos son partidarios del capitalismo. De donde se sigue que Rajoy, al apoyarla en cierto modo, es un peligroso antisistema. Aunque los políticos no lo crean, hablar no es obligatorio, sobre todo si no se tiene nada que decir.

La huelga de mañana merece todo el apoyo, especialmente si, en lugar de ser un hecho aislado, se convierte en el origen de una acción política más decisiva de las mujeres como tales y no como la parte femenina o feminista de las empresas patriarcales.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El montorismo y la caza de brujas / José Antich *

Quizás habrá que empezar a acuñar nombres para que nos entendamos. De la misma manera que hace casi 70 años el macartismo tuvo como objetivo crear un clima de sospecha permanente que se alimentaba de rumores y de la difamación, olvidando el principio de la presunción de inocencia, con el objetivo de perseguir a los comunistas y con el senador católico Joseph McCarthy a la cabeza, el montorismo lleva tiempo empeñado en una auténtica caza de brujas contra el soberanismo. 

La petición del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya requiriendo a la interventora general de la Generalitat para que le informe de los pagos y ayudas otorgados desde 2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas que sólo tienen en común su supuesta ideología soberanista o una posición favorable al referéndum del 1 de octubre tiene cuando menos un aire inquisitorial aprovechando el vacío de poder que el gobierno español ha creado al suspender la autonomía en Catalunya.

El montorismo es imprescindible en la caza de brujas contra el soberanismo. Como lo es, desde otro punto de vista, la creación del falso relato que lamentablemente ha cuajado en España de la violencia de los hechos del pasado septiembre en Barcelona frente a la conselleria de Economia y por los que permanecen encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todo el mundo sabe que no fue un acto de violencia, ni de rebelión, ni de sedición el que se produjo en rambla de Catalunya pero se ha impuesto un relato a base de fake news y de muchos millones gastados en propaganda. 

Hará falta tener la perspectiva que solo da el tiempo para conocer en detalle como se tejió toda una sarta de mentiras que permitiera transitar de la violencia en el País Vasco a la violencia en Catalunya. Allí, con cientos de muertos provocados por la organización terrorista ETA y aquí con una modélica actitud pacífica del independentismo, incluso el 1 de octubre, cuando la policía española protagonizó secuencias de represión indiscriminada que dieron la vuelta al mundo.

La lista del montorismo que debe ser enviada por la Generalitat antes del día 12 a las diez de la mañana, casualmente el día y la hora que debe empezar la sesión del Parlament para la investidura de Jordi Sànchez, está repleta de nombres conocidos  tanto de asociaciones como de particulares.

 Desde el conglomerado de empresas de Mediapro hasta el diario Ara pasando por comunicadores tan importantes como Toni Soler, Antoni Bassas, Xavier Bosch, Albert Om, el empresario Ferran Rodés o la empresa Agrolimen. También aparecen Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Neus Lloveras, Oriol Soler, Eduard Voltas y un largo etcétera. El objetivo no disimulado de Montoro es vincular cualquier pago efectuado con financiación del procés y a partir de aquí poder plantear una causa de malversación de fondos públicos.

Volvamos al macartismo y el clima de sospecha permanente. ¿Suena a exagerado ver en el montorismo los mismos métodos de rumores y difamación para desacreditar a personas y entidades por el simple hecho de tener una ideología determinada?. ¿No es eso lo más comparable a aquella caza de brujas anticomunista en los Estados Unidos, aceptada por el establishment de la época en Norteamérica, hoy transformada aquí en una caza del independentismo?

Sànchez, candidato oficial
 
Jordi Sànchez, presidente de la ANC hasta su entrada en prisión y actualmente diputado de Junts per Catalunya, es ya oficialmente el candidato a la presidencia de la Generalitat propuesto por el titular del Parlament, Roger Torrent. La sesión de investidura de Sànchez no tiene fecha, a la espera de que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana cierren el acuerdo programático de gobierno, el reparto de conselleries y el resto de flecos de una negociación compleja en que los republicanos han hecho valer sus resultados para alcanzar un reparto del 50% para cada formación. 

En cualquier caso, lo razonable es que Roger Torrent anuncie la fecha del pleno antes de que finalice esta semana.

La anunciada abstención de la CUP no ha cambiado el guion de las dos formaciones independentistas. Tampoco el temor a que los 70 teóricos diputados republicanos a favor de Sànchez acaben quedando en 64 después de las cuatro abstenciones anunciadas por los cupaires y los dos votos del president Carles Puigdemont y el conseller Antoni Comín, exiliados en Bruselas a raíz de la suspensión de la autonomía catalana y la aplicación del 155. 

Esos 64 votos serían insuficientes frente a los 65 en contra que sumarían Ciudadanos, PSC, los comuns y el Partido Popular. Un cóctel ciertamente muy variopinto y de colores políticos muy diferentes pero dispuesto a cerrar el paso a Jordi Sànchez, que este lunes ha cumplido 140 días en la cárcel de Estremera.

Si el guion se mantiene, en pocas fechas la patata caliente que supone para el Estado la candidatura de Jordi Sànchez iniciará su peregrinaje por, al menos, dos instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Uno de los dos o ambos a la vez deberán decidir sobre su salida de prisión como candidato y sobre su candidatura. 

De ambos casos hay precedentes favorables, como se ha recordado reiteradamente, por una candidatura al Parlamento de Vitoria de un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, en 1987. Pero ahora parece que el Estado quiere aplicar una vara de medir que no empleó con el recluso etarra y está dispuesto a convertir a Sànchez en inelegible, una hipótesis que muchos juristas consideran fuera de la legalidad vigente y alguno incluso ha llegado a considerar un acto de prevaricación.

En cualquier caso, en el fondo del debate vale la pena tener en cuenta dos elementos importantes: lo que ahora decida la justicia española se acabará viendo un día en los tribunales europeos con las consiguientes consecuencias y, en segundo lugar, hay una voluntad firme por parte de las altas instancias del Estado respecto a que el decreto de nombramiento de Jordi Sànchez no llegue nunca a la mesa del jefe del Estado para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta última circunstancia va a ser clave en los próximos días.

Seguramente por todo ello, el tema de los cuatro votos de la CUP no es el más importante y ha pasado estratégicamente a un segundo término. Si la candidatura de Sànchez sale de puerto será el momento de cerrar un acuerdo sobre los votos de los parlamentarios cupaires.


 
 
 (*) Periodista y ex director de La Vanguardia

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Las va­riadas fa­cetas del cisco ca­talán si­guen re­cla­mando lu­gares pre­fe­rentes en los me­dios este miér­co­les: desde el inicio de la cuenta atrás de la in­ves­ti­dura en un viaje no se sabe a dónde y la re­cla­ma­ción de Hacienda por los gastos del 'procés', hasta la bronca de em­pre­sa­rios ale­manes al se­pa­ra­tismo y más re­ve­la­ciones de la pro­ce­losa vida oculta de los Mossos. 

Comparten tam­bién por­tadas y ti­tu­lares pre­fe­ren­tes: la triple de­manda del me­xi­cano Del Valle en EEUU, en Europa y en España por la re­so­lu­ción del Popular; el anuncio de Fomento de re­baja del 12% de las ta­rifas aé­reas en 2019; el aban­dono por el PSOE de la mesa por el pacto edu­ca­tivo, la re­forma más cru­cial para el fu­turo de España; el ca­len­ta­miento previo a la huelga de mañana en el Día de la Mujer Trabajadora; y el lla­ma­miento de Dimas Gimeno, pre­si­dente de El Corte Inglés, a un trato fiscal y re­gu­la­torio equi­ta­tivo que no fa­vo­rezca a los gi­gantes tec­no­ló­gicos como Amazon. 

Y a todo esto, el atasco ge­ne­ral, que El País ti­tula así: 'La crisis de Cataluña blo­quea el pre­su­puesto y pa­ra­liza la le­gis­la­tura: el man­te­ni­miento del 155 im­pide el apoyo del PNV y tam­bién se aleja el de Ciudadanos (A. Díez y J.J. Mateo). El mismo diario avanza el in­forme eco­nó­mico y so­cial de la UE que se pre­senta hoy: 'Bruselas alerta del alto nivel de de­sigualdad y po­breza en España pese a la re­cu­pe­ra­ción: cri­tica la tem­po­ra­lidad y una po­lí­tica so­cial 'inconsistente', con menor poder de re­dis­tri­bu­ción que en el resto de la UE (Claudi Pérez). 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Sobre banca y fi­nan­zas, Miguel Alba y Tono Calleja cuentan en Vozpopuli que 'El juez em­barga a Rato su pen­sión como pre­si­dente de Caja Madrid'. En Expansión, Salvador Arancibia ti­tula que 'Sabadell re­cibe 3.200 mi­llones del FGD por la CAM'. El Economista dice que 'Sabadell gasta 382 mi­llones en su fi­lial bri­tá­ni­ca'. • Sobre em­pre­sas, El Economista dice que 'Repsol ge­ne­rará hasta mil mi­llones con la venta de su ne­gocio bri­tá­nico: ha re­gre­sado a be­ne­fi­cios y pro­duce más' (Rubén Esteller). El Confidencial: Galán se reúne con el emir de Qatar en pleno cambio ac­cio­na­rial en Iberdrola: ha via­jado esta se­mana a Doha para re­unirse con el pre­si­dente y el con­se­jero de­le­gado de Qatar Investment Authority (QIA), su mayor ac­cio­nista (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Prisa es­tudia la venta de 'Le Monde' y re­ajusta su ne­gocio au­dio­vi­sual (Álvaro G. Zarzalejos)...

...En Capital Madrid, Héctor Chamizo dice que 'Las ace­reras com­pensan con la subida de pre­cios los riesgos de la guerra co­mer­cial'. En el mismo me­dio, Carlos Álvaro cuenta que sube el op­ti­mismo em­pre­sa­rial es­pañol res­pecto a Latinoamérica y que el 75% de las em­presas prevé elevar sus in­ver­siones allí en 2018. Vozpopuli: Adif ad­ju­dica el con­trato clave para que el AVE atra­viese Pajares con una baja cer­cana al 35% (Raúl Pozo). Sobre Abertis, Miguel Ángel Patiño dice en Expansión que 'Atlantia sube el di­vi­dendo para res­ponder a ACS en la opa por Abertis', mien­tras Cinco Días des­taca que 'ACS li­mita el riesgo en Australia para ar­marse ante el pulso por Abertis'. 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL. Le Monde tam­bién ade­lanta algo sobre el in­forme eco­nó­mico y so­cial de la UE que pre­sen­tará hoy el co­mi­sario Pierre Moscovici: 'Bruselas tiene en el punto de mira a siete países por fa­vo­recer la eva­sión fis­cal, son Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda. • Financial Times ade­lanta en pri­mera plana que Bruselas y París le van a dar otra mala no­ticia hoy a la pri­mera mi­nistra bri­tá­nica Theresa May: se puede des­pedir de su sueño de que la City fi­nan­ciera lon­di­nense man­tenga des­pués del Brexit ac­ceso al mer­cado único. • Y tras la di­mi­sión de Gary Cohn como asesor prin­cipal de Trump en Economía al estar en desacuerdo con la im­po­si­ción de aran­celes que au­gura una guerra co­mer­cial, CNBC llama la aten­ción: ahora queda como gran gurú en la Casa Blanca el cam­peón del pro­tec­cio­nismo, Peter Navarro. 

OPINIÓN. Editorial en El Mundo: ‘El necio re­torno del ‘no es no: el pacto de Estado por la Educación en España se pa­rece a la caza del uni­cor­nio, un con­senso tan deseable como qui­mé­ri­co’. Otro edi­to­rial: ‘Podemos in­curre en lo mismo que cri­ti­ca’. Editorial en El País: ‘Igualdad en li­ber­tad: la de­mo­cracia es in­com­pa­tible con la dis­cri­mi­na­ción de las mu­je­res‘. Editorial en La Vanguardia: ‘Distensión en Corea‘. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'Italia fa­vo­rece la inercia de Rajoy: la es­ta­bi­lidad de España gana valor en la UE tras la vic­toria de los po­pu­listas en Italia'. 

Editorial en El Periódico: ‘La oferta de diá­logo del líder Kim‘. Jordi Mercader en el mismo dia­rio: ‘Interpretando a Joan Tardà’. Enric Hernàndez en el mismo dia­rio: ‘De ‘Vilas’ y ‘Tardàs’: sin más ‘traidores’ como Vila y Tardà que cuenten a los in­de­pen­den­tistas las ver­dades del ‘procés’, Catalunya se abo­cará al co­lap­so’. José Antonio Bueno en el mismo dia­rio: ‘Feliz cum­pleaños, Seat’. 

Editorial en ABC: ‘Un chan­taje inacep­table al Supremo: queda al des­cu­bierto en toda su di­men­sión la trampa que quiere tender el se­pa­ra­tis­mo‘. Otro edi­to­rial: ‘Los es­pañoles no pueden contar con el PSOE’. Editorial en La Razón: 'Una po­licía neu­tral en Cataluña'. Cardenal Cañizares en el mismo dia­rio: ‘En de­fensa de la mu­jer’. Editorial en El Español: ‘Cataluña, la farsa con­ti­núa‘. Editorial en Cinco Días: ‘Una in­dus­tria que se des­pide del diésel y mira a un fu­turo de tec­no­logía lim­pia‘. 

Bernardo de Miguel en el mismo dia­rio: ‘Macron re­cluta a Rivera para con­trolar Bruselas’. Miquel Giménez en Vozpopuli: ‘¿Por qué quieren ganar tiempo los in­de­pen­den­tis­ta­s?'. José Alejandro Vara en el mismo me­dio: ‘Atento, Albert, el PP es un par­tido para vie­jos’. Joan Tapia en El Confidencial: ‘¿Qué pro­pone Joan Tardà?’. Editorial en Cinco Días: ‘Una in­dus­tria que se des­pide del diésel y mira a un fu­turo de tec­no­logía lim­pia‘.


(*) Periodista


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