lunes, 15 de enero de 2018

Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia condena las "redadas racistas" contra inmigrantes en Cieza

MURCIA.- Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia condena las "redadas racistas" contra inmigrantes en Cieza.La denuncia se produce tras los últimos episodios en Cieza, donde se llevó a cabo una redada con más de 50 policías en lugares regentados por población de origen magrebí. 

Victoria Rodríguez, responsable de estrategias para el conflicto de IUVRM ha denunciado que "esta es una muestra más de las políticas racista que realiza este gobierno".
Así mismo, Rodríguez ha denunciado que se realicen redadas racistas contra personas a las que no se trata como ciudadanos por no tener "papeles" con la excusa de una "inspección de trabajo". 
Esta actuación que se ha desarrollado en Cieza con dispositivos provenientes de la Unidad de Intervención Policial de Granada y Málaga, y que no ha sido coordinada con las fuerzas de seguridad locales, estaba dirigida al registro de locales regentados por población de origen magrebí, lo que consideramos denunciable al tratarse de controles de identidad bajo premisas raciales.
Desde Izquierda Unida le recuerdan al Partido Popular que si le preocupa la situación laboral de los y las trabajadoras de la Región, es preciso aumentar los recursos para la inspección de trabajo, puesto que hay empresarios que se aprovechan de la normativa en materia laboral para explotar a los trabajadores, independientemente de su origen, aunque los migrantes son más vulnerables a este tipo de actuaciones por su condición. Sin ir más lejos las ETT's son un foco de explotación laboral en nuestra Región.
Por todo ello, desde IU-Verdes exigimos al gobierno estatal y regional que trabaje para dar solución a los problemas de la mayoría social y deje de perseguir a personas que no han cometido delito alguno.

El murciano Jaime García-Legaz, nuevo miembro del Consejo Internacional de Aeropuertos


MADRID.-El presidente y consejero delegado de Aena, el murciano Jaime García-Legaz, formará parte del Consejo de Aci Europe, la sección europea del Consejo Internacional de Aeropuertos, la única asociación profesional mundial de operadores aeroportuarios, según informa la compañía. 

El Consejo, del que ya es miembro el director general de negocio regulado de Aena, Javier Marín, está compuesto principalmente por los CEO de 22 aeropuertos miembros, grandes y pequeños.
La Junta tiene autoridad para tomar decisiones sobre todos los asuntos relevantes y está presidida por un presidente elegido por la Asamblea General de Aci Europe para un año, con una única posibilidad de reelección.
Aci Europe representa a más de 500 aeropuertos en 45 países europeos.

La CARM impone 126 sanciones a locales por infracciones de la ley antitabaco

MURCIA.- La Consejería de Salud ha llevado a cabo en 2017 un total de 10.293 inspecciones para velar por el cumplimiento de la ley antitabaco en la Región del Murcia. Esta cifra, han informado fuentes regionales, supone 739 inspecciones más que en 2016. De estos controles, 4.535 tuvieron lugar en el sector de la hostelería.

Estas actuaciones han sido realizadas al amparo de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Así, la Consejería ha registrado 528 denuncias (612 en 2016). De ellas, 28 han sido formuladas por diferentes asociaciones y particulares, 40 por oficinas de consumo, 73 por la Agencia Tributaria y 8 por el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud. El resto, 379, por la Guardia Civil y las policías locales.
Los principales motivos de las denuncias se han dado por fumar dentro de los establecimientos y por cuestiones relativas a los paramentos de los locales, así como por la venta de tabaco en establecimientos no autorizados y por la ausencia de cartelería referente a la legislación vigente.
Como consecuencia de estas infracciones, Salud ha iniciado un total de 126 expedientes sancionadores frente a los 118 de 2016. Aproximadamente, el 50 por ciento de estos expedientes sancionadores se han generado por permitir fumar en los establecimientos; el 10 por ciento por fumar en lugares no autorizados y el 40 por ciento por vender tabaco en lugares no autorizados y a menores.
Sobre este asunto, el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, ha recordado que la finalidad de estas actuaciones es "proteger a los no fumadores del humo ambiental del tabaco y seguir sensibilizando sobre sus efectos especialmente a los fumadores".
En este sentido, ha destacado las campañas que la Consejería de Salud promueve en la Región para animar a los fumadores a que abandonen este hábito y para persuadir de su inicio a la población más joven.
Desde que entró en vigor la normativa el 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2016, la Consejería ha realizado 67.793 inspecciones, de las que 29.789 han tenido lugar en establecimientos pertenecientes al sector de la hostelería.
Asimismo, han sido interpuestas 4.389 denuncias de las que 549 han sido formuladas por asociaciones y particulares y 3.719 por Guardia Civil y policías locales. Fruto de estas denuncias, Sanidad inició 1.332 expedientes sancionadores, han informado desde el Gobierno regional.
El director general ha explicado que "dejar de fumar ahora es más fácil que hace años, ya que hoy en día existen muchos métodos eficaces". 
En este sentido, ha subrayado que "es cierto que se precisa una implicación y un esfuerzo personal, pero se puede encontrar ayuda y apoyo en el personal sanitario", al tiempo que ha insistido en que "no hay ningún modo de fumar que no perjudique: la mejor opción para ganar salud es dejar de fumar".
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, fechados en 2014, un 25,5 por ciento de la población de la Región es fumadora, algo superior a la media nacional, situada en un 22,9 por ciento. En los últimos años, señalan las mismas fuentes, han dejado de fumar en la Región unas 8.700 personas con ayuda de profesionales del Servicio Murciano de Salud.
A tal efecto, las personas que quieran abandonar este hábito pueden pedir ayuda en su centro de salud y consultar la Guía para dejar de fumar del Servicio de Promoción y Educación para la Salud, disponible en la web de MurciaSalud.

El murciano Ginés Jiménez niega la trama de extorsión a dueños de locales destapada en 2008

MADRID.- Los abogados del exjefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), Ginés Jiménez, natural de Alcantarilla, y de otros cuatro agentes procesados por una supuesta trama de corrupción policial destapada en 2008 que extorsionaba a dueños de locales, han asegurado que no había tal trama, ni asociación ilícita.

Así lo han explicado tres letrados antes de que la Audiencia Provincial de Madrid comenzara el juicio contra Ginés Jiménez y otras once personas acusadas de integrar o permitir una presunta trama de policías corruptos destapada en 2008 y por la que la Fiscalía pide más de 26 años para el exjefe policial.
La Sección 17 de la Audiencia madrileña juzga desde este lunes y hasta el 23 de marzo, con varias sesiones cada semana, a Ginés Jiménez Buendía, a su mujer, a su hijo, a tres ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y a seis agentes de la localidad.
El juicio arranca tras diez años de instrucción judicial con numerosos recursos de diferentes partes. Las detenciones se practicaron en mayo de 2008 en el marco de la denominada operación Bloque, en la que fueron arrestados 26 agentes, varios de los cuales estuvieron en prisión provisional.
Ginés Jiménez ha declinado hacer declaraciones a la prensa por respeto al tribunal, pero su letrado, Oskar Zéin, ha recordado que hasta mayo de 2012 "había una presunta conexión por presunta asociación ilícita, pero quedó archivada" tras una sentencia del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid que ratificó la Audiencia Provincial.
"Ya no hay trama, ya no hay asociación, ya no hay organización. Son hechos absolutamente distantes y distintos para unos y otros" acusados, ha sostenido, tras destacar que los delitos que se imputan a su defendido no tiene relación con los que se imputan al resto de procesados.
Ha hecho hincapié en que de los 26 agentes arrestados en mayo de 2008 en la denominada 'operación Bloque' solo siete van a juicio, y lo hacen diez años después.
El letrado Eulogio García, que representa a tres de los policías procesados, también ha sostenido que "no hay asociación ilícita, ni extorsión, ni absolutamente nada", porque se declaró el sobreseimiento.
"Sí hay una instrucción mala", con dilaciones indebidas, ha afirmado, algo que considera "indignante" y "un fracaso absoluto de la instrucción de la justicia" en el que "habría que entrar a fondo".
García ha subrayado que todos los agentes procesados, salvo Ginés Jiménez, volvieron a trabajar e incluso han recibido felicitaciones por su trabajo, pero las detenciones de 2008 les dejaron "hundidos".
Por su parte, Marcos García Montes, letrado de otro agente, ha explicado que "es una instrucción realizada con los pies" que "empezó en la Comisaría de San Blas y acabó en la UDYCO central (Unidad contra el Crimen y la Delincuencia Organizado) sin que se diera traslado del procedimiento" y que acumula "numerosas irregularidades" y "nulidades".
Ha asegurado que su cliente no sabe de qué se le acusa, solo que va a juicio por coacciones y ha destacado que estuvo en prisión provisional pero finalmente la Fiscalía solo pide para él una multa.

UGT lamenta que 2017 «no haya servido para reducir la precariedad» en la Región

MURCIA.- El año 2017 ha sido el año "en que se ha ido afianzando el crecimiento económico en España y en la Región de Murcia, y también la reactivación del empleo", sin embargo, "no ha servido para reducir la precariedad y las desigualdades de una forma proporcional".

Así ha comenzado el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, la presentación del 'Balance socioeconómico y laboral de la Región de Murcia 2017 y principales retos para 2018', en la que incidido en que "la recuperación en términos macroeconómicos que se está experimentando no se ha trasladado a la mayor parte de los ciudadanos, que han visto como se prolonga el camino de la precariedad, de los bajos salarios y de la desigualdad en el mercado de trabajo".
Tampoco se ha trasladado esa recuperación a la política presupuestaria del Gobierno, para restituir los derechos, las políticas sociales y las prestaciones y servicios públicos recortados durante la crisis, añadió.
Y es que, afirmó, en 2017 ha aumentado la contratación temporal, ha subido enormemente la realizada a través de ETT's (en la Región de Murcia se firman el 13,2% de todos los contratos que firman las ETT's en toda España), y que ya concentran el 50% de todos los contratos temporales que se firman en la Región; y en empleo indefinido, "la precariedad también ha llegado a estos contratos, ya que el 40% de los contratos indefinidos suscritos en 2017 fueron fijos discontinuos, el 21% a tiempo parcial y sólo el 39% a tiempo completo".
Los salarios en 2017 tampoco se han beneficiado de los mejores datos económicos, "ya que suben menos que la inflación registrada y ha bajado también el coste salarial para las empresas", por lo que "el tejido empresarial sigue aprovechando la recuperación económica apoyándose en mantener los sueldos bajos", con trabajadores asalariados más pobres que antes.
Para Antonio Jiménez, hay datos positivos que resaltar en 2017, como ha sido "la subida del SMI anunciada para los próximos 3 años, porque confiamos que haga de correa de trasmisión y palanca a la hora de negociar salarios mejores para los trabajadores frente a la escasa subida ofrecida por la patronal", indicó.
El informe presentado este lunes también ha entrado a analizar otros aspectos de la situación socioeconómica regional, como la situación de sequía y la falta de cobertura del déficit hídrico, la situación de las infraestructuras de transporte como el AVE, el aeropuerto de Corvera o la variante ferroviaria de Camarillas, entre otros muchos temas.
Como retos para 2018, el secretario general de UGT los ha resumido en cinco grandes bloques. En empleo, UGT sigue reclamando la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, generalizar medidas que fomenten el empleo estable y de calidad y apostar por subidas salariales por encima del 3%, para conseguir tener salarios mínimos de 1.000 euros, en los textos de los convenios colectivos.
En el ámbito de la Política Social, asegura que urge la derogación de la Reforma de las Pensiones, que está dinamitando el sistema público para potenciar los sistemas privados de pensiones; intensificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social y recuperar los derechos y salarios recortados de los empleados públicos en durante los años de crisis, entre otros temas.
La negociación colectiva es un pilar básico para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo, y por ello UGT exige que se materialicen las mejoras pactadas en la Estrategia Regional por el Empleo de Calidad, firmada en diciembre de 2016, apuntó.
En materia económica y presupuestaria, señala que es preciso mejorar la inversión en I+D+i, políticas industriales y tecnológicas potentes, apostar por la generación de 'empleos verdes' y la modernización de sectores tradicionales.
Y en lo referente a inversiones e infraestructuras, es "irrenunciable" lograr un gran pacto de Estado en materia de agua, que garantice la cobertura del déficit hídrico de la cuenca del Segura, realizar las inversiones hidráulicas necesarias y mejorar la coordinación, participación y recursos para la recuperación medioambiental del Mar Menor.

Ahora llega el consejero Carrillo con las rebajas: «La bajada del IRPF llevará algún tiempo»

MURCIA.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, confirmó este lunes que el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) bajará, tal y como anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Al tratarse de una rebaja en el tramo autonómico del IRPF no depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, según aclaró la Consejería.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto, Carrillo señaló que uno de los factores que influye "mucho" en esta medida es el nuevo modelo de financiación autonómica en el que se está trabajando. Precisó que el impacto definitivo de la rebaja del impuesto sobre la Renta afecta a las personas el mismo año en el que se aprueba la decisión, mientras que el impacto sobre el erario público regional repercute "dos años después".
Esto es así debido al funcionamiento del sistema de financiación autonómica, ya que la Comunidad recibe la liquidación del IRPF dos años después. "Esto es importante porque se supone que la economía ha crecido dos años después, por lo que hay mayor recaudación en todos los impuestos y damos tiempo a que haya un sistema de financiación autonómico nuevo", destacó.
Por otro lado, Carrillo avanzó que la bajada del tramo autonómico del IRPF llevará "algún tiempo", al igual que sucedió con la decisión sobre la bajada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se tomó en 2015 y su ejecución ha ido completando "fases" hasta su bonificación definitiva al 99 por ciento, que se produjo este 1 de enero.
En este sentido, destacó que el "punto cero" de la bajada del IRPF se fijó el pasado miércoles, cuando López Miras anunció la decisión. Carrillo señaló que el Gobierno regional está "trabajando sobre" esta medida sin que se haya tomado una decisión más concreta.
El criterio que está siguiendo la Consejería de Hacienda para materializar esta rebaja del IRPF es el "que estableció" López Miras cuando señaló que la segunda parte de la legislatura se destinaría a favorecer a las clases medias.
Todo ello, después de que en la primera parte de la legislatura se adoptaran medidas de calado social para ayudar a los más afectados por la crisis, a personas afectadas por la "pobreza y con discapacidad, con el aumento de la Renta Básica de Inserción, como el aumento de las plazas de residencias para mayores o la mejora de la gestión del sistema de la Dependencia", señaló.
Por otro lado, Carrillo recordó que en el año 2016, que es el primer año completo de gobierno del actual Ejecutivo regional, el déficit bajó en 200 millones de euros, lo que calificó como una cifra "muy significativa" a pesar que no había cambiado el sistema de financiación y Murcia "seguía siendo la comunidad peor financiada junto a Valencia".
En cuanto al cierre de 2017, Carrillo reconoció que todavía no dispone de los datos definitivos, porque corresponden a la contabilidad nacional y dependen de la Administración General del Estado. No obstante, prevé que haya una reducción del déficit "también importante", aunque "no tanto como la del 2016".
A este respecto, señaló que el Gobierno murciano "quiere llevar un equilibrio entre esa reducción del déficit, que entendemos que es una responsabilidad", pero cree que se tiene que compaginar con otras cuestiones que "había que arreglar tras la crisis", como "mejorar el sistema de la Dependencia o la Renta Básica de Inserción, por ejemplo".
"Hay otros objetivos sociales y económicos muy importantes además de reducir el déficit", según Carrillo, quien cree que "la mejor política es mejorar al mismo tiempo la vida social y económica de la gente que vive en la Región mientras se reduce paulativamente el déficit".
Para que la reducción del déficit sea "definitiva", insistió en que es necesario cambiar el modelo de financiación autonómica, y en eso, el Ejecutivo regional "está trabajando más que nadie, empujando mucho al Gobierno central". 
No obstante, admitió que "somos conscientes de que un tema que afecta a 17 comunidades, de todos contra todos, no es fácil de resolver".

Las organizaciones agrarias aseguran que la ley del Mar Menor «pone en riesgo» al sector

MURCIA.- Los presidentes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), califican de «decepcionante» tanto «la puesta en escena de los partidos políticos de la oposición», como «el trato que tienen con el sector más importante de la economía en la Región», tras asistir este lunes a la comisión de la Asamblea Regional en la que se debatían las enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar Menor.

Ambas organizaciones entienden que en la elaboración de la normativa regional, que será llevada al pleno el próximo 1 de febrero para su aprobación definitiva, primaron «los intereses políticos y la imagen de los partidos, frente al interés por proteger el Mar Menor, el futuro de la agricultura y los criterios técnicos». Todo ello, unido a la falta de agua, hace que, según Fecoam y Coag, «se ponga en peligro la sostenibilidad y continuidad de la agricultura en el Campo de Cartagena».
En este sentido, declararon que «en esta ley se toman decisiones que ni perjudican ni benefician al Mar Menor, sino que sencillamente van en contra del trabajo de los agricultores, y que hacen que no tengamos claro cual será el futuro de la agricultura en la zona a corto y largo plazo». Los representantes del campo subrayaron también los interrogantes que abre este Decreto Ley, que consideran más una normativa «antiagricultura que a favor del Mar Menor».
Además denuncian que el futuro texto «es aún más restrictivo que la normativa europea en vigor que regula los nitratos, además de carecer de una base técnica rigurosa». «No entendemos que una asamblea regional legisle por encima de la normativa de la UE», puntualizaron.
Así, explican que se prohibe el uso de ciertos productos «que la UE permite», una medida que «tampoco está demostrado que ello suponga un beneficio para el Mar Menor», más bien al contrario ya que «puede producir un perjuicio a los cultivos».
También piden que se realice una explicación de ejecución de la norma porque el sector encuentra «contradicciones» en las medidas, ya que «unifican todas las zonas, abre un plazo de tres años para que todas las zonas estén ejecutadas y consolidadas, pero hay acciones contempladas que sustituyen a otras y no entendemos muy bien cual es la dinámica a seguir, teniendo en cuenta además la inversión que supone para el agricultor».

Las valoraciones medias de los locales murcianos mantienen en 2017 el sobresaliente

MURCIA.- La Región de Murcia se mantiene este 2017 por encima del 4 sobre 5, según recoge el estudio anual de TripAdvisor sobre las puntuaciones medias otorgadas por los viajeros durante el pasado ejercicio. Así, la Región se sitúa por encima del 4 desde 2012.

Con respecto a la valoración de hoteles, restaurantes y lugares de interés en 2017, Murcia ha obtenido una puntuación media de sus lugares de interés de 4,34, y un 4 en sus restaurantes y hoteles, han informado fuentes de TripAdvisor.
La valoración general de España como destino turístico es "excelente", de un 4,14 sobre 5, según las puntuaciones otorgadas por los viajeros en TripAdvisor, habiendo incrementado a lo largo de los últimos años, desde un 4,12 sobre 5 en 2012.
A nivel regional se puede comprobar que las Islas Canarias es la región mejor valorada de España, con la calificación más alta del país en 2017 (4,20). Le siguen Andalucía (4,18), Islas Baleares (4,16), Cataluña y La Rioja (4,15).

'Pacto por el Mar Menor' espera la aprobación de las enmiendas

CARTAGENA.- La plataforma social Pacto por el Mar Menor mostró su esperanza en que las enmiendas de la oposición a la ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor, vigente desde mayo, puedan ser aprobadas. «Se elaboraron con el debido asesoramiento técnico y científico y, por tanto, no pueden ser motivo de negociación ni modificación alguna», remarcó.

La plataforma recuerda a los partidos políticos que el Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, «fue aprobado, precisamente para poder acometer su reforma a la mayor brevedad y adoptar medidas eficaces para paliar la degradación ambiental». 
En este sentido, hacen hincapié en que «un solo paso atrás, sería un fraude a la confianza que la sociedad ha depositado en ellos y supondría un duro revés a la ya crítica situación de la laguna».
El bloque que en este asunto forman PSOE, Podemos y Ciudadanos, que previamente retiró tres enmiendas, ha mantenido conversaciones estos días con el PP para tratar de encontrar puntos de encuentro en 16 propuestas controvertidas. 
La Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional se reunió hoy para debatir y votar esas enmiendas sobre las que la semana pasada no hubo acuerdo.

Albert Rivera insiste en que la senadora Barreiro debe dimitir «antes del debate de Presupuestos»

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insiste en que la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, debe dimitir en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PP, como ya hizo, recuerda, el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez. Rivera advierte de que si no lo hace «congelaremos las relaciones», lo que amenazaría el apoyo de C's a los Presupuestos del Estado de este año. 

En una entrevista publicada por 'El País', Rivera señala sobre este asunto: «Hemos sido muy claros. Tan claros que el presidente de Murcia tuvo que dimitir. Le pido al PP que, en vez de atornillar a la gente en los escaños, cumpla lo firmado. La corrupción del PP no debe sacrificar las políticas sociales y económicas. Espero que antes del debate de los Presupuestos esto esté resuelto». 
A la pregunta de si no apoyarán los Presupuestos si Barreiro sigue en el cargo, responde: «Si el PP incumple el acuerdo, congelaríamos las relaciones. Es de sentido común». 
El PP, a través de su coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, ha calificado de desproporcionada la exigencia de C's y ha subrayado que el acuerdo de investidura no impone la dimisión ni destitución en este momento de Barreiro, sino cuando su imputación sea formal o cuando sea procesada.

'Cambiemos Murcia' quiere mantener 'apagado' el río Segura


MURCIA.- Cambiemos Murcia denuncia que la iluminación ornamental del tramo urbano del río Segura, cuya instalación comienza este lunes y que supondrá una potencia instalada de 15.930 vatios frente a los 1.550 vatios del alumbrado de caminos, "contradice los compromisos de lucha contra el cambio climático" adoptados por el Consistorio en diversas mociones.

Para el concejal de la formación municipalista, Sergio Ramos, dedicar la mayor parte de los 165.871 euros de inversión en iluminación del río a luces decorativas de colores "supone un gasto innecesario" en una infraestructura de un "dudoso valor estético" que además supondrá "incrementar el consumo energético del municipio cuando luchar contra el calentamiento global, que tiene un especial impacto en nuestro municipio, debería ser una prioridad política".
Según han denunciado desde Cambiemos Murcia, "una cosa es iluminar un carril bici, que es necesario toda vez que circular por la avenida del río es peligroso para los ciclistas, y otra muy diferente es instalar 141 proyectores de colores".
En este sentido, "teniendo en cuenta que la potencia es mucho mayor que la de los 155 proyectores LED dedicados a hacer posible el tránsito por el margen fluvial", Cambiemos Murcia propone que se consulte a expertos en Ecología para conocer el posible impacto sobre la fauna y flora del río, "en un momento en el que incluso se está hablando de la posible presencia de nutria en el tramo urbano".
Según han explicado desde el Sectorial de Huerta y Modelo de Ciudad de la formación, "mejor harían en dedicar la inversión a iluminar con LED de baja potencia otros tramos del carril bici".

El ministro de Economía niega que cobrase 100.000 euros, tal como se pregunta el portavoz de Afectados de la CAM

ALICANTE.- Las revelaciones sobre el gran acto que celebró Caja Mediterráneo (CAM) el 24 de mayo de 2008 en el recinto ferial de Alicante, IFA, para la presentación a sus máximos responsables en toda España de las cuotas participativas que poco después saldrían a Bolsa, se suceden. Tal y como informó El Mundo el pasado lunes 8 de enero, el principal reclamo en aquel acto fue el hoy ministro de Economía y entonces director general y apoderado mancomunado de Lehman Brothers Europa, Luis de Guindos. 

Él era el encargado de convencer a los futuros vendedores de 50 millones de cuotas participativas entre su clientela, de las bondades de un producto que suponía ingresos futuros de 292 millones de euros para la entidad. Su firma era la que había redactado el proyecto de la salida a bolsa, la que había realizado toda la publicidad y papelería, y la que iba a asesorar sobre la venta de este producto. Pero, ¿cuánto cobró por ello Lehman Brothers y cuánto su director general?
Junto a De Guindos, el otro experto invitado fue Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), que actuó de asesor financiero de la Caja en la operación, mientras que Lehman Brothers ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM. Además intervinieron el presidente de la Caja, Vicente Sala, y el director general, Roberto López Abad.
El Mundo ha tenido acceso a documentos oficiales de la caja de ahorros en los que se cifra el pago a Lehman Brothers. Concretamente dos millones de euros por actuar de bookrunner. Un pago que se subdividió en una «comisión de praecipium» de 1.125.000 euros; una «comisión de asesoramiento» de 375.000 euros; y una «comisión de colocación» en la que Lehman Brothers y Ahorro Corporación -la entidad elegida para vender las cuotas entre grandes inversores-, en su condición de «entidades Colocadoras», recibieron 500.000 euros cada una de ellas. 
En ese mismo escrito se explicita que «Gesamed (Gestión de Activos Mediterráneo Sociedad de Valores SA, entidad participada al 100% por la caja)  no percibirá comisión de colocación alguna».
Además, la CAM impone que ambas entidades «colocadoras» no podrán ceder, total o parcialmente, las comisiones mencionadas salvo cuando la cesión se realice a favor de intermediarios financieros (entendiendo como tales aquellos autorizados para realizar las actividades descritas en los artículos 63 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores) que formen parte de su grupo (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) o de sus representantes o agentes debidamente registrados en la CNMV o en el Banco de España».
Con estos datos se entienden algunas de las afirmaciones realizadas por De Guindos en aquel acto en el que fue presentado como «uno de los mejores especialistas en cuotas participativas». 
El hoy ministro de Economía llegó incluso a manifestar: «Yo creo que las cuotas participativas será algo, que cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios del mundo (...) Es la primera vez que una caja de ahorros emite cuotas participativas, eso es importantísimo para la Caja del Mediterráneo, para el conjunto de las cajas, para el sistema bancario de nuestro país, y creo que en estos momentos de incertidumbre económica también va a ser muy importante para la economía española». 
Y añadió: «A todos los que participamos [en la emisión], que fundamentalmente son todos los empleados de la caja, yo lo que les diría, desde mi humilde opinión, es que estamos haciendo historia económica, que quedará en los libros de textos, historia económica que será analizada en las escuelas de negocios, que será analizada en las universidades (...) es la historia de éxito de la Caja de Ahorros del Mediterráneo».
Preguntado a este respecto el portavoz de la Plataforma de Afectados CAM, Carlos Pena, desliza un nuevo dato. «¿Por qué el señor Roberto López Abad va diciendo por ahí ahora que él no irá a la cárcel habiéndole pagado 100.000 euros a De Guindos más allá de estos dos millones de euros que aparecen en los documentos?». 
En este sentido Pena exige al Banco de España que analice uno por uno todos los movimientos de 100.000 euros realizados por la caja de ahorros entre marzo y julio de 2008 para dilucidar si las palabras que atribuye a López Abad son ciertas y en todo caso incorporarlas a las causas judiciales en marcha. 
No en vano, aquella emisión de cuotas participativas resultó un absoluto desastre económico que unido a las también desastrosas inversiones de la CAM terminaron por provocar una intervención de Banco de España y un rescate por parte del Banco Sabadell. 
Las cuotas dejaron de cotizar en diciembre de 2011, el mes en que De Guindos fue nombrado ministro de Economía. El valor de las cuotas se redujo a cero. Miles de pequeños ahorradores perdieron su dinero; tuvieron que ir a los tribunales a intentar recuperarlo. La operación sí fue histórica. 
Frente a esto, meses antes De Guindos no dudó en decir a los vendedores de cuotas: «Yo lo que diría sería una cuestión, a todo el equipo de ventas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tenéis un instrumento absolutamente diferencial en un momento único para de alguna forma distinguiros de todos vuestros competidores (...) En estos momentos de incertidumbre, porque son momentos de dificultad, son los momentos en los cuales efectivamente surgen las oportunidades y se va poder alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo nuestros competidores».
El ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de un responsable de comunicación del Ministerio, "desmiente rotundamente que cobrase 100.000 euros al margen de lo que cobró la entidad que presidía, Lehman Brothers", tal y como afirma el portavoz dela Plataforma de Afectados de la CAM, Carlos Pena (en la imagen).

Los jamones de bellota investigados por la Guardia Civil son congelados


BARCELONA.- ¿Cómo es posible que un jamón ibérico de bellota de siete kilos, criado durante la última fase de su vida en la dehesa y con tres años de curación, se venda por debajo de los 250 euros? ¿Se trata de dumping o fraude? ¿El sabor y la calidad es la misma?, se pregunta Economía Digital.

Parte de los jamones Ibéricos de la marca Antaño, vendidos en Carrefour en las Navidades pasadas, por un precio de 195 euros guardaban hasta ahora un secreto jamás especificado en su etiquetado. Son congelados. Lo ha reconocido la propia empresa distribuidora y comercializadora, Comapa, la líder del sector, según todos los estudios de mercado.
Los datos de trazabilidad del etiquetado de los jamones hicieron saltar las alarmas. Cada pieza debe llevar en su etiqueta la fecha de entrada en salazón, una fase fundamental en la producción. Según la norma de calidad del ibérico, un jamón o una paleta de bellota no puede entrar en salazón antes de diciembre de cada temporada.
Pero buena parte de los jamones de Comapa, que se vendieron estas Navidades por 195 euros en Carrefour, han entrado en salazón en noviembre, tal como marca su etiquetado. ¿Es posible? La empresa líder del ibérico en España explica que sí, porque sus jamones no siempre son frescos. Hay lotes congelados.

Sin ninguna advertencia

Ninguno de los jamones de la empresa advierte que el producto, que se vende fresco en los supermercados, fue congelado en la fabricación, en contra de lo que establece una ley europea.
El reglamento comunitario 1169/2011, detalla que “en el caso de los alimentos que han sido congelados antes de su venta y se venden descongelados, la denominación del alimento irá acompañada de la designación «descongelado».
La norma, de obligado cumplimiento, establece algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los productos a los que el proceso de congelación no les afecta negativamente en términos de calidad. El terreno es pantanoso. ¿Un jamón que ha sido previamente congelado antes de su entrada a salazón y curación tiene la misma calidad y sabor que otro que ha sido procesado en fresco?
La congelación es un proceso común en los jamones, aunque es mucho menos frecuente entre los jamones de bellota, mucho más cotizados en el mercado.
“La congelación modifica el proceso químico en el jamón, porque se generan microcristales que rompen los tejidos magros. Entra más rápido la sal y sale con más facilidad el agua. No sé si afecta la calidad final, pero me parece razonable que se avise al consumidor cuando ha sido congelado”, explica Francisco Espárrago, director gerente de la empresa Señorío de Montanera, especializada en la producción de jamones 100% ibéricos de bellota.
A petición de este diario, un experto de la Universidad de Córdoba, consultado por ganadores y fabricantes sobre los efectos de la congelación en los jamones (y que ha pedido mantenerse en el anonimato), ha explicado que si se hace bien, el congelado no debería afectar la calidad del producto final. El problema radica en que no siempre los productores controlan el proceso de forma minuciosa.

Las certificaciones

Al margen de la polémica por la congelación, la entidad certificadora de Comapa, Certicalidad, no ha detectado ninguna irregularidad en los jamones ahora investigados por la Guardia Civil. Certicalidad, que ejerce certificaciones e inspecciones, ha sido suspendida de esta última función por la Entidad Nacional de Acreditación, Enac. Este diario contactó con Certicalidad pero la compañía no contestó ninguna de las preguntas formuladas por este diario.
Una trabajadora de Certicalidad se limitó a asegurar que el fraude –de confirmarse finalmente en las investigaciones de la Guardia Civil— podría haberse cometido en algunos de los intermediarios.
Este diario también contactó con Acisi, la interprofesional del cerdo ibérico para conocer qué trabajos de control realizaba la entidad que gestiona el sistema de etiquetas. Productores y ganaderos aseguran que la patronal cobra 50 céntimos por cerdo sacrificado pero no hace suficientes controles para evitar el fraude en el sector.
La entidad se limitó a contestar que no tiene actividad inspectora. Asegura que sólo gestiona el proceso de “control de los precintos” y explica que no tiene capacidad ni para controlar ni para inspeccionar. La patronal se desentiende a pesar de que en su publicidad institucional asegura colaborar con las Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Agricultura para favorecer el cumplimiento de la ley.

Las CCAA tienen 43.000 empleados públicos más que antes de la crisis


MADRID.- El Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio de Hacienda, recoge los datos de empleados públicos con los que cuenta el Estado a nivel nacional, autonómico y local. Las Comunidades Autónomas son las que más empleos aglutinan, con un total de 1.303.641 a fecha de julio de 2017, según dice hoy Libertad Digital.

En este informe, se hace un balance del crecimiento del empleo público en los últimos años. En enero de 2007, poco antes de que estallara la crisis financiera internacional, el número de funcionarios y empleados autonómicos era de 1.260.575, unos 43.000 menos que en la actualidad. Con respecto al año 2005, el crecimiento ha sido todavía más llamativo, puesto que el personal al servicio de las autonomías ha crecido en 113.000 efectivos.
En 2012, el año de los recortes, fue, curiosamente, el que más funcionarios y empleados públicos tenían las CCAA. Hace cinco años, la cifra era de 1.351.883 trabajadores, de modo que su volumen apenas se habría reducido en unos 48.000 empleados desde entonces, si bien ha comenzado a repuntar en los últimos años.
Tan sólo cuatro regiones tienen menos empleados públicos que en 2007. Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha recortado, llegando a reducir un 8,4% el número de trabajadores autonómicos en la última década. Valencia, Andalucía y Castilla y León son las otras tres autonomías que han reducido esta cifra, 6,3%, 4,5% y 1,8%, respectivamente. 
En la otra cara de la moneda se encuentran Navarra, Baleares y Aragón, que han visto aumentar sus plantillas un 34%, 24,3% y 15,2%, respectivamente, en los últimos diez años.
A fecha de julio de 2017, la comunidad con mayor número de empleados públicos fue Andalucía, que acumula 239.971 trabajadores a cargo de la Junta. En segundo lugar, Cataluña con 168.681 y cerrando el podio Madrid con 155.647.
A pesar de ello, estas tres CCAA no son las que más trabajadores acumulan en comparación con su población. 
Según publica el think tank Institución Futuro, Extremadura (4.273), Navarra (4.162) y Asturias (3.565) son las regiones con más empleados públicos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, Cataluña (2.232), Comunidad Valencia (2.359) y Madrid (2.392) registran las cifras más bajas en términos relativos.

El Supremo admite el recurso de una asociación de interinos contra la Oferta Pública de Empleo 2017

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.

El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado que el Supremo ha admitido la causa en la que la asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos de todo el país contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.
Este paso del tribunal permitirá al colectivo pedir la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia y de ayuntamientos como los de Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Valencia o Elche.
Se han sumado además interinos de los ministerios de Defensa, Justicia y personal del Fogasa, bomberos de Extremadura y Andalucía y trabajadores de diferentes diputaciones y empresas públicas de todo el país.
Según explica, la actual situación es producto del "acuerdo de estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 250.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según García de Veas, si la denuncia prospera el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200 millones euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado.

El FLA dejará a las autonomías otros 28.000 millones para pagar deudas


MADRID.- Con la agenda económica del Gobierno paralizada por el conflicto catalán; sin Presupuestos Generales del Estado para 2018; y a falta de una nueva financiación autonómica que establezca un nuevo marco, el Tesoro confirmó el lunes pasado que acudirá a los mercados a captar fondos para el "mantenimiento" de los mecanismos de liquidez de Hacienda "en un nivel similar al de 2017", según publica hoy elEconomista.

Así, y según los datos del gabinete que dirige el ministro Cristóbal Montoro, el FLA y la Facilidad Financiera, compartimento para regiones cumplidoras del déficit, prestarán este año casi 28.000 millones, igual que el pasado año.
De esta manera, Cataluña volverá a convertirse en la autonomía que más dinero reciba de manos del Estado para atender vencimientos, financiar el déficit y pagar a proveedores, con algo más de 7.750 millones. La Comunidad Valenciana, de nuevo, ostentará la segunda posición, con algo más de 5.400 millones. Hay poca novedad, dado que Cataluña ostenta el mayor volumen de deuda del país, con 76.831 millones según el Banco de España; y Valencia manteniene el porcentaje de pasivo sobre PIB más abultado, del 40,9%.
Aún así, cabe decir que un futuro pacto de Presupuestos puede hacer variar las cifras, ahora transitorias por la situación de prórroga. En este sentido, es posible que algunas de las autonomías que aparecen ahora como beneficiarias del FLA terminen no siéndolo por haber cumplido el déficit y la Ley de Morosidad, que obliga a abonar facturas a proveedores en menos de 30 días. Y tampoco es descartable que otras regiones en peor situación terminen demandando a Montoro cantidades superiores. Es el caso catalán, que cuenta con unas necesidades de 9.350 millones frente a los 7.750 que debería recibir según los planes actuales.
Los fondos de Hacienda habilitados en 2012 para facilitar la financiación regional habrán repartido, una vez caduque su séptimo año de vigencia, más de 212.000 millones de euros, cantidad equivalente a casi el 18% del PIB español. Y ello para que las autonomías atiendan vencimientos que en el ejercicio en curso sobrepasarán los 30.000 millones (la cifra exacta no se conoce aún por la falta de Presupuestos en Asturias, Aragón y Cataluña), y un déficit que este año debe cerrar en el 0,4%.
El FLA y la Facilidad Financiera deben convertirse en protagonistas de la reforma de la financiación autonómica que, hoy, Hacienda mantiene en discusión en un órgano de segundo rango del Consejo de Política Fiscal. Mientras numerosos gobiernos regionales como el andaluz, el balear o el valenciano reclaman al Gobierno una mayor agilidad para que se apruebe el futuro marco, el ministro Montoro ha imprimido un ritmo tan lento que hay quien sospecha en privado de "falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo para que haya pacto.
"Están mareando la perdiz. El debate arrancó en la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado. Luego se encargó un informe a los expertos, ahora se para todo en el Consejo de Política Fiscal. Se va a agotar la legislatura", protestan a este periódico desde un Gobierno autonómico del Mediterráneo. Susana Díaz, presidenta andaluza, acusa a Montoro de poner "excusas" para retrasar el debate, posición que también sostiene Ximo Puig desde Valencia.
La demora tiene que ver con posiciones políticas antagónicas. Una mayor parte de las autonomías demanda más dinero. Y hay otras, sobre todo las infrafinanciadas, que reclaman quitas de la deuda contraída con el FLA. Mientras, Montoro ya ha hecho saber que no pondrá en cima de la mesa más fondos y no admitirá un perdón de la deuda porque "se enviaría una señal negativa a los mercados". 
Desde su gabinete se muestran más cercanos a opciones suaves como el alargamiento de plazos de devolución o la rebaja de intereses. Esas soluciones, por contra, sabrían a muy poco a los gobiernos más endeudados.

'Ahora Murcia' pide que retiren la Medalla de Oro de la Ciudad a Francisco Franco


MURCIA.-Ahora Murcia exige que el Ayuntamiento retire la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia al dictador Francisco Franco, que el Consistorio le concedió en 1946. La portavoz de la formación municipal, Alicia Morales, considera "sorprendente" que Franco conserve a día de hoy el máximo reconocimiento que otorga la ciudad y demanda que le sea retirado "para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y, más allá, por un compromiso ético con la democracia, con las víctimas de la represión franquista y con nuestra historia". 

Ahora Murcia llevará esta cuestión al próximo Pleno en forma de moción, con el propósito de que "Murcia se sume de una vez a la extensa nómina de ayuntamientos de toda España que han despojado al dictador de la medalla de oro".
Morales explica que, según información proporcionada por la Alcaldía, la condecoración de Franco sigue vigente, "sin que tengamos constancia de que se haya iniciado ningún procedimiento para dejarla sin efecto".
La distinción le fue concedida a Francisco Franco el 29 de abril de 1946, en el transcurso de su visita a la ciudad de Murcia con motivo de las inundaciones ocurridas los días previos. En el curso de la visita, Franco pronunció desde el balcón del Ayuntamiento un discurso arengando a las masas, y en el Salón de Plenos del Consistorio, siguiendo las pautas y ceremoniales habituales de la propaganda oficial del régimen franquista en las visitas del dictador a ciudades del país, se le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia, algo de lo que se hicieron profuso eco las crónicas y medios de la época.
"Las instituciones públicas", destaca la concejala, "tienen el deber de fomentar los valores y los principios democráticos propios de un Estado de Derecho. La condena al golpe de estado, a la dictadura franquista y a la represión a la que sometió a miles de ciudadanos de este país, también en nuestro municipio, se encuentra entre estos valores".
En este sentido, Morales señala que "al margen de este caso de Franco, que resulta especialmente flagrante, el Ayuntamiento de Murcia tendrá que revisar próximamente la concesión de distinciones por parte del Consistorio a distintos personajes de la dictadura franquista".
La edil recuerda que en 2007 fue aprobada en España la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15. 1, establece que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
"Desde Ahora Murcia", subraya Morales, "entendemos que esta Corporación, en el ejercicio de su responsabilidad en la defensa de la democracia y los valores constitucionales, debe retirar su máxima condecoración al mayor representante de la dictadura, responsable del periodo más negro en la historia reciente de nuestro país. Concebimos esta retirada de la Medalla, también, como un homenaje a todas las víctimas y represaliados por la dictadura, y como un compromiso con la justicia y la libertad que debemos a nuestros mayores y hemos de transmitir a nuestras hijas e hijos".
La concejala apunta que, además, "no podemos continuar permitiendo que las personas que con posterioridad han recibido y continúan recibiendo la Medalla de Oro de Murcia, que debe ser motivo de orgullo y de prestigio, la estén compartiendo con el dictador, de igual manera que nuestra ciudad debe sentirse orgullosa de todas las personas que ostentan este reconocimiento".
De esta manera lo han entendido muchas ciudades españolas que, desde los primeros años de la democracia, han ido retirando a Franco los honores y menciones que en su día se le concedieron, en un proceso que se ha acelerado en los últimos años desde la aprobación de la citada Ley de Memoria Histórica, en gran parte de los casos por unanimidad de todos los grupos políticos. 
Entre las ciudades que han dado "este paso de normalidad democrática" se encuentran Madrid, Valencia, León, Salamanca, Málaga, Pamplona, San Sebastián o Mallorca, entre muchas otras, y Murcia, afirma Alicia Morales, "ya es hora de que se sume a ellas, haciendo que el séptimo municipio de España cumpla sus deberes con la reparación de la memoria histórica".

Aprobadas en la Asamblea las 13 enmiendas más restrictivas para la agricultura en el Mar Menor

CARTAGENA.- Las 13 enmiendas con las medidas más restrictivas para los cultivos en el Mar Menor han salido para adelante. Ni una coma se ha cambiado en las cinco que más perjudicaban a la actividad agraria, según el sector, durante la reunión que han mantenido los diputados esta mañana en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional. 

Esta comisión enviará el día uno de febrero el texto definitivo a debatir en el pleno sobre el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
Se considere que la actividad agrícola en una parcela a un kilómetro de Alhama de Murcia (zona 3) tiene la misma potencial afección a la laguna que otra que esté a un kilómetro de Los Urrutias (zona 1), según explicaron empresarios y agricultores. Además, los productores van a tener que destinar el 5% de su finca a sistemas de retención de nutrientes con la instalación de setos naturales
Otras de las medidas mantenidas se refieren a la forma de labrar los terreros: en las tres zonas deberá hacerse siguiendo la curva de la vertiente, para evitar la llegada de nutrientes al Mar Menor cuando haya lluvias torrenciales que produzcan escorrentías. 
Y no se podrán poner en marcha nuevos regadíos. Los que sea catalogados como ilegales deberán cesar su actividad y reponer la tierra a su estado original.

Raúl Pardo-Geijo, abogado de Pilar Barreiro: "No hay delito, diga lo que diga la UCO"

MADRID.- "Ha ido muy bien, como debe ser, y lo único que le tengo que decir a los medios es que estamos igual que con (el caso) Novo Carthago; mi cliente venía condenada, confesa, y el Supremo, con muy buen criterio, archivó el caso. Si miran ustedes la hemeroteca verán lo mismo, supongo que pasará lo mismo y archivarán también y lo que sí les pediría es que la pidieran perdón".

Así se expresaba, a la salida de la declaración de su cliente, Raúl Pardo, el abogado de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, después de que esta declarase durante una hora y media ante la magistrada Ana María Ferrer. 
A Barreiro se la investiga por fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.
La senadora, acompañada de su abogado, Raúl Pardo, ha llegado al alto tribunal algo más de media hora antes de la hora a la que había sido citada y no quiso hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del edificio. Tampoco a la salida.
Sí habló el letrado, que llegó a arremeter contra la investigación de la UCO de la Guardia Civil de la que ha dicho que prefería "no hablar". 
"No hay delito alguno diga lo que diga la UCO", subrayó.
"Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas -ha añadido Pardo-. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".
"Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada "no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada".
"No hubo pago con dinero público alguno", ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica-. 
"Yo de la UCO prefiero no hablar", insistió.
Barreiro fue citada para realizar una declaración voluntaria ante la magistrada, que en los próximos días podía decidir si pide a la Cámara Alta su suplicatorio con el fin de imputarla formalmente.
La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.
En su auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.
Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro de Pedro (considerado el conseguidor de la Púnica) para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Pilar Barreiro, que está imputada por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de información reservada, abandonó las dependencias del Alto Tribunal pasadas las doce y media, acompañada por los letrados José y Raúl Pardo-Geijo, después de responder a las preguntas del fiscal durante casi dos horas. 

La intensidad de la gripe llega al nivel 'muy alto' en la Región

MURCIA.-La Región de Murcia ha alcanzado los 7.592 casos de gripe en la última semana, por lo que ha pasado a registrar una intensidad 'muy alta' de la enfermedad, al superar el umbral de 7.316 casos, según han informado la Consejería de Salud.

Así se desprende de los datos de gripe procedentes del registro de Atención Primaria, actualizados hasta la fecha, y que tienen en cuenta los casos acumulados desde que inició la temporada el 2 de octubre de 2017, que suman un total de 18.722.
En la segunda semana del año, que comprende desde el 8 de enero al 17 de enero de 2018, se han contabilizado un total de 7.592 casos, según la Consejería. En concreto, los datos desglosados arrojan 1.909 casos el 8 de enero; 1.491 casos el 9 de enero; 1.486 el 10 de enero; 1.290 el 11 de enero; y 1.194 el 12 de enero, por lo que hay una ligera curva descendente. 
No obstante, la Consejería explica que, probablemente, estos casos sufran "pequeñas variaciones a lo largo de los primeros días de la semana en curso".
Con estos datos acumulados de la semana 2, la incidencia de la enfermedad se sitúa en 506 casos por cada 100.000 habitantes en la Región, que alcanza así un nivel de intensidad "muy alto" ya que el límite para este umbral está en 7.316 casos, superando el nivel de intensidad "alto" que se alcanzó la semana pasada.

La nieve corta varias carreteras de las tierras altas de la Región


MURCIA.- La nieve condiciona la circulación en las carreteras RM-703 y RM-702, de Moratalla, y la RM-504 de Caravaca de la Cruz, en las que está activo el nivel amarillo que prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la DGT ha activado el nivel amarillo, que significa circulación condicionada por nevadas, entre los kilómetros 16 y 10 en ambos sentidos de la carretera RM-504, a la altura de Doña Inés y en dirección hacia La Paca, en Cehegín.

La DGT también mantiene activo el nivel amarillo de circulación entre los kilómetros 7 y 17 de la RM-703, en ambos sentidos, a la altura de Moratalla, que significa circulación difícil por nevadas.


Finalmente, la DGT ha activado el nivel amarillo en la RM-702, que significa circulación irregular por nevadas desde el kilómetro 16 al 34,5 en ambos sentidos, a la altura de El Sabinar. En este caso, está prohibida la circulación de camiones y articulados.



En algunas pedanías del Noroeste se acumulan hasta diez centímetros de nieve y en Moratalla y Caravaca ha cortado tramos de carreteras.

Las máquinas quitanieves están trabajando para despejar la circulación.


Sin embargo, Protección Civil del ayuntamiento de Moratalla ha enviado una máquina quitanieves y un vehículo de la Guardia Civil para rescatar a los ocupantes de un turismo, un adulto y un menor, que han quedado atrapados por la nieve.
Según ha informado el 112, el punto en el que los rescatados no han podido seguir se encuentra a doce kilómetros de Moratalla, "en el camino que va desde La Pava hacia Fuente Benamor".

Antes se produjo la primera incidencia: un camión quedó atrapado en la carretera de Aceniche que une Bullas con Lorca.

En algunas pedanías del Noroeste se acumulan hasta diez centímetros de nieve y en Moratalla y Caravaca ha cortado tramos de carreteras.

Las máquinas quitanieves están trabajando para despejar la circulación.


Diez sorpresas económicas que podrían verse en este 2018 / David Cabrera *

Entre los mayores hitos del año pasado destaca la subida de la economía española. A comienzos de 2017, el consenso de analistas consideraban que nuestra economía se iba a mover a un ritmo del 2,5% y, a falta del dato definitivo, parece que ha crecido por encima del 3%. 

También se esperaba que la Bolsa americana (S&P 500) corrigiera en algún momento del año tras desvanecerse la "euforia Trump". Esto tampoco sucedió, de hecho solo retrocedió un 3% a lo largo del año y terminó con una subida superior al 20%. 

Por estos motivos, entre otros, no sería extraño que este 2018 trajera bajo el brazo alguna que otra sorpresa. El socio-director general de ATL Capital ha hecho una lista con "diez hitos" que podrían suceder en este nuevo curso: 

La economía española crece por encima del 3%. La situación de Cataluña no tiene un impacto significativo en la economía y, sin embargo, el mejor comportamiento de nuestros socios europeos y la inercia de los años anteriores nos permiten volver a crecer por encima del 3%.

El Ibex 35 solo sube un 9,5%, a los 11.000 puntos. El comportamiento de la Bolsa española aun siendo bueno, es peor que nuestros socios europeos.

El Eurostoxx 50 sube más de un 15%. La continuada mejoría de los beneficios empresariales en Europa junto con el mantenimiento de la política monetaria por parte del BCE apoyan esta subida.

El S&P 500 vuelve a subir mas de un 10%, en el primer semestre. A pesar de la sobrevaloración del mercado americano la Bolsa (S&P 500) tiene un buen comportamiento en la primera mitad del año pero en la segunda mitad veremos un recorte de más del 15%. La puesta en marcha de la reforma fiscal impulsa los beneficios de las compañías y da soporte a la subida.  La acumulación de las subidas de tipos de interés (4 en el año) junto con un cierto agotamiento del ciclo económico sientan las primeras dudas en el mercado en la segunda parte del año.

No estalla la burbuja de la renta fija. La rentabilidad de los bonos de gobierno sube, pero no provoca un desplome. El bono a 10 años alemán se sitúa en el 1% y el bono a 10 años americano sube al 3%. Las subidas de tipos de interés en EEUU se van trasladando ligeramente al resto de la curva. En Alemania la proximidad del fin de las políticas expansivas empujan al alza al bono a 10 años.

La economía China vuelve a sorprender creciendo al 7%. Aunque continúa con su transformación hacia una economía de mayor consumo interno, no impide mantener el crecimiento. El mayor desarrollo tecnológico de la segunda economía del mundo permite continuar creciendo a tasas muy elevadas.

El dólar se aprecia fuertemente contra el euro y vuelve a 1,05$. La divergencia clara de la política económica de la Reserva Federal (continuando con la subida de tipos) y la del BCE (sin subidas y manteniendo las recompras)será el argumento principal para la apreciación definitiva del dólar.

Los mercados emergentes suben más del 20%. A pesar de las políticas de la administración americana y de la apreciación del dólar los mercados emergentes siguen recibiendo flujos de inversión de todo el mundo. La continuación del ciclo expansivo de sus economías junto con la mejora clara de Brasil soportan este buen comportamiento.

El Bitcoin alcanza los 30.000 dólares. La creación de algunos productos de inversión sobre la criptodivisa afianzan el conocimiento sobre la misma lo que facilita a su vez el camino a que pueda acabar siendo una moneda de intercambio.

El precio del petróleo baja en 2018. A pesar de una mayor demanda por la continuidad del crecimiento económico mundial, una mayor oferta y la mayor producción de shale oil justifican este comportamiento.


(*) Periodista


El Encuestazo, el Partido Ce Ese y Marisoraya de Godó / Federico Jiménez Losantos *

Aunque estemos a sólo tres días de saber si la fantasmada separatista catalana se concreta en holograma, avatar, piscofonía o cara de cocomocho, el asunto político que trae de cabeza a todos los partidos políticos no es qué hará el fantasmón de Bruselas sino cómo digerir el encuestazo de El País, que probablemente este domingo corroborará el ABC, y que coloca a Ciudadanos como primera fuerza si ahora hubiera elecciones generales, con cuatro puntos de ventaja sobre el PP, cinco sobre el PSOE y doce sobre Podemos.

Por supuesto, una encuesta es la temperatura de un estado de opinión pública en un momento determinado, y puede decirse que ya otras veces ha sido más favorecido en las encuestas que en las urnas el partido de Rivera y Arrimadas. Y cabe hablar ya de los dos líderes de Ciudadanos porque ha sido la excelente campaña de Arrimadas, contra toda clase de canalladas, la que ha marcado el despegue espectacular de su partido. Rivera es el líder, pero a la que llaman "mala puta" es a Inés. Démosle el mérito que tiene.

Lo nuevo en las encuestas

Lo malo del encuestazo del viernes es que corrobora la tendencia de todas las encuestas desde hace dos meses. Cataluña ha supuesto el cambio del "voto útil" de centro-derecha del PP a Ciudadanos, y eso no es un hecho aislado sino la pieza más llamativa de un cambio de tendencia más profundo, marcado por el desafío separatista. Todos se han puesto a hacer cábalas sobre la capacidad que tendría Ciudadanos para elegir socio de gobierno -o gobernar en solitario con independientes de izquierda y derecha, que, a mi juicio, es lo que convendría- pero casi nadie se ha fijado en que lo que marca el encuestazo, anunciado por El Español y corroborado por ABC, es un clarísimo giro a la derecha del electorado.

La clave es la crisis nacional, por la que ha salido la gente a la calle con sus banderas y dando vivas al Rey. Y ante esa crisis que ni el PSOE -pese al certero análisis de Guerra sobre el fenómeno de las banderas- ni, por supuesto, Podemos, contemplan siquiera como problema, salvo para agravarla, el único partido que ofrece esperanza es Ciudadanos. Porque, y esto es lo nuevo, el PP no tiene credibilidad como obstáculo al separatismo.

La izquierda no tiene remedio, al menos mientras en el PSOE siga con la murga del federalismo y la plurinacionalidad, que apenas esconde su plan, que es el del PSC, de desmantelar la soberanía nacional española con los separatistas catalanes y vascos. Lo de Podemos es peor, porque se le ve como una fuerza separatista más, con un liderazgo central cada vez más débil y una dependencia, a la larga insostenible, de grupos separatistas. La vuelta de Iglesias tras hibernar estas Navidades ha confirmado que no es capaz de reconocer lo que le pasa: que nadie lo ve como un líder nacional. Es la única noticia buena para un PSOE condenado a morir de federalismo, cuando lo que la opinión pública pide, cada vez con más fuerza, es unidad.

La crisis del PP es, sin embargo, la más honda y más desconcertante. Por supuesto, Rajoy no ha dejado de bajar en los últimos cuatro años, pero le pasa como a Iglesias, que se niega a reconocer lo que le pasa: que no lo quiere la gente y que gobierna con la respiración asistida de Ciudadanos. Hace dos años que lo anunció Aznar, y lo echaron con cajas destempladas de politburó rajoyano: el PP no es propietario de los votos de la derecha y si sigue actuando como si lo fuera, acabará perdiendo su clásica y sólida hegemonía. Esa opinión consta en la hemeroteca. Ahora, en las encuestas.

No hay peor ciego que el que no quiere ver

Pero si la reacción ante el palizón de Cataluña fue nula, ante el encuestazo ha sido patética. El portavoz del Gobierno se refirió al socio que le permite a él infatuarse y piafar bellacamente cada viernes como "el partido Ce Ese", recordando a Urdaci y su "Cecé Oó" y, sobre todo al hoy desahuciado Floriano, que les llamó en catalufo bellotero "Chutatans". Hace falta ser oceánicamente tonto, con síntomas de falta de riego cerebral, para decir eso el mismo día en que Rafael Hernando, el que bailoteaba con Irene Montero para divertir a Wyoming, se queja de que "el partido Ce Ese" no les presta algún diputado para formar grupo parlamentario en Cataluña. ¿Una orden mendicante se muestra despectiva? ¿Habrá majadería mayor?

Cualquier partido grande tiene rachas buenas y malas, lo que no se puede permitir es la costumbre de negarse a ver lo que está a la vista. Y desde el maldito día en que Rajoy quiso que se votara en Cataluña antes de juzgar a los golpistas, lo que ve cualquiera es una ola de opinión a favor de Ciudadanos. Y la mejor forma de convivir con ella no es combatirla, sino acompañarla. Claro que Rajoy es el que se burló de Rivera después de que éste le hiciera Presidente diciendo que un líder del PP "no se le encuentra en las cafeterías". A este paso, se le va a encontrar en la cola del INEM.

Vuelve la Virreineta del diálogo

Y en vez de amigarse con Ciudadanos, la Moncloa prefiere volver a amancebarse con Godó y el famoso "catalanismo moderado", el de Millo y compañía. Unos días después de las elecciones catalanas, tras cosechar el peor resultado de cualquier partido nacional en unas elecciones regionales o nacionales, el Gobierno del PP habilitó la entrega de nueve millones de euros a la red de medios de comunicación en catalán que conforman la estructura básica del golpe de Estado separatista: 7 millones para el grupo Godó y otras empresas de menor envergadura en prensa escrita, radio y televisión, y 2 millones para los medios de internet, que han sido y son la avanzadilla más violentamente antiespañola del golpismo separatista.

La excusa de Moncloa para derramar una lluvia de oro sobre unos medios incapaces de valerse por sí mismos y concebidos para la ruptura con España desde tiempos de Artur Mas, es que si ayudaban a Godó y no a los digitales "podrían acusarlos de prevaricación en los tribunales". Que es donde están los jefes políticos de esa barahúnda de medios adoctrinadores y manipuladores cuyo único fin es destruir el Orden Constitucional. Moncloa prefiere que le acusen de ayuda a la rebelión que ser criticada por Juliana.

Cospedal ha asegurado a su entorno que cuando en la Pascual Militar denunció la campaña de noticias falsas y manipulaciones putinescas contra España a cuenta del desafío separatista no sabía que estaba haciendo el más espantoso de los ridículos porque su íntima enemiga Soraya había decidido seguir financiando la mayor máquina de mentir de Europa, creada por la Generalidad y alimentada con dinero de todos los españoles para insultar a España, burlarse de la Constitución, ciscarse en la Ley y ser una de las pocas empresas que no tienen que salir de Cataluña para sobrevivir. El 'partido Pe Pe' asegura su solvencia financiera. Ninguno de los medios de papel o internet en España recibimos esa ayuda (ni la pedimos), pero de ser en catalán y separatistas ganaríamos mucho dinero, directamente extraído de los bolsillos de los ciudadanos, y , como diría Guerra, ¡Tó p’ar Gorpe!

Otra: pocos días después de tener que devolver las tallas de Sijena, el consejero de Cultura de la Generalidad Méndez de Vigo recurrió ante la Justicia el cumplimiento de la orden judicial por el ministro de Cultura… Méndez de Vigo. El argumento es sorayino... "Si no lo hacemos, podrían acusarnos de prevaricación", los que podrían acusarles son los acusados de delitos tan graves como los de rebelión, sedición y malversación de fondos, por urdir y perpetrar el Golpe de Estado desde la Generalidad y con fondos del FLA (tres millones halló la policía) pero a los miembros y las 'miembras' del Gobierno y la 'Gobierna' del 'Pe Pe' y de la 'Pa Pa', les preocupa más qué dirá Juliana que Llarena "Marisoraya quiere dialogar" -se reirá Godó- "Y yo le sigo y le cobro la corriente…" Hasta que se los lleve a todos la riada.


(*) Columnista


Los "descabezados", en cabeza / Ramón Cotarelo *

El encarcelamiento de los Jordis primero y medio Govern después vino precedido de una profecía cínica del gobierno: habrá algo de jaleo callejero una o dos semanas y, luego, vuelta a la normalidad. Como en el País Vasco. Vuelta a la normalidad en Cataluña es lo que anhelan las almas de bien, como Cebrián, que lo ansía fervientemente, pero duda de que sea posible, dado que todo el mundo se obstina en no hacerle caso. 
 
Normalidad no ha habido ni un solo día en Cataluña ni en España después del golpe unilateral del B155. Ni la habrá. No dos semanas sino tres meses han pasado desde el encarcelamiento de los Jordis y la presión de la calle ha ido en aumento. Hasta tal punto que se sentiría uno inclinado a dar la razón a los jueces en su inaceptable argumento de que no se puede poner en libertad a estos presos politicos por el gran apoyo social de que gozan.

Es que, evidentemente, no es así. Los dirigentes lo son de un movimiento que no depende de ellos, cosa que el Tribunal no parece comprender, sino de una convicción y voluntad sociales compartidas que impulsan a la acción colectiva. No hay retorno a la normalidad en circunstancias excepcionales. Sostenerlo es puro fariseísmo. Habrá que seguir reprimiendo (eso sí, con mucha "normalidad") y mandando gente a la cárcel. Cada vez más gente; en las manifestaciones, en los ayuntamientos, por doquiera. 

Según parece, los jueces han decidido reemplazar al poder político y resolver ellos a su manera la cuestión del independentismo catalán. Eso se veía venir. Siempre que la derecha gobierna hay bronca y aquella echa mano de una instancia estatal, supuestamente al servicio de todos, para sus fines partidistas. Mientras pudo, lo hizo con el ejército; ahora, con los jueces. 
 
Tienen estos de ventaja, además que, siendo del Supremo, son última instancia, a reserva de lo que se dilucide en la jurisdiccción constitucional, hoy sometida al 155.  Y si esa última instancia, en actividad de "justicia política nacional" allana el camino para poder prohibir partidos políticos por su ideología contraria al régimen por el motivo que sea, ya no quedará nada del Estado de derecho.

Esa es la "normalidad" del B155. La perpetuación de la dictadura en Cataluña. Algo inviable.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

¿Qué fue de aquellos informes económicos catastrofistas? / José Antich *

Acaba de hacerse público el informe de la Autoridad Fiscal —un organismo independiente creado en 2013 por el Gobierno español a instancias de la Unión Europea y cuyo nombre oficial es Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal—, que echa por tierra todos los pronósticos catastrofistas que aseguraban un impacto negativo importante en la economía catalana en el cuarto trimestre del pasado año.

Pues bien, si los pronósticos durante todo 2017 fueron que el último trimestre del año el crecimiento de la economía catalana sería del 0,8% y, al calor del referéndum del 1 de octubre, la fuga de empresas impulsada por el Gobierno español, el cese del Govern y la intervención —suspensión en la práctica— de la autonomía, se aseguró que no sobrepasaría el 0,4%, ¿cuál creen que ha sido el crecimiento final? 

Pues el 0,8%, sin descartar que cuando estén cerrados todos los datos acabe siendo del 0,9%. Obviamente, los que crearon el escenario de pánico y encargaron informes oficiales que ahora se han revelado falsos y utilizaron todos los medios a su alcance para propagar mentiras ahora guardan silencio.

Aunque siempre se dice que en un conflicto vale todo —y lo cierto es que la respuesta del Estado muchas veces ha acabado creando esta sensación—, hay cosas que se pueden contrastar inmediatamente y otras que, por desgracia, o no se pueden evaluar nunca o necesitan mucho más tiempo. En el caso que nos ocupa, la fake new ha tenido una duración de semanas. Y una utilización política para las elecciones del 21-D que se ha revelado falsa.

Lo hemos defendido siempre. La fortaleza de la economía catalana es importante, ha hecho los deberes durante la crisis y ha potenciado la exportación. Nada es de color de rosa, obviamente, pero la recuperación del Govern, la suspensión del 155, que ha desarbolado la iniciativa  de la Generalitat, y la continuidad de las políticas llevadas a cabo durante la útima legislatura por el Govern y por el vicepresident Oriol Junqueras permiten ser optimista. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia