Quizás habrá que empezar a acuñar nombres para que nos entendamos. De la misma manera que hace casi 70 años el macartismo tuvo
como objetivo crear un clima de sospecha permanente que se alimentaba
de rumores y de la difamación, olvidando el principio de la presunción
de inocencia, con el objetivo de perseguir a los comunistas y con el
senador católico Joseph McCarthy a la cabeza, el montorismo
lleva tiempo empeñado en una auténtica caza de brujas contra el
soberanismo.
La petición del secretario de Estado de Hacienda, José
Enrique Fernández de Moya requiriendo a la interventora general de la
Generalitat para que le informe de los pagos y ayudas otorgados desde
2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y
empresas que sólo tienen en común su supuesta ideología soberanista o
una posición favorable al referéndum del 1 de octubre tiene cuando menos
un aire inquisitorial aprovechando el vacío de poder que el gobierno
español ha creado al suspender la autonomía en Catalunya.
El montorismo es imprescindible en la caza de brujas contra el soberanismo.
Como lo es, desde otro punto de vista, la creación del falso relato que
lamentablemente ha cuajado en España de la violencia de los hechos del
pasado septiembre en Barcelona frente a la conselleria de Economia y por
los que permanecen encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Todo el mundo sabe que no fue un acto de violencia, ni de rebelión, ni
de sedición el que se produjo en rambla de Catalunya pero se ha impuesto
un relato a base de fake news y de muchos millones gastados en
propaganda.
Hará falta tener la perspectiva que solo da el tiempo para
conocer en detalle como se tejió toda una sarta de mentiras que
permitiera transitar de la violencia en el País Vasco a la violencia
en Catalunya. Allí, con cientos de muertos provocados por la
organización terrorista ETA y aquí con una modélica actitud pacífica del
independentismo, incluso el 1 de octubre, cuando la policía española
protagonizó secuencias de represión indiscriminada que dieron la vuelta al mundo.
La lista del montorismo que debe ser enviada por la Generalitat antes
del día 12 a las diez de la mañana, casualmente el día y la hora que
debe empezar la sesión del Parlament para la investidura de Jordi
Sànchez, está repleta de nombres conocidos tanto de asociaciones como
de particulares.
Desde el conglomerado de empresas de Mediapro hasta el
diario Ara pasando por comunicadores tan importantes como Toni Soler, Antoni Bassas, Xavier Bosch, Albert Om, el empresario Ferran Rodés o
la empresa Agrolimen. También aparecen Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Neus Lloveras, Oriol Soler, Eduard Voltas y un largo etcétera. El
objetivo no disimulado de Montoro es vincular cualquier pago efectuado
con financiación del procés y a partir de aquí poder plantear una causa
de malversación de fondos públicos.
Volvamos al macartismo y el clima de sospecha permanente. ¿Suena a
exagerado ver en el montorismo los mismos métodos de rumores y
difamación para desacreditar a personas y entidades por el simple hecho
de tener una ideología determinada?. ¿No es eso lo más comparable a
aquella caza de brujas anticomunista en los Estados Unidos, aceptada por
el establishment de la época en Norteamérica, hoy transformada aquí en una caza del independentismo?
Sànchez, candidato oficial
Jordi Sànchez, presidente de la ANC hasta su entrada en prisión y
actualmente diputado de Junts per Catalunya, es ya oficialmente el
candidato a la presidencia de la Generalitat propuesto por el titular
del Parlament, Roger Torrent. La sesión de investidura de Sànchez
no tiene fecha, a la espera de que Junts per Catalunya y Esquerra
Republicana cierren el acuerdo programático de gobierno, el reparto de
conselleries y el resto de flecos de una negociación compleja en que los
republicanos han hecho valer sus resultados para alcanzar un reparto
del 50% para cada formación.
En cualquier caso, lo razonable es que Roger Torrent anuncie la fecha del pleno antes de que finalice esta semana.
La anunciada abstención de la CUP no ha cambiado el guion de las dos formaciones independentistas. Tampoco el temor a que los 70 teóricos diputados republicanos a favor de Sànchez acaben quedando en 64 después de las cuatro abstenciones anunciadas por los cupaires y los dos votos del president Carles Puigdemont y el conseller Antoni Comín, exiliados en Bruselas a raíz de la suspensión de la autonomía catalana y la aplicación del 155.
Esos 64 votos serían insuficientes frente a los 65 en contra que sumarían Ciudadanos, PSC, los comuns y el Partido Popular. Un cóctel ciertamente muy variopinto y de colores políticos muy diferentes pero dispuesto a cerrar el paso a Jordi Sànchez, que este lunes ha cumplido 140 días en la cárcel de Estremera.
Si el guion se mantiene, en pocas fechas la patata caliente que supone para el Estado la candidatura de Jordi Sànchez iniciará su peregrinaje por, al menos, dos instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Uno de los dos o ambos a la vez deberán decidir sobre su salida de prisión como candidato y sobre su candidatura.
De ambos casos hay precedentes favorables, como se ha recordado reiteradamente, por una candidatura al Parlamento de Vitoria de un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, en 1987. Pero ahora parece que el Estado quiere aplicar una vara de medir que no empleó con el recluso etarra y está dispuesto a convertir a Sànchez en inelegible, una hipótesis que muchos juristas consideran fuera de la legalidad vigente y alguno incluso ha llegado a considerar un acto de prevaricación.
En cualquier caso, en el fondo del debate vale la pena tener en cuenta dos elementos importantes: lo que ahora decida la justicia española se acabará viendo un día en los tribunales europeos con las consiguientes consecuencias y, en segundo lugar, hay una voluntad firme por parte de las altas instancias del Estado respecto a que el decreto de nombramiento de Jordi Sànchez no llegue nunca a la mesa del jefe del Estado para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta última circunstancia va a ser clave en los próximos días.
Seguramente por todo ello, el tema de los cuatro votos de la CUP no es el más importante y ha pasado estratégicamente a un segundo término. Si la candidatura de Sànchez sale de puerto será el momento de cerrar un acuerdo sobre los votos de los parlamentarios cupaires.
En cualquier caso, lo razonable es que Roger Torrent anuncie la fecha del pleno antes de que finalice esta semana.
La anunciada abstención de la CUP no ha cambiado el guion de las dos formaciones independentistas. Tampoco el temor a que los 70 teóricos diputados republicanos a favor de Sànchez acaben quedando en 64 después de las cuatro abstenciones anunciadas por los cupaires y los dos votos del president Carles Puigdemont y el conseller Antoni Comín, exiliados en Bruselas a raíz de la suspensión de la autonomía catalana y la aplicación del 155.
Esos 64 votos serían insuficientes frente a los 65 en contra que sumarían Ciudadanos, PSC, los comuns y el Partido Popular. Un cóctel ciertamente muy variopinto y de colores políticos muy diferentes pero dispuesto a cerrar el paso a Jordi Sànchez, que este lunes ha cumplido 140 días en la cárcel de Estremera.
Si el guion se mantiene, en pocas fechas la patata caliente que supone para el Estado la candidatura de Jordi Sànchez iniciará su peregrinaje por, al menos, dos instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Uno de los dos o ambos a la vez deberán decidir sobre su salida de prisión como candidato y sobre su candidatura.
De ambos casos hay precedentes favorables, como se ha recordado reiteradamente, por una candidatura al Parlamento de Vitoria de un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, en 1987. Pero ahora parece que el Estado quiere aplicar una vara de medir que no empleó con el recluso etarra y está dispuesto a convertir a Sànchez en inelegible, una hipótesis que muchos juristas consideran fuera de la legalidad vigente y alguno incluso ha llegado a considerar un acto de prevaricación.
En cualquier caso, en el fondo del debate vale la pena tener en cuenta dos elementos importantes: lo que ahora decida la justicia española se acabará viendo un día en los tribunales europeos con las consiguientes consecuencias y, en segundo lugar, hay una voluntad firme por parte de las altas instancias del Estado respecto a que el decreto de nombramiento de Jordi Sànchez no llegue nunca a la mesa del jefe del Estado para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta última circunstancia va a ser clave en los próximos días.
Seguramente por todo ello, el tema de los cuatro votos de la CUP no es el más importante y ha pasado estratégicamente a un segundo término. Si la candidatura de Sànchez sale de puerto será el momento de cerrar un acuerdo sobre los votos de los parlamentarios cupaires.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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