Se convocaron 800 plazas por el sistema de ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en el que no se habían convocado bajo esta modalidad desde 1992. Sin embargo, la mayoría de las plazas son de promoción interna, es decir, para empleados públicos que ya forman parte de un cuerpo de funcionarios. Hasta 2.545 puestos (el 53,9%) se reservan para promoción interna; el resto, 2.180, se abren en convocatoria de ingreso libre.
De manera más específica, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado recibirá 630 administrativos y 340 trabajadores de sistemas e informática; el Cuerpo General de la Administración del Estado será el gran beneficiado, pues se distribuirá 2.100 administrativos y 1.200 auxiliares; y, por último, la plantilla del Cuerpo Técnico de la Administración del Estado sumará 455 auxiliares de informática.

La realidad impone las ganas de ser funcionario

Con una tasa de paro tan alta como la española y unos sueldos por nuevo contrato que muchas veces no son ni de mileurista, ser funcionario es la mejor opción. Por eso no extraña que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) haya previsto recibir más de 100.000 solicitudes para las 4.725 plazas. Sólo en febrero se han presentado unas 85.000.
Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en España hay 3.074.700 empleados públicos. Es el 16% de la población activa. Pero eran más. Nuestro país tiene hoy 59.449 empleados públicos en la Administración Pública Estatal menos que hace 5 años. Según datos del Registro Central de Personal, entre enero de 2012 y enero de 2017, el número de empleados públicos se redujo un 10,2%.
Según respuesta parlamentaria en diciembre a una pregunta escrita del Grupo Socialista, el número de efectivos de la Administración del Estado ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012 a 522.412 en enero de este año. En la primera legislatura de Mariano Rajoy (enero 2012 - enero 2016) concretamente, la plantilla del Estado se redujo un 9,3%, al disminuir en 54.060 empleados en esos cuatro años.
De la reducción de 59.500 efectivos en los últimos cinco años, la mayor parte se registró en la Administración General del Estado, que pasó de 234.685 efectivos en 2012 a 206.706 en 2017, un 13,5% menos. En otros departamentos de la Administración del Estado el número de efectivos se redujo un 9%, pasando de 347.176 en 2012 a 315.706 este ejercicio.
Dentro de la AGE, la plantilla de los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad contaba en enero de este año con 188.506 empleados, un 12,6% menos que en enero de 2012; la de las agencias estatales con 14.699 empleados públicos, un 8,3% menos en el periodo, y la de las instituciones sanitarias de Defensa con 3.501, por lo que subió en cambio un 17% en esos cinco años.
Por su parte, entre los otros órganos de la Administración pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han visto disminuida su plantilla un 6,3%, hasta 138.883 efectivos; en las Fuerzas Armadas se ha reducido un 5%, hasta 120.648 empleados, mientras que la Administración de Justicia ha bajado solo un 1%, hasta 24.424 efectivos. A su vez, el número de empleados en las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico ha caído un 33%, hasta los 31.751 efectivos.

España necesita más funcionarios

Y tantos se han ido con la crisis que realmente España necesita más funcionarios, al menos si se quiere garantizar el nivel de eficacia que desean y merecen los ciudadanos, clientes finales de cualquier administración. Según las relaciones de puestos de trabajo (RPT) publicadas en el Portal de la Transparencia, en diciembre de 2017, ministerios y organismos autónomos mostraban 24.000 vacantes sobre un total de 140.000 puestos disponibles, lo que supone un déficit de personal por encima del 17%.
En plena crisis, en 2012, el empleo público alcanzó su máximo histórico, al suponer el 18% del total de ocupados. Hoy, esos más de 3 millones de empleados públicos, que según el INE hay en España, suponen el 16% de la población activa. Es una cifra modesta. Si comparamos con el resto de Europa no salimos retratado como un país de muchos funcionarios, como muestra el estudio Government at a Glance 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con datos de 2015.
Sí es país para funcionarios Noruega. Allí los empleados públicos son el 30% de la población activa. En cifras parecidas están sus vecinos: Dinamarca (29,1%), Suecia (28,6%) y Finlandia (24,9%). Un país más cercano como Francia tiene un 21,4% de funcionarios sobre su población activa. Hasta una nación como Grecia, en peor situación económica y donde la crisis ha causado más estragos, tiene más empleados públicos; un 18%, concretamente. La media de los países de la OCDE es del 21%.
"Si hacemos una foto de nuestro empleo público, estamos, en tamaño, por debajo o igual que los países de nuestro entorno, pero si lo vemos en movimiento, lo que nos muestra es una fuerte tendencia expansiva del empleo público, poco controlada por las Administraciones", asegura el director general adjunto de Esade, Francisco Longo. No son muchos pero sí son mayores.
El problema de nuestros funcionarios es su edad. Según un estudio de esta escuela de negocios, el 63% de los empleados públicos españoles tienen más de 50 años. Según Longo, el envejecimiento de la plantilla pública es una amenaza porque implica "descapitalizar" a corto plazo el empleo público. Claro que pude ser una "oportunidad" porque el proceso de jubilaciones "masivas" que España debe afrontar en los próximos años podría aprovecharse para cualificar el empleo público, "dotándolo de más inteligencia y menos trámite".

Funcionarios del Estado por comunidades

En el detalle por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid suma 151.549 empleados del Estado, un 11,5% menos que en 2012, seguida por Andalucía, con 84.919 efectivos (-10%); Castilla y León, con 35.697 (-13%); la Comunidad Valenciana, con 35.018 (-10,6%); Galicia, con 27.619 (-7,3%); Cataluña, con 25.989 (-15,2%); Canarias, con 23.941 (-4,5%) y Aragón, con 21.817 efectivos (-8%).
A continuación se sitúan Castilla-La Mancha, que ha reducido su número de efectivos de la Administración Pública Estatal un 9,8%, hasta 17.611 empleados; Murcia, con 16.677 empleados (-5,8%); Extremadura, con 13.720 (-1,6%); País Vasco, con 11.075 (-17,6%); Islas Baleares, con 10.429 (-8,3%); los efectivos del extranjero, con 9.564 (-2,2%); Asturias, con 9.060 (-16%); Melilla, con 8.904 (-5%), Ceuta, con 7.738 (-8,2%). Las tres regiones con un menor número de efectivos de la Administración estatal son Cantabria, con 4.649 empleados, un 14,4% menos que en 2012, Navarra, con 4.231 empleados (-9,9%) y La Rioja, con 3.015 efectivos (-10,3%).