MURCIA.- Diego Sánchez Gómez, más conocido como Don Diego, no trabajaba para el Ayuntamiento de Los Alcázares. Don Diego era el Ayuntamiento de Los Alcázares. Esa opinión no procede en exclusiva de los investigadores de la Operación Ninette, en la que el secretario municipal ya jubilado se encuentra imputado, sino que él mismo era capaz de mantenerla, aunque no fuese con esas mismas palabras, según publica hoy "La Verdad".
Diego Sánchez, que en la actualidad tiene 71 años y que enviudó el pasado octubre, aparece en múltiples conversaciones intervenidas por la Policía definiéndose a sí mismo como el principal artífice de la prosperidad del municipio; el «salvador financiero» del Consistorio; el gestor y negociador del destino de parcelas de propiedad municipal; el artífice de que hayan salido adelante numerosas urbanizaciones, con sus revalorizaciones y pluvalías; el alto funcionario que preparaba las subastas de terrenos públicos y, cuando éstas quedaban desiertas por lo elevado de los precios fijados, organizaba y decidía su adjudicación directa; el hombre que negociaba con los promotores de Torre del Rame los pagos de la urbanización del plan parcial...
Y aunque llega a admitir en esas conversaciones intervenidas que se excede en sus funciones, sostiene que lo hace «en bien del pueblo» y se queja de que la Corporación «está muy mal acostumbrada y no me reconocen mi verdadero papel».
Tan evidente era la influencia de Don Diego -así se dirigen a él prácticamente todos sus interlocutores- que a nadie habría de extrañar que su hijo, el abogado y también imputado Juan de Dios Sánchez, trabaje como letrado asesor en el Ayuntamiento alcazareño, y que su nuera, la compañera sentimental de su otro hijo, Jesús Diego, sea una de las funcionarias a su cargo en el Consistorio. Algo que lleva los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han llevado el peso de la investigación, a preguntarse si esto no es «una irregularidad en sí misma».
El método empleado por Diego Sánchez, y por extensión, el Ayuntamiento marmenorenses, para adjudicar las parcelas municipales «a quien estimaba oportuno» era tan simple como ya conocido en ambientes urbanísticos poco transparentes. El Consistorio venía sacando a subasta, de forma sistemática, el 10% del suelo que recibía de los promotores de recalificaciones de terreno, pero lo hacía fijando unos precios «muy altos», según palabras del entonces secretario municipal, de forma que las subastas quedaban desiertas. Una vez cumplido este obligado trámite legal, el Ayuntamiento las asignaba «a dedo», por el método simple de otorgarlas «al primero que realice un abono en una cuenta municipal».
De esa forma, precisamente, fueron vendidas algunas parcelas que acabaron en manos de sociedades controladas por Inmaculada Camacho Escudero, cuñada y presunta testaferro del arquitecto municipal y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.
Cuando cambia la legislación y ya no es posible adjudicar directamente parcelas públicas tras una subasta desierta, Diego Sánchez se muestra muy contrariado y afirma que ése ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento desde hace más de 20 años.
El problema llega cuando no ve la forma de adjudicar directamente un terreno municipal a una cooperativa extranjera -«casualmente, según la Policía, presentados por un cuñado de Escudero»- y Sánchez se ve obligado «a realizar todas las gestiones necesarias para poder seguir adjudicándoles la titularidad de la misma». Y ello por haberse visto legalmente obligado a convocar «una segunda subasta pública por vía de urgencia», contratiempo que le lleva a afirmar: «Hay que cruzar los dedos» para que no se presente nadie más con otra oferta.
La adjudicación de esa parcela -quizás huelgue decirlo- fue otorgada al citado grupo extranjero y se firmó ante notario el 13 de abril del 2007, en un acto al que asistieron Diego Sánchez y Juan Escudero en representación del Ayuntamiento.
Los agentes han averiguado que el secretario municipal ya jubilado posee seis bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos y locales-, con un valor catastral global de 365.926 euros, por lo que su valor real rondaría -según los expertos, que sostienen que hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis- los dos millones de euros (330 millones de pesetas). Entre los bienes acumulados figura una parcela de mil metros cuadrados en la urbanización Torre Rame, que habría adquirido con ánimo especulador, ya que en una conversación reconoce que no sabe «ni dónde está». Sólo esta parcela le habría costado 360.000 euros.
Con todo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de los investigadores se refiere a que Diego Sánchez y su hijo Juan de Dios se habrían visto favorecidos por la construcción de sendas viviendas, por parte del empresario Valero Garcerán -también imputado y, durante un mes y medio, encarcelado por la Operación Ninette-, sin que supuestamente le hubiesen llegado a abonar el precio de las obras. Dicho de otra forma, los policías sospechan que les hizo las casas gratis.
En abril del 2007, los agentes detectan una conversación de Sánchez y Garcerán, en la que el primero trata supuestamente de arreglar el asunto, aunque fuese de forma ficticia. Así, el constructor le dice en un principio que le haga un talón o un cheque, y que luego le devolvía el dinero. Sin embargo, el hijo del empresario, Francisco Javier, le dijo que no lo hiciesen de esa forma, «que tiene que haber movimiento de dinero».
Más tarde, Diego Sánchez le expresa su voluntad de solicitar una hipoteca, lo que llevaría a Garcerán a expedirle una certificación de pago de veinte millones de pesetas. En en ese contexto se produce la siguiente conversación:
-Diego: Soy el secretario.
-Valero: ¿Hombre, Don Diego! ¿Qué tal? (...)
-Diego: Valero, que yo quiero solucionar el problema ya, pero ya. Yo quiero abonar y cerrar ese tema, y estoy mucho tiempo y no hay forma, Valero. Y esto es muy sencillo,: es que me hagan una certificación, yo le pago y se ha acabao. (...) Yo quiero resolver esto, porque sí, porque a mí me gustan las cosas como son, usted sabe.
-Valero: Don Diego, ¿está, está luego? ¿Paso por ahí y hablamos?
Preocupado por una inspección fiscal
En abril del año pasado, Valero Garcerán se mostraba preocupado por la inspección a que Hacienda estaba sometiendo las cuentas de sus negocios y, en apariencia, fue ese hecho el que despertó en Diego Sánchez la necesidad de saldar la cuenta pendiente que en apariencia tenía por la construcción de dos viviendas en Los Alcázares.
Curiosamente, destacan los policías que les investigaron, también la mujer del ex alcalde Escudero declaró haber realizado diversos pagos al constructor Garcerán (unos 102.000 euros), sin que en sus cuentas se refleje movimiento alguno en ese sentido. De ahí que los investigadores infieran que ese pago no llegó a producirse, o bien que se hizo en dinero negro.
Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier mantenían relaciones muy fluidas con altos funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Diego Sánchez, que en la actualidad tiene 71 años y que enviudó el pasado octubre, aparece en múltiples conversaciones intervenidas por la Policía definiéndose a sí mismo como el principal artífice de la prosperidad del municipio; el «salvador financiero» del Consistorio; el gestor y negociador del destino de parcelas de propiedad municipal; el artífice de que hayan salido adelante numerosas urbanizaciones, con sus revalorizaciones y pluvalías; el alto funcionario que preparaba las subastas de terrenos públicos y, cuando éstas quedaban desiertas por lo elevado de los precios fijados, organizaba y decidía su adjudicación directa; el hombre que negociaba con los promotores de Torre del Rame los pagos de la urbanización del plan parcial...
Y aunque llega a admitir en esas conversaciones intervenidas que se excede en sus funciones, sostiene que lo hace «en bien del pueblo» y se queja de que la Corporación «está muy mal acostumbrada y no me reconocen mi verdadero papel».
Tan evidente era la influencia de Don Diego -así se dirigen a él prácticamente todos sus interlocutores- que a nadie habría de extrañar que su hijo, el abogado y también imputado Juan de Dios Sánchez, trabaje como letrado asesor en el Ayuntamiento alcazareño, y que su nuera, la compañera sentimental de su otro hijo, Jesús Diego, sea una de las funcionarias a su cargo en el Consistorio. Algo que lleva los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han llevado el peso de la investigación, a preguntarse si esto no es «una irregularidad en sí misma».
El método empleado por Diego Sánchez, y por extensión, el Ayuntamiento marmenorenses, para adjudicar las parcelas municipales «a quien estimaba oportuno» era tan simple como ya conocido en ambientes urbanísticos poco transparentes. El Consistorio venía sacando a subasta, de forma sistemática, el 10% del suelo que recibía de los promotores de recalificaciones de terreno, pero lo hacía fijando unos precios «muy altos», según palabras del entonces secretario municipal, de forma que las subastas quedaban desiertas. Una vez cumplido este obligado trámite legal, el Ayuntamiento las asignaba «a dedo», por el método simple de otorgarlas «al primero que realice un abono en una cuenta municipal».
De esa forma, precisamente, fueron vendidas algunas parcelas que acabaron en manos de sociedades controladas por Inmaculada Camacho Escudero, cuñada y presunta testaferro del arquitecto municipal y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.
Cuando cambia la legislación y ya no es posible adjudicar directamente parcelas públicas tras una subasta desierta, Diego Sánchez se muestra muy contrariado y afirma que ése ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento desde hace más de 20 años.
El problema llega cuando no ve la forma de adjudicar directamente un terreno municipal a una cooperativa extranjera -«casualmente, según la Policía, presentados por un cuñado de Escudero»- y Sánchez se ve obligado «a realizar todas las gestiones necesarias para poder seguir adjudicándoles la titularidad de la misma». Y ello por haberse visto legalmente obligado a convocar «una segunda subasta pública por vía de urgencia», contratiempo que le lleva a afirmar: «Hay que cruzar los dedos» para que no se presente nadie más con otra oferta.
La adjudicación de esa parcela -quizás huelgue decirlo- fue otorgada al citado grupo extranjero y se firmó ante notario el 13 de abril del 2007, en un acto al que asistieron Diego Sánchez y Juan Escudero en representación del Ayuntamiento.
Los agentes han averiguado que el secretario municipal ya jubilado posee seis bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos y locales-, con un valor catastral global de 365.926 euros, por lo que su valor real rondaría -según los expertos, que sostienen que hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis- los dos millones de euros (330 millones de pesetas). Entre los bienes acumulados figura una parcela de mil metros cuadrados en la urbanización Torre Rame, que habría adquirido con ánimo especulador, ya que en una conversación reconoce que no sabe «ni dónde está». Sólo esta parcela le habría costado 360.000 euros.
Con todo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de los investigadores se refiere a que Diego Sánchez y su hijo Juan de Dios se habrían visto favorecidos por la construcción de sendas viviendas, por parte del empresario Valero Garcerán -también imputado y, durante un mes y medio, encarcelado por la Operación Ninette-, sin que supuestamente le hubiesen llegado a abonar el precio de las obras. Dicho de otra forma, los policías sospechan que les hizo las casas gratis.
En abril del 2007, los agentes detectan una conversación de Sánchez y Garcerán, en la que el primero trata supuestamente de arreglar el asunto, aunque fuese de forma ficticia. Así, el constructor le dice en un principio que le haga un talón o un cheque, y que luego le devolvía el dinero. Sin embargo, el hijo del empresario, Francisco Javier, le dijo que no lo hiciesen de esa forma, «que tiene que haber movimiento de dinero».
Más tarde, Diego Sánchez le expresa su voluntad de solicitar una hipoteca, lo que llevaría a Garcerán a expedirle una certificación de pago de veinte millones de pesetas. En en ese contexto se produce la siguiente conversación:
-Diego: Soy el secretario.
-Valero: ¿Hombre, Don Diego! ¿Qué tal? (...)
-Diego: Valero, que yo quiero solucionar el problema ya, pero ya. Yo quiero abonar y cerrar ese tema, y estoy mucho tiempo y no hay forma, Valero. Y esto es muy sencillo,: es que me hagan una certificación, yo le pago y se ha acabao. (...) Yo quiero resolver esto, porque sí, porque a mí me gustan las cosas como son, usted sabe.
-Valero: Don Diego, ¿está, está luego? ¿Paso por ahí y hablamos?
Preocupado por una inspección fiscal
En abril del año pasado, Valero Garcerán se mostraba preocupado por la inspección a que Hacienda estaba sometiendo las cuentas de sus negocios y, en apariencia, fue ese hecho el que despertó en Diego Sánchez la necesidad de saldar la cuenta pendiente que en apariencia tenía por la construcción de dos viviendas en Los Alcázares.
Curiosamente, destacan los policías que les investigaron, también la mujer del ex alcalde Escudero declaró haber realizado diversos pagos al constructor Garcerán (unos 102.000 euros), sin que en sus cuentas se refleje movimiento alguno en ese sentido. De ahí que los investigadores infieran que ese pago no llegó a producirse, o bien que se hizo en dinero negro.
Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier mantenían relaciones muy fluidas con altos funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares.
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