La subida de sueldos del alcalde y varios concejales del Ayuntamiento
de San Javier ha generado una controversia política que era previsible
de antemano. No solo por la cuantía del incremento, por encima del 20%,
sino también por su inoportunidad en un municipio donde hasta hace muy
poco tiempo los vecinos todavía hacían frente a los daños en sus bienes
por las riadas.
Con sus aciertos y errores, José Manuel Luengo es, a mi
juicio, uno de los alcaldes populares de la Región con mejor balance de
gestión, al menos hasta ahora. Ha bajado impuestos a los vecinos, ha
mejorado el plan de pago a proveedores y ha puesto en marcha un plan de
impulso económico que se percibe claramente en el municipio.
Pero todo
eso, junto al hecho de que perciba un salario inferior al de otros
alcaldes y que su incremento retributivo esté dentro de los límites
fijados por ley, no puede servir de justificación para semejante aumento
de sueldo. En primer lugar porque si ha hecho una buena gestión
municipal es algo opinable (ya lo dirán las urnas) y además ese era su
compromiso y su obligación.
Puede que por esa razón, a la vista de la
polémica, el equipo municipal contraargumenta ahora que cobrará lo mismo
que el tripartito socialista que gobernó en 2007 en San Javier. Otro
mayúsculo error político. ¿Quién cobra hoy, alcalde, lo mismo que hace
diez años, en el sector público o en el privado?
El poso que me queda de este episodio, lo que me preocupa, es
que parte de nuestros políticos ya dan por superada la crisis y algunos
empiezan a tomar decisiones, personales y colectivas, que están alejadas
de la realidad social y por tanto desprovistas de toda empatía
ciudadana. La vuelta al ‘fitureo’ (el postureo político en Fitur), con
una avalancha de cargos murcianos de todos los partidos haciendo bulto y
poco más en la feria internacional del turismo, me hace temer que esa
laxitud de antaño con el dinero público vuelve a ser tentadora, ahora
que la economía regional despega con un crecimiento superior al 3%.
Parece olvidarse que este logro ha sido producto, en gran parte, de la
contención del gasto público y de que las empresas ganaron en
competitividad porque redujeron sus costes laborales, lo que implicó un
serio sacrificio en términos retributivos de asalariados y autónomos.
Murcia es una de las regiones donde los trabajadores del sector privado y
los empleados públicos perdieron más poder adquisitivo en la crisis, lo
que diezmó la clase media y engrosó la brecha de desigualdad social.
En
líneas generales, el equipo económico del Gobierno de Pedro Antonio
Sánchez está haciendo bien sus deberes, favoreciendo la eliminación de
trabas administrativas y fiscales y al mismo tiempo reaccionando
positivamente en dos puntos muy negros que heredó: el bloqueo de la
renta básica y del sistema de dependencia. Son pasos acertados, aunque
todavía insuficientes. Los últimos datos del paro demuestran una
sensible recuperación del mercado laboral. Treinta y dos mil puestos de
trabajo recuperados en 2016 es una cifra muy esperanzadora, aunque en un
porcentaje muy elevado se alcanzó por la vía de contratos que son
temporales y precarios en términos salariales.
Vistas así las cosas, Sánchez podría verse tentado a sacar
pecho, pero estoy seguro de que no se le ocurriría jamás, conocido su
olfato político, plantearse una mejora salarial para él y sus
consejeros. (No descarto que alguno se lo haya planteado al oído, aunque
solo para el jefe, que hoy cobra menos que sus consejeros, a tenor del
coreano culto al líder que practican su equipo y otros cargos del PP en
sus comparecencias públicas y, febrilmente, en las redes sociales).
Ya
lo hizo hace muchos años el entonces presidente Andrés Hernández Ros,
con una acusada y súbita mejora salarial, lo que pasmó a los murcianos e
inició la cuesta abajo de su Gobierno. Si queremos tener a los mejores
en política es obvio que nadie dejará su actividad profesional si la
retribución pública percibida es claramente desalentadora. Por eso hoy
son innumerables los políticos que nunca han tenido otra profesión y han
hecho carrera desde las canteras juveniles de los partidos.
Pero si
algún político piensa que este es el momento oportuno para plantear
unilateralmente mejoras retributivas es que no se entera de lo que pasa a
su alrededor. Prefiero pensar que lo ocurrido es un problema de
egotismo y no de puro cinismo. Hasta la mayor de las torpezas merece el
beneficio de la duda.
(*) Periodista y director de La Verdad