La Región vuelve a superar la media nacional en alumnos matriculados en religión católica

MURCIA.- Más del 68% de los alumnos matriculados en la Región de Murcia ha cursado Religión Católica en el curso escolar actual, un dato que supera, otro año más, la media nacional, según informaron fuentes de la Diócesis de Cartagena en un comunicado.

La Delegación Episcopal de Enseñanza ha manifestado su satisfacción por estos datos y ha anunciado la campaña 'Apúntale a Religión, porque hay algo grande que nadie le va a contar', destinada a incrementar el número de alumnos que cursan esta materia.
Para el delegado episcopal, José Ruiz, la asignatura de Religión Católica "asegura la formación integral de la persona en todos sus ámbitos y le ayuda a entender la realidad de hoy y cómo se ha configurado la historia o la cultura, además de que ayuda a la persona a comprenderse a sí misma y a Dios".
La campaña lanzada por la Diócesis de Cartagena está dirigida a todos los padres y, de un modo especial, a los que van a matricular a sus hijos por primera vez en Educación Infantil.
En este sentido, Ruiz ha insistido en que ofertar la asignatura de Religión "es una obligación de todos los centros y elegirla es un derecho que corresponde a los padres".
La campaña de matriculación de este año coincide con la tramitación de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), conocida como 'Ley Celaá', publicada durante el estado de alarma y que estos días se debate en el Congreso de los Diputados.
La Conferencia Episcopal Española hizo público este miércoles un comunicado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, señalando su "preocupación" por las consecuencias de esta ley.
En concreto, en la nota se destaca la importancia de no suprimir la asignatura de Religión Católica, subrayando que "la formación integral es un principio educativo recogido en la Constitución" y que, por tanto, "no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que esta pueda crecer como sujeto responsable y libre".
Así mismo, esta comisión ha destacado que "todas las personas forman parte de una cultura y una tradición" y que, en el caso de la sociedad española, esta cultura "no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana".
Por ese motivo, ha expresado su deseo de que la tradición educativa secular "posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad".
La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, motivada también por la preocupación derivada de las posibles consecuencias de la propuesta ministerial de Educación, se sumó el pasado 4 de mayo al movimiento #ReliEsMas.
Esta incitativa surgió en las redes sociales a propuesta de distintas delegaciones diocesanas de Enseñanza, grupos de profesores, padres, particulares y distintos colectivos sociales, para manifestar su protesta contra la llamada 'Ley Celaá'.
Este jueves, un día después del inicio del trámite parlamentario de la LOMLOE, el movimiento #ReliEsMas, en su tercera 'quedada digital', volvió a registrar miles de mensajes reivindicando la necesidad de contemplar la asignatura de Religión Católica en la próxima ley educativa y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Los promotores de esta iniciativa se reunieron este viernes para valorar cuáles serán los siguientes pasos y continuar exigiendo al Ministerio de Educación "un pacto inclusivo que respete el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos".

El Consejo de Seguridad Nacional minimizó en marzo el riesgo de pandemia en España

MADRID.- El Consejo de Seguridad Nacional minimizó el riesgo de que España sufriera una pandemia en 2020 solo 10 días antes de que se decretara el estado de alarma por el COVID-19. El hecho de que el máximo órgano asesor del presidente en materia de Seguridad Nacional no catalogara como riesgo la pandemia del coronavirus es que gran parte del documento presentado el 4 de marzo se había elaborado meses antes y el Consejo de Seguridad Nacional se limitó a ratificarlo.

Según informa este viernes El País, el máximo órgano asesor del presidente en materia de Seguridad Nacional aprobó el 4 de marzo un informe en el que aseguraba que el riesgo de que España atravesara una pandemia era el más improbable de los 15 riesgos que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional y el sexto menos peligroso de todos. Sí advertía la necesidad de “modernizar los sistemas de vigilancia de la salud pública en España”.

En la fecha en que se aprobó el informe, que acaba de ser enviado por el Gobierno al Congreso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado la alerta internacional. Sin embargo, como recoge El País, el documento no incluye el riesgo de sufrir una pandemia entre los más probables (que son, por este orden, la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje, la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregulares y los efectos del cambio climático) y tampoco entre los más peligrosos (ciberespacio, emergencias y catástrofes, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje y amenazas a las infraestructuras críticas).

Según informa El País, la escasa conciencia sobre la peligro que representaba un virus que ya estaba circulando por España se explica porque el grueso del documento se había elaborado meses antes y el Consejo de Seguridad Nacional del 4 de marzo se limitó a ratificarlo. Se trató de una reunión solemne presidida por el Rey a la que asistieron, además del presidente Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes y nueve ministros, además de numerosos secretarios de Estado.

De hecho, el análisis de riesgos se basa en una encuesta realizada hace meses a 230 expertos de la Administración, las empresas privadas y el mundo académico, completada con informes y análisis de organismos internacionales. Aunque solo la mitad contestaron, llama la atención la escasa presencia de mujeres (21% del total) y el excesivo peso de expertos vinculados al mundo de la defensa o la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que siguen monopolizando en gran medida la concepción de la seguridad.

El murciano Juan Antonio Pedreño, reelegido por unanimidad presidente de CEPES

MADRID.- El murciano Juan Antonio Pedreño ha sido reelegido, por unanimidad, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) en el marco de la Asamblea General que celebra esta patronal.

Pedreño, licenciado en Ciencias Químicas y experto en Cooperativismo y Economía Social por la Universidad de Murcia, preside CEPES desde 2008. Además, es presidente de la patronal europea de la Economía Social (Social Economy Europe) y de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social (Red ESMED).

El presidente de CEPES ha destacado que en esta nueva etapa, a pesar de la complejidad económica y social, se ha marcado como objetivo situar a la economía social y a su organización "en la agenda política al más alto nivel e incrementar la visibilidad de este modelo de empresa ante la sociedad y los poderes públicos".

La economía social representa en España el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 12,5% del empleo, según datos de CEPES.

Además de la reelección de Pedreño, la Asamblea Electoral de CEPES ha nombrado vicepresidentes de la organización a José Severino Montes (en representación de Cooperativas Agroalimentarias), a Rafael de Lorenzo García (ONCE), a Enrique Sanz Fernández-Lomana, en representación de la Confederación Española de Mutualidades (CNEPS), y a Javier Goienetxea Urkaregi (Corporación Mondragón).

Asimismo, la Asamblea ha procedido a renovar la Junta Directiva de CEPES, que contará con 28 miembros procedentes de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, Centros Especiales de Empleo, empresas de inserción, Cofradías de Pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad.

COAG apuesta por el empleo agrario de calidad tras firmar el convenio de ordenación de flujos migratorios

MADRID.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en condición de organización profesional agraria más representativa, ha firmado un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, para la ordenación, coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas de temporada.

En concreto, este convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las entidades firmantes del mismo, con el fin de asegurar una gestión eficaz de los flujos migratorios laborales, interiores y exteriores, en el sector agrario para que se disponga en cada momento y lugar de los trabajadores necesarios, se garantice el cumplimiento de las normas laborales y de inmigración, de las condiciones de trabajo y de alojamiento, cuando éste resulte necesario, y se proporcione la adecuada información y asesoramiento en materia de derechos y obligaciones sociolaborales.

De esta forma, para cumplir estos objetivos, la organización agraria se ha comprometido a coordinarse con las diferentes administraciones para planificar y organizar las campañas agrícolas de temporada, así como promover el cumplimiento del acuerdo de buenas prácticas en la contratación de trabajadores para el desarrollo de labores agrícolas y supervisión de su aplicación en todas las campañas agrícolas.

Además de realizar un balance del desarrollo de las campañas agrícolas de temporada y un análisis y cuantificación de las necesidades de mano de obra de las empresas agrarias, especialmente de las que deban ser atendidas con personas trabajadoras migrantes, y en particular, de las que requieran ser contratadas en origen.

También figura la realización de procesos de contratación de trabajadores en el mercado interno y, en su defecto, solicitud de autorización para llevar a cabo los procesos de selección en los países de origen de trabajadores extranjeros y en la organización de los desplazamientos de los trabajadores migrantes y de las acciones que aseguren el adecuado asesoramiento en derechos y obligaciones en materia social y laboral, atendiendo singularmente la idoneidad del alojamiento de los trabajadores.