Segregación, cuotas y ventajas fiscales: los limbos legales de la enseñanza concertada

MADRID.- La enseñanza concertada flota en un marco legal mutante desde su implantación a mediados de los años 80, cuando, en menos de seis meses, la elección de “centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos” para escolarizar a los niños paso de ser una “capacidad" de los padres a convertirse en un “derecho")” que unos años después acabaría de perfilar el Supremo al dictaminar que carece de “carácter secundario o accesorio (…) para suplir las carencias de la enseñanza pública”, cuando ese era, precisamente, el motivo por el que se puso en marcha. 

Ya desde entonces, el tratamiento legal de la enseñanza concertada en las edades de escolarización obligatoria ha generado numerosas polémicas, algunas de ellas cronificadas mientras otras llevan camino de estarlo, según publica hoy Público.

¿Debe subvencionarse colegios que segregan a los niños por sexo?

La ley dice que sí, que no hay ningún problema por mucho que resulte chirriante en el mismo Estado cuya Constitución consagra la igualdad y veta la discriminación. Treinta y cinco años después, en 2013, la Lomce estableció que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y que eso en ningún caso podría conllevar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos”.

El Tribunal Constitucional y el Supremo han avalado en varias ocasiones esa tesis y han obligado a comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Cantabria a financiar la actividad de colegios segregacionistas, algo que no ocurría antes de la Lomce y que en este curso se da en 87 centros: todos ellos religiosos, buena parte propiedad del Opus Dei y más de la mitad concentrados en Madrid (18), Catalunya (16) y la Comunitat Valenciana (15), que son los tres grandes feudos de una concertada que poco a poco gana terreno a la pública y a la privada.

“Separar a niños y niñas en las aulas solo sería justificable si hubiera que aplicar currículos distintos, pero eso es discriminatorio e injustificable”, sostiene Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza Privada de CCOO, partidario de dejarlos al margen de los conciertos: “no se pueden utilizar fondos públicos para segregar por ningún motivo”.

“Aunque sean cada vez menos, es inadmisible que se sigan subvencionando centros que segregan”, anota Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y madres de Alumnos), mientras Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de UGT, defiende “la coeducación, donde niños y niñas estudian juntos”, e invita a los centros segregacionistas a abandonar ese modelo.

“La educación es el ámbito ideal para promover cambios que acaben con la discriminación”, añade Ocaña, que reclama destinar los fondos que ahora reciben esos centros “a mejorar la financiación del resto de la concertada”.

¿Cómo se calcula la cuantía de un concierto?

De manera discrecional en cada comunidad a partir de los módulos base que se incluyen cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Eso hace que, por ejemplo, gobiernos como el de Aragón referencie los suyos directamente a esas cifras ante la falta de cuentas propias mientras otro como el de Madrid supera los 54.000 por aula de Infantil, los 55.000 en Primaria y los 70.000 en Secundaria, con un mínimo de 15.000 por encima del nivel estatal en cada una de las etapas.

Ahí, en la valoración de los módulos, se encuentra otro de los limbos legales de la concertada. “Desde 1986 se han ido actualizando en función de las previsiones del IPC, que no siempre acertaban”, señala Ocaña. Tanto él como Gualix recuerdan el incumplimiento de la disposición adicional 29 de la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 2006), de crear una comisión con “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”.

“Esa mesa no se ha vuelto a reunir desde 2011, y es muy importante que se componga para determinar la financiación y evitar los vaivenes políticos. Calcular y planificar es la clave para cerrar algunos debates interesados”, anota Gualix, que apunta que “un centro no puede estar esperando cada cuatro años a ver qué pasa”.

¿Cómo se regulan las cuotas-donativo?

Los pagos de las familias a los centros carecen de una regulación específica, aunque tampoco la necesitan. El hecho de que algunos colegios les den el mismo tratamiento fiscal que a los donativos a fundaciones ha llevado a Hacienda a advertir de que se trata de una ilegalidad que obliga a realizar declaraciones complementarias para devolver las deducciones indebidas (el 75% de los primeros 150 euros y el 30% del resto) que las familias se han aplicado en las últimas cuatro declaraciones del IRPF: esa bonificación procede cuando se trata de un donativo sin esperar nada a cambio, pero no cuando corresponde al pago de un servicio, por mucho que se camufle bajo la apariencia de una donación a la fundación de la que depende el centro.

“Los centros sostenidos con fondos públicos no pueden cobrar cuotas”, señala Ocaña, para quien “la Administración debería garantizar una enseñanza gratuita. Sin embargo, al no estar actualizados los módulos surgen las cuotas: la financiación inadecuada es la excusa perfecta para que las empresas las cobren y para que las administraciones miren hacia otro lado”. “Las cuotas acaban generando discriminación y segregación del alumnado –añade-; es una forma de escogerlo”.

¿Cuánto dinero suponen las cuotas? Resulta prácticamente imposible determinarlo. Un estudio de Ceapa concluye que su pago solo es voluntario en el 9% de los colegios, frente a la obligatoriedad en otro un 63 % y la exclusión del niño de las actividades a las que está vinculado en otro 21%, y sitúa su media en 159 euros mensuales, lo que vendría a suponer algo más de 3.000 millones de euros y una deducción media de 544 por contribuyente en el IRPF, aunque no todas las familias se la aplican. 

“Lo que sí vemos año tras año es que las cuotas van subiendo”, anota Cardenal.

¿Tiene beneficios fiscales la enseñanza concertada?

Los colegios gestionados a través de fundaciones, a menudo vinculadas a instituciones eclesiásticas como órdenes y compañías, disfrutan de la exención de impuestos municipales como el IBI, que arroja cifras millonarias al cabo del año en todo el país.

Sin embargo, eso no ocurre con los que gestionan empresas o cooperativas, que tienen el mismo tratamiento que cualquier otro negocio y que tampoco acceden a las ventajas tributarias de reserva para las fundaciones la Ley de Mecenazgo, que declara exentas del impuesto de Sociedades “las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años”.

Esa diferencia formal en la dependencia societaria tiene un impacto directo en las cuentas de explotación.

¿Por qué la iglesia accede a conciertos en un Estado aconfesional?

Es uno de los aspectos regulados en los acuerdos jurídicos que el Gobierno de UCD y el Vaticano cerraron en 1979, y que obligan a España al tener la misma consideración que un tratado internacional. Su artículo XIII establece que “los centros de enseñanza de la Iglesia, de cualquier grado y especialidad, y sus alumnos, tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a centros no estatales y a estudiantes de tales centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de oportunidades”. Se firmó seis años antes de que la legislación española abriera la puerta a la concertada.

Lagunas en materia de personal

Los sindicalistas consultados llaman la atención sobre algunos aspectos de la enseñanza concertada cuya regulación en susceptible de retoques. Por un lado, la posibilidad de conveniar el Bachiller, que solo se da en alguna comunidad como Catalunya o con centros que en su día fueron delegaciones de institutos de secundaria, así como la eliminación de las diferencias en el pago del salario, que corre a cargo de la Administración para el profesorado mientras el resto del personal cobra del colegio. 

Y, por otro, la mejora de la transparencia para difundir las ofertas de empleo de esos puestos con salarios públicos y, también, establecer la posibilidad de perder un concierto en caso de despido improcedente de un trabajador.

España afronta la segunda oleada de despoblación

MADRID.- El padrón de 2018, publicado a principios de este año, dibuja dos Españas. Una, pujante, ha visto crecer su población en la mayoría de sus ciudades y pueblos grandes en la última década. Pero, en otra, en decadencia, ha ocurrido lo contrario. La España que no está bañada por el mar, salvo Madrid, se ha dejado por el camino un cuarto de millón de habitantes desde enero de 2008 hasta enero de 2018, según publica hoy El País.

La melancolía por la decadencia de su localidad ya no es patrimonio exclusivo de los últimos vecinos de pueblos pequeños. La despoblación ya ha llegado a las capitales de comarca, incluso a muchas de provincia del interior de España.

Agotados ya los caladeros de habitantes que les llegaban de los pueblos y que ya no dan más de sí, las capitales del interior no aguantan el zarpazo de las macrociudades.

La caída demográfica de las poblaciones importantes se hace notar en especial en provincias como las de Asturias, Jaén o Albacete. Allí, de 2008 a 2018, han perdido habitantes nueve de sus diez mayores municipios. En cuatro provincias de Castilla y León (Ávila, Burgos, Soria y Zamora) y en Teruel, ocho de las diez mayores localidades han menguado también en esa década.

Frente a esa realidad, Madrid, Barcelona y, aunque de manera desigual, la costa mediterránea se revelan como grandes polos de atracción que extienden su alcance cada vez más lejos de sus zonas de influencia tradicionales. Los 10 mayores municipios de Barcelona y de Almería han crecido desde 2008. Lo mismo ocurre en los nueve mayores de las provincias costeras de Gipuzkoa, Huelva, Málaga o Las Palmas, y solo en una de interior, Guadalajara, que se beneficia de su cercanía con Madrid.

La comisionada por el Gobierno para esa estrategia, Isaura Leal, aprecia una oleada "muy intensa" de movimiento de población, como ya sucedió en los años sesenta con el éxodo rural por trabajo de los pueblos a Madrid. "La mayoría de las personas que se mueven buscan unas mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades y empleo", describe la experta.

"Siempre se piensa en el declive rural, pero si se pone la vista en muchas de esas ciudades intermedias, se ve cómo decae su población de forma similar a las zonas rurales", apunta Diego Ramiro, jefe del Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. 

"Lo primero que detectamos los demógrafos fue la despoblación rural, pero las siguientes en caer son las ciudades intermedias, antiguos centros comarcales. Luego, les llega el turno a las ciudades medianas", avanza el experto.

¿Qué tienen en común estas ciudades mermadas, más allá de ver cómo se resiente su autoestima colectiva? Aunque ni la intensidad con que decrecen ni el porqué son los mismos en cada caso, suelen compartir una receta que incluye tres ingredientes demográficos. Primero: una baja fecundidad, porque los jóvenes que se marchan se llevan fuera a los hijos que ya han tenido (y cada vez son menos) y porque ya será también fuera donde nazcan los que tengan.

 Segundo: un aumento de la mortalidad, porque quienes se quedan son los más viejos. Tercero: la salida de inmigrantes que vivían en estas localidades, de media más fecundos y que, sin ataduras con ningún terruño, son más propensos a cambiar de residencia que sus vecinos españoles.

Las cabeceras de comarca y las capitales de provincia fueron unas aliadas involuntarias contra la despoblación rural. Retenían población: el desgarrón demográfico quedaba aplacado por las coronas metropolitanas que nacieron alrededor de las ciudades al albur de la burbuja de la construcción. 

Pero eso ya no está ocurriendo en provincias como las de Burgos, Palencia, León, Jaén, Zamora o Salamanca, en las que la población de la capital, su área y su provincia van a la baja: "La capital salmantina empezó a perder población porque la gente se compraba casa, más barata, en los alrededores. Esa corona creció durante unos años, pero ahora la gente se va, y ya es fuera de la provincia", describe el profesor de la Universidad de Salamanca José Ignacio Plaza, experto en análisis geográfico. 

En otros muchos casos, la pérdida de población de capitales como Cádiz, Vigo o Granada sigue coexistiendo con la subida de habitantes de sus áreas metropolitanas. Son sobre todo las áreas metropolitanas de las ciudades grandes, como la de Madrid o Barcelona, las que han impulsado a varios de sus municipios a crecer por encima del 50% en apenas 10 años.

Con la marcha de habitantes se esfuma también un aura: la capacidad de transmitir que una ciudad es un buen lugar para vivir y prosperar. Implica también perder inversiones, infraestructuras y representación política (por ejemplo, el número de concejales de los Ayuntamientos). 

Los barrios se vacían y envejecen. Cierran comercios y hay más casas vacías. "Se provoca una atonía social y de la dinámica urbana, aunque todo depende de cada caso, que contribuye a crear un paisaje deprimente, regresivo", ilustra Plaza. Incluso se altera artificialmente la percepción de prosperidad de un sitio: "Cuando nos dicen que esas pequeñas ciudades tienen un índice de desarrollo igual o superior a hace años no nos damos cuenta de que eso es solo porque ahora los que quedan son menos a repartir".

Las carreteras y la obligación de desplazarse lejos han hecho parte del resto: "Cada vez más las personas en edad productiva están dispuestas a hacer kilómetros y kilómetros para ir a trabajar, y eso está afectando a las pequeñas ciudades que están cerca de otras medianas y grandes", apunta el catedrático emérito de la Universidad de Léon Lorenzo López Trigal. Muchas localidades del interior vivieron un pico de población entre la década de los cuarenta a la de los sesenta, luego se estancaron y después empezaron a perder población. López Trigal ha estudiado el caso de Astorga (León), que ha perdido ya a uno de cada diez empadronados de los que tenía cuando llegó el nuevo siglo, sin competencia posible con la cercana León o la más alejada Ponferrada, que ahora también ven cómo sus áreas urbanas pierden población.

"A Astorga ya no está llegando gente de la antigua área de influencia. Se van a León, a Madrid o al extranjero", detalla López Trigal, que guarda una reflexión para el caso de localidades más pequeñas, como Puebla de Sanabria (Zamora), toda una cabecera de comarca con sus poco más de 1.400 habitantes, pero que no han dejado de bajar en los últimos años. 

"Cuando no solo disminuye la población de la comarca, sino también la cabecera, estamos en el ciclo final de la pérdida demográfica. Si se pierde un centro de atracción y de funcionalidad, de comercios y servicios, se viene abajo todo el territorio", apunta. En estas pequeñas urbes van de la mano la mengua de población y de las funciones típicas de una ciudad: el comercio, los servicios o la vida cultural.

López Trigal calcula que un tercio de la población entre 25 y 40 años de la España interior ha emigrado fuera de esa amplia zona de la geografía, sobre todo a las grandes ciudades ("Madrid y en mucha menor medida Barcelona") o al extranjero.

"Las ciudades han perdido la capacidad de atracción que tenían, que nunca fue mucha, pero al menos capturaron mano de obra para la construcción y para atender los servicios públicos, como la sanidad o las universidades", describe para el caso de Extremadura Antonio Pérez Díaz, profesor de análisis geográfico regional de la universidad extremeña. Salvo la capital, Mérida, y la ciudad más poblada, Badajoz, los otros 11 municipios que superan los 10.000 habitantes van en clara recesión. En nueve de esas ciudades extremeñas se va fuera más gente de la que llega. Las perspectivas tampoco dejan albergar esperanza para los próximos años. 

El Instituto de Estadística de Extremadura prevé que Cáceres o la comarca de Tierra de Barros perderán población y que la que quede, será más vieja. El instituto es una de las raras entidades demográficas que se atreve a hacer prospectiva de un territorio inferior a la provincia, porque la población está sujeta a cambios coyunturales que alteren las cuentas a muchos años vista.

La crisis política catalana no es la única que cuestiona la estructura del Estado. La decimonónica división en provincias y la creación de las autonomías a partir de los últimos años setenta y primeros ochenta dejó desatendida, coinciden varios expertos, la escala intermedia, la de los territorios interiores. "Se debería haber articulado el territorio de manera funcional, para atender a las necesidades de la población que se distribuía en esas zonas, y no se ha hecho", apunta José Ignacio Plaza. 

"Esos centros comarcales deberían haber atendido los servicios básicos: la educación, la sanidad, los servicios sociales, para que no todo estuviera concentrado en la capital provincial o en la autonómica". Joaquín Recaño, demógrafo del Centro de Estudios Demográficos en Barcelona, urge a abordar una cuestión peliaguda: hay demasiados municipios: "Hay muchos que son inviables desde el punto de vista demográfico, pero, a la vez, hay que pensar en la gente que vive en esos lugares y en los servicios que hay que prestarles".

7,5 millones de habitantes viven en seis grandes municipios, mientras que 1.355 de los más pequeños apenas suman 75.000 personas en su conjunto. Dicho de otro modo: en el 16% de los municipios, aquellos que no llegan a 100 habitantes, vive solo el 0,2% de la población de España. 

Julián Mora, doctor en sociología y ordenación del territorio, describe el país como "un gran desierto demográfico entre montañas y llanuras de cereal o adehesadas, y salpicado de oasis de relativa pujanza, las ciudades, desde los 249 pequeños (las ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes) a las 16 grandes ciudades (por encima de 250.000) de las que solo seis superan el medio millón".

Fecundidad aún más baja

Una diagonal imaginaria cruza el mapa de España desde los Pirineos a Huelva surcando Madrid. La dibuja el profesor Joaquín Recaño. De la línea hacia el norte y el oeste, la fecundidad es "bajísima". "En algunos lugares está ya por debajo del hijo por mujer, como en Galicia, Asturias y Castilla-León. La tasa mínima para asegurar el reemplazo de una generación por la siguiente es de 2,1 hijos por mujer; la media española ronda el 1,3.

Al otro lado de la línea, hacia el este y el sur, la situación es distinta. La fecundidad sigue siendo baja, pero no tanto, alentada en determinados puntos por la buena situación económica.

 "En algunos momentos previos a la crisis la fecundidad era más elevada en Cataluña que en Andalucía", describe el experto, que pone como ejemplo de sitio fecundo a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), un municipio de 90.000 habitantes que ha crecido un espectacular 72% desde el año 2000, y que goza de uno de los niveles de renta más altos de España. "Es un lugar adonde se quieren ir a vivir las familias que quieren tener hijos", remata Joaquín Recaño.

La crisis de 2008 golpeó de pleno en la fecundidad, pero a aquella debacle económica se ha añadido otra, demográfica: no solo nacen menos niños, sino que cada vez hay menos mujeres en edad de tenerlos. "En los últimos 10 años hemos visto cómo ha retrocedido el número de mujeres en edad fértil. Las nacidas desde principios de los sesenta a mediados de los setenta [un grupo de población numeroso de la generación del baby boom] ya está fuera de sus edades fértiles en la mayoría de los casos", describe Recaño. 

A pesar de la recuperación económica y un ligero repunte de la fecundidad, los bajos salarios actuales hacen retrasar la decisión de formar pareja y tener hijos.

Además, hasta la llegada de la crisis las pequeñas ciudades se habían beneficiado de la inmigración en el saldo demográfico, pero se redujo mucho cuando acabaron las oportunidades. 

"Vemos, además, que en muchos sitios se están perdiendo más españoles que extranjeros, por la mera razón de que los españoles que quedan son más viejos, y mueren", ilustra Recaño. Los españoles no solo son de media más mayores, sino que cambian de residencia menos que los extranjeros. España e Italia están en los niveles más bajos de movilidad de todo el continente, aunque la laboral aumentó el año pasado. 

"Los inmigrantes han arreglado los parches de movilidad: son los que se desplazan para ocupar los nichos que quedan desiertos en la agricultura, en la hostelería y el cuidado de ancianos", describe el investigador, experto en este ámbito específico de la demografía. A los inmigrantes se les debe uno de cada cuatro cambios de residencia que hubo en España entre 2001 y 2005.

"La hipermovilidad de la población extranjera es la que ha mantenido los flujos entre comunidades autónomas, no ya los antiguos interregionales [por ejemplo, de regiones del sur al norte y noreste], que están de capa caída". Fuera de esa dinámica, el único flujo "interesante" de emigración interior dentro de España, según Recaño, es la de los jóvenes universitarios del interior hacia las ciudades.

España prepara una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que se presentará, de cumplirse lo anunciado, la próxima primavera. La comisionada, Isaura Leal, cree que hay que consolidar las fortalezas de estas ciudades medianas, pierdan o no población. 

"Hay que dotarlas de oportunidades, que lo son para todo el territorio de su zona de incidencia; también de buena prestación de servicios básicos y de igualdad de oportunidades, para que los derechos de los ciudadanos sean efectivos, no solo nominales, para todos, sin importar en qué lugar vivan". 

En ese objetivo, apunta, será necesaria la participación de todas las administraciones, la UE, y también del sector privado. Fijar población es importante también para evitar, considera la responsable, la concentración excesiva de población en unos cuantos puntos. "Las grandes megalópolis generan una enorme brecha de desigualdad y de tensión social y económica".

La comarcalización estricta no es, apuntan expertos consultados, una panacea. "No se trata tanto de recuperar la viejas comarcas, sino modelos más adaptados a la realidad actual del territorio y cómo está organizado", aventura José Ignacio Plaza. Comunidades como Aragón y Cataluña cuentan con un modelo de comarcalización, y en Galicia está pendiente de que se ponga en marcha. 

"No hay que crear un nivel añadido de Administración, con más gastos, sino de establecer unidades subprovinciales. En muchas provincias se produce una concentración excesiva de actividad en la capital provincial".

Escocia, ejemplo positivo

Muchos en la España despoblada miran con envidia el raro caso de las Tierras Altas de Escocia. Inversiones sostenidas durante décadas en alojamiento, beneficios fiscales, políticas de repoblación, buena conectividad a Internet y una apuesta por el turismo son algunas de las medidas aplicadas para que la remota región recupere población para alegría de propios y aliento para extraños, como los políticos y empresarios de las comunidades que pierden gente. 

Los de Teruel o Cuenca enviaron una delegación a Escocia para conocer sus buenas prácticas. El crecimiento demográfico en la zona ha doblado el de Escocia de 1996 a 2016. Una de las ciudades más castigadas por la bajada de población en el pasado, la norteña Inverness, ha pasado de unos 47.000 habitantes en 2000 a rozar los 64.000 en 2016.

En España no hay motivo para pensar en ese alivio a medio plazo. 

"La tendencia general de la estructura demográfica es en negativo. Lo único que podría ayudar sería la inmigración, pero a escala planetaria, ya lo estamos viendo, no son buenos tiempos para la movilidad", precisa Joaquín Recaño. Desde el CSIC, el director del Departamento de Estudios de la Población, Diego Ramiro Fariñas, adelanta un panorama hoy inaudito: "Las ciudades competirán entre sí para ver cómo atraer más gente".

El difuso límite entre pequeña ciudad y pueblo grande

“Las ciudades pequeñas no están siendo muy estudiadas”. No hay una definición en España y eso dificulta el análisis, apunta Dolores Sánchez Aguilera, presidenta del grupo de Geografía de la Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

“Considerar ciudad o no ciudad depende mucho de la zona: no es lo mismo una ciudad pequeña en el interior de Cataluña o en la provincia de Burgos, donde una ciudad podría considerarse como tal con un número de habitantes muy pequeños, que un municipio con más habitantes en un entorno metropolitano. Falta una definición única porque lo que da sentido a una ciudad son las funciones, los servicios, el comercio…”. Sánchez Aguilera pone el ejemplo de poblaciones grandes en el entorno metropolitano. “Puedes tener un municipio con bastantes habitantes pero con mera función residencial (dormitorio), mientras que en la provincia de Teruel o en Castilla y León municipios con muy poca población, tienen funciones urbanas, por ser cabeceras de su entorno. No se debe equiparar”.

La supresión de Sucesiones abriría una puerta peligrosa: que la herencia tribute en el IRPF

MADRID.- El clamor con el que se defiende la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, el que grava las herencias, no solo desde las filas de buena parte de las formaciones políticas, sino también desde las plataformas de consumidores y usuarios, se cortaría en seco si las herencias empezasen a tributar en el IRPF. En ese caso, el contribuyente saldría perdiendo, según advierte hoy Invertia.

¿Es descabellado pensar que si se elimina el Impuesto sobre Sucesiones, las herencias acabarán tributando en el IRPF?

Este extremo, del que por el momento no quiere oír hablar nadie, empieza a pulular por algunos despachos y, al menos, requiere una reflexión, aunque de momento todo sea una aspiración de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox, centrada en suprimir el impuesto que grava las herencias.

La última iniciativa en este sentido corre a cargo del grupo popular al presentar en el Senado una proposición de ley por la que deroga la ley 29/1987, para suprimir Sucesiones y Donaciones (ISD).  Por ahora han sido las comunidades que ellos gobiernan las que han dado los pasos más grandes, al bonificar el impuesto al 99%.

Algunos asesores fiscales ya están advirtiendo de la posibilidad de que una eventual supresión del impuesto genere “un problema mayor”, lo que sería “hacer un pan como unas tortas”. Y más allá de empezar a hacer cálculos piden que “se tenga en cuenta que la posibilidad existe”, indican en un despacho fiscal.

Según el artículo 6.4 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), “no estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”. Por tanto, si esa renta deja de estar gravada en el impuesto que quieren eliminar, ¿podría pasar a gravarse en el IRPF?

En este sentido se pronuncia alrodrigo en el foro fiscal de Invertia: “Las rentas sujetas al ISD no están sujetas al IRPF (art. 6.4 de la Ley 35/2006), pero si quitamos el ISD sin más, los incrementos patrimoniales que suponen la percepción de una donación y/o de una herencia dejan de estar sujetos a ese impuesto, quedando sujetas al IRPF.

Y dice más: “Entiendo que se trata, además, de ganancias patrimoniales que no proceden de la transmisión, a integrar en la renta general. Y claro, ahora tampoco hay establecida ninguna exención al  respecto en IRPF, hasta ahora es tontería legislar una exención sobre una renta que no existe a efectos del impuesto.”

Po su parte el experto fiscal, Gustavo Reglero, se muestra a favor de su supresión o, en todo caso, “que no haya estas diferencias tan enormes entre las distintas comunidades autónomas. Y si se mantiene que los tipos sean muy inferiores a los actuales, se puede llegar a más del 60%.

En relación a la pregunta de cómo tributaría si se elimina, “yo no me metería en ese jardín la verdad. Literalmente sería una ganancia que iría a la parte general, pero es una barbaridad, ni pensarlo. No tiene sentido con la redacción actual pensar cómo tributaría en el IRPF”.

Algunos de estos expertos, sin embargo, se ponen en esa tesitura para intuir que la eliminación de Sucesiones aumentaría la carga fiscal sobre el contribuyente si la herencia se carga al IRPF, tal y como está ahora. Si además se entendiera que no es fruto de una transmisión, en el caso de una vivienda por ejemplo heredada, se incluiría en la base general y no en la del ahorro. La tributación iría al tipo marginal del contribuyente. En ese extremo, lo “más aconsejable es dejarlo como está y la comunidad que quiera incluya bonificaciones del 99%.

Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF, no cree que vaya a ser tan sencillo, puesto que hay una primera dificultad al ser las CCAA las que recaudan Sucesiones, y si las herencias empezasen a estar gravadas en la renta, sería el Estado el destinatario de esos ingresos. Seguramente algo que no consentirían las primeras. 

Los gobiernos regionales ingresan por el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 2.500 millones, un 0,2% del PIB.

Otra cosa bien distinta es la tributación de la 'plusvalía del muerto'. Alrodrigo lo aclara con el siguiente ejemplo:

Una persona compró un inmueble por 30.000 euros y fallece, supongamos que en el fallecimiento el valor de mercado de ese inmueble es de 50.000 euros, y que solo hay un único heredero.

La "plusvalía del muerto" es el incremento patrimonial que ha obtenido el fallecido, transmite un bien cuyo valor de mercado en el momento de esa transmisión es de 50.000 euros y que adquirió por 30.000 euros. Esos 20.000 euros de variación patrimonial son los que no existen a efectos del IRPF según el artículo 33.3.b), que dice que no existe variación patrimonial en los supuestos de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente (recuérdese que las ganancias por transmisiones lucrativas intervivos sí tributan en IRPF).

El heredero, al recibir la herencia, obtiene un incremento patrimonial de 50.000 euros, incremento que según la legislación vigente a día de hoy tributa en el impuesto de sucesiones.

La ciudad de Murcia superó dos días el nivel de contaminación y no se activó el protocolo

MURCIA.-El Ayuntamiento de Murcia no activó la pasada semana el protocolo previsto para episodios de contaminación a pesar de que los pasados viernes 8 y sábado 9 de febrero se superó el valor máximo de partículas PM10 fijado para su puesta en marcha.

La estación medidora del municipio, en el barrio de San Basilio, arrojó valores medios diarios de 52 microgramos por metro cúbico de aire de esas partículas contaminantes en suspensión, y la normativa municipal obliga a activar el nivel 1 cuando se superan los 50 en un día o 45 tres seguidos.

Según han informado fuentes municipales, los niveles permitidos se sobrepasaron "levemente", por lo que tras considerar la activación del protocolo se optó finalmente por no hacerlo porque los episodios se debieron a cuestiones meteorológicas, que variaron de manera favorable, y de tráfico, que también se reduce considerablemente durante los fines de semana.

Ambos factores, indican las mismas fuentes, mejoraron en los días posteriores y las niveles de PM10 "descendieron sensiblemente" a 37, 24 y 37 los tres días siguientes.

En cualquier caso, han insistido en que en el nivel 1 de aviso por contaminación no se implantan medidas restrictivas, solo consejos y recomendaciones a la población.

Diego de Ramón pide al juzgado aplicar un detector de mentiras homologado al ex presidente Valcárcel

MURCIA.- El abogado de la acusación popular en el caso de la Desaladora de Escombreras, Diego de Ramón, ha solicitado a la jueza instructora sea interrogado, primero como testigo, y después, según las declaraciones, "poder esta parte imputarlo como investigado", al expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso, pero que dada su condición de eurodiputado en su calidad de vicepresidente, tendrá que ser interrogado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante comparecencia a dicha Sede Judicial, con citación de audiencia a esta parte, para que pueda participar en dicho interrogatorio, obteniendo asi la tutela efectiva judicial.

Para dicho interrogatorio en principio como testigo, seria necesario solicitar a la Gerencia de Justicia de Madrid, el que remita previamente al Centro de Investigacion Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, para que manifieste la forma de detector de mentiras, que se ha desarrollado a través de la técnica de la “termografia”, a fin de que se practique (ya que el polígrafo no es admitido como pruebra pericial judicial), y con ello, evitar que las respuestas en dicho interrogatorio quede alejado de cualquier tipo de “duda legal”, en sus respuestas.
Esta técnica procesal forense (ya que afecta al cerebro) se debería practicar con el solicitado a interrogatorio el Sr. Valcarcel y el Sr. Florentino Perez), sostiene De Ramón.

El director impostor de 'Navantia' en Cartagena, que falseó su currículo, sigue en su puesto en la factoría

CARTAGENA.- El director gallego de Navantia Cartagena, Agustín Álvarez, sigue en su puesto en la factoría pese a que la empresa pública constató en noviembre que falseó su currículo y decidió sustituirlo al frente del astillero local. Han pasado dos meses y medio y la compañía no ha encontrado un relevo, según ha podido saber La Opinión.

Desde Navantia han indicado que todo «se ha pospuesto unos meses», según recoge el periódico digital elespañol.com, debido a la situación que vive actualmente la compañía, que mañana pone en marcha un comité intercentros para negociar alrededor de 1.200 prejubilaciones pactadas en el nuevo convenio colectivo suscrito.
Álvarez, natural de Ferrol, incluyó en su currículo que era ingeniero naval desde hacía 30 años, aunque la empresa comprobó estas credenciales y constató que no eran reales.

Un experto de la Arrixaca localiza en la Sierra Minera 10 casos de niveles altos de plomo en sangre

CARTAGENA.- La Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del hospital Virgen de la Arrixaca ha localizado en la Sierra Minera 10 casos de personas con niveles de plomo en sangre por encima de valores aceptables.

Así lo ha expuesto en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua el especialista en cáncer pediátrico del hospital Virgen de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega García, quien ha informado de que de una muestra de 182 personas que han acudido al centro de salud preocupados por los niveles de plomo en sangre, han localizado 10 casos en los que los valores "están por encima de los niveles aceptables". 

En concreto estos valores los han encontrado 3 niños, 2 adultos, 4 ancianos con edades superiores a los 60 años y una embarazada.
En concreto, en los niños ha puntualizado que han localizado un valor de 6 mg/dl, siendo el valor más alto localizado en estas personas de 9ml/dl.
Aun así, ha reiterado que "no hay motivos para la alarma, pero el riesgo existe y es real", ha dicho, recalcando que los niños tienen niveles de plomo más elevados que los adultos y los ancianos son "los que más tienen".
Además, ha puntualizado que el plomo "causa un daño permanente" en la salud de las personas, incidiendo en que "no hay un nivel seguro de plomo en sangre que se haya identificado". 

El experto también ha indicado que los valores de plomo tienen que ver con los lugares de residencia, siendo donde más se localizan en el Llano del Beal, Portmán y San Ginés-El Estrecho, mientras que también se localizan pero a menor medida en La Unión, Roche y El Algar.
No obstante, ha apuntado que la unidad "está preparada, tenemos una unidad especial de referencia para estudiar estos casos, pero el riesgo existe y es real".
En la comisión también ha comparecido el investigador José Matías Peña, que ha pedido que se sensibilice más a la población de la Sierra Minera porque "piensan que no es peligroso". 

Entre las soluciones que ha aportado al problema es tapar la zona de los residuos, así como financiación para que la población de la zona pueda "cambiar las ventanas y evitar que entre el polvo en sus casas", así como establecer una limpieza diaria de los parques infantiles con agua para evitar que el plomo se les pegue a la ropa y puedan llevárselo luego a la boca.
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Antonio Guillamón ha asegurado que hay una "transferencia" de contaminantes a la población infantil porque "durante muchos años no se ha adoptado ninguna medida", añadiendo que el consejero de Salud ha asegurado que los niveles de plomo están por debajo de los que marca la Organización Mundial de la Salud, "los responsables ambientales no parece que tengan tampoco interés en descontaminar la zona", ha añadido.
Luis Fernández, de Ciudadanos, cree que ha habido "cierta negligencia o dejación de funciones" por parte del Gobierno regional en la materia y considera que hay falta de adopción de medidas, "se están haciendo informes pero no se actúa de raíz".
Desde el PP, Domingo Coronado, es partidario de que se cumpla la ley, aunque ha advertido que es "complejo" llegar al fondo de la cuestión porque "una cosa es la contaminación del aire y otra de las personas". Aun así ha afirmado que los grupos tienen que estudiar qué medidas se podrían tomar para minimizar el daño.
Por su parte, Andrés Pedreño, de Podemos ha hecho hincapié en que es "un negligencia del gobierno del Partido Popular minimizar la situación de la Sierra Minera". Según él, es "una negligencia, que puede tener graves consecuencias en la salud, no tomarse en serio los problemas de contaminación que afectan a las personas que viven en estos pueblos. 

Además, parece que se quieren reír de ellos al tratar de solventar el problema con un estudio que, casualmente, contradice a todos los científicos y médicos que han investigado sobre el terreno".

La UCO sitúa a Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones

VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones.

Según refleja la parte del secreto del sumario del caso Erial cuyo secreto se ha levantado la Guardia Civil atribuye al cartagenero Zaplana un papel de administrador velado de acuerdo a pinchazos telefónicos en los que sus colaboradores se refieren a él como "el jefe".

La jueza instructora cree asimismo que es "evidente que esta asociación de personas -en referencia a los investigados- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez".

Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias sociedades mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana.

Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.

Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fenix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco Garcia, ex jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

La compraventa de las participaciones empresariales de ambas empresas luxemburguesas se hizo el mismo día, interviniendo Vicente Cotino en representación de las sociedades luxemburguesas (parte de cuyo accionariado había comprado previamente) y José Cotino en representación de Asedes Capital (Sedesa, al revés).

Tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.

Ninguna de las compraventas se inscribió en el registro mercantil, tal y como presuntamente se acordó en un documento privado intervenido por la Guardia Civil (llamado 'hoja de ruta', que da pie a esta investigación).

Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.

En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total.

En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).

En el caso de Fenix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, y junto al que están procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

La profundidad de la crisis laboral en la Región de Murcia se ceba en las mujeres

MURCIA.- Un análisis del sindicato USO pone de manifiesto la profundidad de la crisis laboral en la Región de Murcia, de la que todavía no se ha recuperado ni en cantidad ni en calidad del empleo, y que ha afectado de manera especial a las mujeres.

Lo peor de la crisis sucedió en los años 2012 y 2013, empezando en 2015 a descender el desempleo de manera más notable y comenzando la recuperación, señala el estudio.

Durante la primera etapa de la crisis, el número de hombres en desempleo es superior al de mujeres. 

Es a partir del inicio de la recuperación cuando se invierte la tendencia y el desempleo femenino empieza a ser mayor que el masculino, concluyendo 2018 con una situación inversa a la existente en 2008.

Llama también la atención por el hecho de que hay más universitarios formados buscando empleo (19%) que profesionales que han adquirido sus conocimientos a través de la formación profesional, cuyo porcentaje es del 12 %.

Si miramos los parados de la Región de Murcia en función de su edad y sexo, vemos cómo destaca el tramo de edades comprendidas entre 35 y 44 años. Las mujeres superan a los hombres en todos los tramos de edad y especialmente, en el situado entre los 45 y 54 años, en el que casi los duplican.

En 2008, la ocupación en la Región de Murcia suponía el 3% del total de la ocupación (20.055.300) que existía en España; en la actualidad, sigue suponiendo el mismo porcentaje respecto de las 19.554.600 personas ocupadas. No solo no se ha recuperado la ocupación previa a la crisis, sino que tampoco se ha mejorado la aportación a la ocupación total.

"Los murcianos hemos perdido una media de 60 euros mensuales de poder adquisitivo, y a pesar de eso seguimos todas las trabas del mundo en las mesas de negociación colectiva para recuperar los salarios mediante cláusulas de revisión que permitan recuperar lo recortado, ahora que dicen que la economía ha mejorado", denuncia José Sáez, secretario general de USO en la Región.

El fin del periodismo / Marcello *

Los diarios nacionales españoles están meditando seriamente, y en línea con lo ocurrido en otros grandes países como los Estados Unidos, codificar sus ediciones digitales, actualmente abierta, para lograr el pago por visión de sus contenidos.

Una decisión esta con la que los diarios esperan compensar en La Red la pérdida creciente de sus ventas e ingresos en el quiosco, abriendo así una nueva línea de negocio que consideran necesaria para sus ingresos, como la que tienen grandes diarios como The New York Times o Financial Times.

Aunque la condición ‘global’ de estos importantes diarios anglo sajones -que separan la información de la opinión- les garantiza el éxito de difusión y clientela mundial de pago. Sobre todo por la calidad de sus contenidos y especialmente los económicos que despiertan un interés muy especial, por los análisis de prestigiosas firmas que en ellos se publican.

En el caso español, la calidad de la información en grandes medios empieza a ser escasa porque las portadas se han convertido en meros editoriales. Y los editoriales además sin militantes de ardidos y no se corresponden con la verdad de los hechos. Y esa promiscuidad militante y enchufada a la prensa de partido hace que los lectores de diarios impresos y digitales españoles sean víctimas de una enorme confusión y desinformación.

Por no decir manipulación política y económica (los intereses creados y los dueños de los diarios influyen en paralelo con los partidos), que les impide alcanzar a los lectores algo tan necesario como es: saber lo que pasa.

Y si la información y la opinión llegan sesgadas a los lectores de papel o digitales, éstos tendrán dificultades para ordenar su propio criterio ante los grandes acontecimientos nacionales e internacionales, de la que sin duda hoy día es una trepidante e inmediata actualidad.

Sin embargo los ‘lectores de calidad’ y los líderes de opinión no se dejarán engañar, y tendrán que leer entre líneas la verdadera actualidad para sacar sus conclusiones. Mientras que las cabeceras de estos diarios, impresos y digitales, no solo seguirán perdiendo audiencia (además el prestigio de sus marcas no impresiona a los jóvenes que se informan en La Red) sino que también perderán influencia y credibilidad.

Tomemos un ejemplo muy reciente en la crisis del llamado ‘relator’ que el Gobierno de Sánchez aceptó a petición de la Generalitat de Torra como una condición para que los partidos soberanistas aprobaran los Presupuestos. Y que en principio fracasó porque el dirigente catalán, además, pidió hablar también de autodeterminación.

El invento del ‘relator’ entre Sánchez y Torra es un disparate mayúsculo que implica reconocer la soberanía de Cataluña si se establece la presencia de ese ‘mediador’ entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana. ‘Es innecesario y desprestigia las instituciones’, dijo Felipe González.

Mientras, la derecha tripartita de PP, Cs y Vox, se rasgaba sus vestiduras y subía el tono de sus proclamas hasta los insultos al tiempo que convocaba una gran manifestación en Madrid, presuntamente en aras de las Sociedad Civil, a la que no se vio por ninguna parte, porque la concentración quedó reducida a un mero acto pre electoral y partidario de la derecha.

En estas circunstancias el diario El País publicó un lamentable editorial para ocultar la gravedad del ‘relator’ de Sánchez, al que equiparó con las duras quejas de la Oposición, pero ocultando en el texto que dentro del PSOE también se había iniciado una revuelta contra Sánchez. Y al día siguiente El País minimizó, en su portada, las palabras de González sin subrayar lo del ‘desprecio a las instituciones’ que imputaba a Sánchez.

Y tras la manifestación de la Plaza de Colón, los diarios conservadores El Mundo, La Razón y ABC lanzaron portadas eufóricas más propias de los tabloides sensacionalistas británicos, en cuyos títulos se decía,: ‘Elecciones ya’, ‘Pinchazo de Sánchez’ y ‘España’.

En este caso fue El País el periódico más moderado, e informativamente correcto con un titular que decía ‘La derecha escenifica su unidad ante decenas de miles de manifestantes’.

Y desde Barcelona La Vanguardia, que en realidad es un diario de corte ‘independentista vergonzante’, se dedicaba a minimizar el alcance de la manifestación titulando así su portada: ‘La escasa movilización de la derecha da aire a Sánchez’. Eso de dar aire, pero al independentismo, es lo que suele hacer en Cataluña el Conde de Godó, abanicando con su diario a Puigdemont, Junqueras y Torra.

¿Qué hacer? Pues no se sabe bien, pero sabemos que en Internet hay diarios y webs informativas y de análisis de calidad, que conviene seguir para estar informado sin ser objeto de la gran manipulación política y mediática que impera en nuestro país.

Y si los grandes diarios digitales y de partidos y sus lobbies mediáticos se codifican y cobran por sus contenidos, se equivocaran, porque perderán una parte de su audiencia, además de la credibilidad e influencia que ya han perdido, y puede que ello sea lo mejor para una prensa digital de calidad.

(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés 

https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2019/02/12/el-fin-del-periodismo/

Sustituyendo la competencia por la cooperación / Guillermo Herrera *

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio. 

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: “Ubuntu: ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?”

 

Ubuntu significa: "Yo soy porque nosotros somos." Por eso dice un proverbio africano.- “Si quieres ir muy rápido, vé sólo. Si quieres llegar lejos, ve junto a otros.” El nombre proviene del concepto africano Ubuntu, que significa "humanidad hacia otros" o "yo soy porque nosotros somos".

La actitud mental prevaleciente entre los nativos del extremo sur de África, surge del dicho popular "umuntu, nigumuntu, nagamuntu", que en zulú significa "una persona es una persona a causa de los demás."

Ubuntu aspira a impregnar de esa mentalidad al mundo de las computadoras. El lema de Ubuntu “Linux para seres humanos” resume una de sus metas principales: hacer de Linux un sistema operativo más accesible y fácil de usar.

A mi juicio esta noble filosofía humanista coincide plenamente con el espíritu del acuerdo mundial de GESARA para establecer la cooperación entre las naciones en lugar de la competencia de la guerra inhumana y autodestructiva.

MOVIMIENTO HUMANISTA

El máximo promotor de este movimiento humanista sudafricano es el compositor Michael Tellinger que fundó el partido político Ubuntu para establecer el pleno empleo mediante el cierre del Banco de la Reserva Sudafricana y su sustitución por un Banco Popular que otorga préstamos sin intereses, financiará una campaña masiva de obras públicas, y suministrará electricidad libre. También planean eliminar la necesidad de un gobierno completo.

Nelson Mandela explicó el concepto de Ubuntu: es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y en las relaciones entre éstas. La palabra proviene de las lenguas zulú y xhosa. Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional.

Desmond Tutu dijo lo mismo.- Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está segura de sí misma, porque sabe que pertenece a una gran totalidad, y que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos.

Se ve a Ubuntu como uno de los principios fundamentales de la nueva república de Sudáfrica y está conectado con la idea de un renacimiento africano. Ubuntu es el concepto filosófico fundamental que le dio base a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, presidida por Desmond Tutu en el momento de la transición democrática Sudafricana.

La idea del reconocimiento público de los crímenes contra la humanidad en el contexto del ‘apartheid’ ha facilitado un proceso único de la amnistía y la construcción de la nación. Ubuntu es, por esa razón, a menudo traducido como: "Yo soy porque nosotros somos".

TRADUCCIONES

Hay varias traducciones posibles del término Ubuntu al español, las comunes son estas:

• Humildad
• Empatía
• Humanidad hacia otros
• Si todos ganan, tú ganas
• Yo soy porque nosotros somos
• Una persona se hace humana a través de las otras personas
• Una persona es persona en razón de las otras personas
• Todo lo que es mío, es para todos
• Yo soy lo que soy en función de lo que todos somos
• La creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad

SIMILITUDES

También se pueden establecer paralelismos y similitudes con diversos conceptos para expresar y fortalecer el vínculo interpersonal o comunitario, en particular los de otros pueblos organizados en sociedades horizontales y no en estados centrales y jerárquicos:

‘Rohayhu’ que se traduce del guaraní moderno como ‘amor’ o ‘amistad’, pero que más ampliamente es "la vida de la tribu y su voluntad de vivir, la solidaridad entre iguales.

El Ayni, principio precolombino de los pueblos andinos (la palabra es quechua) de solidaridad económica y social entre las comunidades.

Esta idea de humanidad hace que se pueda aplicar la filosofía ubuntu a otros ámbitos como el deporte o la empresa; incluso al liderazgo, porque para lograr que un grupo social se mueva siguiendo los valores de Ubuntu, es imprescindible que su líder sea, también, un líder ubuntu.

MODO DE VIDA

¿Qué hizo posible que un país gobernado hasta hace quince años por una minoría blanca bajo el régimen racista del apartheid pidiera acoger el Mundial de Fútbol 2.010 y sea un ejemplo de entendimiento social y de progreso? La respuesta se llama Ubuntu, el espíritu de sufrimiento sin amargura y de reconciliación, no centrado en la venganza del pasado sino en un mejor futuro para todos.

Ubuntu es la gran enseñanza que Sudáfrica –la cuna de la especie humana– aporta al mundo en los albores del siglo XXI. Ubuntu, una filosofía que la podemos aplicar a la vida cotidiana para ir avanzando hacia una humanidad más plena.

APOYO MUTUO

El apoyo mutuo o ayuda mutua es un término que describe la cooperación, la reciprocidad, y el trabajo en equipo, y que conlleva o implica un beneficio mutuo para los individuos cooperantes.

Es una expresión utilizada en la teoría de organizaciones, desarrollada también por los movimientos vinculados al denominado asociacionismo, como el mutualismo, el movimiento cooperativista y el anarquismo.

Como concepto fue desarrollado por el anarquista Piotr Kropotkin. En su libro “Ayuda mutua: un factor en la evolución”, Kropotkin exploró la utilidad de la cooperación como un mecanismo de supervivencia dentro de los animales, con el fin de neutralizar la concepción de evolución como una fiera competición por la supervivencia entre los individuos que suministró la teoría del darwinismo social.

Postulaba que, si bien los especímenes buscan ser los mejores entre los de su misma especie, a la vez su lucha por la supervivencia no es entre su propia especie sino para superar los entornos hostiles, para lo cual cooperan. Sus observaciones de pueblos indígenas en Siberia le llevaron a concluir que no todas las sociedades humanas eran tan competitivas como las europeas, y que entonces aquello no se debía a una esencia natural sino más bien a razones culturales entre otras.

Los anarquistas, argumentan que el apoyo mutuo es incompatible con la competencia autodestructiva, e incompatible en absoluto con el Estado tradicional. Puesto que el valor de solidaridad compatible con el apoyo mutuo no es el altruismo sino la generosidad y la reciprocidad.

 (*) Periodista

https://youtu.be/lD23NtLsiA4

Los barones no quieren elecciones generales ni el 26 de Mayo… ni en Abril / José Oneto *

El Congreso de los Diputados ha tumbado los Prepuestos Generales del Estado del Gobierno surgido de una moción de censura contra Mariano Rajoy Brei el pasado mes de Junio, y ha abocado al presidente Pedro Sánchez a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales. Algo que, probablemente, hará este Viernes, tras oír al Consejo de Ministros, según establece el artículo 115 de la Constitución española. 

Sorprende que haya trascendido que haya sido la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo la que, según La Vanguardia, la que ha recordado al Presidente del Gobierno que debe tener un soporte legal constitucional para la disolución, cuando eso está establecido en la Constitución y el Presidente conoce perfectamente la Constitución.

Con la votación de este mediodía de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, enmiendas presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, PDeCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC ), con el resultado de 191 votos a favor, 158 en contra y una abstención, ni siquiera ha cabido la posibilidad de entrar en el debate de unos Presupuestos muy criticados pero que tienen medidas sociales de calado, como la elevación del salario mínimo hasta 900 Euros, especial dedicación a la pobreza infantil y, en este caso, una financiación para la Generalitat catalana, prácticamente paralizada para el gobierno cotidiano, que supera a casi todas las Comunidades Autónomas con más de dos mil millones de euros por encima de lo previsto.

La votación y el tenso debate de este Miércoles y de ayer Martes en el Congreso de los diputados, han sido el punto final de una larga y conflictiva semana en la que había prevista una nueva reunión en Barcelona de una Delegación de la Moncloa y de la Generalitat, que se suspendió ante la presión del independentismo para el nombramiento de un mediador para una Mesa de Partidos nacionales y catalanes, algo de lo que no se tenía la menor noticia. 

La propuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo de substituir la figura del mediador por el de Relator (algo que recuerda mucho la figura jurídica de un mediador relacionado con las Naciones Unidas) provocaba una auténtica REBELIÓN en el partido Socialista, con declaraciones indignadas de los Presidentes de Castilla la Mancha, Aragón y Extremadura, del antiguo Presidente castellano manchego José María Barreda y hasta del expresidente del Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra.

En la oposición provocaba la convocatoria apresurada por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, a la que se sumaría Vox e, incluso, Falange Española, de una manifestación en la Plaza de Colón por la unidad de España, en la que se pedía la dimisión del Presidente del Gobierno (cubierto de todo tipo de indultos) y la exigencia de elecciones generales. 

Ninguno de los asistentes a ese día de protesta podía imaginarse que su petición podía cumplirse días más tarde, tras perder el Gobierno la votación para comenzar a debatir los Presupuestos Generales del Estado y tras confirmar la Moncloa que habría una decisión presidencial sobre la convocatoria electoral este Viernes, tras el correspondiente debate en el Consejo de Ministros.

Aunque todos los partidos han entrado este mismo Miércoles en “modo electoral”.

(Albert Rivera ha llegado a advertir que no hay ninguna posibilidad de un pacto de su partido con Pedro Sánchez y Pablo Casado que no habrá pacto con los populistas) habrá que esperar hasta el mismo Viernes a ver cómo se aclara el escenario político. Un escenario que está siendo examinado con lupa con los barones más críticos con Sánchez, que no quieren que unas posibles generales coincidan el 26 de Mayo con las europeas, municipales y autonómicas. 

No quieren cuatro urnas (en Canarias cinco) y, sobre todo, no quieren resultar castigados por la política que se ha venido desarrollando con el independentismo, a pesar de que se ha roto y no se ha querido ceder a unas peticiones delirantes de Quim Torra. “Demasiado tarde y demasiado forzado… nos puede pasar lo mismo que le ha pasado a Susana Díaz en Andalucía“.

Descartado el 26 de Mayo, tampoco la fecha del 28 de Abril, a menos de un mes del Superdomingo electoral, es aceptada con entusiasmo por muchos dirigentes del partido que creen que ha pasado muy poco tiempo desde la ruptura con el independentismo, aunque reconocen que, al final, se ha mantenido una situación de firmeza ante peticiones que, en medio de la crisis del Relator, en la que tanto ha tenido que ver la Vicepresidenta del Gobierno, sonaban a auténtico disparate como el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación y el compromiso de celebrar el tan manido Referéndum, basado precisamente en ese derecho que no está reconocido en ninguna Constitución del mundo.

Como sostiene el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat ese derecho no existe sino que sucede todo lo contrario: “Las normas internacionales atribuyen el derecho de autodeterminación solo en supuestos de colonialismo, o bien cuando existe una discriminación racial o una discriminación de los ciudadanos en su vida pública o en sus relaciones económico-sociales de carácter privado, prohibiéndose expresamente ese derecho a decidir precisamente en supuestos como el de Cataluña”.

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2019/02/13/los-barones-no-quieren-elecciones-generales-ni-el-26-de-mayo-ni-en-abril/ 

La verdad del teatro / Ramón Cotarelo *

Este psicodrama colectivo en que el unionismo español de derechas, izquierdas y extrarradio ha hundido el país es ya tan complicado que huele a desenlace. En Hamlet, la verdad sale a la luz en una obra de teatro, "La muerte de Gonzago", que el príncipe ordena escenificar a unos cómicos en Elsinor. 

 

Es un ejemplo de la archicomentada paradoja del teatro dentro del teatro que ha hecho correr ríos de tinta sobre las relaciones entre la realidad y la ficción. La vida es teatro y se representa como tal, y, dentro de la representación, se escenifica otra obra teatral que contiene la clave para entender todo el enredo.

Paralelamente, en España, el teatro del sistema político de la IIIª Restauración no consigue desenredarse ni exponerse coherente o autónomamente por más que lo intenta. Y no puede, ya que depende de un conflicto, el de España-Catalunya, que, a su vez, no controla porque se dirime en otros lugares. ¿En cuáles? 

 

De un lado, en la efervescencia de la sociedad catalana, la evolución del sistema político catalán que poco o nada tiene que ver con el español. De otro, el teatro dentro del teatro ("La muerte de Gonzago", "La causa contra el independentismo"), que corresponde en este caso al proceso en el Supremo, convertido en la representación dentro de la representación y en la que se revela la clave del embrollo: en Hamlet, el asesino del padre, en La causa contra el independentismo, los rebeldes culpables. 

 

El asesino de Hamlet se descubría él solo; los rebeldes no solo no llevan ese camino sino el contrario, el de probar en el escenario judicial que su rebeldía es política, ideológica, pero no penal y que, por lo tanto, el proceso es una farsa. Y, al revelarse como farsa, descubre la verdad del teatro político español, empeñado en llamar Estado democrático de derecho a una clara tiranía de la mayoría con ribetes coloniales.

El primer día de este teatro dentro del teatro español no pudo ser más característico. La aviesa intención del tribunal de aplicar la "justicia" del enemigo queda patente en todos los momentos, tiempos, plazos y protocolos procesales por nimios que sean. Desde llenar el escaso aforo de legionarios de Cristo o similares hasta hostigar a los procesados, obstaculizando su derecho a la defensa por todos los medios, físicos y psíquicos. 

 

Las arbitrariedades, el comportamiento de unos policías no identificables, las restricciones caprichosas, todo va quedando patente a los ojos del mundo. Es imprevisible en qué pueda acabar este esperpento, jalonado de irregularidades que han hecho trizas toda esperanza de un juicio justo. Todo el mundo tiene por segura ya antes de empezar la última y contraria palabra de las instancias judiciales europeas. Hasta el tribunal la da por pronunciada, con la consiguiente tendencia a hacer de su toga un sayo. 

Las defensas siguieron dos líneas, la más técnica, atenida a las cuestiones específicas en un proceso penal y la más política que cuestionaba la legalidad y, por supuesto, la legitimidad de toda la causa. Los dos criterios son complementarios y deben seguir siéndolo, pero el de mayor impacto mediático es el político. 

 

Quizá haya una diferencia de matiz en el objetivo propuesto (conseguir el fallo más favorable para el defendido o el mayor eco posible para la finalidad común de la independencia de Catalunya), al margen de las consecuencias judiciales. Pero eso no es importante, en tanto no dé lugar a contradicciones. 

El intento del sistema político español (los diputados, los medios, los analistas, el Ibex, etc.) de seguir funcionando como si no hubiera proceso político y como si los poderes estuvieran separados, ha sido un fracaso mayor que el de la manifa del trío calaveras en Colón. Enfocar desesperadamente el asunto en el pretendido interés general de los PGE, llamando "normalidad" a una situación en que unos presos políticos están siendo juzgados en un procedimiento inquisitorial no sirve de nada. 

La política española depende de la catalana y el conflicto no podrá resolverse si no es dialogando (pero no al estilo Sánchez, sino de verdad) sobre todo, negociando algo para conseguirlo todo: la estabilidad de la monarquía española y la república catalana como vecinas bien avenidas.  

Por cierto, el hallazgo de la foto del juicio a Companys con que se ilustra el artículo, es muy significativa. Sin embargo, si es en verdad una foto de Companys (no me atrevo a pronunciarme), lo que sí parece es que no corresponde al juicio brevísimo y sumarísimo de guerra que se le siguió en Montjuic ante un tribunal militar por "adhesión a la rebelión militar". 

 

Pero no haya cuitas, probablemente corresponde al juicio que se le siguió en junio de 1935 ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por el delito de rebelión por el que fue condenado a 30 años de reclusión. 

Nada nuevo bajo el sol imperial; ese que, en algunos sitios, se obstina en no ponerse.



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El Estado va desnudo / José Antich *

Este juicio no debe empezar. Quizás sea esta frase del abogado Benet Salellas, de la defensa de Jordi Cuixart, la que define mejor y en pocas palabras lo que uno puede pensar después de seguir la primera jornada del juicio al procés. Unas ocho horas de vista en la que los diferentes abogados defensores plantearon las cuestiones previas al juicio, aquellas referentes a las pruebas o partes del juicio que quieren impugnar. 

Los siete magistrados del Tribunal Supremo oían seguramente más que escuchaban los diferentes alegatos que resonaban con una atronadora fuerza en la sala y que no hacían más que desnudar la posición de un Estado que sostiene una causa indefendible tal como está planteada. Un relato falso, las mínimas garantías para el derecho de defensa de los procesados y la vulneración del derecho a un juicio justo. ¡Qué rápido se ha puesto de manifiesto la violación de derechos!

El juicio será una mancha para la democracia española si sigue por este camino. Ver a los miembros del Govern en prisión preventiva desde hace tantos y tantos meses, igual que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los líderes sociales independentistas sentados en el banco de los acusados produce grima. También impotencia y tristeza. Grima porque nunca debían haber sido acusados de unos delitos que no cometieron más que en la imaginación de quienes han validado unos hechos que no se produjeron tal como los han relatado. 

¿Rebelión sin violencia? ¡Va hombre, va!. Impotencia porque el Estado decidió hace mucho tiempo cuál debía ser el final de este juicio ya que era, sobre todo, un escarmiento a una generación política que le había desafiado y, en muchos casos, dejado en ridículo. Pero también tristeza, mucha tristeza. 

 Los presos políticos estaban enteros y dignos, así los vimos en televisión. Pero la prisión y el juicio es el fracaso de la política y tiene un coste personal muy elevado para todos ellos. Solo explicable por la nobleza de la causa que enarbolan y su compromiso con millones de catalanes.

Decía el letrado Jordi Pina -abogado de Sànchez,Turull y Rull- a media mañana, durante su exposición, en un ruego público a los magistrados, que hicieran de jueces y no de salvadores de la patria. Impartir justicia y ceñirse a las pruebas. Sería suficiente para que el castillo de naipes cayera abruptamente. Se detecta entre los corresponsales extranjeros una cierta estupefacción por un juicio que solo acaba de empezar y por el que se piden penas de más de 200 años a los acusados. 

Y en el que la acusación particular la ostenta un partido como Vox. No tengo duda de que la opinión pública internacional se irá decantando a lo largo del juicio hacia posiciones claramente alejadas de las que hoy configuran la justicia española. Por eso España tiene tanto miedo que la prensa internacional avale el relato de que se trata de un juicio a la democracia española.

Al acabar la sesión en el Supremo, la televisión muestra imágenes de una aparente actitud somnolienta del tribunal. Quién sabe si el preludio del escaso interés por unas cuestiones previas que no cambiarán el rumbo del juicio. Cae la tarde después de un día histórico por lo que supone un juicio al Govern y al Parlament, las dos principales instituciones de Catalunya. Y los presos no llegarán a las prisiones antes de las 21 horas. Y así cada día del juicio.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

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