Podemos pide en la Asamblea fijar las reglas de funcionamiento del Comité Científico del Mar Menor

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, acusó este lunes al Gobierno regional de no tener en cuenta las opiniones del Comité Científico del Mar Menor a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones, así como de obviar «reiteradamente» algunos de los informes que emite este órgano de forma «rigurosa» y de intentar «manipular y tergiversar» lo que dicen sus miembros asumiendo en todo momento su portavocía, entre otras cosas.

Por todo ello, Podemos presentó este mismo lunes una moción en la Asamblea Regional en la que pide un debate «claro y contundente» sobre cuáles deben ser las reglas de funcionamiento del Comité para que el Gobierno regional «se sienta interpelado y obligado a cumplirlas escrupulosamente», según anunció Giménez, quien espera que este debate sea ordenado a la «mayor brevedad posible».

El objetivo de la moción presentada por Podemos es «sacar el Comité Científico de las garras del Gobierno regional y que dejen trabajar a sus miembros con transparencia y con plena autonomía», según Giménez, quien mostró el «máximo apoyo» a las investigadoras y científicas que el pasado viernes decidieron abandonar este organismo «no por causas personales, como ha querido transmitir el Gobierno regional, como si fuera una cuestión de incompatibilidad».

Al contrario, recordó que estas científicas han abandonado el Comité porque «han visto claramente que su trabajo no se ve claramente reflejado» y que el Comité «no está sirviendo para los objetivos para los que fue creado, que eran salvaguardar el Mar Menor con criterios científicos y que el Gobierno regional asumiera las órdenes de este órgano que él mismo creó».

En concreto, pide al Gobierno regional que use las conclusiones e investigaciones del Comité para la toma de decisiones respecto al Mar Menor. «Desde que se creó este Comité Científico el pasado 29 de julio de 2016, ha tenido una serie de disfunciones que han sido reiteradamente puestas de manifiesto por gran parte de sus miembros», según Giménez.

Los miembros han lamentado «reiteradamente» que no se ha contado con los informes y los dictámenes que el Comité Científico va elaborando «rigurosamente», según Giménez, quien critica que tampoco se han tenido en cuenta las opiniones del Comité a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones.

Ha puesto como ejemplo, a este respecto, las recientes obras de dragado que se están ejecutando en las distintas playas del Mar Menor, así como el Decreto Ley de Medias Urgentes para la Sostenibilidad del Mar Menor, «que fue transformado en Ley y que tampoco se envió a los miembros del Comité Científico para que pudieran evaluar el contenido de la misma».

La diputada regional de la formación morada consideró «muy importante» que las funciones del Comité Científico queden «claramente detalladas», algo que también han «reiterado» en numerosas ocasiones su miembros. El objetivo es que este Comité no se convierta en un órgano «manipulable por el Gobierno regional».

Los miembros del Comité han pedido «que haya rigurosidad, que haya coherencia y transparencia en toda su actuación», así como una línea comunicativa «muy clara». 

A este respecto, Giménez propone que los miembros del Comité «deben ser quienes nombren al portavoz, para que se divulguen todas las opiniones que se exponen en su seno, incluso la de aquellos miembros que puedan tener una opinión diferente a la mayoritaria».

De esta forma, los medios de comunicación podrían tener también acceso «a las distintas opiniones que puede haber en torno a una determinada actuación», según Giménez. 

Y es que, hasta ahora, los comunicados del Comité los emite el propio Gobierno regional, de forma que este organismo «no tiene un protocolo adecuado» para manifestarse de forma pública «con independencia y autonomía», según Giménez.

La diputada regional de Podemos entiende que el funcionamiento del Comité «debe ser riguroso» y, en este sentido, sus miembros denuncian que en las reuniones «suele haber una gran mayoría de funcionarios de la Comunidad» y que, en la mayoría de las ocasiones «acuden cargos políticos, como pueden ser el consejero y el director general».

Los miembros del Comité «piden que estas reuniones tengan una mayor autonomía e independencia del Gobierno regional». Sobre todo, Giménez considera «escandaloso» que los propios miembros que han abandonado el Comité han manifestado que, en muchas ocasiones, «se convocan las ruedas de prensa de forma previa a que se realicen las reuniones».

A su juicio, está «claro» que el Gobierno regional está intentando «tergiversar y manipular las conclusiones del Comité Científico» a su «antojo». Frente a ello, propone que la línea comunicativa «sea la que el propio Comité establezca».

Podemos considera «muy importante» que «se pueda cambiar la estructura, el funcionamiento y las líneas comunicativas» conforme a los estándares que ya funcionan en los códigos de buenas prácticas europeos y que son los propios miembros del Comité Científico «los que los están demandando».

Recordó que, cuando Podemos presentó las directrices generales que debía de tener la futura Ley de Gestión Integral del Mar Menor que el Gobierno regional «se niega a elaborar», la formación morada propuso precisamente «adaptar el Comité Científico a estos estándares normalizados en el ámbito europeo».

«No sólo se están incumpliendo los principios fundamentales para llegar a la adecuada conservación y respeto del Mar Menor, sino que se está atentando contra el principio y el derecho de participación que tenemos como ciudadanía tanto la comunidad científica como las organizaciones sociales», reprochó Giménez.

«No puede ser que la presidencia del Comité Científico recaiga ahora mismo en un alto cargo del Gobierno regional», según la diputada regional de Podemos, que entiende que tanto el presidente como el portavoz «deben ser nombrados por los propios miembros» del organismo, con el fin de dotarlo de «independencia y autonomía».

De igual manera, recuerda que los miembros del Comité Científico «piden asesorar no sólo al Gobierno regional, sino también a cualquier administración pública que se lo solicite y a cualquier organización social, incluidos los grupos políticos y parlamentarios a la hora de plantear iniciativas con un aval científico».

Recordó que Podemos puso también sobre la mesa la necesidad de crear la figura del Defensor del Mar Menor, que era «un órgano absolutamente independiente» que tuviera coordinación con la Asamblea Regional y con el Ejecutivo autonómico, pero «no bajo las garras de lo que al Gobierno regional le interese comunicar en un momento dado».

Y es que el Gobierno regional «ha transmitido en muchas ocasiones información sesgada y tergiversada de las conclusiones que el propio Comité ha realizado».

Denuncian ante el 'Seprona' la ocupación de una vía pecuaria por una empresa de explosivos en Javalí Viejo

MURCIA.- Los grupos políticos en la oposición en el Ayuntamiento PSOE y Cambiemos Murcia presentaron este lunes una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que investigue la instalación de una empresa de explosivos en el Cordel de los Valencianos, «vía pecuaria que ha sido vallada y en la que se impide el paso».

Enrique Ayuso, concejal del PSOE, y Nacho Tornel, portavoz del grupo municipal de Cambiemos Murcia, acudieron a la Comandancia de la Guardia Civil para presentar dicha denuncia por «una situación que parece una ilegalidad».

Esta vía, que en su día se dedicó a la trashumancia y que cruza el municipio de Murcia a lo largo de unos cinco kilómetros pasando por las pedanías de Guadalupe y Javalí Viejo, «conlleva una memoria histórica muy importante y entre todos debemos seguir conservándola», indicaron ambos concejales.

Se trata de un bien de dominio público que «no se puede ni vender ni embargar y en el que la empresa Explosivos Alaveses, S.A.(Expal) ha irrumpido ocupando de forma total el espacio, varios cientos de metros de camino, sin que la Administración, que tiene abandonado este lugar, lo haya impedido».

Expal «elabora componentes para explosivos y armamento y es una compañía vinculada con la Fábrica de la Pólvora de Javalí Viejo, que antes era estatal y perteneciente al Ejército. Su localización en el Cordel de los Valencianos, además de cortar el paso, ha motivado que se escuchen detonaciones en este lugar».

Ante estos hechos, el PSOE y Cambiemos Murcia piden al Seprona que investigue esa ocupación y que la compañía «deje abierta la puerta que ahora mismo cierra el paso con una valla para que así cualquier persona pueda seguir su camino hacia la Contraparada».

Los ediles, que recordaron que el pasado año ya se elevó al Pleno del Ayuntamiento de Murcia una iniciativa parecida sobre la Cañada Real de Torreagüera, acusó al Partido Popular de «no hacer absolutamente nada por algo que puede tener un gran valor recreativo, turístico, educativo y ambiental».

«El Cordel de los Valencianos es parte del patrimonio cultural e histórico de esta Región y la Ley contempla su uso recreativo. Es un bien que tenemos que recuperar para todos los murcianos, que ha sido ocupado de forma innecesaria, pues además en la zona hay espacio suficiente para la instalación de esa empresa. 

Llama la atención que Murcia sea Capital Europea del Patrimonio Cultural y tengamos que hacer esta denuncia», añadieron.

PSOE y Cambiemos, que llevarán el caso al Pleno que se celebra el 31 de mayo, están dispuestos a llegar hasta la Fiscalía para recuperar esta parte de un camino llamado Vía Pecuaria del Puerto de la Cadena y que se utilizó para pastorear con el ganado desde Cartagena hasta Aragón, un vestigio histórico y cultural que se ve seriamente amenazado a su paso por el municipio.

En su moción conjunta se reclamará al PP que exija a la Comunidad Autónoma, administración competente en la materia, que cartografíe la zona, la delimite y la amojone para darle un uso adecuado.

El PP acusa a Podemos de «politizar» el Mar Menor para desgastar al Gobierno regional

MURCIA.- La portavoz regional del PP, Nuria Fuentes, acusó este lunes a Podemos de utilizar a «personas afines» a la formación morada para «politizar» el Mar Menor con el fin de «desgastar» al Ejecutivo murciano y «dañar» a la Región de Murcia.

En un comunicado, Fuentes lamentó la salida de tres de los miembros del Comité de Asesoramiento del Mar Menor, pero consideró «llamativo» que una de esas personas sea Paqui Giménez Casalduero, profesora del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante y hermana de Isabel Giménez Casalduero, parlamentaria de Podemos en la Asamblea Regional.

Por ello, criticó que Podemos «utilice a personas afines a su formación politizando el Mar Menor y utilizándolo de forma clara con el único fin de desgastar al Gobierno y dañar a la Región de Murcia».

Fuentes detalló que cada miembro del comité es un «experto que aporta y opina y todo se tiene en cuenta» pero, «a veces no hay consenso».

La portavoz regional del PP mostró su desacuerdo con los argumentos esgrimidos por los miembros dimisionario porque «todos sus miembros son libres de opinar lo que consideren oportuno, todas sus opiniones son tomadas en cuenta», y lamentó que «solo dos de ellos se hayan incorporado al grupo de comunicación».

Nuria Fuentes subrayó tanto la postura del Comité Científico, «que trabaja desde el asesoramiento», como la del Gobierno regional, «que es quien debe tomar las decisiones», por lo que pidió «no mezclar sensibilidades y opiniones que nada tienen que ver con la ciencia y buscar entre todos las soluciones a la total recuperación del Mar Menor».

Vecinos y ecologistas denuncian «los graves impactos en la calidad del aire» en las obras de regeneración de Portmán

LA UNIÓN.- Los representantes de las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas presentes en la visita a la Bahía de Portmán el pasado jueves de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, le entregaron en mano el escrito que días antes habían remitido a la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, del que también se remitió copia al alcalde de La Unión, y a los directores generales de Medio Ambiente y de Puertos, de la Comunidad.

 En el escrito, las organizaciones denuncian «los graves impactos que se están produciendo en la calidad del aire, provocados por los movimientos de tierras y el insuficiente riego de las mismas, que generan un problema grave de dispersión de polvo por los frecuentes vientos en la bahía, que afectan negativamente al pueblo de Portmán, a sus vecinos y a la vegetación del entorno».

Aunque el polvo en suspensión proceda de las zonas que han sido «inertizadas, representa un riesgo para la salud de la población, especialmente por las partículas en suspensión PM10 y PM2,5, y también por la probabilidad de movilizar partículas con metales pesados», mantienen las mismas fuentes. 

ste es un resultado negativo de las obras previsto por la Declaración de Impacto Ambiental, que obliga, como medida preventiva, al riego de las superficies de obra, y al control y seguimiento de la calidad del aire y de la contaminación atmosférica.

Sin embargo, las medidas tomadas por la empresa «han sido totalmente insuficientes, limitadas a riegos muy parciales y esporádicos que no cubren la superficie de las zonas de trabajo, lo que ha provocado episodios intolerables de auténticas nubes de polvo» sobre las casas y los vecinos de Portmán, especialmente con los vientos de este último mes.

Afirman que solo se han intensificado los riegos en los días precedentes a la visita de la ministra, que pudo realizar el acto «sin sufrir este problema, mie, concluyen los afectados.

Segado achaca a los tiempos de Viudes que el puerto de Cartagena haya logrado ahora su primera bandera azul

CARTAGENA.- La limpieza continua y la gestión medioambiental permanente de las aguas portuarias han sido claves para que la Fundación para la Educación Ambiental conceda este año una segunda bandera azul a la ciudad de Cartagena, según destacó el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado.

La enseña que representa la calidad de servicios en una zona de baño o en una marina deportiva ondeará este verano por primera vez en los frentes que ocupa el Real Club de Regatas de Cartagena en el Muelle de Alfonso XII. Esa bandera se une a la que ya luce Cala Cortina ininterrumpidamente desde 2007.

En un comunicado, Segado destacó que ambas banderas demuestran el «buen trabajo» realizado por el Puerto de Cartagena durante las presidencias de Adrián Ángel Viudes y Antonio Sevilla para mejorar la calidad de las aguas en sus dos dársenas. Para conseguirlo, destacó, «se llevan a cabo distintas actuaciones».

Una de las tareas más conocidas para el mantenimiento de las aguas interiores es la limpieza con el 'Pelican', una embarcación especial que retira de la superficie del agua residuos, la mayoría de ellos plásticos, aunque también trozos de madera y cuerdas que los temporadas arrastran hasta la costa. La embarcación dispone de medios para disolver pequeñas manchas de hidrocarburo.

La Autoridad Portuaria también realiza campañas periódicas de caracterización de calidad del mar y sedimentos, en el marco del Plan de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas en el Ámbito del Puerto. En la época estival, se instala una barrera flotante en el entorno de Cala Cortina para evitar que posibles contaminaciones marinas afecten a la playa, circunstancia que hasta la fecha no ha ocurrido.

Además, la Autoridad Portuaria destacó que la concesión al Real Club de Regatas de una bandera azul lo convierte en la primera marina deportiva del municipio en conseguir este galardón medioambiental. Según su presidente, José García-Bravo, la Autoridad Portuaria ha sido una colaboradora clave durante todo el proceso de tramitación de la documentación y las inspecciones técnicas.

La obtención de estas dos banderas es «un motivo de alegría y orgullo, ya que dan la noción de la calidad que tienen actualmente nuestras aguas y es gracias a la labor que realizan las empresas que conforman la comunidad portuaria», dijo Segado. 

Estos galardones, y el trabajo realizado para conseguirlos, «también permiten a los cartageneros disfrutar de unas playas e instalaciones de recreo con las mayores garantías tanto de ocio como medioambientales», añadió.

Los menores diabéticos de la Región podrán decir adiós a los pinchazos para medir su glucosa

MURCIA.- La Consejería de Salud distribuirá en todos los centros de atención primaria a los niños y jóvenes diabéticos tipo 1, de entre 4 y 18 años, un nuevo dispositivo de monitorización de la glucosa en tiempo real que evita las punciones de control diarias. La indicación la realizarán previamente los servicios de endocrinología de los diferentes hospitales.

El 'sistema Flash' evitará hasta 6 y 8 pinchazos diarios para medir la glucosa. Este nuevo dispositivo se repartirá entre la población pediátrica de los centros de primaria, que serán sometidos a un estudio nacional de monitorización impulsado por el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad para los pacientes que requieran múltiples dosis de insulina y más de seis controles de glucemia al día.
El director general de Asistencia Sanitaria, Roque Martínez, ha mantenido este lunes una reunión con endocrinos y responsables de esta iniciativa para estudiar el sistema de distribución y ultimar los detalles de la adquisición de estos sensores.
El 'sistema Flash' de monitorización de glucosa funciona a través de un parche sensor de pequeño tamaño que se coloca en el brazo y evita las punciones capilares reiteradas previas a la administración de la insulina. El usuario solo tiene que pasar un lector electrónico sobre el sensor que tiene colocado en el brazo evitando los pinchazos en el dedo.
Este dispositivo permitirá, además, incorporar en el historial clínico los datos reales que vaya proporcionando a cada momento este sensor, lo que facilitará mayor información al especialista y un mayor control sobre el paciente. En la Región de Murcia hay alrededor de 550 niños y jóvenes que sufren diabetes tipo 1.
Los cambios en los estilos de vida han producido un aumento de esta enfermedad. Según algunos estudios, la práctica de hábitos de vida saludable podría prevenir hasta el 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 y disminuir las complicaciones de esta enfermedad a través de unas conductas como el abandono del tabaco, la mejora de la alimentación y la actividad física.
La Consejería de Salud está desarrollando actuaciones de detección precoz y la ejecución de programas específicos orientados a evitar la obesidad mediante el programa Activa o la Escuela de Salud. También el proyecto europeo ProEmpower, que diseña la herramienta más avanzada en Europa destinada a mejorar la calidad de vida del paciente diabético tipo 2, permite mayor nivel de independencia y control de la enfermedad a través de una aplicación móvil.

Julio Rodríguez, el ex JEMAD de Podemos: "Las Fuerzas Armadas son insostenibles"

MADRID.- Julio Rodríguez (Orense, 1948), Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), relata hoy en www.vozpopuli.com cómo se incorporó a Podemos en 2015 después de haber ocupado el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del Rey. 

En el libro que acaba de publicar 'Mi patria es la gente' (Península, 2018) relata su trayectoria vital y profesional, desde los tiempos de su juventud cuando votó al PCE en las primeras elecciones democráticas  de 1977 y le apodaban 'Julito, el Rojo' por sus ideas políticas. 

Además, narra episodios desagradables que le han ocurrido desde que decidió aceptar la propuesta de Pablo Iglesias para ingresar en el partido con el que concurrió como candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016 sin lograr escaño.

En la entrevista que concede a Vozpópuli plantea una reducción progresiva del personal de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades actuales; analiza el futuro de Podemos tanto en Madrid como a nivel estatal y la relación con el PSOE; y desgrana su visión de la monarquía y del rey Felipe VI.

- Usted conoce bien las Fuerzas Armadas por dentro. ¿Cree que sobra personal?

- Yo hablo de que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tanto en capacidades de personal como en capacidades operativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo son unas Fuerzas Armadas insostenibles. Tenemos una deuda tremenda y no se puede ir alargando la solución hacia el futuro. Como son alimentadas por los Presupuestos Generales del Estado, hay que establecer prioridades. Y el debate de la seguridad hay que abrirlo de una manera transversal. La sociedad civil, si quiere sentirse más segura con el instrumento militar, tiene que poner recursos. Y esos recursos los tiene que detraer de otro sitio.

- ¿Pero habría que rebajar el número de militares?

- Hay que redimensionarlas. Ahora en los conflictos se utilizan instrumentos distintos a los que se utilizaban hace cinco o diez años. En cuanto a sistemas de combate, aviones, profesionales, drones, pilotos o sistemas de armas.

- Es que en su libro plantea que hay que pasar de los 140.000 efectivos máximos actuales a una horquilla de entre 103.000 y 108.000, distribuidos entre 70.000 y 80.000 soldados y marineros, y entre 33.000 y 36.000 mandos.

- Pienso que todo el sistema de personal es un proceso que requiere diez años como poco. No puedes pasar de 140 a 100 en un año. Es un proceso que empieza por la entrada en las academias y acaba con la cúpula. Es un proceso que tienes que empezar reduciendo y eso requiere programas y mentalidad a largo plazo. Es algo que hay que hacer con progresividad.

- No le gustó el discurso que pronunció el rey en octubre con la crisis de Cataluña. En su libro repasa el papel de don Juan Carlos en el 23-F. ¿Son comparables?

- Critico el discurso pero no lo comparo con el 23-F. Yo siempre valoro las circunstancias y el contexto. La del 23-F fue una actitud que era la que se debió tomar. Había unos poderes fácticos que existían claramente. Luego, la conducta del rey emérito que le llevó a abdicar fue otra decisión que podríamos entrar a valorarla; es verdad que entraron nuevos aires a la monarquía. El mismo Pablo Iglesias lo dijo.

Y cuando juzgamos la actitud desde el punto de vista personal que tomó con respecto al discurso de Cataluña, hago más una crítica al Gobierno. Como los discursos del rey los debe escribir el Gobierno, si eso fue una decisión del Gobierno del PP, fue una decisión que utilizó a la institución. 

Pero (al rey) yo le critico el lenguaje personal que tuvo, el no ocupar el papel que le correspondía de mediador –que hubiera sido más útil-. Desde ese punto de vista, lo considero como un error.

- A renglón seguido dice en el libro que otra "metedura de pata" podría poner encima la mesa el debate sobre la monarquía.

- Digo que la institución, igual que tenía una cierta credibilidad con el anterior rey, hay riesgo de que errores de este tipo la pongan en riesgo. Es un debate que está ahí pendiente. Una institución que puede jugar un papel como en otros países, si entra a marcarse políticamente, puede poner en riesgo la institución. En una institución democrática, alguien podría poner en duda cómo el rey -el jefe del Estado- no es elegido democráticamente. Si encima actúa políticamente…

- ¿Qué propondrían?

- En un proceso constituyente hay que modificar la Constitución. Igual que hace unos años se planteó por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que llevó cuatro asuntos al Consejo de Estado. Este proceso puede ampliarse y puede que ese debate se abra.

- Usted dice que si se volviera a redactar ahora el artículo 8 de la Constitución, probablemente se enunciaría en otros términos.

- Yo siempre digo que hay que leer la Constitución entera y también hago referencia al artículo 97, que dice que están sometidas al poder civil. Eso es lo que ya ha calado, el espíritu del constituyente. Pero si existe alguna ambigüedad, hay que modificarlo para clarificar. Este no es un motivo por sí sólo para cambiar la CE, pero si se producen cambios, hay que hacerlos formalmente y resolver ambigüedades. Y si este es uno de ellos, habrá que hacerlo.

- ¿Pero las Fuerzas Armadas deben garantizar la unidad territorial, no?

- Están sometidas al poder civil. Si se lee, como me está insinuando, que ellas pueden actuar, hay que leer la Constitución entera. Y está claro que no pueden actuar de una forma autónoma, por sí solas. Si el poder civil decide utilizar el instrumento militar porque hay un invasor extranjero, o porque decide poner un estado de excepción o de sitio, es una responsabilidad política, pero no una responsabilidad que autónomamente puedan tomar las fuerzas armadas.

- Critica al Gobierno por el discurso del Rey. Pero en su libro también reprocha duramente cómo gestionó el Ejecutivo su baja como general de la Reserva tras fichar por Podemos. ¿Hay un cierto ajuste de cuentas con Pedro Morenés?

- No es un ajuste de cuentas. Explico cómo se produjo el cese. No quise explicarlo en aquel momento en que estábamos en campaña, porque no quería utilizar como había hecho el Gobierno una decisión para utilizarla como denuncia. Yo creo que fui leal. Lo hice dentro de la legalidad. En este sentido, le critico su reacción visceral, que puede tener cualquier ciudadano individual, pero él era un representante del Gobierno; era un ministro. 

Por tanto, la visceralidad tenía que haberla puesto a un lado. Que le produjera un efecto sorpresa, lo entiendo, pero que reaccionó visceralmente como diciendo 'algo hay que hacer', para alguien que había pedido la baja de forma voluntaria; que se diga que se le cesa por 'falta de idoneidad' era algo totalmente fuera de lugar.

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.

La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 

De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.

El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.

Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.

“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.

Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.

Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.

Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.

Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".

Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.

A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

Rivera supera a Podemos en la defensa del soldado-funcionario de más de 45 años

MADRID.- Albert Rivera, después de encabezar las causas salariales de guardias civiles y policías, también se ha puesto al frente de las aspiraciones del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al asumir en el Congreso postulados de asociaciones de militares hasta ahora solo amparados por Podemos. Ciudadanos va incluso más allá y propone la figura del soldado-funcionario, al defender que los contratos de larga duración se prolonguen más allá de los 45 años y que los interesados, aunque no asciendan ni se especialicen, tengan garantizado un puesto de trabajo con cargo al Estado hasta su jubilación ordinaria, según relata hoy El Confidencial.

La subcomisión creada en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas registra las primeras consideraciones de los grupos parlamentarios, basadas la mayoría en mejorar las condiciones de la carrera para soldados y marineros, pero dejando en segundo plano las necesidades operativas de los ejércitos. Podemos pretende 'cuadrar' las subidas salariales y el problema del envejecimiento de las tropas con una posterior reducción general de sus efectivos que, a su juicio, debería abordar la Cámara antes de que termine la legislatura.

En el caso de Ciudadanos, sus aportaciones se basan en las propuestas de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Ambos grupos plantean al Ministerio de Defensa la suspensión de la normativa vigente en el límite de edad (45 años) para permanecer en las FAS cuando el soldado o marinero no logra una plaza permanente por el pase a una escala superior o consigue acceder a una de "compromiso permanente" (hasta los 58 años) reservada para especialistas.

El 85% de los 76.000 soldados y marineros con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas tiene contratos temporales o de larga duración con el tope en los 45 años. Las pocas plazas de ingreso ofrecidas durante la crisis, más las escasas salidas voluntarias por la situación laboral, han disparado la edad de la tropa hasta los 33 años de media y existe la amenaza de superar los 35 en breve. Es una tendencia que alarma en el Estado Mayor, desde donde piden de entrada rebajar la edad máxima de acceso a las FAS hasta los 25 años.

El ministerio trabaja en un plan de formación profesional, titulaciones y reserva de plazas en otros ámbitos de la Administración para paliar las salidas forzosas de soldados sin posibilidades de entrar en el mercado laboral 'civil' que se tienen que conformar con los 7.200 euros anuales que reciben los acogidos a la fórmula de la reserva "de alta disponibilidad". Pero al mismo tiempo consideran letal para el modelo de Ejército y la operatividad de las unidades alentar la idea del soldado-funcionario.

En el texto presentado en la subcomisión, Ciudadanos propone eliminar el tope de los 45 años y abrir la posibilidad de que "la tropa y marinería alcance con carácter general la edad necesaria para pasar a la reserva, al igual que ocurre con oficiales y suboficiales". En cualquier caso, el partido de Albert Rivera sostiene que el Gobierno debe ocuparse de "implicar" a otros ministerios y "otras administraciones públicas" para garantizar una salida laboral a los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas.

El alineamiento de los 'riveristas' con Podemos en la reforma del régimen profesional de los militares ha obligado a los representantes del Grupo Popular en la subcomisión a apelar al tradicional consenso que han mantenido con el PSOE en materia de Defensa en las últimas legislaturas, tanto con gobiernos del PP como socialistas. De hecho, el régimen de personal de las Fuerzas Armadas actual data de 2006, cuando era ministra Carme Chacón.

Fuentes del partido en el poder confían en llegar a un acuerdo con los socialistas, "que sí tienen sentido de Estado", para que la citada reforma se haga sin perjuicios para la seguridad nacional y la operatividad de los ejércitos.

Hacienda fracasa en la fusión de ayuntamientos: hay seis más que en 2013

MADRID.- 'La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado'. Así de tajante se muestra un artículo publicado en Reala, una revista editada por el propio Ministerio de Hacienda. El trabajo cuestiona la escasa eficacia de la ley, aprobada en su día por el ministro Montoro, que pretendía acabar con el minifundismo local en España, donde conviven 8.124 ayuntamientos, de los cuales nada menos que el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, algo que, en muchos casos, los hace insostenibles. En 14 provincias, incluso, más del 80% de los municipios no pasa de 1.000 habitantes, lo que pone de relieve la naturaleza del problema.

El artículo, escrito por Eloísa Carbonell, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Jaén, recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretendía incentivar la fusión de municipios para ganar tamaño y aprovechar las economías de escala que generan ayuntamientos más grandes, pero la realidad ha sido muy distinta.

Desde que se aprobó la ley estatal, en medio de una formidable crisis económica, apenas han nacido dos municipios fruto de la fusión de cuatro ayuntamientos: los coruñeses de Oza y Cesuras, con un resultado algo más que discreto, y los pontevedreses de Cerdedo y Cotobade, que es el municipio más joven de España (2016). La prensa local, de hecho, ha considerado que la primera fusión, bendecida por las autoridades gallegas como una especie de banco de pruebas de un proceso de concentración de municipios a escala nacional, "no ha cambiado nada", más allá de una simple agregación de nombres. 

El ayuntamiento se llama ahora Oza-Cesuras, pero poco más, como ha puesto de relieve un estudio de la Universidad de La Coruña.

El artículo editado por Hacienda considera que el fracaso en la fusión de municipios se debe a que la reforma (realizada bajo la presión de la recesión) fue "precipitada" y motivada por una perspectiva "estrictamente económica sin valorar otras posibles soluciones que había puesto de relieve la doctrina". La profesora Carbonell se refiere a la "posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado". Y el futuro no parece que vaya en esa dirección.

Según el estudio, "no parece previsible" que se produzca una reducción significativa de municipios ni por la aplicación del convenio de fusión que recoge la ley de 2013 ni por la formulación de propuestas al amparo del plan económico-financiero que prevé el artículo 116 bis. "A lo sumo", se dice, "se habrá conseguido que no se creen nuevos municipios por segregación".

Tampoco se ha logrado ese objetivo. Si en 2013 había registrados 8.118 municipios, a 1 de enero de 2018 son ya 8.124 ayuntamientos, pese a que se han producido tres fusiones. Dos en Galicia y una en el País Vasco al amparo de las leyes forales.

Nuevos municipios

En los últimos años se han creado municipios como Domingo Pérez (Granada), por segregación del término municipal de Iznalloz; Játar Granada), por escisión del término municipal de Arenas del Rey; Balanegra (Almería), por segregación de Berja; Montecorto (Málaga), antes ligado a Ronda; Dehesas Viejas (Granada), por segregación de Iznalloz o Serrato (Málaga), por escisión del término municipal de Ronda (Málaga). También en este tiempo, el municipio de Itsaso (Gipuzkoa) del municipio Ezkio-Itsaso.

La proliferación de municipios en Andalucía tiene que ver con el hecho de que la Junta aprovechó el tiempo hasta que la nueva ley entrara en vigor para dar carta de naturaleza a nuevos núcleos urbanos.

El artículo 13.4 de la Ley de Bases de Régimen Local habilita a los municipios colindantes dentro de una misma provincia, con independencia de su población, a acordar una fusión mediante un convenio. Eso sí, la norma deja bien claro que el municipio resultante de la fusión "no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión".

Esta salvaguarda está relacionada con la reciente historia del municipalismo en España. En los años 60, se pusieron incentivos para la fusión de ayuntamientos, pero al cabo de un tiempo muchos de esos ayuntamientos acabaron de nuevo por segregarse debido a que la integración no acabó de cuajar. Como dice uno de los autores de la reforma de la ley de bases de régimen local, por la ausencia de una política de Estado mantenida en el tiempo. 

Por el contrario, como ha sucedido en la reforma de 2013, se optó por el voluntarismo del legislador "en una noche de efervescencia", en lugar de actuar con gradualismo y con incentivos más potentes. El resultado es que, en estos momentos, el 61% de los municipios españoles concentra a tan solo el 3,15% de los habitantes del país.

La ley de 2013 prevé que la creación de nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 

Estos requisitos son exigibles a la creación de un nuevo municipio por segregación de ese núcleo de población diferenciada, pero no cuando el nuevo municipio es consecuencia de un proceso de fusión.

¿Cuál es el resultado? Como sostiene un informe de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca. 

El número de municipios, sin embargo, continúa creciendo en otras provincias. La ley es papel mojado, según El Confidencial.

'Navantia' publica una segunda oferta de empleo ante la nueva carga de trabajo

CÁDIZ.- Nueva oferta de empleo en los astilleros públicos. Navantia necesita personal cualificado para abordar los nuevos contratos de obra que se avecinan. La compañía necesita cubrir 21 puestos de alto nivel en sus cinco centros de trabajo, de los que siete corresponden a las factorías de San Fernando y Puerto Real. La propuesta también incluye a sus oficinas en Madrid. Se trata de la segunda oferta de empleo que publica Navantia en poco menos de tres meses. La anterior fue en febrero para cubrir nueve puestos de especialista en las oficinas de Madrid y en las factorías de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, según publica La Voz de Cádiz. 

Así, la oferta que se ha publicitado ahora para el astillero puertorrealeño está dirigida a técnicos industriales de la especialidad de electricidad para cubrir dos vacantes como ingenieros de mantenimiento. Uno de los contratos es indefinido y el otro, temporal. 
Entre los requisitos figura el conocimiento de inglés y se encargarán, entre otras competencias, de la coordinación del mantenimiento, la prevención, la seguridad y la higiene industrial y el control de las maniobras de flotadura, varadas y trabajos previos.
Caber recordar que el astillero de Puerto Real está centrado desde abril de 2016 en la construcción de cuatro petroleros para el grupo vasco Ibaizábal. El primero de ellos, el 'Monte Udala', se entregó el pasado marzo, y el segundo, el 'Monte Urbasa', se encuentra en el muelle de la factoría para su remate final.
Está previsto que la última unidad de esta obra civil se entregue en la primavera del próximo año. No obstante, el astillero también construye en estos momentos la segunda plataforma para el parque eólico marino que Iberdrola promueve en el mar del Norte. Se trata de una estructura que albergará una subestación eléctrica para e complejo East Anglia One. Esta obra arrancó en marzo de 2017 y culminará antes de final de este año.
En cuanto al astillero de San Fernando, la dirección de Navantia necesita cubrir cinco puestos de trabajo, todos ellos de ingeniería. La firma el pasado abril del acuerdo para la construcción en la planta isleña de cinco corbetas para la Marina saudí ha puesto en órbita estas instalaciones, que ya se preparan para abordar el nuevo reto.
Así, se necesitan cinco ingenieros de diferentes ramas. El anuncio está dirigido a titulados superiores con máster naval para coordinar la ejecución de obras. Entre los requisitos, además del inglés y la titulación, se exige una experiencia mínima de tres años en procesos de producción. 
Navantia distingue en varias áreas estos contratos, que son indefinidos (3) y temporales (2). Los puestos a cubrir son ingenieros de montaje en la especialidad de Acero, Comunicación, Navegación y Combate.
Igualmente, la compañía demanda para San Fernando ingenieros de fabricación en la rama de armamento y construcción.
Las ofertas se publicaron el 3 de mayo y la incorporación es inmediata. El astillero de San Fernando, que incluye la Unidad de Sistemas, uno de los centros más sofisticados en materia e I+D sobre tecnología naval, ultima en estos momentos el quinto Barco de Acción Marítima ‘Audaz’, el sexto, el ‘Furor’, se construye en Ferrol, que será entregado a la Armada el próximo junio. 
El astillero isleño aguarda con impaciencia el inicio de la obra saudí que, según las previsiones, podría arrancar a final de este año.
Por lo que respecta a Galicia, el astillero de Ferrol necesita ocho operarios de alta cualificación. Esta planta trabaja ahora en la construcción de dos buques logísticos (AOR) para la Armada australiana y será el epicentro de la construcción de las futuras fragatas F-110 de la Armada española. 
Ante esta situación, la dirección de la empresa demanda analistas de programación, ingenieros de sistemas, de pruebas mecánicas y coordinadores de producción, además de responsables de control de programas y de logística.
La oferta de la compañía también salpica a sus oficinas en Madrid, donde se necesita cubrir cinco vacantes entre consultores, técnicos de movilidad internacional y planificación de operaciones.

El Gobierno se atasca con la venta de Bankia (ni mayo ni 2019)

BARCELONA.- Bankia es una patata caliente para el Gobierno y el nuevo ministro de Economía, Román Escolano. Tiene el compromiso de privatizar totalmente el banco a finales de 2019, pero debe encajarlo con el de recuperar el máximo de ayudas públicas, y es ahí donde se atasca, según Economía Digital.

Todo apunta a que este mayo, por segunda vez, el Gobierno y el FROB aplazarán la que debía ser la primera colocación de Bankia del año. En diciembre vendió el 7,5%, quedándose con el 60,6% y se programó para marzo la siguiente colocación. Pero el mal primer trimestre en bolsa obligó a abortarla.

Entonces se habló de mayo, cuando se volvía a abrir lo que llaman una “ventana de oportunidad”, y se barajó vender una participación mayor, de hasta el 15%, de manera que el FROB dejaría de tener más de la mitad de las acciones. Pero el Gobierno no sacará al mercado ni un 7,5% ni un 15% de Bankia, según las fuentes financieras consultadas. Economía evitó hacer comentarios.

Ahora estamos en una de estas ventanas, puesto que legalmente existe la opción de vender. Tienen, en realidad, hasta finales de junio, ya que a menos de un mes para la presentación de los resultados no pueden hacerse colocaciones, y a finales de julio está previsto que Bankia presente sus cuentas del primer semestre.

Pero la legalidad no es la única condición para vender, de hecho solo es el punto de partida. Hay otras condiciones, como el apetito existente en el mercado, que marca la demanda, y la cotización de las acciones. Para encontrar el mejor momento y barajar todas las opciones, el FROB ha contratado a 17 bancos de inversión, según informó Expansión.

El fondo de la cuestión, no obstante, es que Bankia está sufriendo en bolsa este año, lo que obligaría al Estado a vender más barato que en diciembre y perder más de lo previsto. Y eso que hizo una segunda mitad de semana espectacular, pero el balance de año sigue siendo todavía negativo, en más de un 6% –hasta el pasado martes caía más del 10%–.

El Gobierno colocó el 7,5% a 4,04 euros por acción, con descuento respecto a los 4,17 euros a los que cotizaba en ese momento. Y eso que veníamos de la crisis catalana post 1-O. Este viernes cerró a 3,74 euros, y las fuentes consultadas apuntan que el FROB no se lanzará a vender por debajo de los cuatro euros, por lo que si no hay un rally en la segunda mitad de mayo, ni se estudiará.

Hay otro factor que tampoco juega a favor. Bankia presentó a finales de febrero su plan estratégico e hizo un road show entre analistas e inversores para explicarlo y venderlo, pero su acogida no fue lo buena que José Ignacio Goirigolzarri y José Sevilla, presidente y consejero delegado de Bankia respectivamente, así como el propio Román Escolano, habrían querido.

Hay apetito inversor, pero no lo suficiente como para aventurarse ahora a una colocación, especialmente si la acción está baja, apuntan desde el sector. No juegan a favor los resultados de Bankia, que no gustaron a los inversores: tras la presentación de los de 2017, inició una caída que rozó los dos dígitos en dos semanas. Después de los trimestrales también bajó… hasta el rebote de esta semana.

Tampoco jugó a favor, apuntan, el malentendido de Gorigolzarri en Financial Times: su frase, pronunciada precisamente durante el road show con los analistas, sobre el “encaje perfecto” que tendría Bankia con los grandes bancos españoles, especialmente BBVA, se leyó como un canto de sirena al que nadie acudió. Al contrario, Francisco González dijo que no estaba interesado en “bancos físicos”. Días después, Goirigolzarri se retractó.

Si no puede aprovechar esta ventana, lo que parece poco probable, ya debería irse a septiembre… por lo que estaría en riesgo el objetivo de salir de Bankia en 2019. Quizá por ello, a modo de advertencia, Escolano ya avisó hace unos días de que el Gobierno no se siente “presionado” para vender el banco y añadió que los plazos pueden alargarse.

Parece que Mariano Rajoy eligió a alguien más parecido a él para sustituir a Luis de Guindos. Tranquilo, sin prisa, y con un horizonte político incierto –sólo hay que ver las dificultades para aprobar los presupuestos y la pugna actual con Ciudadanos por Cataluña–, Escolano ha calibrado bien los riesgos políticos.

Es decir: en el Congreso y en la calle se van a castigar más las posibles pérdidas, si se venden paquetes a precios poco atractivos, que tener un banco público, y el Gobierno no necesita imperiosamente los más de 6.500 millones que vale actualmente su participación. Así que mejor esperar. Rajoy en estado puro.

Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones

VALENCIA.- La Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa, vuelve a recorda www.eldiario.es 

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. 

Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.
Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. 

Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. 

Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. 

También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.
Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. 

Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. 

Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.
También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. 

Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.

El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. 

Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.
En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz. 

En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. 

También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.
Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

El expresidente de la CAM se declara culpable por el cobro de 600.000 euros en dietas indebidas

ALICANTE.- El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. 

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.

Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. 

A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12 de junio, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

Más de 5.000 solicitudes para las oposiciones a las 506 plazas de profesor de Secundaria

MURCIA.- La Consejería de Educación ha registrado 5.397 solicitudes para las oposiciones a plaza de profesor de Secundaria que se celebrarán el 23 de junio, según ha informado hoy la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, en rueda de prensa.

El plazo de solicitudes se cerró la semana pasada en una convocatoria para la que se han ofertado 506 plazas, según ha explicado Martínez-Cachá, quién destacó que supone la mayor oferta de plazas desde el año 2010.
La Comunidad Autónoma ha diseñado por primera vez un plan plurianual con 3.000 plazas distribuidas en cuatro convocatorias para "dar seguridad a los opositores de la Región".

Las contrataciones en la Región de Murcia crecerán un 12,6% durante el verano

MADRID.- Las contrataciones en la Región de Murcia crecerán un 12,6 por ciento durante la campaña de verano, el séptimo mayor aumento por comunidades, sólo inferior a los registrados por La Rioja (16,3 por ciento), Baleares (+15,8 por ciento), Castilla y León (+15,7 por ciento), Navarra (+15,1 por ciento), País Vasco (+14,4 por ciento) y Asturias (+14,1 por ciento), superior al aumento del 12 por ciento de la media nacional, según las previsiones de Randstad.

Por encima del incremento media nacional del 12% también figuran Canarias (+12,5%), Andalucía (+12,5%) y Extremadura (+12,3%), mientras que por debajo del promedio aparecen Comunidad Valenciana (+11,5%), Cantabria (+11,3%), Galicia (+11,2%), Madrid (+10,9%) y Cataluña (+10,5%). Las únicas comunidades que registran aumentos inferiores a los dos dígitos son Aragón (+9,3%) y Castilla-La Mancha (+8,4%).
La campaña de verano de este año generará 619.110 contratos en los sectores de comercio, hostelería, transporte y entretenimiento, cifra que supone un nuevo récord, con un aumento del 12% respecto al año anterior y casi el doble que la cifra registrada en 2010, según las previsiones de Randstad.
Durante los últimos cinco años, la contratación en los meses de junio, julio, agosto y septiembre ha registrado incrementos por encima de los dos dígitos, con un crecimiento del 97,4% acumulado desde 2013.
La contratación en esta época del año está vinculada, principalmente, a sectores relacionados con el turismo, como comercio, transporte, hostelería y ocio y entretenimiento.
La estacionalidad de este periodo motiva que la contratación temporal sea una de las opciones más utilizadas por las empresas, para adaptarse al incremento de la demanda, satisfacer las necesidades de los visitantes y cubrir las vacaciones de algunos profesionales.
"La campaña de verano, al igual que la de Navidad o Semana Santa, es un momento idóneo para aquellos profesionales que quieren conseguir su primer trabajo o para aquellos que busquen reincorporarse de nuevo al mercado laboral, y el trabajo temporal es una herramienta clave en estos casos", ha explicado el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez.
En términos absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma que registrará más contrataciones este verano, con 126.620 contratos. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana, con 88.345 y 66.680, respectivamente, mientras que Madrid se sitúa en cuarto lugar, con 64.660 contratos. Estas cuatro regiones concentrarán más de la mitad de las contrataciones de este verano, según Randstad.
Además del turismo, la campaña de rebajas también impulsa las contrataciones en verano en el sector del comercio y en el de transporte y logística. Promotores, dependientes y puestos de atención al cliente son algunos de los perfiles más buscados en este periodo.
En el sector de la hostelería se buscan sobre todo perfiles de apoyo en hoteles y restauración, como camareros, camareras de piso, cocineros o personal de recepción, entre otros.
A ellos se suman los perfiles de infraestructura de transporte, en especial, el personal de puertos, aeropuertos y estaciones de transporte, donde el conocimiento de idiomas se posiciona como un elemento indispensable para acceder a un empleo. En la mayor parte de las ofertas de trabajo del periodo veraniego se buscan personas con experiencia previa en un puesto similar.
Asimismo, dado el empuje del turismo internacional, se precisan perfiles con conocimientos de idiomas para hostelería, restauración o infraestructuras aeroportuarias, especialmente del inglés, aunque cada vez más se demanda un tercer idioma (francés, alemán, nórdicos, ruso, chino y árabe).

La Audiencia de Murcia dice que el régimen de custodia compartida de los hijos debe ser preferente en caso de divorcio

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha dicho en una sentencia que el régimen de custodia compartida de los hijos en caso de divorcio de los padres debe ser el preferente y que solo se debe acudir a otros cuando se demuestre que aquel no responde al interés preponderante del menor, por serle perjudicial.

Ese criterio se recoge en una sentencia en la que desestima el recurso que una mujer presentó contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia que tramitó el procedimiento de separación matrimonial y determinó que la guarda y custodia sería compartida por ambos progenitores.

La ahora apelante reclamó que la custodia le fuese asignada a ella, tras señalar que la sentencia recurrida había incurrido en error a la hora de valorar las pruebas aportadas al proceso judicial.

Para la apelante, el régimen que reclamaba era el más idóneo para el menor, al haber convivido con ella en los últimos años, por lo que el cambio tendría consecuencias negativas para él.

Además, expuso que la custodia compartida tampoco era positiva, porque, aseguró, no se había probado que el padre hubiera superado su adicción al alcohol.

La Audiencia, al desestimar el recurso, dice que el fiscal se opuso a que el mismo fuese aceptado, al coincidir con el Juzgado en que el régimen aprobado era un acierto, al tener en cuenta las pruebas aportadas al caso.

Dice el tribunal que procede mantener la sentencia apelada porque no consta que el padre no sea apto para el desempeño de sus funciones parentales, ni tampoco la alegada adicción al consumo de bebidas alcohólicas.

Y añade que fuera de los elementos probatorios objetivos, "solo hay manifestaciones de la ahora apelante carentes de toda prueba objetiva".

Así no hay manera / Antón Losada *

El balance de la primera vuelta de la investidura del candidato Quim Torra resulta fácil. Todos, absolutamente todos, se han comportado como si nada hubiera pasado y el tiempo les hubiera dado la razón, cuando ha sucedido exactamente lo contrario. Nadie sale de su zona de confort, nadie mira hacia delante y así no hay manera, resulta casi imposible hacer política.

El candidato Quim Torra se dirigió al Parlament como si estuviéramos en octubre de 2017, Carles Puigdemont continuase siendo president y él estuviera haciéndole unos recados. El propio Puigdemont actúa como si no se encontrara a la espera de lo que decida la justicia alemana y su vicepresidente, Oriol Junqueras, estuviera de baja y no en prisión. Los dos saben que no es así pero se comportan como si lo fuera. 

De hecho son tan conscientes que, desde que designó a Torra con su dedo, Puigdemont ha sentido la imperiosa necesidad de recordarnos expresamente que quién manda es él. La gente que manda de verdad no se pasa el día proclamándolo en público, solo sienten la urgencia de dejarlo claro aquellos que intuyen que no lo está.

Los dos socios, PDeCAT y ERC, callan y otorgan porque nadie quiere ser quien asuma el siempre expuesto papel de decirle al emperador que va desnudo. Solo la CUP se atreve a decírselo pero sin pasar de la abstención. Demócratas y republicanos saben y han aceptado que son capaces de ganar las elecciones pero ni consiguen, ni van conseguir, ganar con la mayoría suficiente los plebiscitos en que han pretendido convertirlas. Aunque mientras no lo admitan en público y actúen en consecuencia sirve de poco saberlo.

En el ámbito no nacionalista también se impone el inmovilismo. Primero tenia que ser un candidato que no se hallase en la cárcel o huido, luego uno sin problemas legales, luego uno que no estuviera ni siquiera en riesgo de tenerlos y ahora, al parecer, alguien con un historial irreprochable en twitter, que no sea nacionalista de toda la vida y que además reconozca que estaba equivocado; o sea, uno de los suyos.

Nadie ha encarnado la esterilidad de la política como lo hizo el sábado Inés Arrimadas en el Parlament. Centrada en la vital cuestión de comentarnos unos tuits del candidato de hace años, ya borrados y lamentados, apenas tuvo tiempo de explicarnos sus soluciones. En el paroxismo de la hiperventilación que ha sacudido a Ciudadanos tras el CIS de abril, Albert Rivera ya ha exigido a Rajoy que mantenga el 155 como respuesta al discurso del candidato. De puro oportunista, Rivera acabará logrando que Rajoy nos parezca Winston Churchill.

El PSC y el PP también se comportan como si nada hubiera pasado y, si ha pasado, ellos han aprendido poca cosa. Al parecer aún no se han convencido de que esa línea de confrontación y beligerancia dialéctica llevada al extremo del melodrama patriótico solo tiene un beneficiario y viste de naranja. Los Comunes tampoco parecen haber asumido que, a veces, para ganar, hay que bajar al barro.

Unos y otros se comportan como en el día de la marmota y todos recogen los frutos de tan exuberante esterilidad, aunque puede que no precisamente los esperados. Según el último barómetro catalán, Ciudadanos repetiría su estéril victoria con un par de diputado menos, el PDeCat y ERC volverían a empatar, la CUP recuperaría lo perdido en diciembre, el PP seguiría sin grupo parlamentaria y PSC y Comunes retornarían a los resultados de 2015. El independentismo tornaría a los 75 escaños. La realidad es tozuda.

(*) Periodista y profesor

https://www.eldiario.es/zonacritica/manera_6_771032899.html 

Investidos Puigdemont, que mandará desde Berlín, y Torra desde Barcelona / José Oneto *

Por 66 votos a favor (entre ellos, sorprendentemente, los de dos de los fugados de España para evitar la prisión por participar en un golpe de estado, y exilados en  Berlín y Bruselas);  65 en contra, y cuatro abstenciones, las de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), ha sido reelegido  Carles Puigdemont, y en su nombre, Quim Torra, presidente de la Generalitat de la que fue relevado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Parlamento catalán  en esta segunda sesión, ha votado por delegación a Puigdemont y ha designado como delegado suyo en Barcelona y en la Generalitat a Quim Torra,  profesional del mundo económico del seguro, y un desconocido en el mundo de la política pero que, cuanto más se conoce de él  más inquietud produce. 

Se trata de un independentista radical de derechas, neoliberal, defensor de  posiciones supremacistas y xenófobas y cercano a movimientos radicales como Alternativa para Alemania o Amanecer dorado. Los tuits del personaje y, sobre todo, sus artículos en contra de los españoles a los que llama bestias, contra los inmigrantes, contra el castellano son de tal brutalidad y agresividad que sorprende que este hombre pueda ser el Presidente por Delegación de Cataluña.

El verdadero presidente, el señor Puigdemont, ha seguido en directo todo el debate (TV3 lo ha transmitido con esa doble imagen, dando a entender que los investidos eran los dos, uno en Barcelona y otro en Berlín), ha estado todo el tiempo pendiente de las palabras de Torra, de su lenguaje corporal y de su cara de preocupación cuando Inés Arrimada, la líder de la oposición, ha comenzado a leer no tuis, sino escritos  del supremacista en los que sostiene que los que no hablan catalán son “carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana que beben odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua…”

Bajo, la mirada del fugado de Berlín, que podía verse en las pantallas de TV 3, siguiendo el debate por ordenador, Torra cumplía con lo que se le había ordenado: “el Presidente -decía-  es Puigdemont  y las decisiones se tomarán  tanto desde el Consejo de la Republica, que presidirá Puigdemont, como desde una Asamblea de cargos electos, una suerte de Parlamento paralelo, formado fundamentalmente por independentistas”.  Y además, añadía, respeto a la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de Octubre, fecha en la que la CUP ya ha exigido que se vuelva a declarar formalmente este año la Independencia de Cataluña y la escisión de España.

Y además, seguir con todo lo que se había aprobado antes de la intervención del Gobierno central, luchar por la instauración de la República catalana, impulsar todas las Leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y colocar al Parlamento en el centro de cualquier decisión y obediencia. Y todo eso, con el articulo 155 todavía en vigor, y que todos los partidos, excepto Ciudadanos, se quieren quitar de en medio, como sea. 

Especialmente Mariano Rajoy, que, al igual que anunció, en su momento y en repetidas ocasiones, que no se llevarían a cabo los Referéndum del 9-N y del 1-O, y que se cumpliría la legalidad vigente y el orden constitucional en cuanto a consultas  y declaraciones  ilegales, hoy ha vuelto a repetir exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras, y probablemente con el mismo resultado que las anteriores.

Como única reacción política, ha convocado una reunión con el secretario general del PSOE para el martes y otra, con Albert Rivera para el miércoles, cuando es tan grave lo que ha pasado estas últimas setenta y dos horas en el Parlamento catalán, que debía haber convocado a la vez a representantes de todos los partidos políticos, por lo menos para reflexionar hacia dónde va a Cataluña y qué es lo que hay que hacer para que, como está ocurriendo, la situación  continúe complicándose, y radicalizándose. 

Porque la situación hoy es más grave que antes de la aplicación del 155, el independentismo sigue llevando la iniciativa y la salida a una situación tan crítica como la actual, no la soluciona sólo el Tribunal Superior de Cataluña, la Audiencia Nacional y el juez Llarena… Algo tendrá que hacer Rajoy.

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/05/14/investidos-puigdemont-que-mandara-desde-berlin-y-torra-desde-barcelona/ 

Un fascista, Torra, en la Generalitat / Marcello *

Por sus escritos, su discurso y pensamiento lo conoceréis pero Cataluña ya tiene de presidente de la Generalitat a un personaje xenófobo, fascistoide y supremacista que se llama Quim Torra.

Y vamos a ver qué dicen y piensan del pájaro la Cataluña del ‘seny’ que se dice democrática, progresista, conservadora o liberal y sus agitadores y los ‘intelectuales’ que apoyan el golpe de Estado Catalán. Qué opinan de un personaje de esa calaña que pretende la independencia de Cataluña a las órdenes de Puigdemont.

Torra, impuesto por la CUP en un pacto secreto con Puigdemont, prueba a la vez la propia calaña y el progresismo de los ‘cuperos’ que se dicen anti capitalistas y que ahora puestos están al servicio de un loco xenófobo. El  que ahora representa todo aquello que durante años representó en Cataluña a CiU. Y lo mismo se puede decir de ERC y de sus presuntos compromisos de corte progresista.

Lo de Torra no durará y pronto habrá elecciones anticipadas y el regreso al 155. Y Puigdemont finalmente habrá cometido otro gran error que en la UE ni siquiera se atreven a calificar a la vista de los datos y escritos de este personaje que no tardará en echar los pies por alto y al que Podemos ya debería de haber empezado a denunciar con la firmeza con la que ataca a los liberales y conservadores de este país.

Rajoy, Sánchez y Rivera se van a reunir en las próximas horas para ver y analizar la nueva presidencia de Torra. Y esperemos que los tres hallen un punto y una estrategia de encuentro en defensa de la democracia y de la prioridad constitucional. No en vano todo a punta a que muy pronto habrá serias tensiones en Cataluña y que el nuevo presidente Torra no durará.

(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés

https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2018/05/14/un-fascista-torra-en-la-generalitat/