Este psicodrama colectivo en que el
unionismo español de derechas, izquierdas y extrarradio ha hundido el
país es ya tan complicado que huele a desenlace. En Hamlet, la
verdad sale a la luz en una obra de teatro, "La muerte de Gonzago", que
el príncipe ordena escenificar a unos cómicos en Elsinor.
Es un ejemplo
de la archicomentada paradoja del teatro dentro del teatro que ha hecho
correr ríos de tinta sobre las relaciones entre la realidad y la
ficción. La vida es teatro y se representa como tal, y, dentro de la
representación, se escenifica otra obra teatral que contiene la clave
para entender todo el enredo.
Paralelamente,
en España, el teatro del sistema político de la IIIª Restauración no
consigue desenredarse ni exponerse coherente o autónomamente por más que
lo intenta. Y no puede, ya que depende de un conflicto, el de
España-Catalunya, que, a su vez, no controla porque se dirime en otros
lugares. ¿En cuáles?
De un lado, en la efervescencia de la sociedad
catalana, la evolución del sistema político catalán que poco o nada
tiene que ver con el español. De otro, el teatro dentro del teatro ("La
muerte de Gonzago", "La causa contra el independentismo"), que
corresponde en este caso al proceso en el Supremo, convertido en la
representación dentro de la representación y en la que se revela la
clave del embrollo: en Hamlet, el asesino del padre, en La causa contra el independentismo,
los rebeldes culpables.
El asesino de Hamlet se descubría él solo; los
rebeldes no solo no llevan ese camino sino el contrario, el de probar en
el escenario judicial que su rebeldía es política, ideológica, pero no
penal y que, por lo tanto, el proceso es una farsa. Y, al revelarse como
farsa, descubre la verdad del teatro político español, empeñado en
llamar Estado democrático de derecho a una clara tiranía de la mayoría
con ribetes coloniales.
El
primer día de este teatro dentro del teatro español no pudo ser más
característico. La aviesa intención del tribunal de aplicar la
"justicia" del enemigo queda patente en todos los momentos, tiempos,
plazos y protocolos procesales por nimios que sean. Desde llenar el
escaso aforo de legionarios de Cristo o similares hasta hostigar a los
procesados, obstaculizando su derecho a la defensa por todos los medios,
físicos y psíquicos.
Las arbitrariedades, el comportamiento de unos
policías no identificables, las restricciones caprichosas, todo va
quedando patente a los ojos del mundo. Es imprevisible en qué pueda
acabar este esperpento, jalonado de irregularidades que han hecho trizas
toda esperanza de un juicio justo. Todo el mundo tiene por segura ya
antes de empezar la última y contraria palabra de las instancias
judiciales europeas. Hasta el tribunal la da por pronunciada, con la
consiguiente tendencia a hacer de su toga un sayo.
Las
defensas siguieron dos líneas, la más técnica, atenida a las cuestiones
específicas en un proceso penal y la más política que cuestionaba la
legalidad y, por supuesto, la legitimidad de toda la causa. Los dos
criterios son complementarios y deben seguir siéndolo, pero el de mayor
impacto mediático es el político.
Quizá haya una diferencia de matiz en
el objetivo propuesto (conseguir el fallo más favorable para el
defendido o el mayor eco posible para la finalidad común de la
independencia de Catalunya), al margen de las consecuencias judiciales.
Pero eso no es importante, en tanto no dé lugar a contradicciones.
El
intento del sistema político español (los diputados, los medios, los
analistas, el Ibex, etc.) de seguir funcionando como si no hubiera
proceso político y como si los poderes estuvieran separados, ha sido un
fracaso mayor que el de la manifa del trío calaveras en Colón. Enfocar
desesperadamente el asunto en el pretendido interés general de los PGE,
llamando "normalidad" a una situación en que unos presos políticos están
siendo juzgados en un procedimiento inquisitorial no sirve de nada.
La
política española depende de la catalana y el conflicto no podrá
resolverse si no es dialogando (pero no al estilo Sánchez, sino de
verdad) sobre todo, negociando algo para conseguirlo todo: la
estabilidad de la monarquía española y la república catalana como
vecinas bien avenidas.
Por cierto, el hallazgo de la foto del juicio a Companys con que se ilustra el artículo,
es muy significativa. Sin embargo, si es en verdad una foto de Companys
(no me atrevo a pronunciarme), lo que sí parece es que no corresponde
al juicio brevísimo y sumarísimo de guerra que se le siguió en Montjuic
ante un tribunal militar por "adhesión a la rebelión militar".
Pero no
haya cuitas, probablemente corresponde al juicio que se le siguió en
junio de 1935 ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la
República por el delito de rebelión por el que fue condenado a 30 años
de reclusión.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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