MADRID.- La compañía de construcción naval Navantia,
controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (Sepi),
está perfilando su nuevo plan estratégico, en el que para mantener al
máximo la capacidad productiva la batalla por engrosar su cartera de
pedidos es la cuestión más relevante. Junto, asimismo, con el logro de
un pacto con la plantilla, tema que gestiona a través de las
negociaciones con los sindicatos respecto al programa de negocio para
los próximos años, publica www.diarioabierto.es.
Si bien las conversaciones tienen aún un largo
recorrido por delante, los sindicatos conocen ya algunos de los
planteamientos de carácter interno, así como las previsiones sobre cómo
el grupo va a desarrollar la política comercial en un complejo mercado.
El plan, además de ese área, se focaliza en la actividad operativa (se
busca avanzar hacia el modelo Astillero 4.0) y en el rejuvenecimiento de
plantilla.
Y, como meta básica y global, la compañía naval pública
espera mantener carga de trabajo para todos los centros, lo que equivale
a sus supervivencia.
En este área comercial hay dos mercados
diferenciados, aunque en todo caso las previsiones apuntan a un mayor
tirón de los buques militares. En España, la demanda que tiene más
posibilidades de materializarse es el programa de fragatas F-110 para la
Armada.
El plan de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) de la
futura fragata cuenta ya con presupuestos por 174 millones de euros que
se destina al desarrollo del proyecto en su fase tecnológica.
No
obstante, hasta mediados de este año no se espera que se concreten los
pedidos, para poder ser suministradas la primera fragata en 2023.
La construcción de las cinco que forman parte del plan dará empleo a 1.300 personas en Navantia y a 300 de Indra.
En
el exterior los directivos de la empresa pública centran su atención en
Canadá (también, fragatas), India (megabuques), Estados Unidos,
Australia y Arabia.
En Australia compite con el grupo italiano
Fincanteri y el británico BAE. Se trata de un mega-programa, que tendrá
un presupuesto por 22.500 millones de euros, pero en el que la parte más
relevante es la provisión a los barcos de la Armada australiana de
material militar con la más alta tecnología.
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