MADRID.- Con la agenda económica del Gobierno paralizada por el conflicto
catalán; sin Presupuestos Generales del Estado para 2018; y a falta de
una nueva financiación autonómica que establezca un nuevo marco, el
Tesoro confirmó el lunes pasado que acudirá a los mercados a captar
fondos para el "mantenimiento" de los mecanismos de liquidez de Hacienda
"en un nivel similar al de 2017", según publica hoy elEconomista.
Así, y según los datos del gabinete que dirige el ministro Cristóbal
Montoro, el FLA y la Facilidad Financiera, compartimento para regiones
cumplidoras del déficit, prestarán este año casi 28.000 millones, igual
que el pasado año.
De esta manera, Cataluña volverá a convertirse en la autonomía que
más dinero reciba de manos del Estado para atender vencimientos,
financiar el déficit y pagar a proveedores, con algo más de 7.750
millones. La Comunidad Valenciana, de nuevo, ostentará la segunda
posición, con algo más de 5.400 millones. Hay poca novedad, dado que
Cataluña ostenta el mayor volumen de deuda del país, con 76.831 millones
según el Banco de España; y Valencia manteniene el porcentaje de pasivo
sobre PIB más abultado, del 40,9%.
Aún así, cabe decir que un futuro pacto de Presupuestos puede hacer
variar las cifras, ahora transitorias por la situación de prórroga. En
este sentido, es posible que algunas de las autonomías que aparecen
ahora como beneficiarias del FLA terminen no siéndolo por haber cumplido
el déficit y la Ley de Morosidad, que obliga a abonar facturas a
proveedores en menos de 30 días. Y tampoco es descartable que otras
regiones en peor situación terminen demandando a Montoro cantidades
superiores. Es el caso catalán, que cuenta con unas necesidades de 9.350
millones frente a los 7.750 que debería recibir según los planes
actuales.
Los fondos de Hacienda habilitados en
2012 para facilitar la financiación regional habrán repartido, una vez
caduque su séptimo año de vigencia, más de 212.000 millones de euros,
cantidad equivalente a casi el 18% del PIB español. Y ello para que las
autonomías atiendan vencimientos que en el ejercicio en curso
sobrepasarán los 30.000 millones (la cifra exacta no se conoce aún por
la falta de Presupuestos en Asturias, Aragón y Cataluña), y un déficit
que este año debe cerrar en el 0,4%.
El FLA y la Facilidad Financiera deben convertirse en protagonistas
de la reforma de la financiación autonómica que, hoy, Hacienda mantiene
en discusión en un órgano de segundo rango del Consejo de Política
Fiscal. Mientras numerosos gobiernos regionales como el andaluz, el
balear o el valenciano reclaman al Gobierno una mayor agilidad para que
se apruebe el futuro marco, el ministro Montoro ha imprimido un ritmo
tan lento que hay quien sospecha en privado de "falta de voluntad
política" por parte del Ejecutivo para que haya pacto.
"Están mareando la perdiz. El debate arrancó en la Conferencia de
Presidentes de enero del año pasado. Luego se encargó un informe a los
expertos, ahora se para todo en el Consejo de Política Fiscal. Se va a
agotar la legislatura", protestan a este periódico desde un Gobierno
autonómico del Mediterráneo. Susana Díaz, presidenta andaluza, acusa a
Montoro de poner "excusas" para retrasar el debate, posición que también
sostiene Ximo Puig desde Valencia.
La demora tiene que ver con posiciones políticas antagónicas. Una
mayor parte de las autonomías demanda más dinero. Y hay otras, sobre
todo las infrafinanciadas, que reclaman quitas de la deuda contraída con
el FLA. Mientras, Montoro ya ha hecho saber que no pondrá en cima de la
mesa más fondos y no admitirá un perdón de la deuda porque "se enviaría
una señal negativa a los mercados".
Desde su gabinete se muestran más
cercanos a opciones suaves como el alargamiento de plazos de devolución o
la rebaja de intereses. Esas soluciones, por contra, sabrían a muy poco
a los gobiernos más endeudados.
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