Y sin embargo, numerosos indicios sugieren que la situación del sector financiero continúa siendo preocupante. Sólo la Caja de Castilla La Mancha, intervenida por el Banco de España, presenta cuentas verdaderamente transparentes. Pues bien, sus niveles de mora alcanzan el 17,3%. El resto del sector muestra un 5% de mora. ¿Es creíble esta diferencia? El hecho de que algunas cajas presuman sin rubor de manipular sus números contables no inspira confianza al respecto. El canje de deuda impagada por activos inmobiliarios a precios ficticios ha permitido a muchas entidades ocultar sus niveles de mora.
The Economist recientemente estimaba que los bancos comerciales han hecho canjes de deuda por activos inmobiliarios por valor de 10.000 millones de euros. Si las cajas han hecho lo mismo, la mora real sería, de acuerdo con UBS, del 5,6% y no del 4,6%. También se preserva el valor contable de dichos activos mediante operaciones como Aliancia, una sociedad formada por ocho cajas de ahorro para gestionar 200 millones de euros de activos inmobiliarios. El objetivo reconocido al formar la sociedad es sacar los activos del balance de las entidades.
Según el gestor de la sociedad, no van a bajar los precios de los activos salvo de forma puntual; el objetivo es "no perder dinero". Se trata, claro, de un puro artificio para no reconocer las pérdidas e inscribir en su balance números completamente alejados de la realidad. Dadas las numerosas manipulaciones, no es extraño que los analistas de UBS estimaran recientemente que la mora es la mitad de la que sería si la contabilidad fuera más transparente.
Si los balances son peores de lo que parece, si las instituciones financieras saben (o temen) que los activos en su balance son ficticios, que en realidad las hipotecas no se van a pagar y que el suelo por el que han canjeado la deuda es invendible, estas instituciones van a destinar sus recursos a generar colchones para afrontar futuras pérdidas y no a generar financiación para familias y empresas.
Corremos el riesgo de que se conviertan así en las llamadas instituciones zombis, ni vivas ni muertas. Esto supone un peso enorme para la economía, ya que no sólo no pueden contribuir a la recuperación económica, sino que se detraen recursos productivos para mantener en activo instituciones que no son viables.
La alternativa es clara: cerrar las instituciones inviables y fusionar el resto. No se trata de hacer fusiones regionales entre instituciones débiles (como algunas de las que se plantean), sino de consolidar realmente el sistema. La herramienta existe: el FROB. La ley contiene instrumentos para permitir al Banco de España rechazar los planes de viabilidad de las cajas y modificarlos, despedir a los gestores, imponer la administración directa por parte del FROB y reestructurar la entidad. Es decir, el Banco de España puede forzar las fusiones que considere necesarias gracias a la amenaza, implícita o explícita, de la eliminación de la caja.
¿Qué impide entonces que el Banco de España dé los pasos necesarios para llevar a cabo las fusiones y reestructuraciones necesarias? La respuesta más probable se puede deducir del ámbito regional de las fusiones existentes: el miedo al conflicto con los Gobiernos autonómicos, que guardan celosamente sus competencias estatutarias sobre la autorización de fusiones. De momento, Galicia ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el FROB, y Cataluña lo está considerando.
Y, sin embargo, es evidente que las fusiones entre cajas de distintas comunidades autónomas permiten una mayor diversificación de los activos y pasivos de éstas y la diversificación del color político de los órganos de gobierno de las cajas es un excelente mecanismo de control.
En nuestra opinión, estas fusiones se pueden y deben llevar a cabo de manera que respeten las preocupaciones legítimas de las comunidades, entre otras el temor de que las fusiones entre cajas de distintas autonomías diluyan el enfoque territorial de su obra social. La clave es la separación de los derechos de propiedad y control (un hecho habitual en las empresas donde los accionistas son propietarios, pero no gestionan).
En una fusión entre cajas de distinto ámbito territorial, las obras sociales de ambas cajas se podrían constituir en accionistas (con cuotas participativas, pero sin derechos de control) de una fundación que recibiese el equivalente a la obra social combinada de las dos cajas preexistentes, con participaciones proporcionales al valor de cada una de las cajas en el momento de la fusión. Además, las marcas de las cajas preexistentes podrían conservarse, haciendo la fusión más aceptable para los votantes regionales.
El Banco de España debe llevar a cabo las reestructuraciones y fusiones que sean necesarias para sanear el sistema financiero. Permitir la supervivencia por más tiempo de cajas o bancos que sólo sobreviven gracias a los artificios contables dificultará aún más la ya difícil recuperación económica.
(*) Vicente Cuñat es profesor de Finanzas, y Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia, ambos en la London School of Economics.
