MURCIA.- Los presidentes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia
(Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(Coag), califican de «decepcionante» tanto «la puesta en escena de los
partidos políticos de la oposición», como «el trato que tienen con el
sector más importante de la economía en la Región», tras asistir este
lunes a la comisión de la Asamblea Regional en la que se debatían las enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar Menor.
Ambas
organizaciones entienden que en la elaboración de la normativa
regional, que será llevada al pleno el próximo 1 de febrero para su
aprobación definitiva, primaron «los intereses políticos y la imagen de los partidos, frente al interés por proteger el Mar Menor,
el futuro de la agricultura y los criterios técnicos». Todo ello, unido
a la falta de agua, hace que, según Fecoam y Coag, «se ponga en peligro la sostenibilidad y continuidad de la agricultura en el Campo de Cartagena».
En
este sentido, declararon que «en esta ley se toman decisiones que ni
perjudican ni benefician al Mar Menor, sino que sencillamente van en contra del trabajo de los agricultores,
y que hacen que no tengamos claro cual será el futuro de la agricultura
en la zona a corto y largo plazo». Los representantes del campo
subrayaron también los interrogantes que abre este Decreto Ley, que
consideran más una normativa «antiagricultura que a favor del Mar Menor».
Además
denuncian que el futuro texto «es aún más restrictivo que la normativa
europea en vigor que regula los nitratos, además de carecer de una base
técnica rigurosa». «No entendemos que una asamblea regional legisle por
encima de la normativa de la UE», puntualizaron.
Así, explican que se prohibe el uso de ciertos productos «que la UE permite»,
una medida que «tampoco está demostrado que ello suponga un beneficio
para el Mar Menor», más bien al contrario ya que «puede producir un
perjuicio a los cultivos».
También piden que se realice una explicación de ejecución de la norma porque el sector encuentra «contradicciones» en las medidas,
ya que «unifican todas las zonas, abre un plazo de tres años para que
todas las zonas estén ejecutadas y consolidadas, pero hay acciones contempladas que sustituyen a otras y no entendemos muy bien cual es la dinámica a seguir, teniendo en cuenta además la inversión que supone para el agricultor».
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