MADRID.- Tras cerrar el plan de bajas incentivadas y forzosas para 1.100 empleados de Popular y de Santander España, Ana Botín ha decidido pisar el acelerador para sacar la mayor rentabilidad posible a la inversión de un euro con que se hizo con el banco intervenido por las autoridades europeas, según El Confidencial.
Según han confirmado distintas
fuentes, Santander ha ordenado ya el cierre de las primeras oficinas del Popular, al tiempo que ha impuesto un riguroso sistema interno
para medir la productividad por empleado. El objetivo es aumentar las
ventas y animar a la plantilla a salir a la calle a buscar clientes.
Las mismas fuentes indican que Santander ya ha acordado el cierre de las primeras 50 sucursales del
Popular en Madrid y que se solapan con las que ya tenía el banco
comprador. La clausura se llevará a cabo después de Semana Santa y es el
inicio de la integración de la red de sucursales del Popular con la del
Santander.
El proceso está previsto que se agilice a partir del próximo mes de junio y que esté finalizado en enero de 2019, momento en que está previsto que desparezca la marca ‘Banco Popular’.
Para esa fecha, Santander confía en haber deshecho el acuerdo para la
utilización de los cajeros automáticos que actualmente impide a sus
clientes sacar dinero de las oficinas del Popular sin pagar una
comisión, lo que impide formalmente la fusión de ambos bancos en España.
Los terminales son actualmente propiedad de una empresa conjunta con Crédit Mutuel, el histórico socio francés que compró en 2010 el 5% de la entidad por 300 millones y que creó una filial al 50% llamada Targobank. La sociedad gala recompró esa participación antes de la quiebra del Popular, de cuyo consejo de administración salió dos días antes de anunciarse la quiebra técnica y la venta al Santander.
Por ello, Botín considera indispensable recuperar la titularidad de esta red de unos 2.400 terminales de
cara a acelerar la integración total de las oficinas del Popular y las
del Santander, que inicialmente estaba prevista que se pusiera en marcha
justo dentro de un año. Fuentes oficiales de la institución han negado
que haya ningún plan para reestructurar ya la red del Popular.
Otras
fuentes internas del banco señalan que se trata de los ajustes
habituales de cada año. Pero los representantes de los sindicatos se
temen que la entidad inicie en apenas unos meses un gran expediente de
regulación de empleo (ERE) —el que se acaba de firmar se limitaba a los
trabajadores de los servicios centrales— que podría afectar a cerca de 4.000 asalariados de la red comercial.
Máquina de producir
Mientras tanto, Rami Aboukhair,
el máximo responsable del negocio de los dos bancos en España, ha
puesto ya deberes a la plantilla del Popular. En concreto, ha implantado
una herramienta para medir la contratación de productos por empleado
realizada a través de la red de oficinas.
Según han confirmado fuentes
oficiales del Santander, este sistema permitirá tener un informe a nivel
global, territorial, regional, por oficina, por trabajador, por cliente
y por producto de lo que se vende en las sucursales, mediante un
seguimiento diario, semanal, mensual y trimestral.
El objetivo último es incrementar la producción por empleado,
unificar la información referente a la contratación de productos
realizada en los establecimientos y conocer al detalle cuál es la
aportación de los distintos gestores a las ventas.
Para ello, cada
trabajador deberá rellenar un programa en el que detalle qué vende, a
quién y con qué frecuencia, de tal manera que los directores podrán
hacer un análisis pormenorizado de la productividad personal.
Unos
números que servirán para valorar el trabajo de cada gestor, de cada
director y de cada responsable regional y territorial, y cuantificar la
remuneración variable.
Según un documento interno, Santander considera que "la producción es el resultado de la correcta gestión realizada,
nos explica la actividad comercial que se está desarrollando en la
oficina y su análisis nos permitirá poner en marcha medidas como
organizar la actividad de los gestores, priorizar la actividad, seguir
los objetivos de producción e impulsar comercialmente a toda la
plantilla".
Una declaración de intenciones que desde Popular se
entiende como una vuelta de tuerca para endurecer las condiciones
laborales y hacer una selección natural de los empleados que se podrán
ver afectados por el siguiente plan de ajuste.
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