viernes, 20 de junio de 2008

La Policía quedó impresionada por el enorme lujo con que vivía el arquitecto Mariano Ayuso

LOS ALCÁZARES.- Mariano Ayuso, arquitecto municipal de Los Alcázares desde el año 1991 y principal imputado en la Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, nunca amasó por amasar. Vivía con lujo propio de un marajá y así pudieron constatarlo los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Blanqueo de Dinero (UDEV-BLA), que lo detuvieron y que inmediatamente después iniciaron el registro de sus viviendas, según "La Verdad".

Desde que en marzo del 2006 penetraron en la finca La Loma de Juan Antonio Roca, ubicada en término de Los Alcázares, los policías no habían vuelto a ver algo similar.

A las siete de la madrugada del pasado 16 de enero, un grupo de ocho agentes del Cuerpo Nacional de Policía establecen un discreto dispositivo de vigilancia en la calle Acisclo Díaz de Murcia, en torno a la vivienda donde reside Mariano Ayuso. Tres cuartos de hora más tarde, le ven abandonar a pie el domicilio y dirigirse a un cercano garaje. Nada más subir a su Toyota se le da el alto, se le muestran unas placas, se le leen sus derechos y unos grilletes pasan a abrazar sus muñecas.

A las nueve de la mañana comienza el registro de ese domicilio y, una vez concluido, hacia las diez y media, es trasladado hasta un impresionante chalé de Punta Prima, también de su propiedad.

En una diligencia dirigida al Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, que fue redactada ese mismo día, los agentes hacen constar que en ambos registros «se observó un gran lujo en el mobiliario, los electrodomésticos, los materiales de construcción y la decoración, siendo productos de gran calidad y alto precio. El contenido de cada domicilio constituye una enorme cantidad de dinero en especie».

Y prosiguen: «El domicilio de la Urbanización Punta Prima de Orihuela es especialmente reseñable por la impresionante dotación del mismo. Compuesto por varias viviendas con extensa parcela, con piscina, con jacuzzi doble, sauna, hidromasaje en cada uno de los múltiples cuartos de baño, cabina vertical con rayos UVA, mesa de billar, futbolín, un gimnasio de grandes dimensiones con máquinas y aparatos de musculación, diferentes instrumentos musicales (una batería completa, saxofón, teclado marca Roland, una gitarra eléctrica, amplificadores...).

Existían dos garajes en la vivienda con capacidad para ocho vehículos: en el segundo tenía cuatro quads. (...) Cabe destacar el vehículo marca Mercedes Benz ML 190, con 50 años de antigüedad, impecable en su estado y difícil de valorar, pudiendo tener consideración de pieza de coleccionista».

Por si eso era poco, en tres coches tenía «inusuales cantidades de dinero»: mil euros en cada uno de ellos, que eran, a saber, el citado Mercedes, otro Mercedes CL 500 y un Cadillac Escalade. También había una moto Harley Davidson.

Otros hechos que causaron sorpresa entre los agentes, aunque por razones bien distintas, fueron las extraordinarias medidas de seguridad y la alta tecnología implantada en la casa (cámaras de seguridad, sensores lumínicos, apertura de multitud de puertas con mando a distancia, hilo musical en todas las habitaciones...); el lote de jamones de pata negra 5 Jotas, que sin duda hicieron salivar a los agentes; la magnífica bodega, con licores de primeras marcas, y una abundante documentación, entre la que se encontraban diligencias de la Operación Malaya que le vinculaban con Juan Antonio Roca.

Los agentes se llevaron la impresión de que Ayuso podría haber sido alertado de que se preparaba una intervención policial, ya que sus dos cajas fuertes estaban vacías, como también gran número de cajones y armarios, y se encontraron multitud de cajas vacías de joyas, bolígrafos y relojes de primeras marcas (Breitling, Mont Blanc...) cuyo contenido no fue hallado.

En una habitación de otro piso, éste ubicado en la avenida Jaime I el Conquistador, los policías encontraron en un armario una máquina de contar billetes. Teniendo en cuenta lo ahora mencionado, y lo ya desvelado por "La Verdad" de que acumuló un patrimonio de 40 viviendas y fincas, por valor de 30 millones de euros, parece evidente que la citada maquinita debía de constituir para Ayuso un objeto de primera necesidad.

La mujer de Escudero

¿Había sido alertado el ex alcalde Juan Escudero de que la Operación Ninette se iba a poner en marcha? En opinión de los agentes que llevaron a cabo la investigación, la respuesta es evidente: sí. Pese a que su detención se produjo a primerísima hora de la mañana, los policías se encontraron un domicilio completamente arreglado, con las camas hechas, los cacharros del desayuno lavados, los cuartos de baño impolutos...

Además, ni su mujer, Aurora, ni sus hijos, como tampoco los padres y la hermana de Aurora, que llegaron poco después, mostraron la menor sorpresa por encontrarse la casa tomada por los agentes. Si a ello se le suma que la mujer de Escudero le dijo a una policía: «Os estábamos esperando... No sabíamos si iba a ser hoy o mañana, o dentro de un año», pues se les despejaron las pocas dudas que podía tener.

Acerca del orden que imperaba en la vivienda, Aurora explicó que se debía a que había educado a sus hijos para que todo lo recogiesen en el acto.

Pero, por si faltaba algo, los policías hallaron 15 cajas de joyas vacías, sin que nadie pudiese explicar a qué se debía ese hecho, y ni un solo euro en metálico. Algo muy extraño en una casa donde se hacían mútiples pagos en efectivo.

La nefasta memoria de la principal testaferro

La sospechosa de ser la principal testaferro de la Operación Ninette, Inmaculada Camacho Escudero, es cuñada de Mariano Ayuso y primera en sexto grado del ex alcalde Escudero. Esta mujer, que figuraba al frente de varias sociedades -Dorma Golf, Ilka Baley Dekema Bull...-, que hicieron millonarios negocios con solares municipales en Los Alcázares y con compraventas de terrenos a firmas controladas por Juan Antonio Roca, realizó una declaración ante la Policía que llama al bochorno ajeno.

Salvo lo que se refiere a si sabe leer y escribir, si ha sido detenido previamente, su lugar de domicilio, su profesión y su estado civil, al resto de las preguntas, que fueron cerca de cuarenta, contestó siempre lo mismo: «No recuerdo», «no lo sé».

No recordaba si había sido administradora de alguna sociedad, ni los nombres de éstas, ni si había comprado parcelas, ni si las había vendido, ni dónde se firmaron las escrituras, ni el nombre del notario, ni lo que se pagó o cobró por los terrenos, ni siquiera si ella tiene nómina, ni lo que gana su marido, ni los gastos que tiene su casa, ni..., ni..., ni..., ni....

En un esfuerzo en apariencia sobrehumano, y después de varias preguntas y repreguntas por parte de los policías, la imputada -cuyo rostro se publica hoy por primera vez en un medio de comunicación- sí recordó en un momento dado que figuraba como administradora de las tres sociedades antes citadas, aunque aclaró que «lo único que hacía era firmar lo que me decía mi marido».

Su esposo, Juan Ignacio Ayuso, es el hermano del arquitecto municipal Mariano Ayuso y otro presunto testaferro de éste. Juan Ignacio puso a su nombre todas las sociedades en el 2006, cuando "La Verdad" comenzó a desvelar la trama de corrupción en Los Alcázares, liberando así de tal responsabilidad a su mujer: Inmaculada, la de la frágil memoria.

Juan Antonio Gisbert se perfila como el nuevo director general de Ruralcaja

VALENCIA.- Juan Antonio Gisbert, director de Caja Mediterráneo (CAM) hasta diciembre de 2000, se perfila como sustituto de Juan José Arrieta en la dirección general de Ruralcaja, según fuentes solventes consultadas por "El Mundo".

Gisbert dejaría así el puesto como director de Inversiones y Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que preside el valenciano Aurelio Martínez, y regresaría al mercado en el que marcó una época durante la década de los 90.

Ruralcaja confirmó las especulaciones y anunció en una escueta nota que "el director general de Ruralcaja, Juan José Arrieta, ha presentado al Consejo Rector de la entidad su renuncia al cargo por 'motivos personales y compromisos familiares'". Esa decisión de abandonar el cargo no se habría tomado ahora, sino a principios de año.

"El Consejo Rector ha aceptado su renuncia, entendiendo los motivos de su decisión, que se hará efectiva el próximo 30 de junio", añadió la nota. Como es habitual en estos casos, "el Consejo Rector manifiesta su más profundo agradecimiento por la labor que ha desempeñado al frente de la entidad".

La posibilidad de que sea Juan Antonio Gisbert el sustituto de Arrieta como director general podría confirmar la presunta existencia de vínculos entre la definitiva salida del director general y la inspección del Banco de España. Dicha actuación inspectora no tiene nada de extraordinario, como explicó y subrayaron fuentes de Ruralcaja, pero podría haber aportado alguna información clave al Banco de España.

Lo que nadie que conozca a Luis Juares puede dudar es que Juan Antonio Gisbert no reúne el perfil del tipo de profesional que le gusta tener cerca al presidente de Ruralcaja. El ex director general de la CAM es un hombre de acción, acostumbrado a tomar decisiones y a asumir el mando de la organización. No es una persona que vaya a estar dispuesta a permanecer a la sombra de un liderazgo como el que tradicionalmente, durante varias décadas, ha cincelado Juares.

Analizados los perfiles de presidente y futuro director general, fuentes próximas a Juares especulaban con que podría haberse producido una intervención del Banco de España en la elección del sustituto de Arrieta, aunque se trata de meras conjeturas, que no se han podido confirmar.

Otro hecho cierto es que el Banco de España ha mirado con atención los vaivenes en el equipo directivo que rodea a Juares. En apenas año y medio, una vez se consume la marcha de Arrieta, Ruralcaja habrá cambiado dos veces de director general.

Ese es un balance poco aconsejable para cualquer entidad financiera (habrá pocos casos similares seguramente) en un momento de turbulencias como el actual, en el que el acceso a los mercados internacionales del dinero se ha complicado enormemente para los bancos y las cajas españoles, y en el que es necesario actuar con determinación ante la aparición de crisis empresariales que pueden arrastrar a una entidad financiera.

El contexto del negocio financiero en estos momentos es el idóneo para un ejecutivo de las características de Gisbert, un negociador duro y un jefe firme.

Su pasado en la CAM, de la que salió con una jubilación anticipada de seis millones de euros, marcará inevitablemente su desembarco en la Comunidad Valenciana, con una Generalitat con la que no tuvo unas relaciones demasiado buenas y unos compañeros de viaje, Bancaja y CAM, que seguramente se quedarán estupefactos cuando sepan que es él, precisamente él, el nuevo director de Ruralcaja.

Juan Antonio Gisbert García es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de Teoría Económica en la Universidad de Alicante.

Su trayectoria profesional está ligada a la Caja de Ahorro del Mediterráneo donde ingresó en 1972 y ocupó diversos puestos, hasta ser nombrado Director General en 1992, cargo que desempeñó durante 9 años, hasta enero de 2001.

Previamente fue Director General de Economía de la Generalitat Valenciana durante cuatro años. Asimismo ha sido vicepresidente del Instituto Valenciano de Estadística y Vicepresidente del Consejo de Administración de Ahorro Corporación Financiera S.A.

Como Director General de Inversiones y Financiación del ICO dirige la actuación de las unidades orgánicas encargadas de diseñar, instrumentar, formalizar, gestionar y administrar cualesquiera instrumentos financieros relacionados con las operaciones financieras de activo que lleve a cabo el Instituto de Crédito Oficial para el cumplimiento de sus fines.

jueves, 19 de junio de 2008

El Banco Popular "no tiene constancia" de la negociación entre Trinitario Casanova y un grupo mexicano

MADRID.- El Banco Popular desconoce la negociación entre su accionista y presidente de grupo Hispania, Trinitario Casanova, y un grupo mexicano, representado por la sociedad Blueprime Ltd., para la venta de la participación del 3,5% que el ejecutivo tiene en el capital de la entidad.

El banco "no tiene constancia de este tema", subrayaron fuentes de la entidad, que no se pronunciaron sobre si la entidad tiene algo que ver con las negociaciones o si hay más accionistas del banco implicados en la operación.

Casanova comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su participación en Banco Popular (42,54 millones de acciones), controlada a través de su vehículo inversor Titanica Capital Investment, supuso una inversión inicial de 526 millones de euros, de los cuales 394 millones fueron desembolsados mediante un préstamo bancario con vencimiento dentro de seis años y 132 millones con fondos propios.

Además, en enero fueron depositados 99 millones de euros como garantía adicional, sumando al total de recursos propios invertidos por el empresario 231 millones de euros.

Según los actuales precios de mercado, este paquete accionarial tiene un valor en estos momentos de 423,57 millones de euros.

La intención de Casanova de vender su participación en el Popular contrasta con las declaraciones de diversos accionistas de la entidad, como el inversor indio Ramchand Bhavnani, y los empresarios Americo Amorim y Nicolás Osuna, que han desmentido su intención de vender sus títulos de la entidad.

Los sindicatos, ‘empresas rentables’ en tiempos de crisis / Juan Redondo

Mientras los políticos, los financieros y los llamados expertos buscan fórmulas para paliar la crisis que se nos viene encima, a los sindicatos se les acumula el trabajo. El nuevo vicepresidente de Cajamurcia, el popular Sánchez Carrillo, un veterano empresario, explica su remedio: “Gastar menos y trabajar más”. Este ahorro empresarial pasa por los ajustes de plantillas.

En la construcción, con la gran bolsa de viviendas sin vender, es mejor esperar a que éstas se vayan ocupando. Mientras tanto, la plantilla se reduce a mínimos y se prescinde de subcontratas, con el alagarmiento de la fila de parados. Y ahí los sindicatos ven como sus finanzas engordan.

“En épocas de crisis, las centrales sindicales se convierten en las empresas más rentables del país”, comenta un veterano sindicalista de la vieja escuela, con cierto desencanto por lo que califica de “aburguesamiento de los sindicatos de clase”. Y expone sus datos. Asegura que Comisiones Obreras, por poner un ejemplo, tuvo el pasado año un superávit a nivel nacional cercano a los seis millones de euros, y que en la Región de Murcia fueron 400.000.

En el primer semestre, el trabajo de la asesoría jurídica se ha duplicado en el número de expedientes de regulación de empleo, según reconoce Joaquín Dolera. “Vamos, que las previsiones de ingresos sobre el superávit del pasado año se sitúan para este ejercicio por encima del 50%, y en otoño la incidencia de la crisis, sobre todo en la construcción, será mucho mayor”. Y dicen que estos datos se pueden extrapolar a UGT.

El incremento de las regulaciones o de las extinción de las relaciones laborales se produce en las empresas privadas y en sectores donde el nivel de afiliación no es elevado, “con lo que son más a pasar por caja”. Pero con la crisis, según el histórico, aumentan las ayudas públicas para cursos de formación o reciclaje de los trabajadores, en los que los sindicatos tienen una participación importante.

“Y hay que mantener la paz social en tiempos difíciles con acuerdos de los sindicatos con el Gobierno regional y nacional. Y eso, con subvenciones por medio, siempre allana el camino”. Curiosa conclusión del histórico: “Cuanto peor pinta para los trabajadores, mejor les va a los sindicatos”. Y dicen que esto va para largo.

Cambio de Sánchez Carrillo por Gómez Fayrén

La vicepresidencia ‘política’ del Consejo de Administración de Cajamucia parecía destinada hace un par de meses para Antonio Gómez Fayrén, ya que el ex presidente reunía el pérfil adecuado para la situación y él estaba muy receptivo a la propuesta. Sin embargo, hace un mes se produjo un giro, y el puesto recayó en el ex concejal del Ayuntamiento de Murcia y veterano empresario Antonio Sánchez Carrillo.

Por pura lógica, la última palabra para este cargo corresponde al presidente Valcárcel. Lo de que Gómez Fayrén es imprescindible en la Asamblea con una mayoría absoluta del PP, suena más a una disculpa que una justificación. Parece que el futuro político de Gómez Fayrén no ocupa mucho espacio en la agenda azul de Ramón Luis.

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El suelo comprado por la UCAM en Cartagena vale ahora hasta diez veces más

CARTAGENA.- Los terrenos que compró el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, a Defensa en el barrio de Los Dolores de Cartagena cuestan ahora diez veces más. Mendoza adquirió el suelo a razón de 26,8 euros el metro cuadrado, ya que se trataba de un equipamiento militar que supuestamente se iba a recalificar como educativo para la construcción de la Universidad, según "La Opinión".

Sin embargo, el ayuntamiento de Cartagena ha reconocido que buena parte de este suelo, propiedad del Centro de Estudios San Antonio en un 90 por ciento y de la Fundación Universitaria San Antonio en 10 por ciento, será recalificado como urbanizable y que se podrán construir en torno a quinientas viviendas tipo dúplex. Al menos así se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana.

Varios promotores consultados por este periódico aseguraron que el precio de un solar urbanizable en el entorno en el que se encuentra el cuartel de Los Dolores no baja de los trescientos euros por metro cuadrado.

"Es cierto que ahora el mercado está muerto, pero las perspectivas para dentro de dos años son buenas y el terreno será muy goloso", comentó uno de los consultados, que incluso dijo que el precio del suelo podría superar los 500 euros por metro cuadrado.

Desestimada la recusación del juez Calero pedida por la defensa de García Madrid

CARTAGENA.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado la recusación del juez Salvador Calero planteada por la defensa del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, que lleva la instrucción de un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio pachequero, después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, Arantzazu Moreno, dejara la instrucción por encontrarse de baja, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en un comunicado.

La defensa del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, pidió, el pasado 22 de abril, la recusación del juez Calero y fundamentaba esta petición en tres motivos: "por ser denunciante el juez cuya recusación se pretende del letrado de García Madrid ante el Colegio de Abogados de Murcia; por enemistad manifiesta del recusado con el mismo letrado; y por interés directo o indirecto en la causa del juez recusado".

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia desestima la recusación porque la "enemistad" a la que se alude y la denuncia van dirigidas al letrado de García Madrid, es decir, José Pardo Geijó, y no al propio alcalde.

Según este auto, "la lectura de la recusación presentada deja bien claro que los motivos referidos al letrado del recusante en exclusiva, Pardo Geijó (en la imagen), y en modo alguno afectan de forma directa ni indirecta a García Madrid".

En la regla general, explica, "no es posible recusar a un juez o magistrado por enemistad con un letrado, salvo por existencia de vinculo matrimonial, de hecho asimilable o de parentesco".

De igual forma, desestima el argumento de que el juez "tenga interés directo o indirecto en el pleito" por entender que los autos dictados por Calero anteriormente a la recusación y relativos a García Madrid, son "dictados en el ejercicio de la jurisdicción que desempeña legalmente y referida a disposiciones que la ley no sólo le permite sino que le obliga a proveer", en referencia a la orden de prisión contra García Madrid y la del secreto de las actuaciones dictadas.

Una vez desestimada la recusación se devolverá al juez recusado el conocimiento de la causa y se condenará en costas al recusante.

Se prepara un homenaje al profesor Fernández Ardanaz, primer rector de la UCAM en 1998

MURCIA.- Un grupo de padres de ex alumnos prepara un homenaje al que fue primer rector de la UCAM hace diez años, el ex sacerdote y periodista, Santiago Fernández Ardanaz, ex corresponsal en el Vaticano de "Diario 16" y ahora profesor titular de Antropología en la Universidad de Elche, según fuentes de los organizadores.

El acto se celebrará presumiblemente antes de finalizar el presente mes de junio en una dependencia del Estado en Murcia y está invitado el obispo de la diócesis de Cartagena y gran canciller de la UCAM, monseñor Reig Pla, al que ya habrían informado de sus intenciones en plena polémica sobre la titularidad de la Universidad.

Aunque no está decidido, la misa de acción de gracias se celebraría en la iglesia del Monasterio de los Jerónimos, y a ese acto están invitados especialmente también todos los alumnos, ex alumnos, profesores y ex profesores de la UCAM para agradecerle a Fernández Ardanaz la puesta en marcha académica que consiguió en su día en un tiempo récord y con gran dignidad.

El profesor Fernández Ardanaz guió los pasos de la UCAM durante su primer año de vida aunque luego abandonó voluntariamente el cargo de rector en profundo desacuerdo con la estrategia académica y extra académica que pretendía imponer la parte gestora, a través de la Fundación "San Antonio", con criterios más cercanos al lucro que a la excelencia del profesorado.

Al parecer, Fernández Ardanaz no se dejó instrumentalizar tampoco para poner sus privilegiadas relaciones como periodista en el Vaticano al servicio de los propósitos inconfesables de terceras personas indignas, tras comprobar su calaña y falta de escrúpulos para intentar corromper conciencias en busca del enriquecimiento rápido.

Le sustituyó el entonces decano de la Facultad de Comunicación, Antonio Montoro Fraguas, hasta hace escasas fechas el más estrecho colaborador - ¿y cómplice?- de José Luis Mendoza a lo largo de una década y su "puente" de relación privilegiada con el PP de Ramón Luis Valcárcel, Miguel Ángel Cámara y Antonio Sánchez Carrillo.

El PP exige a Morales el acta de diputado y PSOE e IU piden que le retiren el sueldo

CARTAGENA.- Los tres grupos políticos con representación en la Asamblea Regional han mostrado su disgusto con la opinión que Juan Morales, principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística en Totana destapada tras la operación Totem, tenía de su trabajo de diputado y que reveló a su pareja, como consta en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil: "Se vive muy bien, el trabajo es muy suave y se cobran tres mil euros".

Mientras que IU y PSOE exigen que se le retire el sueldo, desde el grupo popular, al que pertenecía hasta ser expulsado, le reclaman que entregue su acta de diputado, según "La Opinión".

El coordinador de IU en Totana, Juan José Cánovas, señaló que las afirmaciones de Morales, ex alcalde del municipio, "ponen en evidencia la clase de personajes que nos han gobernado, sin escrúpulos, que han dado preferencia a su interés personal por encima del de sus conciudadanos".

Cánovas no escatimó calificativos para referirse a Morales, del que dijo que es un "trepa" que ha estado apoyado "por Ramón Luis Valcárcel y la cúpula del PP".

También se refirió a los sospechosos de la trama de corrupción urbanística como "mamporreros de los especuladores inmobiliarios", tras lo que reclamó a la Asamblea que le retire el sueldo a Morales.

En términos similares se pronunció el viceportavoz del grupo parlamentario socialista, José Ramón Jara, quien calificó de "indignidad" el hecho de que Morales se jactase del sueldo que cobraba y de lo poco que trabajaba. "Hay que buscar fórmulas para que deje de cobrar un sueldo de la Asamblea.

En ese sentido, la Mesa de la Cámara tendrá todo nuestro apoyo en las decisiones de este tipo que adopte", precisó Jara, quien dijo preferir "que un juez dictamine más tarde que se le privó de su salario de manera improcedente" que seguir pagándole una retribución con el dinero de todos los murcianos.

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Ruiz, fue más allá y reiteró que Juan Molares, "si piensa que de diputado no se hace nada, lo que tiene que hacer es dejar el acta".

"No merece ser representante de los ciudadanos", añadió el portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional.

El ex edil de Urbanismo de Los Alcázares adquirió supuestamente un décimo premiado para blanquear dinero

LOS ALCÁZARES.- El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, y su ex concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, en conversaciones intervenidas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), destacan el poder blanqueador de los billetes de lotería premiados y, asimismo, señalan que una empleada de Juan Antonio Roca en Los Alcázares, por nombre Karem, se dedica a adquirir boletos con premio para su jefe, según "La Verdad".

La teoría es bien simple. Cuando alguien tiene en su poder una gran cantidad de dinero negro, en muchas ocasiones de origen ilícito, una posibilidad de sacarlo a la luz y de hacer posible su manejo, sin que ello suponga alguna complicación legal o fiscal, es adquirir un décimo premiado de la lotería.

Por uno de estos boletos, que puede estar premiado, por ejemplo, con 300.000 euros, se paga una cantidad superior (ej. 350.000 euros), y aunque el interesado en lavar su dinero pierde algo en el canje, su capital queda más blanco que si lo hubiese tenido en la lavadora una jornada entera y con el programa de 90º.

El riesgo de conocer la teoría es que se puede caer en la tentación de llevarla a la práctica. Y eso es lo que parece que le pasó en el año 2004 al entonces concejal alcazareño Alfredo Blanco, cuando cobró y puso a nombre de sus hijos un décimo de lotería premiado con 60.000 euros (diez millones de pesetas).

La investigación se había abierto el año pasado, después de que Blanco hubiese sido sorprendido en una conversación mientras supuestamente negociaba la adquisición de un boleto premiado de la lotería. Eso llevó a los policías a pedir a la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) que informase de los premios «con los que pudieran haber sido agraciados los implicados en las presentes (diligencias), ampliando la búsqueda a familiares y otras personas que pudieran estar actuando como posibles testaferros».

La respuesta de la ONLAE demostró que las sospechas de los policías no eran descabelladas y que, por lo que se refería a Blanco, parecían haber cantado bingo. Su hija, M.A.B.B., había cobrado un premio de 60.000 euros en diciembre del 2004. En concreto, por un décimo del número 52130, serie 7, fracción 6.

Claro está que podría haber ocurrido que realmente le hubiese tocado la lotería a la familia, y ése era un hecho que había que descartar antes de acusar a nadie formalmente de un delito de blanqueo de capitales.

Cuando le tomaron declaración como imputado, Blanco repitió en varias ocasiones que no tenía más ingresos que los derivados de su cargo de concejal, luego señaló que su mujer percibió una herencia -sin poder especificar la cuantía- y, al ser preguntando expresamente por ello, admitió que a su familia le tocó la lotería.

La explicación que ofreció es que el décimo lo compraron su mujer y él en Murcia, a un señor que iba vendiendo por la calle, pero del que no pudo ofrecer dato alguno para identificarlo.

Lógicamente, la Policía no se quedó ahí, y siguió haciendo gestiones para tratar de verificar esa información. El primer paso consistió en ponerse en contacto con la Administración número 1 de Puerto Lumbreras, que era la que había vendido el premio, y preguntar a su propietario entre qué personas había distribuido el premio.

Ahí los policías tuvieron suerte, por cuanto se les hizo saber que el número 52130 lo vendía íntegramente desde hacía años a la Peña Madridista de María (Almería), y para ratificar sus palabras les facilitó el teléfono de contacto del secretario de esa asociación.

Huelga decir que los agentes no tardaron en ponerse en contacto con esa persona, J.A.G.S.. Y volvieron a tener suerte: les informó de que los cien boletos se vendieron, al completo, en la localidad de María, «a socios de la peña, gente del pueblo y visitantes relacionados con el pueblo o con los socios».

Y sobre la posibilidad de que alguien fuese vendiendo ese número por Murcia de forma ambulante, el secretario de la Peña Madridista lo dio por descartado, «porque como mucho una misma persona podría tener dos décimos».

Ante las evidentes discrepancias entre las declaraciones de Alfredo Blanco y el madridista almeriense, los agentes de la UDEV-BLA llegaron a la conclusión de que «cabría la posibilidad de que esos billetes de Lotería Nacional hubieran sido adquiridos, una vez premiados, mediante pago de un sobreprecio, presumiblemente con dinero B o negro, simplemente con la finalidad de aflorar legalmente el importe del premio».

Y añaden en su informe, dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, que no se debe olvidar, como ya se ha dicho, que «ese modus operandi se corresponde con una de las tipologías específicas y clásicas utilizadas en el blanqueo de capitales».

Alfredo Blanco se había librado del primer envite de la Operación Ninette, que significó la detención del ex alcalde Juan Escudero, el secretario municipal jubilado Diego Sánchez, el arquitecto municipal Mariano Ayuso; el hermano de éste, Juan Ignacio, y los empresarios Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier. Los cuatro últimos ingresaron en prisión.

Pero el edil de Urbanismo no tardó en ser citado a declarar como imputado en un delito de blanqueo de capitales. Ese 16 de enero pasado comenzó a extinguirse la carrera política de quien incluso había sido barajado como candidato a sustituir a Escudero al frente del Ayuntamiento de Los Alcázares. Blanco fue expulsado del PSOE y poco después abandonó su cargo público.

Morales cargó 4.292 euros al Ayuntamiento de Totana por llamadas a sus amigas brasileñas

TOTANA.- El durante largos años alcalde de Totana Juan Morales no dudó, según desveló La Verdad días pasados, en inventarse un intercambio cultural con Brasil para facilitar un documento oficial a dos amigas de ese país suramericano, con el fin de facilitarles su entrada en España y hacerles más llevaderos los trámites en Barajas.

Ahora ha trascendido que Morales cargó a las arcas municipales un total de 4.292,29 euros (más de 700.000 pesetas) por las llamadas telefónicas realizadas a su novia y a sus amigas brasileiras, cuando éstas se encontraban de vacaciones en su país de origen, y por otras llamadas a Venezuela, Argentina y Suiza, también aparentemente personales.

De esta forma, se recoge en las diligencias judiciales instruidas con motivo de la Operación Tótem contra la corrupción en Totana, que desde hace semanas están en poder de La Verdad. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hace saber a la juez María Ascensión Navarro que en un maletín que portaba el abogado de Morales, Javier C.A., repleto de documentos que le había entregado el ex alcalde, se hallaron catorce facturas telefónicas, correspondientes a otros tantos meses, y derivadas del uso de su teléfono oficial.

Los guardias civiles llegaron a comprobar que dos de los teléfonos en Brasil a los que llamó Morales correspondían a su novia, Vaneide Freita, mientras que otro era de una de las amigas beneficiarias del inventado programa de intercambio cultural, Claudia R.C., «con la que Morales mantuvo durante algún tiempo una relación de afectividad».

Los investigadores albergan pocas dudas de que las llamadas, «aun siendo realizadas desde un teléfono oficial del Ayuntamiento de Totana y con cargo a los presupuestos del mismo, tendrían una finalidad privada, puesto que dichas llamadas no tenían nada que ver con el ejercicio de su función pública».

Por tales razones, y teniendo en cuenta que las arcas públicas de Totana soportaron supuestamente el cargo de esos 4.292,29 euros, «que se correspondían con llamadas del ámbito estrictamente personal del alcalde y que por tanto no debiera haber sufragado el municipio», los UCO llegan a la conclusión de que Juan Morales podría haber incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos. Y de ello está imputado formalmente.

Los murcianos no se fueron defraudados/ Currito de la Vega

ALICANTE.- 3ª Corrida de la Feria de San Juan y San Pedro.- Algo menos de media entrada (jugaba la selección española de fútbol en Austria).- Toros de Parlade, de Portugal, con muy buena presencia y casta indiscutible. Embestían por bravos y por tener un justo peso. Y uno de Juan Pedro Domecq, el primero, mucho más cargadito. El presidente no concedió orejas, sólo una vuelta al ruedo en su afán de compadecer a este público con el vigente reglamento taurino, paso a paso y no dejándose llevar de una generosidad mal entendida. Tarde muy agradable y ya algo más ambientada, sin llegar todavía a aflorar su glamour característico. Los tendidos de sol siguen vacíos pese a una temperatura algo fresca. Bastantes niños menores de diez años en las gradas (?). Muchos murcianos para ver a Pepín Liria, comenzando por la familia Bernal-Barnuevo (sin Rocío, por exámenes) en la mejor barrera y en el callejón. No se volvieron defraudados.

Pepín Liria tuvo suerte con su primero, “Sigiloso”, un sobrero de Domecq de 572 kilos, azafranado y arrollador. Con empaque, como los de antes. El ceheginero lo midió con gran entusiasmo del público, mucho venido de la región vecina para ver a su ídolo. No les defraudó porque fue él quien salvó la corrida casi en solitario. El picador envaró al astado jerezano hasta la médula y el diestro pidió el cambio de tercio aunque la verdad es que empujaba aunque flojeaba de remos. Mal en banderillas al clavar una en el costado del animal.

Muy torero en su lidia, Pepín Liria hiló con maestría una faena muy bien aliñada con todo tipo de capotazos y muletazos. Su fiel público vio lo que esperaba de él porque ofreció un espectáculo torerísimo, que diría el maestro Benlloch, llevando al toro a su paso, por lo que recibió aplausos.

Pese a que el toro comenzó a desarrollar sentido, seguía humillando y Liria apuró la faena ante el clamor de peticiones desde las gradas, porque se encontraba a gusto con lo suyo y con los suyos detrás. Supo a poco. No tuvo suerte con la espada pese a una media estocada muy bien colocada porque tuvo que descabellar tras buscar el toro las tablas. El toro cumplió y fue aplaudido en el arrastre.

En el cuarto, ya de Parlade, “Marujo”, de 510 kilos y también colorado ojo de perdiz, recogido de cuerna y con unos considerables cuartos traseros, Liria brindó al público y fiel a su estilo citó de rodillas y arrancó aplausos y entonces sacó todo su repertorio hasta conseguir el olé que nunca debe faltar. Intento repetir su faena anterior pero el ejemplar no ayudaba tanto aunque al caballo entró de miedo, hasta recibir dos varas y dos pares de banderillas. El maestro, desafiante ante el toro, templó y mando, como dicen los clásicos. Incluso adornó su faena antes de estoquear, hasta el punto de que recibió un aviso. Logró una buena estocada, incluso aplaudida, pero perdió la oreja al tener que dar cuatro pinchazos y dos descabellos a una ruina amorcillada

Juan Bautista, con un estilo impecable, valiente y entregado en su primero, “Diceclaro”, 513 kilos, negro y también abierto de cuerna, realizó una faena muy bien diseñada, pausada y artística. La música de pasodoble hizo lucir aún más esa entrega del diestro. El toro también entró con fuerza al caballo, fue aplaudido en los tres pares de banderillas, muy bien colocadas por cierto, pero que acusó. Dobló de una estocada limpia y certera, por lo que Juan Bautista saludó desde los medios y recibió aplausos.

Al quinto, “Feudal”, 522 kilos, lo aguantó sin vara. Flojeaba de remos, era algo trotón y el torero solicitó el cambio de tercio. Ya acusó los dos primeros palos de los seis que recibió. Juan Bautista estuvo mejor en el segundo porque a este no le pudo sacar tanto partido. El reconocimiento a su empeño y esfuerzo lo recompensó el respetable con el tan agradecido olé. Aunque a la hora de matar, no había forma de igualar, cuando el diestro fijó a su enemigo lo clavó por el ojo de las agujas, que diría el maestro Fernández Román. Entre fuertes aplausos se pidió la oreja aunque el presidente solo concedió que diese la vuelta al ruedo por el buen sabor que dejó a la afición alicantina.

En el tercero, “Decidor”, 505 kilos y, como sus hermanos, abierto de cuerna, Matías Tejela consiguió comunicar con él dentro de otro estilo de torear. Recibió una buena vara y se cayó también en banderillas. La música no hizo pasar por alto el tipo de faena que Tejela no consiguió armar por más que lo intentó hasta casi agotar los tiempos con un fuerte dominio de la situación en el ruedo aunque estuvo a un tris del puntazo. Pese a una estocada algo desprendida, mató de un descabello.

El sexto, “Belicoso”, 550 kilos, e igualmente castaño, resoplaba como un búfalo. Desarmó a Tejela del capote. Una sola vara y cerrando plaza. En banderillas, cuatro mal puestas y dos en su sitio. Varias tandas de pases en redondo terminaron por agotar al toro. Pero el público aguantó hasta el final en espera de que, con la música, Tejela, voluntarioso, lograse hacer faena. Tras los aplausos, comenzó a desfilar tras el primer pinchazo de tres y un meteisaca. No pudo rematar sino con tres descabellos.

Al menos los murcianos se fueron conformes y contentos. El resto, en espera de mejor tarde.

(De http://alicanteconfidencial.blogspot.com)

miércoles, 18 de junio de 2008

Grupo Fuertes creará una empresa mixta con la sociedad rusa Napko, tras una inversión de 200 millones de euros

MURCIA.- Grupo Fuertes está en negociaciones con la empresa rusa Napko para constituir una 'joint venture' dedicada al desarrollo de la agricultura y la ganadería, con una inversión de 200 millones de euros. En una segunda fase, se prevé la construcción de un complejo industrial cárnico compuesto por centro de procesamiento, preparación y logística, ubicado en la región rusa de Lipetsk.

En concreto, el proyecto que se estudia poner en marcha consistiría en desarrollar la actividad de explotación agrícola de cereales en una superficie aproximada de 25.000 hectáreas propiedad de la sociedad a crear, ubicadas en las provincias de Terbuny y Volovo, ambas pertenecientes a la región de Lipetsk y, además, se construiría un almacén de grano para 100.000 toneladas.

Además, el proyecto ganadero prevé la construcción de una fábrica de pienso, y de cuatro complejos para cría y engorde de ganado porcino. Cada centro albergará 5.000 cerdas madres con una capacidad aproximada de 108.000 cabezas, previendo llegar a las 20.000 madres, lo que supondría, aproximadamente, 430.000 cabezas al año, y por tanto, una producción de 45.000 toneladas de carne anuales.

La puesta en marcha de este proyecto surge a raíz de que el propietario de Napko, Igor Babaev, principal accionista del Grupo Cherkizovo, conoce la estrategia empresarial de Grupo Fuertes y queda sorprendido por su alto nivel tecnológico y por su eficiencia productiva y piensa en exportar la idea, aplicando el 'know how' español a su país de origen.

Tras esta primera iniciativa empresarial entre Grupo Fuertes y Napko, ambos podrían desarrollar más proyectos agrícolas y ganaderos tanto porcinos como de pavos en otras regiones rusas.

Cajamurcia se prepara para los nuevos tiempos / Juan Redondo

Con los nuevos tiempos, las cajas de ahorros están apostando por una mayor profesionalización en sus organos de gestión, alejándose del módelo tradicional de un consejo de administración con gran carga política y gran dependencia de los gobierno autonómicos de turno.

Martínez Serrano, con los socialistas en San Esteban; el recordado Moncho Ojeda y Juan Roca, con los populares, ocuparon con gran dignidad la presidencia de Cajamurcia en los últimos veinte años.

La Caixa, Caja Madrid y Caja Canarias, entre otras, han entrado ya por la nueva vía.

El presidente del Consejo de Administración deja de ser un cargo más representativo, nombrado por el Ejecutivo Regional, para convertirse en el máximo puesto ejecutivo, ajeno a los posibles cambios políticos al frente de las comunidades autónomas. Cajamurcia se acaba de apuntar a esta fórmula.

Desde ahora, Carlos Egea se convierte en el hombre fuerte de la entidad financiera tanto a efectos representativos como ejecutivos, cojugando las tareas de la Presidencia con los cometidos de la dirección general. En un periodo de transición y “en un plazo razonable”, como asegura, conjugará los cometidos de presidente y director general, quedando Joaquín Cánovas como director general adjunto.

El organigrama se complementa con dos vicepresidencias, una digamos más política, en el sentido de representación de las instituciones, y otra más de gestión. La innovación en el organigrama no tiene por qué suponer en principio ningún problema en el funcionamiento de la entidad, ya que Carlos Egea, es desde hace muchos años el ‘alma mater’ de la gran caja autonómica, convertida desde hace mucho tiempo en uno de los principales motores del desarrollo económico regional.

En estos tiempos de desaceleración o crisis económica, la “gran caja autonómica”, como la califica su nuevo vicepresidente, Antonio Sánchez Carrillo, cuenta con los recursos para adecuarse a las nuevas circunstancias. La vía de la profesionalización y el reforzamiento en la gestión, manteniendo su identidad regional, es el arma que utilizará el equipo capitaneado por Carlos Egea. Cajamurcia, con la asamblea ordinaria de ayer, ha iniciado una nueva etapa.

Antonio Sánchez Carrillo, nuevo vicepresidente

Entre las novedades del nuevo organigrama de Cajamurcia destaca la entrada del ex concejal del Ayuntamiento de Murcia, Sánchez Carrillo, como vicepresidente. El político popular, retirado de la primera línea tras las autonómicas y municipales del pasado año, venía como compromisario por la Comunidad Autónoma.

“Ahora que estoy retirado de la política, vengo a aportar mi larga experiencia empresarial. Tengo tiempo, ilusión y ganas de trabajar por la Región”. Ya tiene experiencia el patiñero en consejos de administración de entidades financieras, ya que ha estado también de representante en la CAM. El gusanillo político continúa vivo en él: sigue en la cocina del PP regional, y este fin de semana estará en el congreso nacional de Valencia.

www.elfaro.es

El Plan Urbano de Cartagena dejará construir 500 casas en el suelo que compró la UCAM

CARTAGENA.- Los terrenos que la Fundación San Antonio, encargada de la gestión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), compró mediante subasta pública al ministerio de Defensa en el barrio cartagenero de Los Dolores no son sólo para el campus universitario que proyecta la institución docente, a tenor de lo publicado por "La Opinión".

El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena, Joaquín Segado, indicó que de los 250.000 metros cuadrados que ocupan los antiguos terrenos de Defensa, sólo unos ochenta mil se destinarán a equipamiento educativo para la implantación de la UCAM en la ciudad portuaria.

La superficie restante, unos 170.000 metros cuadrados, tendrá un tratamiento similar al del resto de su entorno según el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Segado precisó más y afirmó que calcula que en dichos terrenos podrán construirse en torno a unas quinientas viviendas.

Cabe recordar que la Fundación San Antonio adquirió el cuartel de Los Dolores y otros terrenos de Defensa anexos al mismo en 2003 por 3,8 millones de euros, a razón de 26,8 euros por metro cuadrado.

Segado comentó que no se ha dado trato de favor a nadie y que el plan recoge las previsiones de crecimiento de la ciudad sin tener en cuenta a los propietarios de los terrenos.

Al parecer, los planes de la UCAM pasan por financiar la construcción de su campus en Cartagena mediante la venta de los terrenos urbanizables.

Al menos así lo denunció el diputado regional del PSOE, José Ramón Jara, quien acusó al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, de preparar "un pelotazo urbanístico" en Cartagena, a la vez que denunció que sólo un diez por ciento de los terrenos comprados a Defensa pertenecen a la Fundación San Antonio y el 90 por ciento restante son de una empresa privada del propio Mendoza llamada 'Centro de Estudios Universitarios San Antonio'.

Precisamente, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González, indicó a esta redacción que ha trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción la denuncia de un particular contra le gestión de la UCAM en la que se han detectado "indicios constitutivos de ilícitos penales".

Al parecer, la adquisición de estos terrenos figuran en la denuncia.

La ex mujer de Morales: ´Por dos millones se contrata a un sicario y que mate al que sea´

TOTANA.- Por dos millones (de pesetas) se contrata a un sicario y que mate al que sea". Esta frase fue pronunciada por la ex mujer de Juan Antonio Morales, principal implicado en el caso descubierto tras la Operación Totem, según se recoge en el sumario y cuando le mostraba su enfado tras haberle llegado una citación judicial para comparecer en un juzgado, según revela hoy "La Opinión".

En la conversación, Mari Carmen Jordán le pregunta si sabe por qué es la querella y el ex alcalde le contesta que "puede estar relacionado con un asunto de protección al honor que ganó Morales" y en el que se condenó a Alfonso Martínez Baños (concejal socialista) a indemnizarle con 6.000 euros por unas declaraciones acerca de una recalificación.

En el informe que redactan los agentes que realizaban las escuchas, señalan textualmente que, "aunque esta afirmación pueda parecer una anecdótica, hay que significar que la mujer vuelve a insistir una vez más en la contratación de unos sicarios, porque está hasta el gorro".

Esta conversación termina cuando Morales le dice que "es una tontería y que además el otro día" estuvo declarando Andreo, su sucesor al frente del ayuntamiento de Totana del colegio San José", uno de los convenios urbanísticos están bajo sospecha.

Como diputado se vive bien y son 3.000 euros

El ex alcalde y diputado regional del grupo mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, es el principal protagonista de las conversaciones contenidas en el sumario de la Operación Tótem, grabadas a lo largo de cientos de horas por los agentes de la UCO, en las que se recogen varios diálogos con su actual pareja, la brasileña Vaneide Freita, también imputada en el caso.

En concreto, en una conversación con esta última Morales se refiere a su nueva actividad como parlamentario del Partido Popular en la Asamblea Regional tras dejar la alcaldía de Totana y le dice que "como diputado se vive muy bien, el trabajo es muy suave y se cobran 3.000 euros".

La Policía cree que el ex secretario de Los Alcázares no pagó los dos chalés que le construyó el empresario Garcerán

MURCIA.- Diego Sánchez Gómez, más conocido como Don Diego, no trabajaba para el Ayuntamiento de Los Alcázares. Don Diego era el Ayuntamiento de Los Alcázares. Esa opinión no procede en exclusiva de los investigadores de la Operación Ninette, en la que el secretario municipal ya jubilado se encuentra imputado, sino que él mismo era capaz de mantenerla, aunque no fuese con esas mismas palabras, según publica hoy "La Verdad".

Diego Sánchez, que en la actualidad tiene 71 años y que enviudó el pasado octubre, aparece en múltiples conversaciones intervenidas por la Policía definiéndose a sí mismo como el principal artífice de la prosperidad del municipio; el «salvador financiero» del Consistorio; el gestor y negociador del destino de parcelas de propiedad municipal; el artífice de que hayan salido adelante numerosas urbanizaciones, con sus revalorizaciones y pluvalías; el alto funcionario que preparaba las subastas de terrenos públicos y, cuando éstas quedaban desiertas por lo elevado de los precios fijados, organizaba y decidía su adjudicación directa; el hombre que negociaba con los promotores de Torre del Rame los pagos de la urbanización del plan parcial...

Y aunque llega a admitir en esas conversaciones intervenidas que se excede en sus funciones, sostiene que lo hace «en bien del pueblo» y se queja de que la Corporación «está muy mal acostumbrada y no me reconocen mi verdadero papel».

Tan evidente era la influencia de Don Diego -así se dirigen a él prácticamente todos sus interlocutores- que a nadie habría de extrañar que su hijo, el abogado y también imputado Juan de Dios Sánchez, trabaje como letrado asesor en el Ayuntamiento alcazareño, y que su nuera, la compañera sentimental de su otro hijo, Jesús Diego, sea una de las funcionarias a su cargo en el Consistorio. Algo que lleva los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han llevado el peso de la investigación, a preguntarse si esto no es «una irregularidad en sí misma».

El método empleado por Diego Sánchez, y por extensión, el Ayuntamiento marmenorenses, para adjudicar las parcelas municipales «a quien estimaba oportuno» era tan simple como ya conocido en ambientes urbanísticos poco transparentes. El Consistorio venía sacando a subasta, de forma sistemática, el 10% del suelo que recibía de los promotores de recalificaciones de terreno, pero lo hacía fijando unos precios «muy altos», según palabras del entonces secretario municipal, de forma que las subastas quedaban desiertas. Una vez cumplido este obligado trámite legal, el Ayuntamiento las asignaba «a dedo», por el método simple de otorgarlas «al primero que realice un abono en una cuenta municipal».

De esa forma, precisamente, fueron vendidas algunas parcelas que acabaron en manos de sociedades controladas por Inmaculada Camacho Escudero, cuñada y presunta testaferro del arquitecto municipal y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.

Cuando cambia la legislación y ya no es posible adjudicar directamente parcelas públicas tras una subasta desierta, Diego Sánchez se muestra muy contrariado y afirma que ése ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento desde hace más de 20 años.

El problema llega cuando no ve la forma de adjudicar directamente un terreno municipal a una cooperativa extranjera -«casualmente, según la Policía, presentados por un cuñado de Escudero»- y Sánchez se ve obligado «a realizar todas las gestiones necesarias para poder seguir adjudicándoles la titularidad de la misma». Y ello por haberse visto legalmente obligado a convocar «una segunda subasta pública por vía de urgencia», contratiempo que le lleva a afirmar: «Hay que cruzar los dedos» para que no se presente nadie más con otra oferta.

La adjudicación de esa parcela -quizás huelgue decirlo- fue otorgada al citado grupo extranjero y se firmó ante notario el 13 de abril del 2007, en un acto al que asistieron Diego Sánchez y Juan Escudero en representación del Ayuntamiento.

Los agentes han averiguado que el secretario municipal ya jubilado posee seis bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos y locales-, con un valor catastral global de 365.926 euros, por lo que su valor real rondaría -según los expertos, que sostienen que hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis- los dos millones de euros (330 millones de pesetas). Entre los bienes acumulados figura una parcela de mil metros cuadrados en la urbanización Torre Rame, que habría adquirido con ánimo especulador, ya que en una conversación reconoce que no sabe «ni dónde está». Sólo esta parcela le habría costado 360.000 euros.

Con todo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de los investigadores se refiere a que Diego Sánchez y su hijo Juan de Dios se habrían visto favorecidos por la construcción de sendas viviendas, por parte del empresario Valero Garcerán -también imputado y, durante un mes y medio, encarcelado por la Operación Ninette-, sin que supuestamente le hubiesen llegado a abonar el precio de las obras. Dicho de otra forma, los policías sospechan que les hizo las casas gratis.

En abril del 2007, los agentes detectan una conversación de Sánchez y Garcerán, en la que el primero trata supuestamente de arreglar el asunto, aunque fuese de forma ficticia. Así, el constructor le dice en un principio que le haga un talón o un cheque, y que luego le devolvía el dinero. Sin embargo, el hijo del empresario, Francisco Javier, le dijo que no lo hiciesen de esa forma, «que tiene que haber movimiento de dinero».

Más tarde, Diego Sánchez le expresa su voluntad de solicitar una hipoteca, lo que llevaría a Garcerán a expedirle una certificación de pago de veinte millones de pesetas. En en ese contexto se produce la siguiente conversación:

-Diego: Soy el secretario.

-Valero: ¿Hombre, Don Diego! ¿Qué tal? (...)

-Diego: Valero, que yo quiero solucionar el problema ya, pero ya. Yo quiero abonar y cerrar ese tema, y estoy mucho tiempo y no hay forma, Valero. Y esto es muy sencillo,: es que me hagan una certificación, yo le pago y se ha acabao. (...) Yo quiero resolver esto, porque sí, porque a mí me gustan las cosas como son, usted sabe.

-Valero: Don Diego, ¿está, está luego? ¿Paso por ahí y hablamos?

Preocupado por una inspección fiscal

En abril del año pasado, Valero Garcerán se mostraba preocupado por la inspección a que Hacienda estaba sometiendo las cuentas de sus negocios y, en apariencia, fue ese hecho el que despertó en Diego Sánchez la necesidad de saldar la cuenta pendiente que en apariencia tenía por la construcción de dos viviendas en Los Alcázares.

Curiosamente, destacan los policías que les investigaron, también la mujer del ex alcalde Escudero declaró haber realizado diversos pagos al constructor Garcerán (unos 102.000 euros), sin que en sus cuentas se refleje movimiento alguno en ese sentido. De ahí que los investigadores infieran que ese pago no llegó a producirse, o bien que se hizo en dinero negro.

Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier mantenían relaciones muy fluidas con altos funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares.

La Fiscalía pide al Ayuntaminto de San Javier papeles sobre Roda Golf y planes en La Manga

SAN JAVIER.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha reclamado al Ayuntamiento de San Javier que le remita una exhaustiva documentación sobre actuaciones urbanísticas realizadas o iniciadas por el anterior equipo de Gobierno del PP, según "La Verdad".

En el requerimiento escrito, al que ha tenido acceso este periódico, pide información relativa a las nuevas urbanizaciones en Roda, La Manga y El Mirador, donde la Fiscalía ha comenzado a investigar supuestas irregularidades.

Entre ellas, la Fiscalía dio un plazo de 10 días el pasado mayo para que le fueran entregados documentos relativos al Polígono G y L de Veneciola, en La Manga, para investigar si se ha construido el campo de golf sobre una parcela pública, como así lo afirmaba la denuncia del Grupo Independiente tras la auditoría urbanística que realizó el pasado año durante sus cinco meses de Gobierno municipal compartido con el PSOE. Según fuentes municipales, el campo de golf cuenta con licencia a pesar de encontrarse sobre suelo público.

El fiscal pide además los proyectos de Reparcelación y de Urbanización en el Plan Parcial de Usos Terciarios de Sucina, «al haber edificaciones realizadas sin licencia», detalla el requerimiento de la Fiscalía. Reclama que se le envíen expedientes sancionadores y copias de licencias de obra en los terrenos colindantes al cementerio. Otro expediente que el Ayuntamiento ya ha enviado a la Fiscalía es el Plan Parcial Himoinsa «por construir en zona verde».

Se interesa también por el Plan Parcial Mirador Sur debido a que el Ayuntamiento comenzó a construir un polideportivo en la pedanía sobre una parcela de propiedad privada que no había sido cedida previamente al patrimonio municipal, según confirman fuentes municipales. El nuevo Gobierno tripartito ordenó paralizar las obras el pasado verano al comprobar la titularidad privada del terreno, que además se encuentra en zona de rambla.

Solicita el fiscal además el proyecto de reparcelación del Plan Parcial Roda Golf y se interesa sobre «si han sido entregadas al Ayuntamiento las parcelas de equipamientos y zonas verdes o si se ha abierto algún expediente disciplinario por existir alguna construcción sobre tales parcelas», precisa el Ministerio Público en su petición.

«La auditoría urbanística ya evidenció el pasado año que algunas instalaciones de la urbanización Roda Golf se encuentran sobre suelo público, como son la oficina de ventas e información y la balsa de riego», según precisa la ex concejal de Urbanismo y portavoz independiente, Arancha Espeso.

Varias unidades de actuación en la carretera de Sucina, en Roda y en San Blas requieren la atención del fiscal, que pide «conocer la concreción y materialización del 10% de aprovechamiento municipal».

Requiere certificados finales de obra presentados y cédulas de habitabilidad otorgadas en las viviendas del Plan Parcial Señorío de Roda «para que ya en junio de 2006 puedan existir, no sólo viviendas terminadas, sino personas viviendo en las mismas según consta en Acta Notarial», detalla en la solicitud.

Quiere que le envíen además expedientes sancionadores incoados y sanciones impuestas o archivadas de estas construcciones en Señorío de Roda. Requiere también informes de los técnicos municipales sobre varios expedientes de construcciones de viviendas en el municipio, sobre los que detalla número y fecha.

martes, 17 de junio de 2008

Joaquín Cánovas Páez, nuevo director general de Caja Murcia en sustitución de Egea Krauel


MURCIA.- El consejo de administración de Caja Murcia acordó en su reunión de hoy, a propuesta del nuevo presidente ejecutivo, Carlos Egea Krauel, nombrar director general adjunto a Joaquín Cánovas Páez, hasta ahora subdirector general de banca de particulares y gestión de red, según fuentes de la entidad.

El máximo órgano de gobierno de Caja Murcia ha elegido también al economista lorquino Manuel Jódar Martínez como vicepresidente primero con el fin de complementar y reforzar la labor del nuevo presidente; Antonio Sánchez Carrillo, como vicepresidente segundo; Francisco Ferrer, interventor de la Comunidad Autónoma, como secretario del Consejo de Administración, y al concejal murciano Antonio Castillo Pérez, como presidente de la Comisión de Control.

Previamente, la Asamblea General Ordinaria de Caja Murcia procedió a la renovación estatutaria de la mitad de los consejeros generales. Los nuevos son la ex senadora socialista y ex presidenta de la Comunidad Autónoma, María Antonia Martínez (en la imagen), y el actual presidente de la CROEM, Miguel del Toro Soto, aparte de Eduardo Contreras Linares, ingeniero naval y alcalde de Molina de Segura; Miguel Cascales Tarazona, concejal del Ayuntamiento de Murcia; José Antonio Cobacho Gómez, rector de la Universidad de Murcia, y Pilar Serrano Romero.

Los nuevos nuevos miembros de la Comisión de Control de la entidad son el profesor Salvador Marín Hernández, Encarnación Gil Castejón, Encarnación Rodríguez Fernández y el alcalde de Caravaca, el médico pediatra Domingo Aranda Muñoz.

La Asamblea General celebrada esta mañana en el salón de actos de la entidad, concluyó el proceso de renovación de la mitad de los órganos directivos, cuyos integrantes son designados en un 40% por los impositores, un 10% por los empleados, un 25% por la Comunidad Autónoma y el 25% restante por los ayuntamientos.

La Asamblea General Ordinaria aprobó las líneas generales de actuación de Caja Murcia y la gestión del Consejo de Administración saliente.

El nuevo presidente ejecutivo ingresó en 1976 en Caja Murcia y era desde 1983 su director general. Actualmente ejerce como secretario de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y ha cumplido 61 años el pasado mes de febrero.

El nuevo director general tiene 45 años, es natural de Los Alcázares y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en Caja Murcia.

Nueva composición de los órganos de gobierno:

Consejo de Administración:

- Presidente, Carlos Egea.

- Vicepresidente primero, José Manuel Jódar.

- Vicepresidente segundo, Antonio Sánchez Carrillo.

- Secretario general, Francisco Ferrer Moreno.

- María Antonia Martínez.

- Miguel del Toro.

- Agustín Navarrete.

- Agustín Guillén Marco.

- Eduardo Contreras Linares.

- Miguel Cascales Tarazona.

- Francisco Jódar Alonso.

- Remedios Alarcón Barbero.

- José Antonio Cobacho.

- Ramón Sabater.

- María Pilar Serrano.

- Antonio García Pallarés.

- María Ángeles Balibrea.

- Juan Antonio Delgado.

- Florestán Botía.

- Sebastián Vázquez.

Comisión de Control:

- Presidente, Antonio Castillo Pérez.

- Secretario, Eugenio Pedreño.

- Salvador Marín Hernández.

- Domingo Aranda Muñoz.

- Jorge Martínez-Carrasco.

- Encarnación Gil Castejón.

- Encarnación Rodríguez Fernández.

- Julio Izquierdo Mateo.

(En la foto de "La Razón", Egea, a la derecha, con el ya ex presidente, Juan Roca Guillamón)

Trinitario Casanova negocia la venta de su participación del 4% en el Banco Popular

MADRID.- El empresario murciano Trinitario Casanova está negociando la venta de su participación de casi el 4% en el Banco Popular, según fuentes de su entorno. "Sí, estamos negociando la venta", aseveraron.

El propietario de la inmobiliaria Hispania se encuentra actualmente de viaje en Londres "trabajando en este tema", reconocieron, aunque prefirieron no especificar si la venta de su participación forma parte de una operación corporativa.

La intención de Casanova de vender su 4% en el Popular contrasta con las declaraciones de diversos accionistas de la entidad, como el inversor indio Ram Bhavnani, y los empresarios Americo Amorim y Nicolás Osuna, que han desmentido su intención de vender sus títulos de la entidad.

No obstante, diversos analistas apuntan a la posibilidad de que el mercado obvie estos desmentidos de los accionistas supuestamente involucrados tras recordar que a veces dar información puede poner en peligro una operación.

Casanova ha confirmado posteriormente que está negociando la venta de su participación en el Banco Popular a un grupo mexicano, según informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el comunicado, Casanova, presidente del grupo Hispania, explica que su participación en Banco Popular (42,54 millones de acciones), controlada a través de su vehículo inversor Titanica Capital Investment, supuso una inversión inicial de 526 millones de euros, de los cuales 394 millones fueron desembolsados mediante un préstamo bancario con vencimiento dentro de seis años y los 132 millones propios con fondos propios.

Además, en enero fueron depositados 99 millones de euros como garantía adicional, sumando al total de recursos propios invertidos por el empresario 231 millones de euros.

Casanova subraya que actualmente está negociando la venta de las acciones a un grupo mexicano, representado por la sociedad Blueprime Ltd., con sede en Londres, y que es el vehículo del grupo para adquirir la participación.

Las acciones del Popular atraviesan en los últimos días jornadas bursátiles de mucha volatilidad a raíz de la persistencia de rumores acerca del interés de un grupo de inversores de hacerse con una participación de en torno al 20% en en el capital del Popular.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene un "seguimiento permanente" sobre las noticias que apuntan a una operación corporativa sobre Banco Popular, según una portavoz de la entidad.

Concretamente, la portavoz de la CNMV se refería así a los contactos que la institución ha mantenido "con las entidades y personas a las que las entidades atribuyen participación directa" en el banco, en el ejercicio de su labor supervisora.

Desde el organismo que preside Julio Segura eludieron referirse a informaciones de prensa que apuntan al interés del empresario Trinitario Casanova de vender su participación en el Popular dentro de una operación corporativa.

El organismo que preside Julio Segura no ha considerado necesario hasta el momento suspender el valor a la luz de las actuaciones de supervisión realizadas.

La clientela del taxi en Cartagena decrece un 30% en unos meses

CARTAGENA.- Los profesionales locales del sector del taxi están a la espera de una reunión con la Comunidad y la Federación de Municipios para poder actualizar sus actuales precios

Los taxistas cartageneros han visto como su nivel de clientela desciende, según Antonio Cabrera, presidente de Unión Radio Taxi, a unos niveles que llegan hasta un 30% menos del negocio que venían realizando en los últimos meses, según "El Faro".

Una situación que, según Cabrera, puede obedecer a varios factores. Uno de ellos es la crisis económica que vive el país y que hace que los ciudadanos sean más cautos a la hora de coger un taxi, cuyo precio mínimo, en el trayecto más corto, es de 3.20 euros en los días laborables y de 4,15 los sábados por la tarde y los domingos.

Tarifas que, por ejemplo, en un viaje del Barrio Peral a la Puerta de Murcia pueden llegar a los siete euros, una cantidad que se está volviendo casi prohibitiva para el bolsillo de los ciudadanos.

Otra de la causa de las crisis que sufren los taxistas es la rebaja del precio de los autobuses urbanos, competencia a la que también se une la subida del precio del gasoil y de otros gastos fijos, que hacen que muchos profesionales de este sector se vean obligados a realizar jornadas de hasta 16 horas durante seis días a la semana para poder seguir subsistiendo.

Sin embargo, según Antonio Cabrera, aunque la situación es preocupante, aún es sostenible.

Lo que esperan los taxistas locales con impaciencia, para paliar la crisis, es que se apruebe la subida de las tarifas, algo que depende de una reunión tripartita entre la Comunidad Autónoma (la responsable última de la autorización), la Federación de Municipios y el propio colectivo de profesionales del taxi.

Catorce mil viviendas nuevas tienen el cartel de ´se vende´ en la Región de Murcia

MURCIA.- Más de catorce mil viviendas de nueva construcción en la Región tienen colgado el cartel de 'se vende', la mitad de ellas en pueblos y ciudades, y la otra mitad en costa y "resort".

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción (Frecom), Fulgencio Belando, afirmó en declaraciones a "7 Región de Murcia" que la mitad de estas casas se encuentran en zonas destinadas al turismo residencial, mientras que el resto se encuentran en las ciudades y grandes núcleos de población esperando para ser compradas como primera residencia.

Las palabras de Belando vienen a confirmar que el mercado inmobiliario en la Región está, hoy por hoy, congelado, influenciado por la situación de crisis económica nacional.

A pesar de la situación es complicada, los constructores y promotores confían en que el nuevo decreto aprobado por la Comunidad Autónoma permita activar el mercado y dar salida a muchas de estas viviendas nuevas que están vacías.

Entre otras medidas, el decreto posibilita reconvertir casa de renta libre en viviendas de protección oficial. De esta manera, la vivienda podría ser adquirida por un precio menor y el comprador tendría derecho a las ayudas que otorga la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, otras fuentes apuntan a que en Región puede haber sin vender entre 40.000 y 50.000 viviendas en vez de las 14.000 de las que habla Belando.

Sánchez Carrillo será elegido hoy vicepresidente de Cajamurcia

MURCIA.- El ex concejal del ayuntamiento de Murcia Antonio Sánchez Carrillo será elegido hoy vicepresidente de Cajamurcia, mientras que el actual director general, Carlos Egea, ascenderá a presidente ejecutivo, un puesto de nueva creación, que pretende conferir una mayor profesionalidad a la cúpula de la entidad, según adelanta hoy "La Opinión".

El actual presidente, Juan Roca, deja el puesto después de haber permanecido veinte años como consejero.

M. J. G. La asamblea general de Cajamurcia aprobará hoy los cambios en el organigrama del consejo de administración que permitirán a Egea ser el primer presidente ejecutivo, un puesto que aunará la representación oficial, ejercida hasta ahora por el presidente, y las funciones del director general.

El nuevo vicepresidente de Cajamurcia será Antonio Sánchez Carrillo, ex concejal de Murcia y presidente del comité electoral del PP. También habrá un segundo vicepresidente por parte de los impositores, que será Manuel Jódar.

Con la renovación del consejo de administración, se incorporarán al órgano de dirección de Cajamurcia el presidente de la CROEM, Miguel del Toro; la ex senadora socialista María Antonia Martínez; el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho; y el decano de los economistas, Salvador Marín. El presidente de la Comisión de Control será el concejal murciano Antonio Castillo.

El consejo de administración está constituido por veinte miembros, incluido el presidente. La asamblea general está compuesta por 140 consejeros generales.

Hoy se incorporarán a la asamblea general el ex consejero de Sanidad y ex eurodiputado Juan Antonio Gil Melgarejo; la presidenta de la OMEP, Ángeles Ruiz; y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño.

En sustitución de Luis Gestoso, director general de Protección Civil, entrará a la asamblea Juan Albaladejo. También será relevada la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que no puede seguir como consejera por ser diputada.

Los estatutos de Cajamurcia obligan a renovar cada dos años a la mitad de los consejeros generales de la asamblea general y del consejo de administración.

En los órganos de dirección de Cajamurcia está representados el Gobierno regional, como heredero de la entidad fundadora, la desaparecida Diputación Provincial; la Asamblea Regional y los ayuntamientos, además de los impositores y los empleados.

Félix Faura, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, se incorporará en los próximos días a la Fundación Cajamurcia.

El PP de la Región dice estar convencido de que "en días" se sabrá la decisión de Andreo

MURCIA.- El portavoz del PP de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se mostró hoy "convencido" de que "en días, se sabrá la decisión" del alcalde de Totana, José Martínez Andreo; decisión que, dijo, "habrá que respetar".

Y es que el regidor totanero anunció el pasado jueves que iba a abrir un período de reflexión personal para decidir si continua o no en la Alcaldía.

Sánchez consideró, al respecto, que "han pasado muy pocos días desde que Martínez Andreo anunciara que iniciaba ese periodo de reflexión", por lo que opinó que "lo que hay que hacer es respetar ese tiempo".

"Será un tiempo prudencial en todo caso", agregó el portavoz de los 'populares' murcianos, quien recordó que "con este tema llevamos meses, incluso antes de Navidad, y hay que darle unos días a este alcalde y ver también que estará hablando con su familia, compañeros del equipo de Gobierno y sus abogados".

De igual modo, aclaró la posición adoptada, ante esta situación, del PP de Totana. Así, precisó que "lo que ha dicho es que apoya la decisión del alcalde, le anima en esa decisión y siempre va a respetarla"; algo que, puntualizó, "hará el PP de la Región".

Es por ello por lo que pidió "ser prudentes con este tiempo y ver lo que decide", y manifestó que el PP murciano "va a estar siempre a la altura de las circunstancias".

Por su parte, el propio interesado sigue sin saber lo que va a hacer, aún no ha decidido si dimitirá y no se pone un plazo para llegar a una conclusión sobre su futuro.

«Esta todo dicho ya; está abierto un periodo de reflexión que terminará en el momento en el que yo personalmente lo crea conveniente, porque así debe de ser».

El socialista Escudero es investigado en Irlanda y Andorra por la Policía y Hacienda españolas

MURCIA.- El núcleo familiar formado por el ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero y su esposa, la también imputada Aurora de la Concepción Martínez Zapata, entre los años 2001 y 2005 tuvieron unos ingresos declarados de 613.224 euros (algo más de 100 millones de pesetas) y sin embargo tuvieron que afrontar gastos por importe de más de un millón de euros (casi 167 millones de pesetas), según revela hoy "La Verdad" con datos de los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA).

Y ello sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».

Dentro de las entradas o ingresos se contabilizan los préstamos recibidos por Escudero y su esposa, que han sido numerosos desde 1994 y cuyo importe total asciende a 543.102 euros (más de 90 millones de pesetas), de los que desde 1999 habrían satisfecho 249.000 euros (unos 40 millones de pesetas).

Lo que tienen los préstamos es que en un inicio cuentan como entradas (cuando el banco proporciona el dinero reclamado), pero luego, durante largos años, hinchan el capítulo de gastos, cuando la familia se ve obligada a ir afrontando los vencimientos.

¿Qué importancia tendría haber pedido gran cantidad de préstamos (hipotecarios o no) en los últimos años? Ninguna, salvo que indiciariamente apunta a que el solicitante se ve en disposición de asumir los pagos que de ello se derivan.

En el caso de Juan Escudero, sin embargo, los policías hacen una lectura que va un poco más allá. Y eso debido a que, en un momento dado, le fue intervenida una conversación telefónica en la que, hablando de las investigaciones policiales en marcha en la Región y del delito de blanqueo de capitales, el ex alcalde de Los Alcázares explicaba: «Como se tiene que hacer es pedir créditos y luego los concejales que los paguen».

«Algo -exponen los policías judiciales que lo han investigado- que parecería encajar perfectamente con lo percibido en su caso».

Buceando en el Catastro, los agentes de la UDEV-BLA también comprobaron que el matrimonio Escudero-Martínez Zapata posee un total de 12 bienes urbanos (pisos, locales, terrenos...), de los que diez están a nombre de ambos cónyuges al 50% y en los dos restantes sólo Escudero aparece como titular.

Los doce bienes están valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis: en torno a los tres millones de euros (500 millones de pesetas)

Los agentes señalan que el patrimonio podría ser incluso mayor, ya que, conforme a la base de datos de la AEAT, Aurora Martínez Zapata adquirió mediante escritura pública, en el año 2004, un inmueble valorado en el Catastro en 21.445 euros, pero cuyo cambio de titularidad no se ha producido, y lo mismo ocurre con Escudero, que compró dos parcelas, una en La Roda de Los Alcázares, sin que conste su referencia catastral, y un solar valorado en 36.060 euros.

Además, y eso es algo que ha llamado la atención de los investigadores, en el año 2003 compraron a una constructora dos inmuebles en la calle Ferrocarril de Los Alcázares, y declararon haber pagado 60.000 y 30.000 euros, respectivamente. Lo curioso del asunto, y así lo hacen constar los agentes, es que ambos precios están por debajo de los valores catastrales de ambas fincas.

«El valor catastral -exponen en su informe- es siempre inferior al precio de mercado, y carece de toda lógica económica enajenar activos por debajo de dicho valor, más aún si el precio es todavía menor que el catastral».

Los policías están convencidos de que en el pago de ambos inmuebles se empleó dinero B; esto es, dinero negro.

Otro dato que no ha pasado desapercibido para los agentes de la UDEV-BLA, y que califican como «de interés principal», es el uso habitual de dinero en efectivo por Escudero y su esposa, «en especial cuando en las posiciones bancarias existe saldo cero o negativo».

Así, en una cuenta de Bankinter, a nombre de Escudero, se hacen ingresos en metálico por importe de 38.820 euros (más de seis millones de pesetas) en apenas tres meses. También llama la atención que algunos de esos «grandes ingresos», se fraccionen a lo largo del mismo día, supuestamente con el fin de no dejar un rastro llamativo. En este sentido se ha comprobado, por ejemplo, que el 25 de febrero del 2004 se hicieron sucesivos ingresos de 3.300, 2.700, 1.980 y 1.440 euros.

También, en una cuenta de la Caja Rural Central, abierta por el ex alcalde, se ingresaron en metálico 48.683 euros, en el plazo de cuatro años y medio, y en otra cuenta de la misma entidad, 14.255 euros, mediante diez operaciones realizadas en un mes.

En la declaración de la renta realizada por Aurora Martínez Zapata correspondiente al año 2002, se le imputan pagos por importe de 102.457 euros (unos 17 millones de pesetas) a la firma Garcerán Construcciones S.L., perteneciente a los empresarios Valero y Francisco Javier Garcerán, también imputados en la trama Ninette y que permanecieron encarcelados durante mes y medio.

En el análisis de las cuentas de Escudero y su mujer, los investigadores no han encontrado rastro alguno de esos pagos. Además, se descarta en principio que esos pagos puedan corresponder a alguna operación inmobiliaria, ya que tampoco existe escritura alguna.

Los policía consideran, por todo ello, que bien los pagos se realizaron en efectivo, o que correspondiesen a servicios realizados por la empresa constructora que la familia no llegó a abonar.

Por último, en una cuenta que Escudero tiene en La Caixa, se observa que los gastos corrientes de la familia se afrontan con pequeñas imposiciones en metálico.

Un capítulo aparte en la investigación que se ha realizado sobre la situación económica y financiera de Escudero y su familia lo constituye la empresa Animación y Aventura S.L. Esta firma, al parecer dedicada a organizar campamentos y actividades similares, estuvo facturando al Ayuntamiento de Los Alcázares, por distintos servicios prestados, entre los años 2000 y 2006; o sea, en un periodo en que Escudero era alcalde.

Pues bien, se ha comprobado que esa misma sociedad ha estado realizando pagos a Juan Escudero entre los años 2001, 2002 y 2003. «No obstante, en las cuentas se siguen produciendo dichos pagos aún en el 2007», reseñan los agentes.

La hipótesis barajada por los investigadores es que Escudero tiene alquilado algún local a esa empresa, motivo por el cual recibiría los ingresos procedentes de Animación y Aventura S.L..

No deja, sin embargo, de resultar llamativo que la misma empresa que trabaja para el Consistorio, y que por lo tanto cobra de éste, le alquiler unos locales al alcalde y, lógicamente, le pague por ellos. O, dicho de otra forma, que una sociedad que tiene alquilados unas oficinas a Escudero sea contratada por el Ayuntamiento que éste preside.

Los policías han investigado, y siguen haciéndolo en la actualidad, las posibles vinculaciones de Escudero con Andorra y con Irlanda. Las referencias del ex alcalde al Principado son numerosas y los investigadores sospechan que podría haberse valido de algún testaferro para ocultar cuentas o patrimonio a su nombre.

También indagan en las razones por las que se ha trasladado en alguna ocasión a Irlanda, acompañado de su cuñada, la abogada P.L.M.Z., e intuyen que era para constituir un «entramado» societario, «supuestamente diseñado para el ocultamiento de ganancias ilícitas y tras el que se parapetaría Escudero».

La Policía confirma en sus informes que sigue realizando gestiones tanto en Andorra como en Irlanda.

La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM

MURCIA.- El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha podido saber "La Verdad".

Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.

En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.

Olayo González Soler confirmó a "La Verdad" que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbito el Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM».

González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó a "La Verdad" que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.

Más competencias

El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo a la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».

Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.

Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad».

Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia.

«El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».

Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa.

Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.

Mendoza: «No me preocupa lo más mínimo»

José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, manifestó que no le preocupa «lo más mínimo» que la Fiscalía Especial contra la Corrupción esté estudiando supuestos ilícitos penales en las sociedades que gestionan la Universidad Católica, a requerimiento del fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.

«Lo hemos hecho todo ajustado a la legalidad. No se puede venir ahora, siete años después, a decir que hay irregularidades. Lo que está ocurriendo es fruto de una trama que ataca a la UCAM y a mi persona. Es una operación de acoso y derribo. Si creen que hay indicios de delito, que digan cuáles son y que lo argumenten».

En relación a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa, Mendoza dijo que salieron tres veces a subasta y quedaron libres.

«Nadie los quiso comprar. Varios empresarios dijeron que eran muy caros por tratarse de una zona de equipamiento militar. El Ministerio se los ofreció incluso a los antiguos propietarios, que tampoco los quisieron. Al final, yo pagué por ellos 711 millones de pesetas. Y he restaurado los edificios militares. No se ha hecho nada más hasta que no se cambie el Plan Urbano de Cartagena».

Respecto al general que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, y que es el mismo que vendió los terrenos de Los Dolores, Mendoza contestó que «yo me he limitado a comprar y punto. No tengo culpa de lo que haya podido hacer ese señor en otro sitio. Sólo sé que una vez nos reunimos con dos generales, de cuyos nombres ni me acuerdo. Entramos a negociar la compra cuando las subastas estaban agotadas. El Ministerio puso el precio con criterios objetivos».

El presidente de la Fundación San Antonio, por otra parte, niega que existan sociedades satélite a la Fundación dirigidas por él y su familia, como señala la denuncia, que advierte de un entramado societario de «muy dudosa legalidad».

Para Mendoza, se trata de «empresas legales, cada una con su identificación fiscal. Una de ellas fue creada para atender la cafetería de la universidad, ya que la que teníamos contratada daba un mal servicio y era abusivo».

Tacha de «barbaridad» la denuncia de que se estén desviando fondos de la UCAM para cubrir las deudas de estas sociedades.

«Si hiciera eso, se me caería el pelo. Nosotros somos auditados y fiscalizados todos los años por el Servicio de Fundaciones. Si eso fuera verdad, ya lo habrían detectado». Mendoza insistió en que la Iglesia «nunca ha puesto un duro en la Universidad Católica. Al contrario, nosotros hacemos donaciones millonarias».