MADRID/MURCIA.- La desviación del objetivo de déficit en 2015 por parte de 14
comunidades, Murcia entre ellas, ha vuelto a poner el foco en el sistema
de financiación autonómica y en las quejas sobre la insuficiencia de
los recursos, pero también sobre los instrumentos que tiene el Gobierno
para garantizar la consolidación fiscal.
Ante esta brecha en las cuentas públicas, el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avisado a las
autonomías incumplidoras de que se aplicará estrictamente la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, empezando por
limitar el gasto.
La primera medida adoptada ha sido el envío por parte de Montoro de
una carta instando a las comunidades incumplidoras a aprobar un acuerdo
de no disponibilidad de gasto, de manera que no aumenten el gasto más
allá del potencial crecimiento de la economía. Es decir, que no lo suban
más del 1,8 por ciento.
Poco más, de momento, teniendo en cuenta que el Gobierno está en
funciones, según admitió el propio Montoro en la rueda de prensa en la
que dio a conocer los datos de déficit de 2015, el pasado jueves.
No obstante, lo cierto es que la ley permite al Ejecutivo ir mucho más lejos, incluso llegar a la intervención de una comunidad.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, aprobada en 2012, contempla una serie de medidas
preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el equilibrio de
las cuentas.
Así, introduce un mecanismo automático de prevención para garantizar
que no se incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio y
otro de alerta temprana, con una advertencia que permitirá que se
anticipen las herramientas necesarias de corrección en caso de que se
aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de
deuda pública o de la regla de gasto.
Contempla igualmente medidas automáticas de corrección, de forma que
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta
tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de
subvenciones o la suscripción de convenios, según recoge la ley.
Si no se presenta un plan económico-financiero o si se incumple, la
administración responsable deberá aprobar automáticamente una no
disponibilidad de créditos y constituir un depósito.
Llegado el caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas podría crear una comisión de expertos para valorar la situación
económico-presupuestaria de la administración afectada, que debería
presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento y sus
conclusiones se harían públicas en una semana.
Al amparo del artículo 155 de la Constitución, la normativa recoge la
posibilidad extrema de que el Gobierno central adopte medidas para
obligar al cumplimiento forzoso de los requisitos necesarios para
cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea.
Requiere, eso sí, la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pero
faculta al Gobierno para suspender una autonomía y dar instrucciones a
todas las autoridades de esa comunidad. Se trata de una posibilidad a la
que Montoro, de momento, no quiere llegar.