La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM

MURCIA.- El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha podido saber "La Verdad".

Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.

En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.

Olayo González Soler confirmó a "La Verdad" que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbito el Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM».

González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó a "La Verdad" que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.

Más competencias

El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo a la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».

Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.

Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad».

Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia.

«El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».

Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa.

Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.

Mendoza: «No me preocupa lo más mínimo»

José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, manifestó que no le preocupa «lo más mínimo» que la Fiscalía Especial contra la Corrupción esté estudiando supuestos ilícitos penales en las sociedades que gestionan la Universidad Católica, a requerimiento del fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.

«Lo hemos hecho todo ajustado a la legalidad. No se puede venir ahora, siete años después, a decir que hay irregularidades. Lo que está ocurriendo es fruto de una trama que ataca a la UCAM y a mi persona. Es una operación de acoso y derribo. Si creen que hay indicios de delito, que digan cuáles son y que lo argumenten».

En relación a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa, Mendoza dijo que salieron tres veces a subasta y quedaron libres.

«Nadie los quiso comprar. Varios empresarios dijeron que eran muy caros por tratarse de una zona de equipamiento militar. El Ministerio se los ofreció incluso a los antiguos propietarios, que tampoco los quisieron. Al final, yo pagué por ellos 711 millones de pesetas. Y he restaurado los edificios militares. No se ha hecho nada más hasta que no se cambie el Plan Urbano de Cartagena».

Respecto al general que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, y que es el mismo que vendió los terrenos de Los Dolores, Mendoza contestó que «yo me he limitado a comprar y punto. No tengo culpa de lo que haya podido hacer ese señor en otro sitio. Sólo sé que una vez nos reunimos con dos generales, de cuyos nombres ni me acuerdo. Entramos a negociar la compra cuando las subastas estaban agotadas. El Ministerio puso el precio con criterios objetivos».

El presidente de la Fundación San Antonio, por otra parte, niega que existan sociedades satélite a la Fundación dirigidas por él y su familia, como señala la denuncia, que advierte de un entramado societario de «muy dudosa legalidad».

Para Mendoza, se trata de «empresas legales, cada una con su identificación fiscal. Una de ellas fue creada para atender la cafetería de la universidad, ya que la que teníamos contratada daba un mal servicio y era abusivo».

Tacha de «barbaridad» la denuncia de que se estén desviando fondos de la UCAM para cubrir las deudas de estas sociedades.

«Si hiciera eso, se me caería el pelo. Nosotros somos auditados y fiscalizados todos los años por el Servicio de Fundaciones. Si eso fuera verdad, ya lo habrían detectado». Mendoza insistió en que la Iglesia «nunca ha puesto un duro en la Universidad Católica. Al contrario, nosotros hacemos donaciones millonarias».