MADRID.- El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón), por un
delito contra la seguridad de los trabajadores.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado
hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de
Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de
seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19
y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior
fallecimiento de varios de ellos.
Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la
puesta en marcha de las acciones penales para exigir las
responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están
interviniendo en la gestión de la pandemia.
A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado
a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de
información sobre los medios y materiales de protección de las
enfermeras y enfermeros frente al COVID-19. El resultado final ha
llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar
judicialmente por la vía penal.
Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una
querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la
que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante
documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio
al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la
gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias
para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de
protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales
defectuosos (como los 2,1 millones de mascarillas inservibles del
fabricante chino Garry Galaxy) o los test sin la fiabilidad suficiente.
Los otros miembros del equipo de Sanidad contra los que va la
querella son: la directora general de Salud Pública, Calidad e
Innovación, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora
general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la
subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales
que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios
provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las
diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas
por diversos partidos políticos.
“Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es
la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros
pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de
ideologías o partidos políticos”, afirma rotundamente Florentino Pérez
Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito
contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal),
conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de
prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que
pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros
delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como
la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
