lunes, 18 de diciembre de 2017

C's exige al Gobierno regional que solicite ya mismo el dinero del programa de cooperación territorial 'Proeducar'

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional ha exigido al gobierno regional que solicite, de manera inmediata, la asignación del crédito presupuestario, acordado por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Ministros, para poder poner en marcha el Programa de Cooperación Territorial Proeducar, un plan de innovación educativa que ha salido adelante fruto de las negociaciones presupuestarias entre Ciudadanos y el ejecutivo.

En este sentido, el portavoz de Educación del grupo parlamentario, Juan José Molina, ha recordado que a la Región de Murcia le corresponden 1.157.000 euros unos recursos “muy útiles puesto que irían destinados a acabar con la tasa de fracaso escolar en nuestra comunidad que supera el 25%, muy por encima de la tasa nacional que es del 19%”.
“Estamos muy sensibilizados en la lucha contra el fracaso escolar” ha afirmado Molina, quien ha recordado que los fondos de Proeducar se sumarán a los tres millones de euros que Ciudadanos ha destinado a la lucha contra el fracaso escolar en los presupuestos regionales de este año “para acabar con la lacra que tenemos en nuestro sistema educativo”.
Molina ha explicado que una de las claves de este programa es “desarrollar  nuevas metodologías y experiencias innovadoras en el ámbito del sistema público educativo, con el que, además se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación para ver el impacto y retorno social de Proeducar”.
“Dadas las circunstancias esperamos que la consejería es que se adhiera lo antes posible al proyecto del Gobierno central para luchar con más fuerza contra el amplio fracaso escolar que hay en la Región”, ha finalizado Molina.

Antonio Meca: "Vamos a pedir que los nuevos gerentes de 'Aguas de Lorca' y 'Limusa' sean funcionarios"


LORCA.- "En los más de 700 empleados públicos que hay en el Ayuntamiento de Lorca hay personas muy capacitadas para dirigir las empresas públicas municipales, no hay que meter personas de confianza con costes millonarios para los ciudadanos" ha anunciado el concejal de C's, Antonio Meca, en rueda de prensa.

Como se ha venido reclamando al Equipo de Gobierno desde hace dos años, los gerentes de Aguas de Lorca y Limusa van a ser cesados.
Antonio Meca exige al alcalde que "no cometa el error de nombrar ilegalmente a dedo a los sustitutos al frente de estas empresas y que por un período de tiempo, la gerencia de estas empresas públicas recaiga de forma interina y provisional en un empleado de las empresas públicas, mientras se resuelven dudas acerca del procedimiento en la selección de los gerentes".
Especialmente en el caso de la empresa mixta Aguas de Lorca sería especialmente grave aceptar la imposición del socio minoritario Hidrogea del gerente, situación que vulneraría la legalidad vigente y la normalidad de una mercantil mayoritariamente pública.
Elegir a dedo estos cargos como se ha venido haciendo anteriormente, contraviene los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" por tratarse de una empresa pública.
Por otra parte habría que realizar también una revisión de los estatutos de Aguas de Lorca para eliminar los artículos ilegales concretamente el 9, referente a la gerencia de la empresa desarrollado en el artículo 23 epígrafe 3, entre otros.
Es el momento, dice Meca, "de reflexionar y tomar esta decisión con calma para corregir errores anteriores y revisar los estatutos de las empresas públicas, solicitando informes jurídicos que aclaren todas las circunstancias expuestas anteriormente. Exigimos al Sr. Alcalde el cumplimiento de la normativa vigente para sociedades mercantiles públicas, el respeto a las competencias de sus consejos de administración y la restauración de la figura del consejero delegado entre otras".

El TSJ anula la expulsión de un inmigrante con tres condenas y siete antecedentes

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha anulado la orden de expulsión de un inmigrante acordada por la Delegación del Gobierno por contar con tres condenas y siete antecedentes policiales. El inmigrante, señala el TSJ, no está incurso en ninguno de los caso de expulsión previstos por la ley para quienes disponen de permiso de larga duración.

Según se explica en la sentencia, la normativa indica que, cuando se dispone de ese permiso, la expulsión solo podrá ser acordada en el caso de que el afectado participe en actividades contrarias a la seguridad nacional, que puedan perjudicar a las relaciones con otros Estados o que supongan una reincidencia delictiva en una infracción de la misma naturaleza en un año.
Añade el TSJ que ese no es el caso del ahora apelante, ya que las condenas -la última de ellas, impuesta por un Juzgado de Instrucción de Lorca en 2009- lo fueron por lesiones, estafa y hurto. La Sala añade que, además, las dos primeras condenas ya están cumplidas, y en cuanto a la última, no se trata de un delito grave, al ser un hurto que no tiene esa entidad. Finalmente, el TSJ dice que también hay que tomar en consideración que este inmigrante tiene arraigo en España, ya que cuenta con trabajo, esposa e hijos que aquí viven.
Por todo ello, acuerda dejar sin efecto la orden de expulsión decretada por la Delegación del Gobierno en Murcia en julio de 2015, que incluía, también, la prohibición de regreso en los siguientes cinco años.

Los puertos deportivos de la Región obtendrán rebajas de hasta el 35% del canon


MURCIA.- El Gobierno regional pondrá en marcha, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, una línea de reducciones en el canon que abonan los puertos deportivos para estimular el desarrollo de regatas, competiciones náutico-deportivas y la obtención de la distinción de la bandera azul.

Las reducciones pretenden incentivar la mejora de los servicios de las instalaciones náuticas de la Región y la organización de eventos náuticos que atraigan visitantes todo el año, y supondrán una rebaja de hasta el 35% del canon.
El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, anunció este lunes los distintos baremos de rebaja del canon durante la reunión de la Mesa Náutica, integrada por los máximos representantes de los puertos deportivos regionales, clubes náuticos y de actividades náuticas (buceo, vela, motonáutica y piragüismo, entre otros).
"Esta línea de reducción es una nueva iniciativa para mejorar la competitividad y los servicios de las instalaciones náuticas de nuestra Región, con la que pretendemos elevar el peso de este sector que es un atractivo turístico y motor generador de riqueza en nuestras costas", destacó el consejero.
Rivera comentó que "esta medida es el resultado del desarrollo de la Ley de Puertos de la Región, tras un proceso participativo llevado a cabo por el Gobierno regional con el sector, los concesionarios de los puertos deportivos y los representantes de los clubes náuticos y la federación de vela para analizar los nuevos modos de cálculo del canon".

Reducción del canon

El nuevo baremo permite a los puertos deportivos reducir hasta en un 35% el precio del canon por la organización de regatas o competiciones náutico-deportivas destinadas al fomento de los deportes vinculados al turismo como competiciones motonáuticas, remo, kayak, kitesurf y piragüismo. Su objetivo es promover la organización y celebración de eventos náuticos durante todo el año como iniciativa contra la estacionalización, y la promoción de las buenas prácticas ambientales.
También se propone la reducción de un 10% del canon por la obtención de bandera azul del puerto y por la organización de actividades de fomento de la cultura ambiental.
Igualmente, se puede obtener una rebaja si se mantiene abierta una escuela deportiva de vela o de otro deporte náutico al menos durante 10 meses al año, como medida para fomentar la desestacionalización.
Como ejemplo, el consejero explicó que un club que pague 140.000 euros al año de canon, puede ahorrarse 14.000 euros solo con la obtención de la bandera azul, y otros 34.000 euros más si organiza regatas y actividades náuticas.

Plan de puertos

Durante la reunión, el consejero de Presidencia y Fomento informó de que se ha licitado el Plan de puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por un importe de 71.000 euros, y que "en breve se iniciará su redacción con el apoyo y colaboración de todos los colectivos de la Mesa de la Náutica".
Los objetivos del Plan son impulsar el papel del sistema portuario para el crecimiento socioeconómico de la Región, mejorar la integración del puerto en la ciudad, fomentar la sostenibilidad, la gestión de los servicios portuarios y potenciar la economía regional y local de los municipios donde se ubican los puertos.

Murcia, la región donde más baja el coste laboral en el tercer trimestre del año


MURCIA.- El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se situó en 2.200,92 euros en el tercer trimestre de 2017, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso del 0,7 por ciento es la mayor caída por comunidades autónomas, mientras que la media nacional aumentó cuatro décimas.
Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.622,35 euros, lo que supone un descenso del 0,3 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016.
Por su parte, los otros costes laborales (que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social) alcanzaron los 578,57 euros, un 1,5 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos del INE, los costes laborales por hora de trabajo efectiva bajaron un 1,7 por ciento en el tercer trimestre de 2017, hasta situarse en 18,61 euros.
Igualmente, el coste salarial por hora efectiva bajó un 1,4 por ciento hasta los 13,72 euros; y los otros costes por hora efectiva descendieron un 2,6 por ciento, hasta los 4,89 euros, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La tasa de litigiosidad en la Región, una de las más altas de España


MURCIA.- La Región de Murcia figura entre las comunidades autónomas con mayor tasa de litigiosidad, con 28,8 asuntos por cada mil habitantes en el tercer trimestre de 2017, frente a los 28,6 contabilizados en el conjunto de España, según el informe 'Situación de los órganos judiciales' publicado este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja -18,4 asuntos por cada mil habitantes-, el País Vasco -19,7 asuntos-, Navarra -22,1- , Extremadura -22,4- y Castilla La Mancha -23,5.
Por contra, a la cabeza en litigiosidad figuran Canarias -con 37,4 asuntos por cada mil habitantes-, Baleares -con 33,3- y Andalucía -con 32,7-. También en Cantabria -con 29,6 asuntos por cada mil habitantes- y en Murcia -con 28,8- se superó la media nacional.

El cartagenero Eduardo Zaplana, miembro del Consejo Social de la UPCT, declara por el 'caso Bárcenas'


MADRID.-El expresidente madrileño Ignacio González ha llegado a las 9.15 horas a la Audiencia Nacional para prestar declaración como testigo sobre una conversación que mantuvo con el exministro Eduardo Zaplana poco antes de ser detenido en Lezo y en la que habló del pago de comisiones al PP a cambio de adjudicaciones.

Es la primera vez que acude a prestar declaración a la Audiencia Nacional desde que fuera excarcelado tras pasar seis meses en prisión preventiva, si bien en esta ocasión lo hace en calidad de testigo y ante el juez José de la Mata, que investiga los papeles de Bárcenas y la caja B del PP.
El expresidente madrileño ha acudido a su cita con De la Mata acompañado de su abogado y con gesto serio.
González estaba citado a las 10.00 horas, mientras que Zaplana,  miembro en la Región del Consejo Social de la UPCT por ser cartagenero, deberá estar en la Audiencia Nacional a las 13.30 horas. Antes prestarán declaración los imputados en Lezo Ildefonso de Miguel y el empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, y por la tarde será el turno del fundador de Intereconomía Julio Ariza.
La citación de González y Zaplana como testigos -lo que les obliga a contestar a todas la partes y a decir verdad- se produce tras la incorporación a esa causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.
La conversación fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, y cuando González era ya consciente de que le estaban investigando tras recibir un chivatazo cuya procedencia está aún por determinar.
En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que el exgerente del Canal, Ildefonso de Miguel, "le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)" diciendo que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".
De Miguel le facilitó esa grabación a Julio Ariza, quien después "se fue a ver a Mariano a chantajearle", siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana.
Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente "le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo".
Con estas citaciones, De la Mata trata de "verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados "papeles de Bárcenas" o "contabilidad B" del PP, aparentemente efectuada por "Gre. (Rafael P)", "R. Palenc", "Rafa Palencia" y "Rafael Palencia" en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.


Zaplana dice que se limitó a escuchar a González

Zaplana ha afirmado ante el juez del caso Bárcenas que se limitó a escuchar al expresidente madrileño Ignacio González cuando, en una conversación pinchada en el despacho de este último, le contó sus teorías sobre sus problemas judiciales, pero no le dio credibilidad.
Zaplana ha declarado este lunes como testigo en la Audiencia Nacional sobre esa conversación con González intervenida dentro del caso Lezo en el despacho del expresidente madrileño en la calle de Alcalá el 19 de enero de 2017, tres meses antes de que fuera detenido por esta causa.
Entre otras cosas, González le explicó durante esa charla que le habían "liado" "entre Mariano (Rajoy), (Álvaro) Lapuerta y su puta madre" atribuyéndole, los dos últimos, una comisión por la concesión del tranvía de Navalcarnero (Madrid) que no había cobrado.
Según han explicado fuentes presentes en la declaración, Zaplana ha dicho que ese día se limitó a escuchar y a seguir la corriente a González porque era su amigo, pero que no creyó su versión de la persecución que había sufrido presuntamente de manos de Rajoy y Lapuerta, entre otros.
En la conversación pinchada, González también contó a Zaplana cómo le había "intentado adjudicar" una cuenta en Suiza y lo achacaba a un asesor de su predecesora, Esperanza Aguirre, "al que hicimos alcalde de Leganés", en alusión a Jesús Gómez, quien alertó a dirigentes del PP de la existencia de esa cuenta.
Le relató asimismo que en 2008, después de que se publicara una información de que Rajoy le había afeado su honorabilidad, le pidió explicaciones y tuvieron "una bronca de la hostia -afirmó-".
En esa discusión, González le dijo: "¡Oye Mariano!, si este va a ser el sistema de funcionamiento que vas a implantar a esto ahora, chico, a mí me parece una locura".
"Y desde entonces, en esa conversación yo ya soy consciente...", continúa González explicando a Zaplana, quien acaba la frase: "...de que te va a matar".

Bruselas pide a Fomento detalles sobre las obras del AVE en Murcia

MURCIA.- La Comisión Europea ha solicitado información al Ministerio de Fomento español sobre las obras que se están desarrollando en Murcia para la llegada del AVE. 

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, ha remitido una carta el presidente de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, informándole de que tras su comparecencia en la comisión el pasado 23 de noviembre y tras estudiar la información aportada, han decidido enviar una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, requiriéndole información sobre el proyecto de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia.
Concretamente, en el escrito, al que ha tenido acceso La Opinión, se indica que se le ha requerido a De la Serna detalles sobre el estado actual de las obras del AVE en Murcia, así como que indique si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto respeta la directiva europea y el Convenio de Asrbus "dado los cambios sufridos en el proyecto desde 2009".
Otra de las preguntas que la Comisión Europea traslada a Fomento es "cómo piensa el Ministerio paliar el impacto del soterramiento de las vías para la población durante las obras", al tiempo que informa al presidente de la Plataforma Prosoterramiento de que se ha decidido enviar esta petición también a la Comisión de Transportes para su información.

Casi 66.000 murcianos dejan para el último día la compra de los regalos de Papá Noel y Reyes


MURCIA.- Un 6% de los murcianos, el equivalente a casi 66.000 personas de entre 18 y 75 años, dejan por pereza la compra de los regalos de Papá Noel o Reyes Magos para ese mismo día y un 41% lo hace la misma semana. Por el contrario, no sucede lo mismo con la compra de la Lotería, la tarea navideña que hacemos con más antelación, según un estudio de Línea Directa Aseguradora.

El 42% de los murcianos afirma que difieren demasiado comenzar a hacer ejercicio, el 31% empezar una dieta y el 29% mejorar las finanzas personales. Pero la procrastinación nos acompaña durante todo el año. Más de 464.000 murcianos (44%) reconocen que retrasan demasiado sus obligaciones y 56.000 (5%) se declaran "procrastinadores crónicos", haciéndolas incluso fuera de plazo.
Respecto a los quehaceres que más "patadas dan hacia delante" los murcianos en el ámbito doméstico son las tareas del hogar (47%) y el bricolaje (45%); y en el personal, pedir cita al médico (38%), comprar regalos de aniversario (24%) y reservar los viajes y vacaciones (19%). En este sentido, también se observan diferencias por género: los hombres procrastinan más cuando toca comprar regalos de aniversario o hacer llamadas a familiares. Por su parte, las mujeres reconocen, en mayor medida, postergar aquellas tareas que les generan más ansiedad.
En lo referente a las tareas de casa, las labores que, concretamente, más hacen "arrastrar los pies" a los murcianos son cambiar la ropa de temporada en los armarios (63%), limpiar el horno o el microondas (57%), planchar (53%), organizar la nevera (42%) y limpiar el baño (28%). Y en lo que respecta a la higiene personal, cortarse el pelo y afeitarse o depilarse.
Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio "La procrastinación en los hogares españoles", llevado a cabo por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora.

La gran banca recorta 11.000 empleos en dos años, el 8,3% de la plantilla


MADRID.- La banca vuelve a estar en plena ola de ajustes, con la ya aprobación del ERE que va a realizar Banco Santander tras la adquisición de Popular y los inminentes recortes que se presentan en Bankia y BMN con su fusión, alerta hoy elEconomista

Tan sólo en los dos últimos años, desde el cierre de 2015 a la actualidad, la gran banca ha recortado en torno a 11.000 puestos de trabajo, contando con los 1.100 empleados de los que van a prescindir Santander y Popular en sus servicios centrales hasta febrero de este año.
La cifra de ajuste equivale a una reducción del 8,34% de los empleados de la gran banca española. CaixaBank es una de las entidades que mayores recortes ha hecho en los últimos dos años. 
En 2016 anunció un plan de reestructuración que afectó a 1.700 trabajadores, con un coste de 281 millones de euros, y este año puso en marcha un segundo plan de prejubilaciones que afectó a 960 empleados, nacidos antes de 1.959, con un coste de 455 millones. 
En total, ha prescindido de 2.660 trabajadores, aunque su plantilla (sin el portugués BPI) se mantiene en 32.126 personas, a tener en cuenta las nuevas contrataciones que ha realizado en los últimos meses de gente más joven titulada en Economía, Empresariales o Derecho para reforzar el equipo de asesoría.
Banco Santander (sin Popular) contaba a cierre del tercer trimestre del año con 22.904 personas, 1.327 menos que a diciembre de 2015. La entidad ya realizó un plan de ajuste en 2016 que afectó a 1.480 personas, de las que 700 fueron prejubiladas; 680 salieron de la empresa por baja incentivada y 100, fueron reubicadas en otros segmentos del grupo. 
Con la compra de la entidad expresidida por Emilio Saracho, el banco sumó sus 11.695 trabajadores. Ahora se encuentra en pleno reajuste de plantilla y, para 2019, realizará otro recorte que afectara a la red de oficinas.
Popular ya venía de un ERE, que se aprobó en noviembre de 2016, y supuso un recorte de 2.592 empleados, entre prejubilaciones a partir de los 55 años y despidos. Por su parte, BBVA ha pasado de tener 32.903 trabajadores al cierre de 2015 a 30.584 en septiembre de este año, es decir, 2.319 menos. 
Entre medias, el banco ha realizado dos planes de prejubilaciones, uno en 2016 que afectó a 600 empleados, y otro en 2017, con la salida de otros 500. Además, la entidad prevé externalizar a otros 152 trabajadores con la venta de su división informática.
Bankia, que realizó su gran ERE en 2013 con 4.500 afectados, cerró el tercer trimestre de 2017 con 13.472 trabajadores, prácticamente similar a los 13.569 que tenía hace dos años. Sin embargo, la entidad volverá ahora hacer nuevos reajustes de plantilla tras la fusión de BMN y se conocerá de manera inminente el número de afectados.
Sabadell se encuentra inmerso en el recorte anunciado a finales de 2016 que supondrá un recorte de 800 empleados. El banco, con 17.866 empleados en 2015, contaba a septiembre de 2017 con 17.589 empleados, a falta de que se materialicen las últimas salidas. 
Bankinter, es el único que ha incrementado plantilla, sobre todo de perfil tecnológico, y ha pasado 4.405 empleados a 5.606.

El TS abre la puerta a la revisión de todos los desahucios previos a marzo de 2013


MADRID.- Ha pasado bastante desapercibida y, sin embargo, podría poner en serios apuros, una vez más, a las entidades financieras. El pasado 27 de septiembre, el Tribunal Supremo dictaminaba la inexistencia de cosa juzgada en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia del Alto Tribunal supone, en la práctica, que miles de consumidores que fueron lanzados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas, a juicio de El Confidencial.

Para entender la trascendencia de esta sentencia hay que remontarse al 14 de marzo de 2013. Hasta esa fecha, los jueces españoles encargados de juzgar una ejecución hipotecaria instada por una entidad financiera contra un particular, no podían frenar dicho procedimiento aunque en la hipoteca firmada detectase la existencia de cláusulas abusivas -cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses de demora...-.
Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en la que consideraba que la legislación española que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria vulneraba la normativa europea comunitaria de protección de los consumidores y daba luz verde a que los jueces españoles pudieran paralizar todos aquellos procedimientos en los que considerasen que las hipotecas firmadas por los afectados contenían cláusulas o condiciones abusivas. 
 El fallo del tribunal europeo fue aplicable a partir de esa fecha en los procesos que estaban vivos en aquel momento, así como en las sentencias pendientes de dictar. Sin embargo, dicha sentencia no entraba a valorar qué sucedía con los casos ya juzgados.
El Supremo ha arrojado luz sobre todos estos casos ya juzgados y, aparentemente cerrados. Y es que el Alto Tribunal considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a dicha fecha, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas presentes en los contratos hipotecarios ni los consumidores podían oponerse a la ejecución alegando la presencia de dichas cláusulas, por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen eficacia de cosa juzgada.
"El Tribunal Supremo abre nuevas vías de reclamación para aquellos afectados que vieron cómo en el periodo anterior a la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social -que recoge los efectos dela sentencia del TJUE- les ejecutaron su vivienda sin posibilidad de alegar la abusividad de determinadas cláusulas de su contrato de préstamo hipotecario", señala Javier Moreno Arbizu socio de LEAN Sevilla.
"Dicha sentencia abre la posibilidad, además, a reclamar los posibles daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual en aplicación de una cláusula potencialmente abusiva como es la del “vencimiento anticipado”, que otorga al banco la posibilidad de ejecutar la hipoteca con el impago de una sola cuota, cuando no pudo oponerse al tiempo de la ejecución", añade Javier Moreno Arbizu. Es decir, el afectado no podrá recuperar ya la vivienda pero al menos sí podrá exigir una compensación económica por ello.

Antes los jueces no podían actuar de oficio

Los antecedentes de este caso se remontan a un préstamo hipotecario de fecha 11 de septiembre de 2007, cuya finalidad era la financiación de la adquisición de una vivienda. Ante el impago por los prestatarios de cuatro cuotas del préstamo, la entidad bancaria (Celeris Servicios Financieros) inició un procedimiento de ejecución hipotecaria, despachándose ejecución el 2 de febrero de 2009 y subastándose la vivienda el 18 de noviembre de 2010.
Posteriormente, el consumidor presentó una demanda el 4 de julio de 2013 frente a la entidad bancaria solicitando la nulidad de pleno derecho, por abusivas, de una serie de cláusulas del contrato de préstamo hipotecario, entre ellas, la de los intereses de demora solicitando el reintegro de la liquidación de intereses practicada en la ejecución hipotecaria.
"La entidad bancaria alegaba el efecto de cosa juzgada al haberse ventilado ya las cuestiones relativas al referido contrato de préstamo hipotecario en un proceso ejecutivo anterior. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluye la improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en el proceso ejecutivo previo no había posibilidad procesal para oponer la abusividad de las cláusulas contractuales que se aduce en el declarativo posterior", apunta Moreno Arbizu.
En este sentido, explica la sentencia del TS que "el contrato incluía una serie de condiciones generales de la contratación que no se podían alegar al tiempo de la ejecución hipotecaria, pues la normativa legal vigente no permitía su oposición mediante la alegación de la abusividad de cláusulas contractuales que hubieran servido de fundamento al despacho de la ejecución. Ello nace con la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Tampoco estaba aún prevista la aplicación del control de oficio por el juez nacional, al no haberse dictado aun la STJUE de 14 de marzo de 2013", añade este abogado.
Con ello, el Supremo termina dando la razón al consumidor y declarando la nulidad de la cláusula que fijaba el interés de demora de 26,564%, condenando a la entidad bancaria a reintegrar la cantidad de 11.048,19 euros que fueron tasados en la ejecución hipotecaria en concepto de intereses moratorios.
"La entidad financiera viene a decir que los consumidores no hicieron nada que evitase que las cosas quedaran resueltas como constan. Les acusa de pasividad en la fase de oposición a la ejecución y cuando se les dio traslado de la liquidación de intereses. Los altos magistrados, sin embargo, hacen valer que en esos momentos la legislación no permitía oponerse alegando abusividad. Tampoco el control de oficio por el juez , ya que aún no se había pronunciado el TJUE en sentencia del 14 de marzo de 2013", señalan desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El CGPJ mantiene los juzgados especializados en cláusulas suelo


MADRID.- Finalmente, los juz­gados es­pe­cia­li­zados en cláu­sulas suelo ten­drán su opor­tu­nidad para asen­tarse. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con el Ministerio de Justicia y las co­mu­ni­dades au­tó­no­mas han de­ci­dido man­tener este tipo de ór­ganos du­rante el año que está a punto de co­men­zar. La banca man­tiene la ne­ce­sidad de re­currr a esta ins­tan­cia, caso por caso, para cum­plir las de­ci­siones de los Tribunales eu­ro­peos, adelanta hoy www.capitalmadrid.com

Se ha tomado esta decisión a fin de evitar males mayores, puesto que existe el riesgo de que los juzgados de primera instancia colapsen si les es transferida la enorme masa de pleitos relacionados con los 'suelos' hipotecarios.
En cualquier caso, y tal como aclararon a la prensa fuentes de Justicia, esto no será óbice para que se sigan analizando posibles reformas al plan de choque diseñado. Eso sí, el programa definitivo de ajustes deberá estar acabado antes de que finalice el año, ya que la vigencia del actual plan concluye el próximo 31 de diciembre.
En el encuentro participaron el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, junto a vocales de esta institución; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Nacidos en el colapso
A principios de junio, eran casi 30.000 los procesos iniciados en los juzgados de Madrid y Barcelona: 22.234 y 8.727 respectivamente, a los que tienen que hacer frente dos jueces en prácticas en cada caso. Unos números hiperbólicos que, según manifestó recientemente el colectivo de jueces decanos, abocan al "completo atasco" de estos juzgados de nuevo cuño y cuya tardía respuesta, en opinión de los magistrados, terminará "frustrando la resolución de las demandas".
Según denunciaron los jueces decanos, las perspectivas de futuro tampoco permiten pensar en que amaine el alud: "la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, indicaron. La solución sugerida por este colectivo pasa por una renuncia completa por parte del CGPJ a la idea de estos juzgados creados 'ad hoc', asignando los asuntos que ingresen a los juzgados de primera instancia. Una opción que, de momento, queda descartada por el Gobierno, las CCAA y la Judicatura. Necesidad de refuerzos
Lo que sí reconocen los representantes del Poder Judicial y el Estado es la urgencia de incorporar nuevos magistrados para impedir que los juzgados especializados se desborden más allá de todo control. Se estima que harán falta más de 100 nuevos jueces para poder atender los procesos iniciados desde el pasado 1 de junio.

Las grandes constructoras, perplejas por la simpleza de las ideas del ministro De la Serna

MADRID.- Las grandes cons­truc­toras ven con per­ple­jidad no exento de asombro el plan de in­ter­na­cio­na­li­za­ción que el mi­nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha lan­zado a bombo y pla­tillo con el ob­je­tivo de for­ma­lizar alianzas entre las em­presas pri­vadas y las pú­blicas -Renfe, Aena, Adif y Puertos del Estado- e in­tentar lo­grar grandes in­fra­es­truc­turas en el ex­te­rior. Lo con­si­deran un brindis al sol, en gran me­dida, a juicio de www.capitalmadrid.com

El sector entiende que disponen ya de su propia carta de visita y que el Ministerio debería ocuparse con más ahínco en potenciar la obra pública interna, antes que actuar de embajador fuera de España. Máxime cuando en los peores momentos de la crisis debieron emigrar solas para no desaparecer y cuando siguen sin ver proyectos en firme.

De la Serna ha vuelto a despertar entre las constructoras el malestar que arrastran desde hace años con el Gobierno por la falta de inversión pública que ha existido en España, y sin viso alguno de que esto vaya a cambiar.

 “El Gobierno no solo no gasta apenas un euro en obras sino que ahora nos quiere hacer la agenda para acudir a los grandes proyectos que hay en el exterior”, han declarado a Capitalmadrid fuentes del sector, con cierta sorna.

Una reputación exterior ganada a pulso
A una gran parte de las empresas les ha parecido desacertada la iniciativa que Fomento quiera ahora servir de abanderado de las constructoras españolas, cuando los grandes contratos en los que actualmente participan la mayoría los han conseguido por sí mismas. 

Las seis mayores constructoras españolas -ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr- tienen el 75% de su actividad en el exterior y han logrado mantener su potencial gracias a su estrategia internacional.

En el plan de internacionalización diseñado por Fomento, De la Serna señala a 11 países estratégicos donde se van a poner en marcha grandes obras por valor de 2,5 billones de euros -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Noruega, Suecia, Austria, Colombia y Perú- y enumera otros nueve países emergentes donde también se prevén importantes proyectos como Argentina, Chile, Dinamarca, Egipto, India, Israel, Malasia, Marruecos y Singapur.

Esta serie de países que el ministro califica como los más atractivos porque es donde se van a desarrollar grandes obras emblemáticas, figuran ya, según estas mismas fuentes, en las agendas de todas las constructoras españolas y, desde hace tiempo, sus equipos directivos se están moviendo en esa dirección.

Una medida que favorece más al Gobierno
Por eso, el hecho de que Fomento ofrezca su disposición a explorar y a participar en foros internacionales es algo que le favorece más al Gobierno por cuestión de imagen, que a las propias empresas porque todas estas compañías tienen una reputación consolidada.

A falta de obra pública en España, las empresas han centrado en los últimos años prácticamente toda su actividad en el exterior. Hasta el plan de construcción y mejora de carreteras que el Gobierno aprobó en julio pasado no se ha puesto en marcha aún por lo que el sector sigue tirando de los proyectos que consigue a nivel internacional.

ACS ha vuelto a liderar en 2016 la clasificación de los principales grupos de concesiones de infraestructuras, según el ranking que elabora la revista especializada Publics Works Financing (PWF). Dentro del Top 10, figuran cinco empresas españolas: ACS, Abertis, Ferrovial, Sacyr y Globalvía. La selección que anualmente hace la revista PWF certifica a España como el país que más empresas tiene en el mundo en infraestructuras, que acaparan los mayores proyectos que se realizan en el mundo.

Y es que, ocho grupos de los 32 que componen el ranking mundial son compañías españolas por delante de Francia que figura con cinco empresas. Australia, con Macquarie a la cabeza, tiene tres empresas, Reino Unido otras tres, y Holanda y México dos cada uno.

La compañía que preside Florentino Pérez encabeza la primera posición de este listado, tanto por el número de infraestructuras que el grupo tiene en construcción actualmente o en explotación -un total de 61-, como por la inversión que representa esta cartera, que asciende a cerca de 93.000 millones de dólares, unos 83.670 millones de euros.

Por tanto, desde las constructoras se piensa que a quien más favorece esta iniciativa es al Gobierno y al Ministerio de Fomento que buscan actuar de embajadores de las grandes constructoras españolas cuando todas se han logrado a pulso su reputación.

En cambio, la idea de crear consorcios público-privados con Renfe, Adif, Aena y Puertos del Estado se piensa que es una idea interesante pues beneficia a ambas partes a la hora de crear estrategias comunes y generar sinergias. Esta iniciativa si es una medida que suma, pues las cuatro empresas públicas son punteras en su terreno.

La desalinizadora de Torrevieja, principal fuente de agua de la provincia de Alicante


ORIHUELA.- Por primera vez desde que se concibió en 2007 la desalinizadora de Torrevieja no es solo noticia por la sempiterna pelea política, o por el coste de la obra civil - 300 millones de euros-, o por su elevado consumo energético. Lo es porque produce agua potable. Y mucha. Nadie la quería, pero en estos momentos se la disputan los agricultores con un trasvase Tajo-Segura que luce el cartel de cerrado «sine die por sequía», y también la Mancomunidad de Canales del Taibilla para garantizar el consumo humano. 

La desalinizadora de Torrevieja va a concluir el ejercicio de 2017 con una producción anual de más de 40 hectómetros, ahora consagrado al abastecimiento urbano. Y desde que se puso en marcha en 2014 ya ha generado más de cien. Incluso lo poco que reserva el pantano de La Pedrera ya procede de lo que se bombea desde el Mediterráneo, una vez pasado el tamiz de la desalinizadora, revela el diario Información

Ese volumen va a ser posible pese a que con la energía que reciben estas instalaciones desde que comenzaron a funcionar en pruebas en febrero de 2013, solo podría cubrir una demanda de 20 hectómetros anuales. Acuamed, la empresa estatal que gestiona las instalaciones, y Acciona, la operadora de la planta en Torrevieja, que sigue siendo la más grande de Europa y una de las más importantes del mundo, se las han arreglado para que sea así. 

Sobre un terreno de 20 hectáreas se levantó este complejo entre la laguna rosa de Torrevieja y el litoral sur de su casco urbano, que ahora solo requiere la supervisión de dos técnicos desde una sala de control, aunque la plantilla total está formada por una veintena de trabajadores, explican el ingeniero de Acuamed, David Soriano, y el jefe de planta de Acciona, Javier Zapatera.

Todo está impoluto. El agua solo ve la luz del sol a su entrada desde el mar. Desde la instalación de captación situada junto al faro de poniente del puerto de Torrevieja, pegada una de las playas más populares de la ciudad, la de Los Náufragos, un enorme colector de casi dos metros y medio de diámetro, transporta atravesando el subsuelo del barrio de San Roque el caudal que ahora alimenta a la desalinizadora en un flujo que no puede parar. Agua que no llega, agua que no se desala.

Toda la instalación está duplicada. Tuberías. Bombeos. Grandes balsas de filtrado. Si una de las líneas falla o hay que realizar mantenimiento siempre se puede recurrir a la otra. Y todo el proceso está pensado para que el agua llegue con las mínimas impurezas a las miles de membranas que a base de presión y poros microscópicos producen la ósmosis inversa. En ellas se despoja de sal al agua del mar y la hacen potable.

El proceso se inicia con la retirada de sólidos del agua, sobre todo arena. Después los más pequeños, a través de grandes estanques de decantación, bombeos con filtros de micras cada vez más pequeños, hasta llegar a la gran nave, la que desde el exterior se vislumbra con una cubierta cuajada de placas solares. Allí se produce la fase principal. Es el único lugar de la planta donde se percibe que algo está pasando, sobre todo por el ruido del bombeo necesario para generar la suficiente presión, responsable también del gran consumo energético que exige la desalinización. 

Aunque unos dispositivos especiales, los «recuperadores», permiten reutilizar la mitad de la energía solo con el impulso de las salmueras. Cuando termina el proceso, paradójicamente cuando el agua es más pura, hay que «aliñarla». Equilibrarla dicen los técnicos. Un agua sin remineralizar deshidrataría a cualquiera. Por eso, en una última fase, a una pequeña proporción del caudal producido se le satura con cal y se diluye en el resto. 

De ahí toda la producción pasa, de nuevo gracias a bombeos que necesitan más energía, a las zonas de entrega. Una se encuentra en el canal del postrasvase a cielo abierto cerca de San Miguel, para dotar al campo de Cartagena -cuando es para riego-. Otra entrega en el pantano de La Pedrera. Y la última, con una aportación previa de cloro, cede caudal a los estanques de almacenamiento que Canales del Taibilla tiene cerca de Vistabella.

Cada chorro de agua que sale del grifo de los hogares de los municipios del sur de la provincia -incluso Alicante y Elche-, el 60% está formado por agua desalinizada, y de ella la mayor parte procede en origen de aguas que bañaban la costa torrevejense.

Choca que ahora todo lo que se mueve en torno a la planta se haga tan deprisa cuando antes todo se eternizaba. Baste recordar que la obra civil estuvo terminada en 2009, pero no fue hasta 2012 cuando se autorizó el trazado de colectores de captación y vertido de salmueras. Ahora, con el interés renovado en el agua desalinizada, Red Eléctrica está soterrando a marchas forzadas un tendido que permitirá en abril o mayo duplicar la capacidad de producción de la planta hasta los 80 hectómetros anuales sin realizar más obras. 

Con esa producción, el coste por metro cúbico bajaría por debajo de los 0,40 céntimos. Ahora es de 0,47. Eso es lo que van a reclamar los agricultores a las puertas de la instalación mañana martes, olvidándose de la polémica del boro que tanto juego di0 a los políticos cuando los agricultores pedían trasvase del Ebro rechazando las desalinizadoras con el argumento de la presencia de boro, perjudicial para los cultivos, en el agua. 

En la de Torrevieja, varios de los bastidores con membranas están especialmente preparados para retirar el boro del agua. De hecho el contenido en boro es mayor para el agua de consumo humano que para la que se estaba suministrando a la agricultura, con unos umbrales mucho menores que los recomendados por organismos especializados. Los principales retos son los del mantenimiento -la sal lo corroe todo, y por eso las tuberías son de plástico y los depósitos de un tipo de acero de aleación especial- y la investigación en esas membranas para reducir el consumo energético.

Por otra parte Acciona gasta al año 200.000 euros en la vigilancia ambiental de la planta. La desalinización genera un residuo: las salmueras. La sal «extirpada» al agua del mar se disuelve de nuevo en el mar a través de un colector con más de sesenta difusores subacuáticos que se extienden en diagonal desde el dique de Levante del puerto de Torrevieja. 

Todas las semanas una empresa de buzos inspecciona su estado y una red de ocho estaciones comprueba que la saturación de sales está por debajo de lo permitido. Una red ideada para proteger y preservar, en especial, la pradera de posidonia de la costa torrevejense y que según Acuamed y la Conselleria de Medio Ambiente, no ha fallado.

La Unión Europea prolonga las sanciones a Rusia / Antonio Sánchez-Gijón *

El Consejo Europeo del pa­sado fin de se­mana ex­tendió por otros seis meses unas san­ciones a Rusia, que de­bían ter­minar el pró­ximo enero. Las san­ciones son prin­ci­pal­mente eco­nó­mi­cas, aunque tam­bién ponen el blanco en de­ter­mi­nados in­di­vi­duos. Los sec­tores afec­tados por ellas son los de ener­gía, de­fensa y el fi­nan­ciero. Todo por causa de la ocu­pa­ción y anexión de la pe­nín­sula ucra­niana de Crimea, y por el apoyo mi­litar de Rusia a los se­pa­ra­tistas de las pro­vin­cias del sud­este de Ucrania, en 2014. 
La escasa inclinación de los países europeos a conciliarse con Rusia en estos momentos se ve agravada, además, por las dificultades que la diplomacia norteamericana, y en general la Alianza Atlántica, encuentran para renovar el equilibrio estratégico OTAN-Rusia alcanzado por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio (INFT en inglés), de 1987, que retiraba 2.700 vectores de cabezas nucleares desplegados en el continente. En medios profesionales de Rusia se ha activado un debate que postula el desarrollo de moderno armamento nuclear intermedio, con el argumento de que han aparecido nuevos desafíos estratégicos en la periferia rusa de Asia, no en Europa.

Los países de la Unión Europea, sin embargo, necesitan despejar esas incógnitas (seguir contando o no con el tratado que elimina ese tipo de armas), si es que han de llevar a cabo su recientemente acordada política de defensa común. De otro modo, se verán forzados a prestar apoyo a una política de la OTAN que parta de la realidad de una Europa no protegida por las garantías del tratado. El departamento de Estado de los Estados Unidos determinó, en 2016, que Rusia violaba el INFT.

Al mismo tiempo que el Consejo Europeo, se celebraba en Bruselas un consejo de la OTAN en que ésta pedía a Rusia “disipar esas preocupaciones de una manera sustancial y transparente, y entrar en un diálogo técnico con los Estados Unidos”.

En otra nota de discrepancia con Occidente en materia nuclear, el presidente Putin, en su conferencia de prensa anual, del pasado día 14, aseguró que “Después de lo de Libia e Iraq, Corea del Norte no ve otro medio de sobrevivir que no sea el desarrollo de armas nucleares de largo alcance”, debilitando así la esperanza occidental de que Moscú pudiese ejercer presión sobre Pyonyang para frenar su programa nuclear.

En parte, la renovación de las sanciones contra Rusia es un modo de recordar a Putin que no puede olvidarse de Europa, ahora que está poniendo sus miras diplomáticas en otras partes del mundo. Esta postura es una réplica de la ya adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, de reforzar las sanciones contra Rusia, adoptada en julio pasado.

Putin se presentará a la reelección para la presidencia de Rusia el próximo marzo, y llegará como favorito como le auguran las encuestas, con el 75% de la intención de voto. Si las gana, lo que se da por descontado, habrá ejercido el poder en Rusia como presidente o jefe de gobierno entre 1999 y 2024. 

A esa presumible popularidad contribuye de modo importante la anexión de Crimea y la intervención de Rusia en la guerra civil de Siria, que asegura el control del país por el presidente Bachar al-Asad, y de premio le regala una base naval en Tartus. Los intentos de Rusia por salir al Mediterráneo fue motivo constante de conflictos armados con las potencias occidentales a lo largo del XIX.

En su conferencia de prensa, Putin se burló del más conocido opositor de su régimen y debelador de la corrupción que le afecta, el disidente Alexei Navalny, quien probablemente seguirá bajo la prohibición de presentarse a elecciones debido a la organización de frecuentes manifestaciones públicas contra el gobierno, a lo largo y ancho de Rusia. Según Putin, Navalny, en lugar de ofrecer soluciones a los problemas del país, se dedica “a armar ruido en las calles”. 

Navalny es víctima frecuente de las atenciones de la policía rusa. De todos modos, algunas fuerzas políticas liberales del entorno de Navalny lograron este año pequeñas victorias electorales en zonas vecinas a Moscú. El actual mediocre desarrollo de la economía rusa no será obstáculo para el éxito electoral de Putin, aunque en 2018 es previsible la erupción de crisis bancarias y regionales, con varios estados de la federación sin poder cuadrar sus cuentas.


(*) Periodista


Sensatez e insensatez en Catalunya / Juan Carlos Monedero *

La situación en Catalunya está, paradójicamente, sincerando las estrategias políticas de hace cuatro años, cuando nació Podemos después del 15M. La montaña rusa llega a puerto. Algo bueno debiera tener este jaleo. Falta que el resultado electoral de este jueves 21 permita convertir esa clarificación en gobierno. 

Es bastante probable, de no volver a naufragar las encuestas, que no ocurra ahora. Todos los partidos, ante la incertidumbre y el “empate catastrófico”, jugarán el juego del gallina, manteniendo el rumbo y la velocidad del automóvil, y mantendrán sus posiciones maximalistas. En ese caso no habrá otra que la repetición de elecciones. Entonces, después de un resultado que volverá a ser muy parecido, será que llegue el acuerdo. 

Seguramente en una dirección diferente a como se solventaron las elecciones generales que dieron el gobierno a Rajoy. La España que ha cambiado ha venido para quedarse. Se toma su tiempo, pero igual que el PP pierde y pierde apoyos, el PSOE tendrá que decidir si se va hacia la Gran Coalición o se atreve con lo nuevo. Haga lo que haga, su decisión cambiará la política española. 

Si Sánchez cumple su palabra y busca la alianza con Podemos para sacar a Rajoy y sus políticas, se consolidará ese nuevo bloque de gobierno, que representa a las nuevas generaciones y no asusta a las mayores. Podemos recuperará entonces el rumbo detenido por la crisis catalana. 

Si no lo hace, el PSOE se romperá definitivamente y Podemos igualmente tendrá clara su tarea pues habrá que volver a trabajar en la construcción de un Frente Amplio, donde estarán los socialistas honestos, que devuelva a España la democracia que está perdiendo. Y todo el episodio de la resurrección de Sánchez habrá sido una lamentable pérdida de tiempo.

El escenario de este año ha sido vertiginoso, pero los posos se están decantando: la muerte, resurrección y potencial suicidio del PSOE de Sánchez apoyando a Rajoy, sumados a la incorporación de Unió a las listas del PSC que lo inclinan a la vieja política; la separación de ERC del postpujolismo y la asunción parlamentaria del referéndum pactado; el renacimiento presidencialista del postpujolismo en la estela de la vieja Convergencia; la insignificancia de las CUP desde su coherencia; la recuperación del discurso social de los Comunes junto a Podemos, y la apuesta decidida por el referéndum pactado, en el marco electoral casi imposible de negarse a apoyar ni la independencia ni la fatwa monárquica del 155;  la agonía catalana del PP, que solo usa Catalunya para ganar votos en el electorado visigodo;  el auge de Ciutadans como culminación de la estrategia de los bancos.

Todo lo que estaba en potencia se ha hecho acto. Todo lo que estaba incubándose, unas cosas con voluntad, otras con cierta indiferencia respecto de las consecuencias, ha eclosionado. Quienes pensaban que podían ponerse de lado respecto del reto catalán, hicieron un mal análisis. Los que pensaban que podían tensar la cuerda hasta el extremo para lograr un acuerdo ventajoso con el debilitado gobierno de Rajoy, deben despedir a todos los asesores. Y los que deseaban que el tema catalán fuera el eje de la política española se han salido con la suya. Aun al precio de haber partido Catalunya en dos. Pero ¿cuándo le ha interesado al PP Catalunya?

Ciudadanos se va consolidando como el partido de los banqueros que iba a acompañar/sustituir al PP desde una derecha neoliberal y nacionalista española renovada. Su radicalidad españolista tiene que ver con una estrategia de confrontación con el PP y también con la ligereza de quien no ha tenido un lugar político a la salida del franquismo (es decir, que no ha entendido España). 

También de quien no ha tenido nunca que contar políticamente, como el PP, con fuerzas políticas nacionalistas vascas, catalanas, gallegas, baleares o valencianas. Arrimadas apoyando en Catalunya políticas contra las que votaron en Valencia (el trilingüismo), demuestra esta mezcla de cuñadismo frívolo y de derechas tan característico del partido de Rivera.   El adanismo de Ciudadanos puede romper muchas cosas porque regresa a una idea franquista de España compartida por el PP y asumida por el PSOE por si confrontarla le quita votos. 

Esa es la bestia del fascismo que ha denunciado Podemos y que el independentismo ha querido presentar como injusta porque les estaría señalando a ellos y no al fascismo como responsable de su existencia. El fascismo es consustancial a Europa. Siempre ha estado ahí. Fue derrotado en 1945, pero siempre se recupera porque es parte del metabolismo del capitalismo. Por eso, cuando azuzas a una bestia dormida sin que la correlación de fuerzas te ayude a derrotarla actúas irresponsablemente. 

Si Puigdemont hubiera tensado la cuerda hasta convocar las elecciones, la jugada hubiera sido digna de estudiarse como ejemplo de Política con mayúsculas. Arriesgada, cuestionable, pero con la legitimidad que da la victoria. En cambio, lo que tenemos es a Arrimadas como una posibilidad real de gobierno en Catalunya. Se estudiará, pero como ejemplo de un error inconcebible.

Antes del momento álgido del conocido procés, aquello que Arzallus, el máximo responsable del PNV, llamaba “la Brunete mediática” andaba dando vueltas por el suelo, como una mosca sin alas. Sus ejes giraban monótonos en torno a Venezuela, el terrorismo islámico o la defensa castiza del monarca emérito o del entonces inédito. 

El PP andaba acorralado por sus casi mil casos de corrupción, por su responsabilidad en entregar a una Unión Europea atravesada por el neoliberalismo el bienestar de los españoles, la imputación del 100% de sus tesoreros y por la certeza que había de que al tiempo que estaban recortando servicios sociales y desahuciando, los Rato, González, Granados, Aguirre, Gallardón, Arístegui, De la Serna, Cospedal, Pastor, Barberá, Camps, Matas, Cifuentes o Rajoy estaban recibiendo sobresueldos, rompiendo discos duros de ordenares, haciendo negocios o tomando decisiones que llevaban a la guardia civil y a la policía a decir que ahí había cosas raras.

La reordenación de Catalunya tiene que venir con la reordenación de España. Por eso no puede venir de Ciudadanos y del PP apoyados por el PSOE. Eso no cambia nada, sino que fundaría una tercera Restauración que consolidaría a Felipe VI como un Rey que ha venido a frenar la democracia y el Estado social. Tampoco puede reordenarse Catalunya desde el independentismo porque no hay una mayoría social catalana que lo respalde. 

El cierre de la herida territorial que tiene España desde el siglo XVIII pasa por un referéndum pactado como el de Quebec o Escocia, con una Ley de claridad previa que aúne democracia y certidumbre. La solución en Catalunya la tienen, paradójicamente, los que no se dejan devorar por ninguno de los dos polos, los que pueden atraer a ERC hacia posiciones acordes con las reglas del juego, y al PSC a posiciones acordes con su ideología socialista y con la trayectoria federal del PSOE que encarnaron gente como Pasqual Maragall. 

Es con Catalunya en Comú Podem, con Xabi Domenech y Ada Colau, y Pablo Iglesias en el conjunto de España, donde hay una salida. Es el momento de que la gente sensata apoye a los dirigentes sensatos que pueden hacer que los insensatos pierdan importancia, y con ellos, pierda importancia la confrontación y la falta de diálogo.


(*) Profesor titular de Derecho Político en la UCM


Cataluña deja al Gobierno de Rajoy en un callejón sin salida / José Hervás *

Pese a que los cons­ti­tu­cio­na­listas pueden sacar más votos que los in­de­pen­den­tis­tas, el con­senso de los son­deos les da por de­trás de estos úl­timos en es­caños. La ex­pli­ca­ción es sen­ci­lla. Los cons­ti­tu­cio­na­listas ga­na­rían cla­ra­mente en la pro­vincia de Barcelona, que suma el 75 % del censo ca­ta­lán, pero solo elige al 63% de los dipu­tados. Los in­de­pen­den­tistas son más fuertes en el in­te­rior. Según un des­ta­cado di­ri­gente del PP, todo ello es con­se­cuencia del aban­dono que se ha hecho de la re­pre­sen­ta­ción del Estado en estas zonas de Cataluña. 

La foto fija con la que trabaja el Partido Popular tras los últimos sondeos publicados la semana pasada, el último día en que podían hacerse públicos los mismos, da la victoria en diputados a Ciudadanos con 31 escaños. El segundo partido entre los constitucionalistas sería el PSC con 22 escaños, en último lugar de los constitucionalistas quedaría el Partido Popular. Perdería tres escaños para quedarse solo en 8 diputados.

Sería el último partido con representación parlamentaria y el peor resultado de todas las elecciones autonómicas. Deja en entredicho el liderazgo de Xavier García Albiol y la estrategia de la dirección nacional en Cataluña. La suma de los partidos constitucionalistas es de 61 escaños, quedándose a 7 escaños de la mayoría absoluta que viene marcado por 68 diputados.

Entre los independentistas la victoria sería para ERC, con 29 escaños, dos menos que los conseguidos por Inés Arrimadas. Junts per Catalunya conseguiría 24 y la CUP perdería 1 diputado respecto de las pasadas elecciones para quedarse en 9. Los partidos independentistas obtendrían 62 escaños, se quedan a 6 escaños de la mayoría absoluta.

La gobernabilidad en Cataluña quedaría en manos del líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que busca la vía intermedia, un gobierno tripartito, de Izquierdas con ERC, PSC y ellos mismos, pero los resultados no darían para ese tripartito. Sus 12 diputados, más los 22 del PSC y los 29 de ERC dejarían este tripartito a 5 escaños de la mayoría. Necesitarían la abstención de algunos diputados de JxC.

En este caso se produce la paradoja de que Catalunya en Comú-Podem cuenta con una bolsa potencial de votantes que en un 75% no son independentistas, mientras que la totalidad de sus candidatos lo son, aunque defiendan pactar la convocatoria del referendo.

En cuanto a la abstención necesaria para gobernar por parte de JxC, no está claro que los partidarios de Puigdemont estén dispuestos a dejarles hacer, ni aunque los líderes de Podem se comprometan previamente a mantener la vía de la independencia. Puigdemont se considera el único presidente legítimo incluso después de que se celebren las elecciones. Y lo cree porque sigue manteniendo que la convocatoria actual, bajo el amparo del artículo 155, es ilegal.

Con todo, la hoja de ruta sería muy distinta, sobre todo con la presencia del líder de los socialistas Miguel Iceta en ese Gobierno tripartito al que aspira a presidir. Sería con probabilidad la mejor salida al previsible callejón sin salida al que van a conducir los resultados de las elecciones del próximo jueves. Por eso está toda España y toda Europa, incluso la no comunitaria, pendiente de los que sucederá en Cataluña tras las elecciones de este jueves.

Lo importante es España, pero también será muy importante lo que suceda para el Gobierno y para el partido que le apoya.

El hundimiento del Partido Popular en Cataluña, quedando además el último de los partidos con representación en el Parlament, no solo supondría el fracaso de la operación 155, tendría además consecuencias en el ámbito nacional. Abriría de nuevo el debate sobre el liderazgo del partido y recordarían vientos ‘ucederos’ sobre el partido en las autonomías.

Por supuesto supondría el cuestionamiento de la aplicación y gestión del artículo 155 y sobre todo de la convocatoria de elecciones exprés. Que fuera una de las condiciones esenciales del Partido Socialista, junto con la no intervención de la dirección de TV3, no serviría para justificar unos resultados muy negativos de los populares.

No hay que descartar que Susana Díaz pueda jugar con la posibilidad de anticipar elecciones en Andalucía para tratar de parar el efecto Arrimadas en su territorio, dar solidez a su posición en el partido socialista e infringir una nueva derrota a Rajoy.



(*) Periodista

Rodarán cabezas / Ramón Cotarelo *

Las declaraciones de Sáenz de Santamaría dan la pauta de la situación actual de España como Estado de derecho, basado en la división de poderes. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo y JxC piensa acudir a la Fiscalía con una acusación de prevaricación. 
 
Claro testimonio de general indignación. General e inútil porque, aun jactándose de la autoría del encarcelamiento, el gobierno dirá que la decisión la han tomado los jueces. De haber prevaricación será suya. 

La vicepresidenta atribuye el "descabezamiento" del independentismo directamente al presidente del gobierno y dice verdad. Es una de las consecuencias del 155: se procede con el independentismo como con las asociaciones criminales, esto es, "descabezándolas". De lado queda la ironía, hasta el sarcasmo, de quien procede a "descabezar" una asociación criminal siendo ella misma considerada una asociación de delincuentes por los jueces.

La indignación por el evidente atropello de puntos básicos del Estado de derecho como la división de poderes y la independencia del judicial no lleva muy lejos. El gobierno habla de Estado de derecho pero practica lo contrario mediante una ley de plenos poderes a sí mismo. No se le está descubriendo nada nuevo. Lo llama Estado de derecho pero es la tiranía de un partido en "unión sagrada" con los otros dos nacional-españoles que lo apoyan parlamentariamente.

Interesa observar que lo preocupante de esas declaraciones no es cuánto revelan de lo que ya sabíamos sino las intenciones que anuncian. Al jactarse del "descabezamiento" en sede política y electoral, la vicepresidenta está pidiendo el voto para seguir descabezando gente. Es la idea de "escarmiento" de la población que formula el señor García Albiol. 

Lo que hace la vicepresidenta no es confesar un atropello sino amenazar con otros.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El desembarco de los del 155 / José Antich *

A falta de tres días de que se consume el fracaso de los defensores de los causantes del artículo 155 de la Constitución y de aquellos que hacen befa con el exilio de Puigdemont, con la prisión de Junqueras, con las medidas disciplinarias a Jordi Sánchez en Alcalá-Meco o que llaman "banda de tarados" a los asistentes a una performance en apoyo de los presos, la campaña de las elecciones del 21-D nos ha dejado hoy un clásico de cada vez que hay cita con las urnas: el desembarco. 

La visita a Catalunya del estado mayor de los partidos españoles, de los generales de las fuerzas políticas que tienen terminales políticas en Madrid. Unos y otros vienen poco durante el año, pero en campaña no acostumbra a faltar ninguno: Rajoy, Soraya y Cospedal, por el PP, se han repartido por Catalunya; Pedro Sánchez y Zapatero, por el PSOE, han estado en Barcelona; y Rivera por Ciudadanos en l'Hospitalet.

La primera característica es que ninguno hace promesas como en otras campañas. No habrá, por ejemplo, nuevas inversiones en infraestructuras. En esta ocasión han venido a cobrarse el 155. Con qué ardor defienden la supresión de la autonomía en Catalunya, el cese del Govern y las amenazas de que sin una rectificación pública las medidas coercitivas se mantendrán sine die.

 Tanto es así, que la vicepresidenta no ha dudado en otorgar el trofeo a su jefe, Mariano Rajoy, y de presumir del descabezamiento de Junts per Catalunya y de Esquerra que, ciertamente, afrontan la campaña más decisiva sin sus líderes por la actuación de la Fiscalía y la decisión de los jueces. La campaña tiene estas cosas: uno habla tanto que acaba diciendo lo que piensa más que lo que quiere y con ello poniendo en un apuro a las instancias judiciales y sembrando dudas. La Fiscalía deberá pronunciarse ante la demanda anunciada por Junts per Catalunya.

Faltan tres días para el 21-D y a la campaña le falta tan solo el último impulso, el que acaba decantando mayorías y haciendo más cómoda la gobernación. El independentismo tiene al alcance de la mano una victoria histórica. Superior a la de 2015 ya que las condiciones de estos comicios no han sido las normales y no ha habido igualdad entre todos los candidatos. Algo de lo que ya se ha cuidado el Tribunal Supremo no permitiendo la campaña en ninguno de los formatos de los presos de Estremera y de Alcalá-Meco.

Unas elecciones siempre son, por si mismas, decisivas. Pero ninguna lo habrá sido tanto como estas, las primeras en las que se busca acabar con una determinada idea de país. Dejar Catalunya como una autonomía más. Obviamente, no como Euskadi y Navarra, sino como todas las otras. Eso es lo que está en juego el 21-D, más allá de palabras y discursos y lo que quieren validar en las urnas los del 155.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Lunes, a 72 horas del 21-D y con todos los me­dios tra­di­cio­nales y di­gi­tales en busca de pistas tras el de­bate a 7 anoche en LaSexta, donde se cons­ta­taron la mi­ta­d-­mitad de Cataluña, la brecha en el se­pa­ra­tismo y la di­fi­cultad para pactos el día des­pués, aunque para va­riar tam­bién se habló de eco­nomía y pro­blemas so­cia­les. Una en­cuesta on­line ur­gente de El Mundo da ga­na­dora a Arrimadas con el 59%, se­guida de lejos por %, Iceta (20%) y Domènech (9%), aunque la líder de Cs fue la más ata­cada por todos los de­más. 

Algunos otros ti­tu­lares des­ta­ca­dos. Expansión: La gran banca es­pañola re­chaza el bit­coin. El Economista: La Policía in­ves­tiga un sa­queo de 92 mi­llones en la SGAE: las grandes edi­to­riales se be­ne­fi­ciaron de un re­parto de de­re­chos sin iden­ti­ficar (Javier Romera y Alberto Vigario). Otro ti­tu­lar: La cap­ta­ción de fondos bate ré­cord y roza el medio bi­llón: el ca­pital riesgo logra un au­mento del 33% (Araceli Muñoz).

Otro ti­tu­lar: La subasta de fre­cuen­cias bri­tá­nicas ace­lera la sa­lida a Bolsa o venta de O2: Telefónica pu­jará en el primer tri­mestre por un es­pectro que re­va­lo­ri­zará a su fi­lial (Antonio Lorenzo). La Razón: Bancos: Las cuentas co­rrientes marcan nuevo ré­cord: los ho­gares au­mentan hasta 564.912 mi­llones de euros el di­nero a la vista y re­tiran de los de­pó­sitos a plazo más de 69.300 mi­llones en los úl­timos doce meses (Jesús Martín). 

Capital Madrid: Las grandes cons­truc­to­ras, per­plejas por la sim­pleza de las ideas del mi­nistro De la Serna: Fomento no tiene obra pú­blica y busca pro­yectos fuera para las em­pre­sas, mien­tras ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr so­bre­viven gra­cias a las in­fra­es­truc­turas in­ter­na­cio­nales (Julián González).

Otro ti­tu­lar: Telefónica e Iberdrola se man­tienen entre las más in­no­va­doras del mundo, y ya son ocho co­ti­zadas es­pañolas las que se en­cuentra entre las que más in­vierten en I+D, pero crece la preo­cu­pa­ción de las grandes em­presas por la ten­dencia al pro­tec­cio­nismo (Héctor Chamizo).

El País: Los nuevos con­tra­tados co­bran 100 euros menos que los re­cién ju­bi­lados y se abre una brecha en las cuentas de la Seguridad Social (Manuel V. Gómez). Otro ti­tu­lar: España pre­siona para que Europa au­mente la cuota del ‘biofuel’ hecho con ali­mentos (Manuel Planelles). 

Cinco Días: Las 700 com­pañías es­pañolas en EEUU afrontan una subida de los costes fis­ca­les. Otro ti­tu­lar: Fagor CNA plantea quitas dl 70% sobre un pa­sivo de 100 mi­llo­nes: la pro­puesta está con­di­cio­nada al man­te­ni­miento de la línea blanca (Javier Vadillo). El Mundo: Popular pagó 4 mi­llones a Saracho sólo por ‘aceptar’ ser pre­si­dente (Carlos Segovia).

Vozpopuli: Saracho cerró el grifo del cré­dito del Popular dos meses antes del res­cate (Jorge Zuloaga). Otro ti­tu­lar: Florentino Pérez ad­mite que la fi­nan­cia­ción del nuevo Bernabéu está en el aire (Raúl Pozo). Diario Abierto: Gas Natural di­seña su plan es­tra­té­gico que es­tará en­fo­cado a América Latina y re­no­va­bles: el ob­je­tivo clave es el cre­ci­miento (Tania Juanes). 

El Confidencial: El TS abre la puerta a la re­vi­sión de todos los desahu­cios pre­vios a marzo de 2013 (E. Sanz). Otro ti­tu­lar: Bankia en­carga a Arcano buscar un socio para com­petir en cré­dito al con­sumo (Eduardo Segovia). La Vanguardia: 3.000 mé­dicos for­mados fuera de la UE piden ser ho­mo­lo­ga­dos: el con­ten­cioso ha de­ri­vado en una de­nuncia ante la Comisión Europea.

Otro ti­tu­lar: Preocupación en el sector de los ju­guetes por las bajas ven­tas. El Periódico: El tras­lado fiscal de Mercedes Benz hace tem­blar la ha­cienda vasca: la re­or­ga­ni­za­ción de la firma ale­mana puede hacer perder 200 mi­llones a Álava (Rosa Maria Sánchez). Público: Mercedes Obiang, hija del dic­ta­dor, la pista que llevó a los co­mi­sa­rios Villarejo y Salamanca a pri­sión (Patricia López). 

Opiniones. Editorial en El Periódico: ‘Un de­bate más so­cial que iden­ti­ta­rio: aunque el fra­caso del ‘procés’ centró la cita, se habló más de re­cor­tes, paro y de­sigual­dades que de la DUI y el 1-O’.‘. Jordi Juan en La Vanguardia: ‘Abocados a una se­gunda vuelta si una gran sor­presa no lo re­me­dia: la ri­va­lidad y la ato­mi­za­ción de ls can­di­da­turas harán di­fícil que se logre un pacto para go­bernar Catalunya‘.

Sílvia Colomé en el mismo dia­rio: 'La ca­ta­la­no­fobia y la es­paño­lo­fo­bia, ¿un pro­blema so­cial en au­ge?'. Enric Juliana en el mismo dia­rio: ‘Sguardi sulla Catalogna’. Editorial en El Mundo: ‘El fraude del re­fe­rén­dum‘. Otro edi­to­rial: ‘Más dudas sobre la quiebra del Popular’. Emilia Landaluce en el mismo dia­rio: ‘Butifarra para adorar al plas­ma’. Rodrigo Terrasa en el mismo dia­rio: ‘Cuando España se ‘independizó’ de Cataluña’. 

Editorial en El Español: ‘Soraya sale en de­fensa del se­pa­ra­tis­mo‘. Cristian Campos en el mismo me­dio: ‘La ob­se­sión de Mundó con Arrimadas y 39 re­fle­xiones más sobre el de­bate de ayer en La Sexta. La can­di­data de Ciudadanos de­vora can­di­datos de ERC como Triki de­vo­raba ga­lletas en Barrio Sésamo’. Editorial en ABC: ’21-D, fu­turo de Cataluña‘. Otro edi­to­rial: ‘Sólo el 155 trajo la calma fi­nan­cie­ra’.

Ignacio Varela en El Confidencial: ‘¿Todos contra Arrimadas?’. Nacho Cardero en el mismo me­dio: 'Los Jordis (2012-2018): la ban­ca­rrota moral de una fa­milia in­de­pen­den­tist'. José Hervás en Capital Madrid: ‘Cataluña deja al Gobierno de Rajoy en un ca­llejón sin sa­lida: los cons­ti­tu­cio­na­listas pueden volver a ob­tener más vo­tos, pero quedar a un es­caño de los in­de­pen­den­tis­tas’. 

Editorial en La Razón: ‘Puigdemont y Junqueras juegan a la ru­leta rusa en Cataluña‘. Fernando Rayón en el mismo dia­rio: ‘Sacar par­tido del 155’. Tom Burns en Expansión: ‘Los tres re­sul­tados del jue­ves’. Jesús Cacho en Vozpopuli: ‘Mariano se la juega: 'Enorme preo­cu­pa­ción en Moncloa'. Miguel Alba en el mismo me­dio: ‘A ERC no le con­viene ganar las elec­cio­nes’. David Cabrera en el mismo me­dio: ‘¿Cómo afec­tarán a la Bolsa los di­fe­rentes es­ce­na­rios del 21-D?’. Domingo Labrador en Estrella Digital: 'La in­quieta es­pera de los lí­deres na­cio­na­les: Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera es­peran los re­sul­tados del pró­ximo jueves con in­quie­tud. 


(*) Periodista


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