A El País no le ha gustado nada
que a "Ganemos Madrid", el grupo político que apoya a Carmena, no le
haya gustado tampoco la Comisión de la Memoria Histórica nombrada por el
Ayuntamiento, presidida por la abogada Francisca Sauquillo. El diario
aplaude el propósito de este órgano de proceder a su delicado cometido por consenso y teme que, si no se actúa de ste modo, se vuelva a las andadas de viejos radicalismos y maximalismos que no conducen a nada.
A su vez, algún especialista con suficiente conocimiento de causa,
el profesor Rafael Escudero Alday, ha sostenido que esta Comisión es,
en realidad, una "Comisión de (Des)memoria histórica" porque a) le falta
competencia específica en la materia a la presidenta y a la mayor parte
de los vocales; b)los vocales que tienen algún tipo de competencia
basada en la experiencia, justamente rechazan el concepto mismo de
"memoria histórica" o adoptan una actitud de equidistancia entre las dos
Españas (para entendernos brevemente) cuando se trata de hacer justicia
a las víctimas de un bando; c) faltan juristas que aporten savoir faire
en materia de justicia transicional; d) falta representación de las
víctimas; d) hay una sobrerrepresentación del sector negacionista de la
memoria.
Intentemos aportar algún matiz y alguna observación sobre este asunto que quizá no estén de más.
Palinuro
sostiene que aplicar política de consenso a una comisión de la memoria
histórica es un empeño inútil si no complaciente con la injusticia.
El
propio concepto de "Memoria histórica" es problemático. El determinante
"histórica", obviamente no lo es de tiempo (aunque lo parezca): todo
cuanto tiene que ver con la memoria por definición ha de estar en el
pasado, ser historia. Por tanto, "memoria histórica" es una redundancia.
En el fondo, el determinante no es de tiempo sino de personas;
"histórica" quiere decir que es memoria de todos, compartida, memoria
colectiva.
Pero
eso no existe. La memoria es un atributo del individuo. No hay memoria
colectiva, igual que no hay espíritu del pueblo. Eso son metáforas,
invenciones, en muchos casos, pretextos. La memoria es individual y es
absurdo considerarla como producto de consenso. Uno no consensúa nada
con uno mismo. Y tampoco puede consensuar memorias con los demás, con
los que convive. Puede compartir la memoria, pero no consensuarla.
Entonces ¿por qué los miembros de la Comisión, el Ayuntamiento, El País y el sursum corda,
se hacen lenguas del consenso como método de trabajo y adopción de
decisiones en este campo? Tengo varias hipótesis complementarias que
someto al juicio crítico de la lectora. a) el consenso se propugna
porque la Comisión en su mayoría abarca una gama no muy variada de
opiniones, que van desde la derecha extrema hasta una izquierda
moderada, acomodaticia y pusilánime; b) el consenso se propugna para
rescatar el espíritu de la Transición, que fue de consenso; c) el
consenso se defiende para hacer justicia a los dos bandos por igual.
a) El consenso timorato.
Escudero Alday subraya cómo los miembros de la comisión oscilan entre
diferentes tipos de negacionismo: los más radicales, propios de la
derecha y los más moderados, pero igualmente radicales a la hora a la
hora de echar cerrojo a este singular episodio de la historia de España,
a la hora de pedir que se termine con la Ley de "Memoria Histórica"
porque seguir con ella equivale a perpetuar el enfrentamiento. En
principio, esta Comisión tiene como misión principal aplicar la Ley a
las denominaciones de calle y plazas, placas en edificios, monumentos y
recordatorios varios. La actuación es en medio urbano. Es decir, el
grueso de su acción se desplegará desde el final de la contienda y en
los años cuarenta y cincuenta. Por entonces ya no había resistencia, no
había dos bandos, sino vencedores y vencidos que quedaban a merced de
los vencedores, los cuales no tuvieron ninguna.
b) El espíritu del tiempo.
La Transición estuvo presidida por la necesidad de pactar. De llegar a
un acuerdo. La transición fue un pacto producto del miedo que los
protagonistas de la época se profesaban unos a otros. Hubo consenso, sí,
pero tácito: las izquierdas renunciaban a sus símbolos y valores y se
integraban en el funcionamiento democrático ordinario del sistema
político español sin remover el pasado; a cambio, la derecha abandonaría
toda tentación golpista y, con el paso del tiempo, permitiría que se
hiciera justicia a la víctimas, sin tratar d revivir los enfrentamientos
no de apropiarse en exclusiva la representación de España.
Pero esto ha
sido falso: a raíz del triunfo socialista de 1982 cundió el temor en la
derecha. Pero, cuando esta vio que no había ánimo revanchista en la
izquierda, recuperó su talante de intransigencia y acabó volviendo a la
imposición del vencedor "sin complejos", como se decía entonces.
Promulgada la tímida Ley de la época de Zapatero, se comprobó que la
derecha no tenía voluntad alguna de aplicarla sino de boicotearla, como
ha hecho en la X legislatura con mayoría absoluta del PP. Resultado:
cuarenta años después del fin de la dictadura, en las cunetas siguen
enterrados más de cien mil compatriotas asesinados y Madrid reverbera de
símbolos, placas, calles y recordatorios de los franquistas.
c) Los dos bandos por igual.
Lo dicho, el tiempo que se quiere revisar es de imposición, dictadura
de los vencedores sobre los vencidos. De igualdad, nada. La presencia de
un cura en la comisión con el argumento de que se trata de hacer
justicia "también" a las víctimas de la Iglesia revela su falacia: en la
época de que se trata, la Iglesia no tenía víctimas puesto que era ella
misma la victimaria. La colaboración de la Iglesia con la represión del
franquismo en la postguerra fue total. Dicho en plata: en la Comisión
no hay representación de las víctimas, pero sí de los victimarios. Y eso
la cuestiona moralmente de tal modo que la hace inservible.
Por supuesto que la Comisión debería estar compuesta con otros criterios y que la que hay no es justa.
Todo
consenso que se dé entre la justicia y la injusticia será injusto. La
justicia es el único consenso, como sabe muy bien una alcaldesa que es
jueza.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED