MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación
Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000
trabajadores, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.
El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha
explicado que el Supremo ha admitido la causa en la que la
asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos de todo el
país contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.
Este paso del tribunal permitirá al colectivo pedir la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación,
ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los
interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un
reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por
administración y sindicatos.
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid,
personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia y
de ayuntamientos como los de Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga,
Valencia o Elche.
Se han sumado además interinos de los ministerios de Defensa, Justicia y personal del Fogasa, bomberos de Extremadura y Andalucía y trabajadores de diferentes diputaciones y empresas públicas de todo el país.
Según explica, la actual situación es producto del "acuerdo de
estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda
para convocar hasta 2020 unas 250.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores
interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de
los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según García de Veas, si la denuncia prospera el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200 millones euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado.
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