MADRID.- Nuevo tiempo en el Gobierno. En el partido. Y en el grupo parlamentario. El PP
cambia su enfoque político en el Congreso y estrena una etapa de
intensa negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. El primer
paso ha sido levantar el bloqueo a la tramitación de los proyectos de ley
pendientes -sobre todo los impulsados por el resto de partidos-, tras
haberlos mantenido paralizados durante meses, con la constante solicitud
de ampliación del plazo de enmiendas para la que no hay fijado límite
alguno en el reglamento, según adelanta hoy El Mundo.
Con esta táctica, los populares han tratado de compensar su insuficiente número de diputados (137), e impedir así que el Congreso pueda legislar en contra del Gobierno si los grupos de la oposición forjan determinadas alianzas.
Pero
esta semana, el PP ha decidido que no solicitará más plazos de
enmiendas en ocho proyectos. Y a lo largo de febrero permitirá también
que se avance en otra tanda similar. En este cupo, según fuentes del Grupo Popular, estará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV.
Esta iniciativa ya fue presentada y apoyada en su toma en consideración en la fallida legislatura anterior, pero al convocarse las elecciones de junio de 2016, decayó. El PNV la volvió a presentar en septiembre. En noviembre se votó de nuevo el inicio de su camino parlamentario y desde entonces está en plazo de enmiendas.
Los vascos plantean la actualización de una norma aprobada
en 1968, durante la dictadura franquista y que apenas se ha modificado.
Su propuesta es poner un límite temporal a los documentos clasificados:
25 años para las materias consideradas secretas y 10 para las
reservadas.
En el primer caso, el Consejo de Ministros
podrá ampliar el plazo 10 años más de manera "excepcional y motivada".
En la práctica supondría desclasificar miles de documentos de la Guerra Civil, el franquismo, la Transición o el 23-F. También material sensible sobre los GAL.
En su toma en consideración, el PP votó en contra, Ciudadanos se abstuvo y el resto de los grupos de la Cámara la respaldaron. Los populares ahora se abren a negociar un cambio legislativo en el que, admiten, los nacionalistas vascos tienen "mucho interés".
El PNV forzó la prórroga de los Presupuestos de este año y mantiene sin aprobar las cuentas de 2018 por sus discrepancias con el Gobierno
en la gestión de la crisis catalana. Su voto es vital. También el de
Ciudadanos, que en las últimas semanas ha advertido al Gobierno de que
no le apoyará si no fuerza la renuncia de la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica.
En principio, la petición no reviste mayor problema. El PP está esperando a que el Supremo
mantenga o no su imputación, tras haberle tomado declaración. Si lo
hace forzará su salida, aunque ella podría optar por marcharse al Grupo Mixto.
De hecho, Cs mostró esta semana públicamente su voluntad de
agotar la legislatura y seguir dando estabilidad al Gobierno, aunque
criticó las reticencias del PP en las medidas de regeneración. Por
tanto, el principal escollo de los Presupuestos son los nacionalistas vascos.
Fuentes
parlamentarias explicaron este domingo que el PP, en estos momentos, se
ve impelido a hacer concesiones para poder obtener el apoyo que reclama
a sus proyectos. Y como consecuencia de ello, está dispuesto a hacer un
esfuerzo negociador. En la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y,
según las fuentes consultadas, en la modificación de la llamada Ley Mordaza, entre otras.
Sobre esta norma hay dos proyectos presentados. Uno de derogación, del PSOE.
Y otro, de modificación, del PNV. Los dos permanecen en plazo de
enmiendas desde hace más de un año. En su día, el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, ya se mostró favorable a acordar cambios y defendió que la propuesta de los vascos le parecía "un buen punto de partida". Esta postura se mantiene intacta.
Los populares sostienen que la crisis catalana ha hecho imposible abrir conversaciones sobre la Ley Mordaza justo cuando, apuntan, más presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha precisado en Cataluña.
Ahora,
explican, ya se puede abordar. Por ello su intención es abrir en las
próximas semanas una ronda de conversaciones con el resto de grupos para
intentar lograr un acuerdo. Su propósito es pactar un único texto en un
asunto, de nuevo, muy relevante para el PNV.
Fuentes
del grupo vasco defendieron este domingo que estos asuntos "no tienen
nada que ver con los Presupuestos" y que "ni ayudan ni dejan de ayudar".
A su juicio, el PP "está obligado" a desatascar los proyectos que hay
en cola en el Parlamento "por puro respeto a la actividad parlamentaria y a la democracia".
La
solución de la crisis catalana sigue siendo la clave de bóveda de este
asunto, pero, a expensas de su resolución, el PP ha empezado a transitar
un acercamiento al PNV para poder enviar las cuentas de este año antes
de finales de marzo.
Las exigencias de los nacionalistas vascos
- 25 años como tope para desclasificar. Pide la obligatoriedad de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso solo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años.
- Historiadores. El PNV usa como pretexto para su exigencia a los historiadores. Argumentan que se está impidiendo conocer documentos relativos a la Guerra Civil y alude a la "desesperación" de los historiadores que tienen que recurrir a archivos de otros países.
- Exclusividad del Gobierno. La iniciativa presentada en el Congreso pretende fijar exclusivamente en el Gobierno la facultad de clasificar secretos. Ello supondría despojar de esta facultad a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
- Modificar la 'Ley Mordaza'. Quiere cambiar "sustancialmente" 44 disposiciones de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana e introducir tres disposiciones finales en su articulado.
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