ZARAGOZA.- El Ministerio de Medio Ambiente plagió en la época de Isabel García Tejerina
documentos de la industria química Syngenta para elaborar el Informe de
Evaluación de Riesgos en el que la Comisión Europea basó la prórroga de
la autorización, para los próximos quince años (hasta 2032), del pesticida Tiabenzadol,
un fungicida que acaba entrando en la cadena alimentaria al utilizarse
para fumigar en la horticultura y la fruticultura y que también se
emplea en productos para infecciones de la piel, según el diario 'Público'.
El descubrimiento lo ha hecho un equipo de periodistas del periódico digital alemán BR, que chequearon, mediante un programa de comparación de contenidos similar al que utilizan las universidades para evaluar las tesis y trabajos
de sus alumnos, los informes emitidos por los estados miembros de la UE
en 25 procedimientos de autorización o de renovación de productos químicos con los que previamente habían presentado las empresas promotoras.
Las conclusiones resultan estremecedoras: la mayoría de
los gobiernos habían copiado literalmente pasajes más o menos extensos y
frases textuales de los informes de las industrias químicas que
fabrican esos productos y los habían asumido como propios, sin citar
como fuente los trabajos de las empresas ni especificar su procedencia.
Ocurrió, entre otros, con herbicidas como el prosulfurón, analizado por
Francia; con el sulfosulfurón, que estudió Suecia, y con el piridato,
que evaluó Austria.
La industria pasaba así a hablar por la boca de las administraciones, lo que pone sobre la mesa que escándalos como ‘los papeles de Monsanto’, con el que ‘Le Monde’ sacó a la luz cómo esa empresa había ocultado a la UE informes que alertaban sobre los efectos nocivos para la salud del glifosato cuando
esta estaba tramitando la renovación de la licencia para los próximos
quince años (finalmente la obtuvo para cinco), no son, ni mucho menos,
un hecho aislado.
“Es un sistema totalmente pervertido y fraudulento en
el que no prima la seguridad alimentaria sino el interés de la
industria”, explica Koldo Hernández, máster en Derecho Ambiental y
miembro del Grupo de Químicos de Ecologistas en Acción, que está
terminando su tesis doctoral sobre “El régimen jurídico de los
disruptores endocrinos”.
Más de 1.300 coincidencias en 400 páginas
El trabajo de los periodistas alemanes revela cómo el informe del Ministerio de Medio Ambiente copió al 100% frases y párrafos de la documentación presentada previamente por Syngenta ante la UE para solicitar la renovación.
El chequeo de las similitudes arrojó
una coincidencia superior al 70% en 1.301 frases o párrafos a lo largo
de 400 páginas, lo que arroja un promedio de más de tres por hoja.
Entre esas coincidencias hay varias directamente
relacionadas con los efectos de ese compuesto químico en la salud, como
cuando en documento español trascribe que “en el tiempo de muestreo
final (63 días después de la dosis 14), la concentración media era aún
más baja que el límite de detección en la mayoría de los tejidos, aunque
la concentración de tiroides todavía era relativamente alta”, o que “el total de residuos de tejido y canal en el tiempo de muestreo final representó el 0,1% de la dosis total administrada”.
Se trata, en ambos casos, de los resultados del
seguimiento de unos análisis en animales de laboratorio.Cuando segura
que “no se registraron signos clínicos adversos en ninguno de los
tratamientos” la similitud con el informe de Syngenta es del 86%, nivel
que sube al 100% al anotar que “independientemente del estado dietético
de las ratas, la absorción de tiabendazol fue rápida”, al señalar que
“dado que todos los animales sobrevivieron, no se probaron animales
adicionales”, y, también, al reseñar que “todos los animales se
recuperaron de los síntomas el día 6 y se mostraron activos y sanos
durante el resto del estudio”.
El informe de Medio Ambiente también llega al pleno
de coincidencia cuando, en lo referente a los efectos del uso
dermatológico del Tiabenzadol, señala que “todos los animales estaban
libres de irritación dérmica dentro de las 24 horas”, mientras que
alcanza el 86% al anotar que “no hubo signos de gran toxicidad,
irritación dérmica, efectos farmacológicos adversos o comportamiento
anormal”.
Y también alcanza el 100% al recoger un párrafo sobre los
efectos del compuesto en las células y el material genético de los
animales de ensayo: “No hubo un aumento estadísticamente significativo
en el número de eritrocitos policromáticos micronucleados en ninguno de
los niveles de dosis probados, en ninguno de los tiempos de muestreo en
comparación con el grupo de control negativo”.
"Se pone de manifiesto la endeblez de sistema"
Varios grupos conservacionistas y movimientos sociales han lanzado un manifiesto en el que reclaman a la Comisión Europea que adopte sistemas transparentes y públicos para la tramitación de las autorizaciones de plaguicidas “para priorizar la salud pública y el medio ambiente sobre todas las demás consideraciones, como el beneficio privado”.
“Para permitir que los agricultores de la UE mejoren
sus prácticas sin ser 'castigados' por los mercados -añade el
manifiesto-, la Comisión Europea no los colocará en una posición de
competencia desleal y, por lo tanto, prohibirá los productos importados
que contengan residuos de plaguicidas no aprobados o que contengan
residuos de cualquier pesticida que excede los niveles permitidos, sin
excepciones”.
El procedimiento actual tiene algunas
peculiaridades, como el hecho de que sea la industria quien decida qué
Gobierno de un Estado miembro debe analizar sus productos, o más bien
sus informes, visto lo visto, cuando se trata de una autorización. En la
renovación, que suelen ser para quince años, lo elige la Comisión Europea, que tradicionalmente opta por el mismo país que diez años antes había intervenido en el trámite inicial.
Después, son las agencias europeas (la Efsa para
temas de seguridad alimentaria y la Echa para el resto de temas
ambientales) quienes, tras analizar la propuesta de la industria y las
conclusiones del Gobierno que la chequea, emiten el dictamen que
aconseja o desaconseja la autorización o propone matices para
concederla, cuyo criterio suele avalar la Comisión. Las revelaciones de
BR “ponen de manifiesto la endeblez del sistema de evaluación de
riesgos”, sostiene Hernández.
Un producto de riesgo
En el caso del Tiabenzadol, el propio Gobierno
español advierte en sus fichas oficiales de los riesgos que entraña el
uso de productos que lo contengan.
Así, el Ministerio de Agricultura limita el uso del Tecto 500,
que se utiliza en frutas y cítricos, a aplicadores profesionales ya que
“puede provocar una reacción alérgica en la piel” y entraña “riesgos
para las personas y el medio ambiente”, entre ellos el de resultar “muy
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos”.
En el caso de los cítricos a los que se aplica Neozil 10,
cuyo contacto “provoca lesiones oculares graves” y “se sospecha que
provoca cáncer”, recomienda incluir en las cajas de los cítricos “una
etiqueta con el texto: ‘Frutos tratados con protección fungicida de
Imazalil’ para advertir de su presencia a los consumidores.
Por último, Agricultura advierte en sus fichas oficiales de la elevada toxicidad del corrosivo Fruitgard 70 y de los riesgos del Taxtar Al al tiempo que indica que, tras su aplicación, las garrafas o los restos de la mezcla que puedan quedar en la sulfatadora deben eliminarse en ambos casos “de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos”.
Por último, Agricultura advierte en sus fichas oficiales de la elevada toxicidad del corrosivo Fruitgard 70 y de los riesgos del Taxtar Al al tiempo que indica que, tras su aplicación, las garrafas o los restos de la mezcla que puedan quedar en la sulfatadora deben eliminarse en ambos casos “de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos”.
