ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Vivienda
que configura este bien como un verdadero derecho subjetivo, exigible
ante los tribunales. También contempla, como último recurso, la
posibilidad de expropiar viviendas que no cumplan la función social para
las que están concebida, como es su uso residencial y su efectiva
ocupación. En estos supuestos se encontrarían las desocupadas de forma
permanente, las sobreocupadas y las que no tengan carácter residencial
habitual, según recoge El Mundo.
El proyecto de ley incluye como novedades la obligación de que el Gobierno de Aragón garantice una alternativa habitacional
en casos de vulnerabilidad; la definición de vivienda desocupada, que
permitirá que se pueda acceder a las mismas para incluirlas en un Fondo
de Vivienda Social de Aragón; y modificaciones en el concepto de
Vivienda de Protección Oficial como que no puedan ser descalificadas
para su venta por libre.
En rueda de prensa, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que, aunque se trata de una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP que "no tiene en frente a la ciudadanía si no a los bancos". Soro ha añadido que es una ley que "sitúa a las personas como protagonistas de las políticas públicas" y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.
Según Soro, el anteproyecto de ley se inspira en cuatro principios: la vivienda con un derecho subjetivo y no como un bien de mercado, de manera que todos los ciudadanos y asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de la citada ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el derecho de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Ejecutivo regional actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el derecho al disfrute pacífico de la vivienda; y el derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida.
En rueda de prensa, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que, aunque se trata de una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP que "no tiene en frente a la ciudadanía si no a los bancos". Soro ha añadido que es una ley que "sitúa a las personas como protagonistas de las políticas públicas" y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.
Según Soro, el anteproyecto de ley se inspira en cuatro principios: la vivienda con un derecho subjetivo y no como un bien de mercado, de manera que todos los ciudadanos y asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de la citada ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el derecho de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Ejecutivo regional actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el derecho al disfrute pacífico de la vivienda; y el derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida.
La
satisfacción del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible
puede garantizarse mediante la puesta a disposición de una vivienda bajo
cualquier régimen jurídico de tenencia y en el caso de inexistencia de
vivienda, con un sistema de prestaciones económicas.
Rehabilitación
El
texto considera que el concepto de la vivienda en alquiler como
instrumento fundamental para dar respuesta al derecho constitucional a
una vivienda. Para ello considera la rehabilitación
como un instrumento básico y contempla medidas como el impulso de un
Plan de Vivienda de Aragón que adapte a las necesidades de Aragón.
Se regulan por primera vez los derechos del usuario de vivienda, tanto en lo que se refiere a la información y publicidad como a los requisitos de los contratos sobre la vivienda.
Destaca el derecho de información en relación con los sistemas de financiación (hipotecas o cualquiera otros), ya que es imprescindible para el acceso, pero también para el disfrute pacífico (evitar perder la vivienda por un mal sistema de financiación).
Otra novedad es la obligatoriedad de la mediación cuando los actores que intervienen en un negocio jurídico entran en conflicto, no solo los contratos de compraventa, sino también los sistemas de financiación, como los préstamos hipotecarios.
Soro ha explicado que "se regula por vez primera la función social de la vivienda, que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación: se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento mediante sanciones y procedimientos expropiatorios".
Dentro de esta función social se encuentra la definición de vivienda desocupada, lo que supone que su incumplimiento también podría conllevar sanciones en determinados casos.
Se regulan por primera vez los derechos del usuario de vivienda, tanto en lo que se refiere a la información y publicidad como a los requisitos de los contratos sobre la vivienda.
Destaca el derecho de información en relación con los sistemas de financiación (hipotecas o cualquiera otros), ya que es imprescindible para el acceso, pero también para el disfrute pacífico (evitar perder la vivienda por un mal sistema de financiación).
Otra novedad es la obligatoriedad de la mediación cuando los actores que intervienen en un negocio jurídico entran en conflicto, no solo los contratos de compraventa, sino también los sistemas de financiación, como los préstamos hipotecarios.
Soro ha explicado que "se regula por vez primera la función social de la vivienda, que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación: se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento mediante sanciones y procedimientos expropiatorios".
Dentro de esta función social se encuentra la definición de vivienda desocupada, lo que supone que su incumplimiento también podría conllevar sanciones en determinados casos.
Entidades financieras
En
relación a las entidades financieras, sociedades inmobiliarias, Sareb,
activos inmobiliarios y grandes propietarios, se establece la obligación
de dar información a la Administración sobre personas en riesgo de
perder su vivienda. Esto permitirá a la administración prever las
medidas que ha de tomar para garantizar la vivienda a dichas personas.
El consejero ha señalado que "las entidades que adopten medidas para evitar el sobreendeudamiento y acepten la dación en pago
como sistema ordinario para saldar las deudas tendrán absoluta
prioridad en el trato con todas las administraciones públicas de
Aragón".
Respecto a la Vivienda Protegida, Soro ha destacado que "se recupera el control que la Administración había perdido en la legislatura anterior por los cambios introducidos por el PP". Todas las adjudicaciones de vivienda nueva, así como las transmisiones de viviendas ya existentes, serán controladas por la Administración. Además, se recupera el sistema de sorteo.
El proyecto de ley recoge que "la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil" de manera que se eliminan "las especulaciones al no ser posibles las descalificaciones", según Soro.
El Ejecutivo aragonés creará el Observatorio de la Vivienda de Aragón, una unidad administrativa que permitirá obtener datos a los poderes públicos para que puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.
Respecto a la Vivienda Protegida, Soro ha destacado que "se recupera el control que la Administración había perdido en la legislatura anterior por los cambios introducidos por el PP". Todas las adjudicaciones de vivienda nueva, así como las transmisiones de viviendas ya existentes, serán controladas por la Administración. Además, se recupera el sistema de sorteo.
El proyecto de ley recoge que "la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil" de manera que se eliminan "las especulaciones al no ser posibles las descalificaciones", según Soro.
El Ejecutivo aragonés creará el Observatorio de la Vivienda de Aragón, una unidad administrativa que permitirá obtener datos a los poderes públicos para que puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.
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