CARTAGENA.- El Grupo Municipal de IU-Verdes ha pedido al Ayuntamiento de Cartagena que exija responsabilidades a la Autoridad Portuaria por las demoledoras irregularidades que se recogen en el informe de la Intervención General del Estado, donde se detectan deficiencias e irregularidades en todas y cada una de las áreas de gestión económico-financiera, calificándose de importancia cualitativa y cuantitativa las irregularidades verificadas.
En este documento se analizan y valoran los principios de legalidad relativos a la tramitación administrativa, contable, financiera y presupuestaria del conjunto de administraciones públicas, incluidos los entes y organismos dependientes de las mismas.
En el último informe aparecido, correspondiente a 2009 y que se puede consultar en la web, se audita a las 29 autoridades portuarias del país, siendo tan sólo las de Cartagena y Bilbao las que presentan un informe desfavorable al identificar el auditor circunstancias que afectan a las cuentas anuales en cuantías y conceptos muy significativos y que demuestran que las cuentas no reflejan de una forma fiel la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad.
De ese modo, el informe señala que se han realizado reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de la legalidad y defectos de gestión sin que ni Puertos del Estado ni la Comunidad Autónoma de Murcia hayan dictado instrucciones para su erradicación.
Entre esas irregularidades se encuentran la imputación de gastos de personal en aplicaciones inadecuadas, pagos en conceptos retributivos no autorizados, abono de indemnizaciones de despido por importe muy superior a lo establecido en la legislación laboral y pagos de éstas a personas muy próximas a la edad de jubilación, deficiencias e irregularidades en la liquidaciones (de tasas, tarifas y otros ingresos), retrasos y defectos en la gestión de impagados, fraccionamientos de contratos, procedimientos de contratación sin publicidad, abuso de la contratación a través de negociados o contratos menores sin cumplir los requisitos para su aplicación, uso excesivo del modificado de contratos y la utilización de criterios de selección como criterios de adjudicación en contrataciones.
En el informe también se apunta que en el período 2009-2016 el Estado aportará 231 millones de euros por conflictos tarifarios y 465 millones para financiar operaciones de crédito, lo que supone un total de 696 millones de euros cuando en el cuatrienio anterior se habían obtenido 924 millones de beneficio.
De ese modo, el informe señala que se han realizado reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de la legalidad y defectos de gestión sin que ni Puertos del Estado ni la Comunidad Autónoma de Murcia hayan dictado instrucciones para su erradicación.
Entre esas irregularidades se encuentran la imputación de gastos de personal en aplicaciones inadecuadas, pagos en conceptos retributivos no autorizados, abono de indemnizaciones de despido por importe muy superior a lo establecido en la legislación laboral y pagos de éstas a personas muy próximas a la edad de jubilación, deficiencias e irregularidades en la liquidaciones (de tasas, tarifas y otros ingresos), retrasos y defectos en la gestión de impagados, fraccionamientos de contratos, procedimientos de contratación sin publicidad, abuso de la contratación a través de negociados o contratos menores sin cumplir los requisitos para su aplicación, uso excesivo del modificado de contratos y la utilización de criterios de selección como criterios de adjudicación en contrataciones.
En el informe también se apunta que en el período 2009-2016 el Estado aportará 231 millones de euros por conflictos tarifarios y 465 millones para financiar operaciones de crédito, lo que supone un total de 696 millones de euros cuando en el cuatrienio anterior se habían obtenido 924 millones de beneficio.
Este informe demuestra que se están llevando a cabo en la Autoridad Portuaria unas prácticas sólo atribuibles a comportamientos calificables como de iniciados en la gestión pública o de prácticas próximas a la corrupción política que en nada favorecen a la imagen del Puerto de Cartagena y su gestión, que debería ser transparente y sujeta a la legalidad.
Por ello, Izquierda Unida-Verdes, a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó, ha pedido al Ayuntamiento que solicite a las administraciones competentes la adopción de las medidas necesarias para que tan demoledor informe de auditoría pública no se vuelva a producir en el futuro.
Así, se solicita que el pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma a adoptar, de acuerdo con las atribuciones legales que le corresponden, los cambios necesarios en relación a las máximas responsabilidades de gestión en el Puerto de Cartagena.
También pide la formación de izquierdas que se inste al Gobierno de la Nación a que inicie los procedimientos de investigación y persecución por los daños ocasionados al interés público, así como que exija responsabilidades de todo tipo a los causantes de los hechos denunciados.
Por ello, Izquierda Unida-Verdes, a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó, ha pedido al Ayuntamiento que solicite a las administraciones competentes la adopción de las medidas necesarias para que tan demoledor informe de auditoría pública no se vuelva a producir en el futuro.
Así, se solicita que el pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma a adoptar, de acuerdo con las atribuciones legales que le corresponden, los cambios necesarios en relación a las máximas responsabilidades de gestión en el Puerto de Cartagena.
También pide la formación de izquierdas que se inste al Gobierno de la Nación a que inicie los procedimientos de investigación y persecución por los daños ocasionados al interés público, así como que exija responsabilidades de todo tipo a los causantes de los hechos denunciados.