Son ya tres las
elecciones consecutivas en las que la síntesis política que la sociedad
española hace de sí misma a través de los partidos políticos de su
elección no garantiza la gobernabilidad del país.
Las
elecciones son representativas de la realidad del país. Pero sus
resultados no permiten formar mayorías en positivo. No permiten dar
cobertura a una acción de gobierno propiamente dicha
En 1996 José María Aznar fue investido presidente del
Gobierno a partir de una mayoría relativa de 156 escaños. Necesitó los
escaños de CiU (16) y del PNV (5) para obtener la mayoría absoluta. Ha
sido la mayoría relativa más reducida que ha posibilitado la formación
de un Gobierno con base en una investidura “de verdad”.
Cuando la
mayoría relativa ha estado por encima de esos 156 escaños, que es lo que
ha ocurrido en todas las legislaturas constitucionales desde la primera
de 1979 hasta la undécima de 2011, la formación de gobierno no ha
planteado problemas dignos de mención. Cuando la mayoría relativa ha
bajado de ese umbral, la formación de gobierno o no ha sido posible o ha
sido resultado de una “falsa investidura”.
Así
ocurrió tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. El PP obtuvo
123 escaños y el candidato por dicho partido, Mariano Rajoy, no aceptó
el encargo del Rey para intentar ser investido presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez sí aceptó el encargo e intentó formar un Gobierno con
Ciudadanos, pero tropezó con la mayoría negativa constituida por PP y
Podemos. El resultado fue la disolución de las Cortes y la convocatoria
de nuevas elecciones en las que el PP obtuvo una mayoría relativa de 137
escaños.
En esta ocasión Mariano Rajoy sí aceptó el
encargo del Rey y acabó siendo investido presidente, pero, para que
pudiera serlo, fue preciso la abstención del PSOE, cuyo Secretario
General dimitió y abandonó el escaño en el Congreso de los Diputados.
Fue, en consecuencia, una investidura en cierta medida fraudulenta. Hubo
mayoría de investidura, pero no mayoría de gobierno. La mayoría en el
Congreso de los Diputados era una mayoría negativa respecto del Gobierno
de Mariano Rajoy, aunque no se hubiera manifestado como tal en la
investidura.
Buena prueba de ello sería el éxito de la
moción de censura con Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del
Gobierno. La mayoría negativa tuvo que expresarse en positivo porque
así lo exige el artículo 113 de la Constitución. En lo que tenía de
mayoría negativa contra Mariano Rajoy, lo era de verdad. En lo que tenía
de mayoría positiva respecto de Pedro Sánchez no se puede decir lo
mismo. Esa mayoría de la moción de censura no habría podido expresarse
como mayoría de investidura. De haber sido así, se habría producido al
comienzo de la legislatura.
Tras las elecciones del
28A nos encontramos en una situación que es distinta, sin lugar a dudas,
de la resultante de las elecciones generales de 2015 y 2016, pero en la
que el problema de fondo de la no existencia de una mayoría de
investidura “de verdad” sigue estando presente.
Es verdad que, en el
caso de que Pedro Sánchez fuera investido presidente de cualquier forma
que lo fuera, no existiría en el Congreso de los Diputados una mayoría
para la moción de censura, como sí la hubo frente a Mariano Rajoy, pero
no lo es menos que la configuración de una verdadera mayoría de
investidura en positivo, que pudiera operar a lo largo de la legislatura
como mayoría de gobierno, no se vislumbra con claridad.
Son
ya tres las elecciones consecutivas en las que la síntesis política que
la sociedad española hace de sí misma a través de los partidos
políticos de su elección no garantizan la gobernabilidad del país. Las
elecciones son representativas de la realidad del país. Pero sus
resultados no permiten formar mayorías en positivo. No permiten dar
cobertura a una acción de gobierno propiamente dicha.
La
acción de gobierno en una democracia parlamentaria se expresa a través
de la potestad legislativa y la potestad presupuestaria. Desde las
elecciones de 2015 la potestad legislativa parlamentaria ha sido
sustituida por la potestad legislativa gubernamental, Decreto-ley en
lugar de la Ley, y apenas se ha ejercido la potestad presupuestaria y
siempre desvinculada del ciclo temporal para el ejercicio de la misma
prevista en la Constitución. Como consecuencia del no ejercicio de ambas
potestades, no ha habido propiamente control de la acción de gobierno,
aunque sí mucho ruido.
¿Se puede revertir esta
situación? La investidura es un problema, porque en el supuesto de que
no se produjera y hubiera que repetir elecciones, nos estaríamos
deslizando por una pendiente muy peligrosa. Pero con la investidura
exclusivamente no vamos a salir de la crisis constitucional en que
estamos inmersos. El sistema político diseñado en la Constitución de
1978 no garantiza la gobernabilidad del país.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
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