MURCIA.- El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete, en el marco de la Operación denominada 'Mi tierra', ha procedido a la desmantelación de una red organizada, que se dedicaba a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en las provincias de Albacete, Murcia, Alicante, Almería y Granada, según informaron fuentes policiales en comunicado de prensa.
La citada red se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal, mediante la comisión de delitos Contra los Derechos de los Trabajadores, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, amenazas, coacciones, extorsión y Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La investigación se inició a finales del mes de enero del año 2008, como consecuencia de una información proporcionada por una de las víctimas de la red, de nacionalidad extranjera, la cual trabajaba en un locutorio situado en la provincia de Albacete, encontrándose en situación ilegal en España, careciendo de contrato de trabajo y sin estar dada de alta en la Seguridad Social.
El jefe de la red se aprovechaba de las referida situación de necesidad y precariedad económica de la víctima, así como de su situación irregular en España, para imponerle condiciones laborales indignas, suprimiéndole todo tipo de derechos reconocidos por disposiciones legales del ámbito laboral.
Investigaciones realizadas a partir de dicha denuncia, permitieron determinar que no se trataba de un hecho puntual, sino que existía una red organizada que se dedicaba de forma habitual a tales prácticas delictivas.
La red captaba extranjeros en situación irregular en lugares donde radican importantes bolsas de inmigrantes (zona de Murcia, principalmente), utilizaba a los mismos en establecimientos tipo 'Locutorio' en condiciones laborales abusivas, previo desarrollo de un período de aprendizaje en un Locutorio de Albacete capital durante el que no se formalizaba ningún tipo de contrato laboral.
Posteriormente, los trasladaban hasta los establecimientos donde iban a desempeñar finalmente su trabajo, lugares estos que no eran de elección voluntaria, vigilados con cámaras de seguridad y se les ubicaba en pisos alquilados por la organización, para un mejor control de los mismos.
Se les imponían condiciones laborales ilegales -ausencia de días de descanso y de vacaciones, no cobertura médica y de la Seguridad Social, sueldos mínimos, realización de horas extras sin recibir prestación económica, procedimientos intimidatorios-, abusando de la situación de necesidad de los empleados.
Además de trasladarlos forzosamente a otros establecimientos al objeto de eludir posibles inspecciones de trabajo, aconsejando la utilización de otras identidades y otros subterfugios para eludir los controles y utilizaban un importante entramado de empresas (25), con objetos sociales variados, así como existencia de numerosas sedes o delegaciones de las empresas registradas mercantilmente, todas ellas bajo un mismo CIF.
Cuando los trabajadores no cuadraban la caja, algún cliente se marchaba sin pagar del Locutorio, rompía o estropeaba algo del establecimiento, les descontaban de su salario dicho importe, llegando incluso en varias ocasiones, tras haber sido víctimas de robos, a obligarles a reponer, mes a mes y de su salario las cantidades sustraídas. Incluso, a los pocos que formalizaban contrato de trabajo, les impedían regresar de vacaciones a su país, bajo la amenaza de que serían despedidos al volver a España.
Otra de las actividades detectadas de forma habitual a esta organización consistía en la contratación ficticia de trabajadores, siempre extranjeros, a los cuales se daba de Alta en la Seguridad Social, sin trabajar de manera real en la empresa, para que completaran determinados períodos de cotización que les faltaban para cobrar prestaciones de desempleo, a cambio de pagar a la empresa la cantidad que ésta abonaba a la Seguridad Social aumentada en su importe, para la obtención del beneficio correspondiente.
Tras casi dos años de investigación, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que participaron, además de la totalidad de los componentes del Grupo de Información (GIC), varios miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), y personal perteneciente a Áreas y Equipos de Investigación de Unidades Territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.
En la fase de ejecución de la operación, se llevaron a cabo inspecciones en los establecimientos dirigidos por la red, un total de 38 locales tipo Locutorio o similar, desplegados en las provincias de Murcia (29 de ellos, situados en las localidades de Torre-Pacheco, Totana, Alhama, Cartagena, Yecla, Lorca, Fuente Álamo, Jumilla, Puerto Lumbreras, Molina de Segura, Santomera, Torres de Cotillas y Murcia capital), Alicante (4 de ellos, situados en las localidades de Albatera, Elche, Elda y Orihuela), Albacete (3 de ellos, en las localidades de Hellín, Almansa y Albacete capital), Almería (1 de ellos, situado en la localidad de Pulpí) y Granada (1 de ellos, en la localidad de Baza).
Se procedió a la toma de manifestación de los trabajadores de los referidos establecimientos (alrededor de 80 personas) en relación con su situación laboral, todos ellos extranjeros (ecuatorianos, bolivianos, colombianos, rumanos y marroquís), así como a otras personas relacionadas con la investigación, los cuales pusieron de manifiesto su precaria situación laboral, careciendo muchos de ellos de contrato de trabajo, llevándose a efecto incluso la detención por infracción a la Ley de Extranjería de una persona, por encontrarse irregularmente en España.
La operación culminó con la detención en la localidad de Torre Pacheco, donde tenían su sede central, de dos de los cabecillas de la red, imputándose a uno de ellos, que actuaba como empresario, como supuesto autor de un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, 76 delitos contra los derechos de los trabajadores, 5 delitos de extorsión y cuatro delitos de coacciones y a la otra persona detenida, que actuaba como "jefe de personal", como supuesto autor de un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, un delito de allanamiento de morada, 3 delitos de extorsión y un delito de coacciones.
La investigación económico-patrimonial permitirá imputar a los detenidos la comisión de delitos Contra la Hacienda Pública, Contra la Seguridad Social y otros delitos contables.
El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete instruyó las correspondientes diligencias que junto con los detenidos fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de San Javier, el cual se hizo cargo del procedimiento tras inhibición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Almansa, que conoció de la denuncia inicial.
