Las declaraciones de Sáenz de Santamaría
dan la pauta de la situación actual de España como Estado de derecho,
basado en la división de poderes. Todo el mundo ha puesto el grito en el
cielo y JxC piensa acudir a la Fiscalía con una acusación de
prevaricación.
Claro testimonio de general indignación. General e inútil
porque, aun jactándose de la autoría del encarcelamiento, el gobierno
dirá que la decisión la han tomado los jueces. De haber prevaricación
será suya.
La
vicepresidenta atribuye el "descabezamiento" del independentismo
directamente al presidente del gobierno y dice verdad. Es una de las
consecuencias del 155: se procede con el independentismo como con las
asociaciones criminales, esto es, "descabezándolas". De lado queda la
ironía, hasta el sarcasmo, de quien procede a "descabezar" una
asociación criminal siendo ella misma considerada una asociación de
delincuentes por los jueces.
La
indignación por el evidente atropello de puntos básicos del Estado de
derecho como la división de poderes y la independencia del judicial no
lleva muy lejos. El gobierno habla de Estado de derecho pero practica lo
contrario mediante una ley de plenos poderes a sí mismo. No se le está
descubriendo nada nuevo. Lo llama Estado de derecho pero es la tiranía
de un partido en "unión sagrada" con los otros dos nacional-españoles
que lo apoyan parlamentariamente.
Interesa
observar que lo preocupante de esas declaraciones no es cuánto revelan
de lo que ya sabíamos sino las intenciones que anuncian. Al jactarse del
"descabezamiento" en sede política y electoral, la vicepresidenta está
pidiendo el voto para seguir descabezando gente. Es la idea de
"escarmiento" de la población que formula el señor García Albiol.
Lo que hace la vicepresidenta no es confesar un atropello sino amenazar con otros.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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