Hubo recalificación. El anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) catalogaba los terrenos situados al norte de la autovía de Alicante como suelo no programado, según explica ahora la propia Gerencia de Urbanismo. Posteriormente, el avance del nuevo PGOU los consideraba agrícolas y con usos industriales, ya que el Polígono de Cabezo Cortao estaba cerca y había granjas porcinas.
En la aprobación inicial del PGOU seguían como industriales. Finalmente, cuando Obras Públicas aprobó definitivamente el PGOU el 31 de enero del 2001, los terrenos de Nueva Condomina, junto a otros cuatro desarrollos de la zona, pasaron a ser suelo urbanizable. Todo hasta sumar 9 millones de metros repartidos en cinco sectores. Altorreal quedaba encima y era preferible darle un perfil homogéneo, según la Gerencia.
¿Cuál fue la secuencia? Año y medio antes de aprobarse el plan urbano se firmó el Protocolo entre el alcalde y el presidente del Real Murcia, Joaquín Romeu. Y cuatro meses después del Plan se firmó el convenio con Samper, donde ya se especificaba la localización de Nueva Condomina al norte de la autovía A7.
Entre medias, trece meses antes de aprobarse el PGOU Samper y sus socios ya habían comprado los 800.000 m2 de La Ladera a precio agrícola, según los antiguos dueños. Estos últimos y el PSOE denunciaron que los dueños del Real Murcia habían manejado información privilegiada.
El alcalde declaró semanas antes de aprobarse el convenio con Samper que el cambio de uso de los terrenos, de industrial a residencial, «se decidió en el verano de 1999, cuando aún no conocíamos su proyecto, que presentaron a finales de año». Ese verano, el 12 de julio, fue cuando se firmó el Protocolo Marco.
LA COSECHA DE LIMONES
Un mes después de la firma del convenio, medio centenar de propietarios de la urbanización La Ladera, en Churra, presentaron una querella por presunta estafa contra representantes de la mercantil Citrovida, miembros de la junta rectora de la cooperativa y contra Jesús Samper. Éste tuvo que suspender un viaje a Corea para prestar declaración y negar que hubiera manejado información privilegiada cuando Sport Management compró los terrenos, sabiendo de antemano que iban a ser recalificados como urbanizables.
«Acudimos a una subasta pública e hicimos la mejor oferta», manifestó sobre una finca que había multiplicado por 30 su valor una vez que cambió de uso. Sport Management hasta se permitió regalar la cosecha de limones que estaba floreciendo cuando se hizo la operación.
En resumen, los denunciantes creyeron que Samper pagó unos 600 millones de pesetas por unos terrenos cuyo precio había crecido hasta los 12.000 millones. Samper ganó en los tribunales.
DE LA MANO DE CASCALES
El Ayuntamiento siempre ha estado a la defensiva con la recalificación del suelo en el norte de la ciudad, donde se asientan Nueva Codnomina y otros cuatro desarrollos para levantar más de 20.000 viviendas. El equipo de Cámara exhibe a menudo dos sentencias que le dan la razón en el sistema empleado en la reordenación de esos 9 millones de m2 (2,1 millones son de Samper, sus socios y otros propietarios), y para demostrar que no ha existido pelotazo ni trato de favor a los propietarios con un suculento aprovechamiento residencial.
El grupo municipal del PP no se priva de mostrar las actas del Pleno que aprobó en mayo del 2001 el plan parcial de Nueva Condomina con los votos favorables del PSOE, entonces capitaneado por José Salvador Fuentes Zorita, presidente ahora de la Confederación Hidrográfica del Segura. Así pues, fue una especie de Fuenteovejuna, ya que el convenio, la molla del negocio de Samper, tenía los parabienes de populares y socialistas.
«Ya le gustaría que todas las operaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar lo sean con la transparencia de ésta y que aportaran un beneficio que supusiera la mitad de lo que aporta esta operación». «Lo que recibe el Ayuntamiento es más del doble de lo que recibiría aplicando el aprovachemiento legal», dijo Fuentes Zorita.
El PSOE, posteriormente, votó en contra del proyecto de reparcelación al considerar que el Ayuntamiento salía perdiendo.
Año y medio antes de la aprobación del convenio, Fuentes Zorita denunció el oscurantismo en el que se movía el equipo de Gobierno a resultas del Protocolo firmado entre el alcalde y el presidente del Real Murcia, trufado con la disputa de los concejales de Urbanismo y Deportes, Ginés Navarro y Miguel Cascales.
Este último ha sido firme defensor del proyecto de Samper. Cascales se atribuyó competencias de Navarro, que a partir de ahí empezó a declinar. No era inusual, ya que la semana pasada el concejal de Deportes declaró a La Verdad que «ya no habrá más convenios urbanísticos». «La persona que esté interesada en comprar el Real Murcia tendrá que venir con una parte del dinero por delante», dijo .
Una aseveración que explica muchas de las cosas que han sucedido en los últimos diez años, en los que ha operado cierto chantaje emocional con los colores del club de fútbol cada vez que hacía falta ejercer la presión necesaria.
INFLUENCIAS Y AYUDAS
Los episodios públicos en los que Samper recibió apoyos decisivos del Ayuntamiento y del Gobierno regional están en la firma del Protocolo Marco, que daba carta blanca para obtener los aprovechamientos urbanísticos necesarios; en la decisión de que fueran las empresas de Samper, y no otras, las que construyeran el estadio; en el propio convenio urbanístico que otorgaba jugosos coeficientes de edificabilidad, y las consiguientes tajadas de parcelas, a cambio del estadio y un campo de golf; en la cesión del 10% de suelo que Samper quiso ahorrarse; y en la concesión a Eroski de los metros cuadrados necesarios para instalar el supermercado. Sin Eroski, parte del proyecto se caía. Todo eso al margen de las idas y venidas por despachos públicos y privados.
EDIFICAR POR CUATRO
El convenio urbanístico, en su punto octavo, señalaba que en la alternativa A «el índice de edificabilidad máximo es de 0,09 m2/m2 aplicable a todos los terrenos incluidos en el ámbito de actuación. En cambio en la alternativa B se permite en el área residencial un índice de 0,4 m2/m2, pero ello como contraprestación por el coste de la construcción y entrega de la propiedad al Ayuntamiento de un gran sistema geneal deportivo o de ocio y recreo de importancia metropolitana...».
Poco más hay que añadir, salvo que el Ayuntamiento consideró «plenamente justificado» que se multiplicara por más de cuatro el volumen de edificabilidad residencial en la zona. Es decir, a cambio del estadio y de un campo de golf aún sin construir, Samper conseguía la recalifición de unos terrenos que había comprado a precio de rústicos, y además lograba que se cuadruplicara el número metros edificables.
En el tira y afloja que se produjo con motivo de la entrega de la fianza de 4.500 millones de pesetas para construir el campo de fútbol, Cámara llegó a afirmar en diciembre del 2002 que Samper podía urbanizar aunque no se construyera el estadio, al destacar que el desarrollo urbanístico y el campo de fútbol «eran cuestiones distintas».
El alcalde se jugaba mucho políticamente con el convenio de Samper. La séptima ciudad española tendría un estadio nuevo para reemplazar a la ruinosa Condomina y un centro comercial adyacente de primer orden al que ya le estaba saliendo un duro competidor de la mano de Metrovacesa. El equipo municipal de Gobierno siempre ha sostenido que el convenio de Nueva Condomina fue apoyado en Pleno por el PSOE, lo que considera una prueba de que hubo transparencia.
EROSKI SE PLANTA
Cámara apostó fuerte por Nueva Condomina y su órdago llegó hasta algunos despachos del Gobierno regional cuando Eroski anunció en mayo del 2003 que dejaba el proyecto porque la Dirección General de Comercio no le había concedido los 12.000 m2 que necesitaba. Sólo le otorgaba 4.000 en función de las cuotas de mercado. Eroski era una de las principales locomotoras del proyecto de Samper.
El grupo vasco presentó un recurso 48 horas antes de que el Real Murcia ascendiera a Primera División. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Industria y Nuevas Tecnología, que dirigía Patricio Valverde, tenía la patata caliente y finalmente estimó parcialmente el recurso de Eroski y le concedió hasta 10.000 m2.
Cuatro mil los perdió la competidora Metrovacesa porque la firma Conforama había agotado el tiempo para instalarse. El resto se sacó del aumento del ratio comercial vinculado a la población de la zona, según explicó la Consejería de Valverde. Las vueltas que da la vida: el ex consejero de Industria es ahora el máximo responsable de Iberdrola en la Región, cuya filial inmobiliaria Apex compró un tercio de todo el suelo residencial de Nueva Condomina.
En el Gobierno de Valcárcel hubo sus más y sus menos y sentó fatal este pressing de Eroski, hasta el punto de que en un despacho se escuchó la siguiente frase: «Ningún consejero irá a la cárcel por culpa de este proyecto». Valcárcel no veía con simpatía los movimientos de Samper y sus acompañantes. Pese a ser del mismo partido, en el Ejecutivo regional criticaron la actitud poco exigente de algunos cargos municipales hacia Samper, que no tenía empacho en incumplir los plazos marcados por el Ayuntamiento para construir el estadio.
¿EL PELOTAZO DEL 10%?
Resulta llamativo que el alcalde, aparentemente, no estuviera al corriente de los últimos movimientos de Samper y Trujillo de dejar la presidencia del Real Murcia y anunciar la suspensión de pagos. Lo normal es que Cámara hubiera sido avisado de antemano por ambos de unas decisiones de tanto calado. Pero también entra dentro de lo probable que ambos socios hubieran actuado sin la debida cortesía debido a unas relaciones deterioradas y muy enfriadas por la disputa judicial sobre el 10% de la cesión de terrenos que no hicieron al municipio.
Samper y Trujillo tienen que devolver ahor al Ayuntamiento 58.000 m2 en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, después ratificada por el Supremo. Los dos socios han sostenido que el municipio vería compensado ese 10% con la construcción del estadio y del campo de golf. y creen que ése era el acuerdo. Los jueces dictaminaron que ambas instalaciones no tenían nada que ver en ese cómputo.
Además de recurrir al Constitucional, Samper y Trujillo han reclamado ahora al Ayuntamiento 25 millones de euros argumentando que el estadio costó casi el doble de lo previsto: 51,4 millones en lugar de 27,1. Para ello, proponen modificar el convenio urbanístico del 2001. De esta forma tratan de dar comido por servido: los 58.000 metros que deben devolver están valorados en unos 18 millones de euros por los técnicos municipales, frente a los 25 millones que éstos reclaman ahora.
LA 'VENGANZA' DE METROVACESA
Metrovacesa, la empresa propietaria del centro comercial Thader, fue la que denunció ante los tribunales que no se había cumplido la cesión del 10% de suelo a favor del Ayuntamiento en parcelas o en indemnizaciones económicas.
Metrovacesa alegó que esa parte del convenio causaba un perjuicio a los intereses generales de Murcia y ganó la partida. El Ayuntamiento dudó al principio en reclamar esos terrenos. El presidente del Real Murcia y de Sport Management llegó a afirmar que el alcalde iba a apoyar su recurso, cosa que finalmente no hizo. La denuncia de Metrovacesa tiene su miga, ya que vió cómo el Gobierno regional le quitaba 4.000 m2 de su complejo comercial para transferirlos a Nueva Condomina y facilitar la instalación de Eroski, competidor a su vez de Alcampo.
Asimismo, Metrovacesa se había interesado en construir el estadio en unos terrenos catalogados para uso deportivo y más cerca de la ciudad. Cámara declaró en el 2001 que se había reunido más veces con los representantes de Metrovacesa que con los de Santa Mónica, a los que había remitido a los técnicos municipales. Negó que estuviera dando un trato de favor a Samper frente a sus competidores, que también proponían construir el estadio. La cuestión es que Samper y sus socios llevaban una ventaja de casi dos años.
LA CAÍDA DE GINÉS NAVARRO
Los planes de Samper se llevaron por delante al concejal de Urbanismo, Ginés Navarro. Éste compartió con Cámara cuatro años en la oposición y ocho en el equipo de gobierno municipal. Cayó en desgracia a finales de 1999, cuando Samper presentó sus planes, que había pactado previamente con el alcalde. Navarro se mostró partidario de abrir un concurso público para construir Nueva Condomina y darle la máxima transparencia al proyecto. En mayo del 2003 le despidieron.
