MURCIA.- El portavoz y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas,
ha asegurado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López
Miras, «es un mentiroso compulsivo que solo busca gresca y
enfrentamiento para tapar su incapacidad política».
Francisco
Lucas ha explicado que «el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, tal y
como ha quedado demostrado durante los últimos cinco meses.
El
Gobierno de España y el delegado del Gobierno y candidato a la
Presidencia de la Región de Murcia, Diego Conesa, trabajan de manera
incansable para garantizar el suministro de agua a la Región y mantener
el sistema del Tajo-Segura«.
«Lo único que hace López Miras con
sus declaraciones es mentir e intentar provocar un conflicto
inexistente, lo que demuestra su escaso nivel y poca altura política».
El
portavoz del PSRM-PSOE ha asegurado que López Miras «busca un conflicto
y lo único que hace es dañar la imagen de la Región de Murcia de cara
al resto de España. Quiere generar una situación que no es real a toda
costa, y lo único que hace es perjudicar a toda la ciudadanía».
«El
trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y, además, el Gobierno de España
le ha trasladado el compromiso firme de adoptar las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de suministro y dar certidumbre a los
sectores productivos», ha concluido Francisco Lucas.
El partido político Somos Región destacó, por su parte este jueves, que «el fracaso de López Miras como negociador y su presidente, Alberto Garre, explicó que, de ser ciertas las palabras de López Miras, debería «ejercer acciones legales para que se declare nulo de pleno derecho la decisión de la ministra.
Y, en otro caso, ejercitar la acción penal que tipifica el artículo 404 del Código Penal sobre prevaricación administrativa».Garre añadió que «hay que poner inmediatamente en marcha esos recursos legales».
El partido político Somos Región destacó, por su parte este jueves, que «el fracaso de López Miras como negociador y su presidente, Alberto Garre, explicó que, de ser ciertas las palabras de López Miras, debería «ejercer acciones legales para que se declare nulo de pleno derecho la decisión de la ministra.
Y, en otro caso, ejercitar la acción penal que tipifica el artículo 404 del Código Penal sobre prevaricación administrativa».Garre añadió que «hay que poner inmediatamente en marcha esos recursos legales».
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