lunes, 23 de abril de 2018

La banca vendió 50.758 millones en ladrillo tóxico a los fondos en el 2017

BARCELONA.- España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas en Europa, con la venta de créditos con un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que recoge La Vanguardia

En el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una cartera de 13.000 millones a Cerberus, se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.
Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.
Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15% anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles de calidad.
Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–. Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían años”.
Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo (una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb, CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del ladrillo este año.
En conjunto, las entidades financieras del sur de Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore, que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000 millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el 78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España, recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.
El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000 millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.

La UDEF desvela una trama del agua en Murcia: el PP 'regaló' 600 millones a ACS

MADRID.- ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal
Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. 
Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. 
Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. 
El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la Comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. 
Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS. 
 “Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.
Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.
Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. 
“Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.
Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos.  
La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. 
“Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. 
Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.
Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. 
Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.
El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. 
Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval, siempre según El Confidencial.

'Sacyr' reclama a la Comunidad Autónoma 518 millones por liquidar el contrato del aeródromo de Corvera

MADRID.- Sacyr (empresa de la que el empresario alhameño Tomás Fuertes es uno de los inversores de referencia y más importantes) reclama a la Comunidad Autónoma de Murcia un importe de 518,50 millones de euros por la resolución del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de la Región, una infraestructura que la Comunidad recientemente readjudicó Aena a través de un concurso público.

La compañía que preside Manuel Manrique ha exigido esta cantidad en concepto de liquidación del contrato de concesión a través de un escrito remitido al Gobierno regional el pasado mes de enero, según detalla el grupo en su informe anual de 2017.
Del importe total que reclama, 258,6 millones corresponden a los "importes acreditados" de las inversiones y costes en los que Sacyr asegura haber incurrido para la construcción del aeropuerto.
Otros 35 millones se piden en concepto de sobrecostes y los 224,82 millones restantes, por lucro cesante, esto es, por lo que Sacyr estima que ha dejado de ganar por la anulación del contrato.
De esta forma, el importe que la constructora reclama a Murcia es similar al monto de 555 millones de euros por el que hace una década se adjudicó el contrato de construcción y posterior explotación durante cuarenta años del nuevo aeropuerto internacional de la Región.
El contrato, pese a su resolución y la readjudicación del aeródromo a Aena, está aún pendiente de que concluya el proceso judicial en que está inmerso.
En concreto, Sacyr indica que están abiertos 19 recursos contencioso administrativos contra el Gobierno de Murcia y dos contra la Agencia de Seguridad Aérea. Además, aún no se ha resuelto el recurso de casación que elevó ante el Tribunal Supremo.
El contencioso entre la constructora y la Comunidad murciana tiene su origen en 2013, cuando el Gobierno regional dicta una orden para resolver el contrato con Sacyr alegando incumplimiento de la fecha de apertura al tráfico.
A pesar de abrir negociaciones y registrarse avances en cuanto a la construcción y concesión de autorizaciones del aeródromo, la Comunidad finalmente se quedó con el aeropuerto e inició el procedimiento de liquidación del contrato en marzo de 2016.
Sacyr asegura que, aunque aún no ha recibido de Murcia una valoración de las inversiones realizadas en el aeródromo para poder "alegar lo que corresponda", el pasado 17 de enero presentó un escrito en el que pide al Gobierno regional que dicte resolución por la que "le reconozca el importe de 518,50 millones de euros en concepto de liquidación del contrato".

La UDEF sostiene que ACS y el Gobierno regional amañaron el contrato de la desaladora de Escombreras

MADRID/MURCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia que investiga el caso del contrato de la desaladora de Escombreras quiere aclarar si los investigados causaron perjuicio a las arcas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público. 

El informe de la Policía Nacional y las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional de Murcia sobre la Desalinizadora de Escombreras coinciden, según el PSOE y C's, en que hubo una trama entre el Gobierno autonómico, empresarios y abogados para amañar el contrato de esa planta.
Ambos partidos han remarcado hoy que el informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado enero a la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia que lo investiga denuncia el acuerdo de los implicados, algunos de ellos imputados por la jueza, para adjudicar el proyecto y cargar las deudas generadas a la administración autonómica.
La instructora quiere aclarar si los investigados causaron perjuicio a las arcas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.
Según publica hoy el diario digital El Confidencial, la UDEF sostiene que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de esa segunda norma.
La jueza ve indicios de la presunta comisión de delitos de fraude y societarios, malversación y fraude de subvenciones en la gestión y explotación de la desalinizadora, que comenzó siendo un proyecto privado puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement como firma.
La investigación quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumir el proyecto privado y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.
Según el fiscal, el objetivo sería burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural de recursos hídricos en la cuenca.
El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
Una de cuyas cláusulas del contrato estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, con lo que el global ascendería a 600 millones de euros.

PSOE: El Gobierno regional es "cómplice" al permanecer "impasible"

En un comunicado, el portavoz del PSOE, Francisco Lucas, ha dicho que detrás del lema del PP 'Agua para todos' "se escondía otro caso de corrupción", en alusión al documento policial que indica que en la tramitación del proyecto hubo contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados e irregularidades contables.
Lucas ha apuntado que el actual Gobierno regional es "cómplice" de esta "trama" al permanecer "impasible", "defender lo indefendible ante el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas" y no haber "colaborado con la justicia" para aclarar los hechos.

C's: "Clara responsabilidad" de Ramón Luis Valcárcel y Antonio Cerdá

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha subrayado que la investigación de la UDEF "confirma" lo que plasmó en las conclusiones la comisión de investigación que presidió en el Parlamento murciano.
El portavoz naranja ha detallado que el documento final de la comisión advertía del "ruinoso negocio" de la desalinizadora y de que se "sorteó la legalidad vigente".
Apuntaba a una "clara responsabilidad" del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y del exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, ha añadido.
Sánchez se ha mostrado preocupado por el hecho de que el recién nombrado consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno en el momento en el que tuvieron lugar las "maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes", puesto que la fiscalía "no descarta ampliar la nómina de imputaciones" en ese caso.

Podemos: "Un regalo de 600 millones de Valcárcel a una constructora amiga"

El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha lamentado que la desaladora de Escombreras fue un "regalo de 600 millones de dinero público del ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, a una constructora amiga", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que el Partido Popular hizo con la desaladora de Escombreras "lo que mejor se le da: regalar dinero de todos los murcianos y murcianas a sus amiguetes", pero "con el añadido de que engañaron a toda la Región en general y a los agricultores en particular, al decir que era para solucionar los problemas del campo".
"Una mentira tras otra por la que esperemos que paguen sus responsables", según Urralburu, quien ha asegurado que "nos encontramos otra vez con la vergüenza de Escombreras en la Fiscalía".

López Miras sobre la remodelación: "Me preocuparía si la oposición la aplaudiera"

CARTAGENA.- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho hoy tras conocer las críticas de la oposición a su remodelación del Gobierno que le "preocuparía" si esta "viera bien el cambio" y "aplaudiera lo que está haciendo" el Ejecutivo.

Tras participar en un acto con motivo del Día del Libro en el colegio Aníbal, de Cartagena, ha apuntado que "lamentablemente" en la Región de Murcia "estamos acostumbrados" a una oposición instalada en la "crítica por la crítica, que no es constructiva y que no aporta".
Al respecto, ha comentado que en el año que lleva al frente del Ejecutivo murciano no ha visto "una idea, un proyecto que haya dado la oposición", que se dedica por contra a "relatar los problemas" de la Región.
"Cada uno sabe los problemas que tiene; lo que quieren los ciudadanos de la Región es que se los resolvamos, no que se los contemos, y este Gobierno lo que hace es dar respuesta a sus problemas y a sus necesidades", ha apostillado.
Finalmente, ha agregado que el PSOE, Podemos y Ciudadanos "deberían hacérselo mirar", ir "más allá" de la crítica y el "enfrentamiento" y "quizás algún día deberían dar alguna solución, proyecto o idea".

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional preguntará al presidente López Miras en el pleno de próximo jueves sobre el reciente cambio de gobierno que anunció el pasado día 20 de abril.
La iniciativa registrada recoge textualmente la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones que justifican, desde el punto de vista del interés general de la Región, los cambios en la estructura y en la composición del Consejo de Gobierno?
Sánchez calificó el cambio de gobierno como «un mero parche electoral de cara a las elecciones. Hablan de un nuevo impulso, pero la realidad es que se recuperan rostros de la era Valcárcel y se incluyen perfiles técnicos o directamente desconocidos, lo que evidencia una falta de cantera y una fuga de talento alarmantes».

Micol: "Los trabajos del fondeadero son previos al inicio de mi actividad política"

MURCIA.- La concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol ha negado hoy cualquier irregularidad en los trabajos que realizó para el fondeadero ecológico del club náutico La Puntica, y ha aportado a su partido todas las explicaciones y documentación que, según indica, acreditan la legalidad de sus actuaciones.

La edil ha emitido hoy un comunicado en el que intenta desmarcarse de las informaciones publicadas este fin de semana en el diario La Opinión de Murcia, que la acusan de haber firmado un proyecto presentado a Demarcación de Costas situando para ello a su hijo al frente de una sociedad pantalla creada para el cobro de los trabajos.
Todos los trabajos que realizó para ese fondeadero, ha insistido, "están entregados, facturados, declarados y cobrados como autónoma" y son previos al inicio de su actividad política, por lo que ha insistido en que las acusaciones vertidas contra ella "son totalmente falsas".
"Puedo demostrar que he seguido escrupulosamente los trámites legales y puedo documentar cada paso", ha dicho, para lo cual ha convocado una rueda de prensa este martes en la que "acompañada por miembros de Ahora Murcia, dará todas las explicaciones, aportará la documentación acreditativa y responderá a todas las preguntas".
Moreno Micol ha dado ya esas explicaciones al consejo de coordinación de Ahora Murcia "de forma pormenorizada y documentada", según la formación, que ha manifestado su "absoluta confianza en la edil", a quien ha definido como "una persona con trayectoria prestigiosa, intachable y combativa en la denuncia de la corrupción y en la protección del medio ambiente y del patrimonio".

De azote contra la corrupción a estar Micol en el punto de mira

MURCIA.- La concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol se ha caracterizado desde que llegó a la Glorieta a mediados del año 2015 por haber sido el azote contra la corrupción del Gobierno local. Habitualmente se ha encargado de los temas relacionados con Urbanismo y ordenación del suelo, con numerosas críticas hacia los planes parciales y proyectos relacionados con el crecimiento urbanístico en la capital de la Región, recuerda hoy La Opinión.

Sin embargo, el grupo municipal sufrió un bajón importante en su actividad el pasado año causado por una crisis interna que llevó a uno de sus tres concejales, Luis Bermejo, a abandonar la formación y quedarse en la Corporación como concejal independiente durante unos meses.
Esto hizo perder fuerza a Ahora Murcia, que pasó de tener tres concejales a dos (Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol), edil que recuperaron el pasado mes de noviembre con la salida de Bermejo del Ayuntamiento y la entrada en el grupo municipal, considerado la 'marca blanca' de Podemos, de Miguel Ángel Alzamora.
Durante su trayectoria política Moreno Micol ha sido muy crítica con los presuntos casos de corrupción, aunque algunas de sus actuaciones le han valido algún tirón de orejas. Precisamente en septiembre de 2015, poco después de su entrada en el Ayuntamiento y de la creación de la empresa Fonnautic Mar Menor S.L. de la que está al frente su hijo Sergio Pacheco, pidieron su dimisión desde la bancada popular «por pretender que el Ayuntamiento se retirara como parte demandada en un proceso judicial interpuesto por su propio hermano, José Antonio Moreno Micol, cuando era presidente de Huermur».
De ahí que en aquel momento se señalara que «es curioso que alguien que pretende abanderar la regeneración de las instituciones públicas sea capaz de anteponer sus intereses personales a los generales».
La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio Huermur, presidida por Sergio Pacheco, se ha caracterizado por ser el ojo avizor en el municipio de Murcia con numerosas denuncias en los últimos años sobre la conservación de restos como los aparecidos en las obras de peatonalización de Alfonso X, las catas en el Puente Viejo de Murcia o el estado del Segura a su paso por la ciudad cuando se han detectado algún tipo de vertidos.
Ahora, Pacheco justifica la actividad de su empresa señalando que «los fondeaderos son una alternativa viable a los puertos deportivos».
Por su parte, José Francisco Olmos Cánovas, exdirectivo de la junta del Club Náutico de La Puntica, se desdice ahora de las palabras pronunciadas durante la asamblea con los directivos de hace tan sólo seis meses y a cuyos audios ha tenido acceso La Opinión. En ellos diferentes personas explican cómo la concejala Ángeles Moreno Micol sacó adelante el proyecto del fondeadero de Lo Pagán a través de presuntas irregularidades.
Olmos envió un escueto comunicado. En el mismo asegura que las manifestaciones realizadas en la citada asamblea -celebrada el 29 de octubre de 2017 y que fue grabada- «relativas a la existencia de supuestos contactos de Ángeles Moreno Micol con funcionarios de Costas y de que estos pudieran haber cobrado por la realización del proyecto del fondeadero de La Puntica no son ciertas».
Este exdirectivo del Club afirma que las dijo «en un momento de ofuscación y tensión» y reitera: «No las ratifico desdiciéndome de ellas porque no son ciertas».
Olmos es miembro de la anterior junta directiva. Es la actual, junto a varios de los socios de este centro de San Pedro del Pinatar, los que tienen previsto exigir que se aclaren las presuntas irregularidades cometidas por la concejala de Ahora Murcia a la hora de proyectar el fondeadero de la localidad costera. Para ello, están recopilando diferente documentación para presentarla ante la Fiscalía y que se investigue.

Finalmente, el escándalo del contrato que el Club Náutico La Puntica de Lo Pagán firmó con la actual concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento de la capital Ángeles Moreno Micol apunta a un presunto caso de tráfico de influencias, según denuncian algunos de los socios que se han puesto en contacto con La Opinión y como se desprende de las palabras del expresidente del Club, José Manuel Cantos, durante una asamblea con los directivos.
En este encuentro con socios Cantos explica a los asistentes, tal y como se escucha en los audios del encuentro a los que ha tenido acceso La Opinión, que Moreno Micol se presentó ante ellos asegurando que tenía contactos en la Demarcación de Costas y que no habría problemas en que el proyecto saliera adelante.
Una afirmación que hizo que el Club confiara en ella y le encargara la redacción del proyecto técnico después de dos intentos fallidos en los que la Administración había detectado errores por los que no recibieron el visto bueno.
En una de las grabaciones Cantos intenta justificar ante los socios el proceso que se siguió para contratar el proyecto con ella y explica que «en esos momentos estábamos parados, apareció María Ángeles y nos dijo que ella estaba metida en Costas. Nos hizo el proyecto y el informe de Medio Ambiente nos lo hizo un catedrático de la Universidad de Murcia, según ella, muy prestigioso. Y Costas nos lo admitió».
El presidente del Club Náutico La Puntica afirma en el encuentro que «estábamos estancados y vino y nos dio la solución», en referencia a la actual concejala de Ahora Murcia.
Además, continúa indicando que ella dijo «yo estoy en Costas como si estuviera en mi casa» y propuso que «la solución es hacer un proyecto que nos lo van a hacer dos señores que trabajan en Costas, que son técnicos, y los filtros los vamos a pasar porque lo van a hacer ellos y son ellos los que tienen que pasar los filtros».
Percatándose de la gravedad de sus palabras, el propio José Manuel Cantos, hace un inciso durante su intervención y afirma que «no sé si está bien decirlo, pero si tengo que ir al juzgado voy».
En esta misma reunión se menciona que hubo quienes aseguraron que esto debía salir adelante (en referencia al proyecto), «hubiera que pagar lo que hubiera que pagar». Sin embargo, en otro de los audios el auditor del Club señala que «dado el elevado importe del contrato y el cúmulo de irregularidades ya enumeradas, creo que la asamblea de socios debe solicitar las aclaraciones oportunas».
Según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión, la aprobación por parte de la Demarcación de Costas del proyecto para el nuevo fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán, tuvo lugar el 4 de junio de 2015, tras las elecciones locales en las que Ángeles Moreno Micol entró en la Corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia. Precisamente, un mes más tarde, el 6 de julio de ese mismo año 2015 se constituye la sociedad Fonnautic Gestión Mar Menor S. L., una sociedad unipersonal en la que aparece Sergio Pacheco Moreno, hijo de Ángeles Moreno Micol y presidente de Huermur, como socio único. Una sociedad cuyo único ingreso ha sido un trabajo realizado al Club Náutico La Puntica de Lo Pagán y en la que no hay trabajadores y cuya sede es una casa particular de veraneo en San Javier en la que no hay ningún tipo de actividad.
La única actividad que ha registrado esta empresa, tal y como se indica en las cuentas presentadas en la junta universal de cuentas de junio de 2016, ha sido el cobro de una factura de 39.000 euros sin IVA por un servicio, correspondiente al primer pago del Club Náutico La Puntica. La segunda parte del pago, según los responsables del Club, estaba contabilizada, pero pendiente de pago.
El propio Sergio Pacheco ha asegurado a La Opinión que la empresa no tiene empleados, «aunque se contratan de forma externa si hace falta. Se contrata un arquitecto, un ingeniero o un aparejador».
Al ser preguntado por su titulación, el socio único de Fonnautic Gestión Mar Menor S.L. indica que está terminando de estudiar Derecho y que no tiene formación complementaria relacionada con la ordenación del territorio ni el urbanismo, pese a que ese es el objeto social de su S.L.

El PP asegura que C's, con su silencio, se convierte en cómplice de Micol

MURCIA.- El vicesecretario de Comunicación y Acción Política del PPRM, Joaquín Segado, ha valorado hoy en rueda de prensa el "escándalo" protagonizado por la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Moreno Micol, "según hemos conocido este fin de semana".

Para Segado se trata de un "asunto de especial gravedad que salpica directamente a Moreno Micol y a su hijo, Sergio Pacheco, presidente de Huermur", al que se ha referido como "conocido activista, pancartero y especializado en dar lecciones de honradez y honestidad a todo el que se le pone por delante".
Así, el vicesecretario ´popular´ se ha cuestionado "donde está ahora Ciudadanos, que con su silencio se convierte en cómplice del asunto", y ha denunciado la actitud de Podemos ante este hecho, por lo que ha lamentado que las nuevas políticas se den la mano nuevamente.
Durante su intervención el responsable de Comunicación del PP regional ha subrayado que "Podemos debe expulsar ya a su portavoz en el consistorio murciano, si ella no dimite antes" ya que, a su juicio, "estamos hablando de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias".
"La empresa fantasma del hijo de la portavoz de Podemos y presidente de Huermur que tanto presume de defender el patrimonio y el Medio Ambiente en la Región de Murcia, participa en un chanchullo en torno al Mar Menor", ha aseverado, para resumir que, "la izquierda más rancia de esta Región vuelve a mostrar su cara más amarga"; "la de los chanchullos y negocietes en torno al Medio Ambiente y lo que es más grave, en torno al Mar Menor", ha apostillado.
En referencia a Ciudadanos ha vuelto a insistir en "su silencio", y ha criticado que "son los que venían a cambiar la política y a día de hoy todavía no se han pronunciado en este turbio asunto, por lo que son cómplices de Podemos", ha reiterado.
"¿Ustedes creen que si estuviéramos hablando de un caso similar con un cargo del Partido Popular no habrían tardado ni un segundo en exigir responsabilidades y dimisiones los portavoces de Ciudadanos en la Región de Murcia?, se ha cuestionado Joaquín Segado, para asegurar que "solo solicitan dimisiones y piden responsabilidades políticas cuando piensan en arañar votos a otros, y eso se llama oportunismo político". 
"Así no se regenera señores de Ciudadanos", les ha espetado.
En relación a la postura mantenida hasta el momento por Podemos, Segado la ha definido como "de chiste y tomadura de pelo" ya que, a su juicio, "en una crisis tan grave lo único que ha hecho ha sido anunciar la elaboración de una auditoría interna de un asunto opaco ya que ha sido tratado con una total ausencia de transparencia".
Todo esto, ha asegurado "ha servido igualmente para desenmascarar a Huermur, una asociación que se ha caracterizado por su intensa y reiterada actividad contra todos los gobiernos del PP", por lo que les ha recordado el refranero español, del que hacen uso de manera reiterada: "Consejos vendo que para mí no tengo", o "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga".

El Supremo cita como testigos a tres implicados en el caso de Pilar Barreiro

MADRID.- El Tribunal Supremo ha citado para el día 11 de mayo a tres testigos implicados en el caso abierto a la senadora y exalcaldesa de Cartagena por el PP Pilar Barreiro, quien ya no figura en el grupo popular en el Senado tras abandonarlo "para no perjudicar al partido".

La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado al periodista Isaac Vaquer, al empresario Francisco Javier Bueno y a la concejala del PP en Cartagena Carolina Beatriz Palazón para el 11 de mayo a partir de las 10 de la mañana.
La Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra Barreiro.
Para la Fiscalía, según su escrito, procede el sobreseimiento provisional "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron la formación de la causa".
Ese escrito fue presentado el pasado 15 de marzo, pero la juez ha dictado hoy una providencia en la que señala que "antes de resolver sobre lo interesado por el fiscal y la defensa de la investigada" procede citar a los tres testigos.
El Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir un procedimiento a la senadora del PP por un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Se investiga si en esos dos contratos pactó labores en beneficio de su imagen personal pero a costa del erario público.
La imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.
Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.
El expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán confirmó el pasado 5 de febrero ante el Supremo las afirmaciones que hizo la senadora Pilar Barreiro en su defensa, en el sentido de que era el partido, y no la Comunidad de Murcia, el que iba a pagar los trabajos de mejora de su imagen que se investigan en esta causa.

La cabecera del Tajo trasvasará 38 hm3 al Segura tras aumentar su capacidad

TOLEDO.- Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han sumado en una semana 81,22 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, con lo que disponen de 647,66, por encima de los 645 que marca el nivel legal por el que pueden trasvasarse al Segura 38 al mes, en lugar de 20 cuando tiene de 400 a 645.

Tienen ahora el 26,17 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hm3.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de abril la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura, dado que el nivel no superaba esos 645 que permite ampliar la cantidad que se transfiere a 38.
Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía tiene esta semana 344,397 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que son 37,60 más que la semana pasada, lo que supone el 21,01 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.
A su vez, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha subido 43,91 hectómetros cúbicos, de forma que almacena 303,27 hectómetros cúbicos, el 36,31 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos.
Hace un año por estas fechas los pantanos de cabecera del Tajo almacenaban 406,45 hectómetros cúbicos, es decir, un 16,42 % de su capacidad total de embalse.
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 8.127,95 hectómetros cúbicos de agua, que son 363,46 más que la pasada semana y suponen el 73,84 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

La oposición pedirá explicaciones a Miras sobre los cambios en el Gobierno

CARTAGENA.- La remodelación del Gobierno de Murcia, el trasvase Tajo-Segura aprobado a principios de mes, el pacto regional del agua y el aeropuerto de Corvera serán los asuntos sobre los que tendrá que responder el presidente autonómico, Fernando López Miras, este jueves en el pleno de control de la Asamblea Regional.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, le preguntará sobre las razones que "justifican desde el punto de vista del interés general de la Región" los cambios en la estructura y la composición del Consejo de Gobierno, que ha calificado como "mero parche electoral" ante los comicios de 2019.
"Hablan de un nuevo impulso, pero la realidad es que se recuperan rostros de la era del expresidente Ramón Luis Valcárcel y se incluyen perfiles técnicos o directamente desconocidos, lo que evidencia una falta de cantera y una fuga de talento alarmantes", ha apuntado en un comunicado.
Su homólogo socialista, Joaquín López, interpelará al presidente del Ejecutivo sobre la firma del pacto regional del agua, cuyo borrador han consensuado el PP, el PSOE y Ciudadanos, que está a la espera de ser firmado.
Desde Podemos, su portavoz, Óscar Urralburu, le preguntará sobre la "recuperación" de los alrededor de 200 millones de euros con los que el Gobierno de Murcia en la época de Valcárcel avaló a la constructora del aeropuerto, una vez que se ha firmado el contrato para que lo gestione y explote durante los próximos 25 años Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
Finalmente, el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, planteará una pregunta sobre los "últimos trasvases" del Tajo al Segura aprobados por el Consejo de Ministros.

Se avecina un cambio de tiempo con lluvias y descenso térmico en toda la Región

MURCIA.- El miércoles se producirá un cambio de tiempo con lluvias y descenso térmico. Una borrasca se situará sobre la Región y dejará lluvias generalizadas, según la Aemet, y procurará dos días de inestabilidad atmósferica.

Que no descarta que esas lluvias vayan acompañadas de tormentas y lleguen a acumular entre 10 y 15 litros por metro cuadrado a partir
deel miércoles por la mañana en las zonas del litoral y que se extenderán a lo largo del día hacia el interior de la Región.

Esas precipitaciones, aunque más débiles, se prolongarán durante la madrugada y se extenderán hasta el jueves,
cuando los chubascos serán más ocasionales y remitirán conforme avance la tarde.

Además de las lluvias, durante ambos días las temperaturas sufrirán un notable descenso. Según la Aemet, en algunas zonas las máximas bajarán entre dos o tres grados, pero en otras como Murcia, Fortuna o Cieza la bajada puede ser de hasta seis grados. En toda la Región la sensación térmica va a ser de más frío.

El viernes entrará a otro frente nuboso que puede dejar chubascos ocasionales.


La Aemet mantiene activa la alerta por fenómenos costeros para este lunes y martes en el litoral de Cartagena y Mazarrón. 

La 'bomba Valls': ganar Barcelona para el constitucionalismo / Jesús Cacho *

Desnortado en el laberinto catalán, el Gobierno Rajoy trabaja en una salida pactada (“En Catalunya estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la normalidad y sensatez”, dijo ayer el pasmado) con ciertos sectores de Convergencia y el respaldo de personajes de la banca y el empresariado, para colocar en la presidencia de la Generalitat a Elsa Artadi –la chica de Mariano, como él mismo reveló ante lo de Ana Rosa-, con Mas-Colell como conseller en cap, fórmula que permitiría al doliente levantar el campo del 155 y salir pitando hacia los jardines de Moncloa donde todo es paz y sosiego. 

Es la enésima versión de la “operación diálogo” de la que ayer hablaba aquí José Alejandro Vara, que explicaría episodios tan vergonzosos como el más reciente de Montoro, –un mandao de la vicepresidenta Soraya, la virreina catalana- asegurando que en la preparación del referéndum del 1-O no se utilizó un euro público. Quienes conocen el paño vienen a decir, sin embargo, que esa es una soberana tontería, puro wishful thinking, porque en Cataluña habrá un presidente/a al gusto de Puigdemont y de la máxima confianza de Puigdemont, con un vicepresidente de ERC, y la abstención de CUP.


En los círculos constitucionalistas catalanes se sigue apostando, con todo, por la celebración de nuevas elecciones autonómicas a pesar de lo que el independentismo se juega en el envite, y ello porque la división en el universo indepe es tan grande, el odio entre unos y otros tan visceral, que no hay forma de unir las piezas rotas del jarrón del prusés. Haya o no elecciones, o termine aflorando ese Gobierno títere a las órdenes de Puchimón, lo que parece claro es que el 155 seguiría operativo, dispuesto a prolongar el parón de facto en que vive la Comunidad desde hace tiempo. 

Nada de esto interesa ya a esos sectores constitucionalistas que en Barcelona y Cataluña llevan años soportando el chaparrón totalitario del prusés. Ellos están en otra derivada, muy alejados de las cuitas cobardes, entreveradas de traición, que mantienen paralizado al Gobierno Rajoy. En un escalón de más altura, ellos están ya empeñados en la gran operación política que viene, en la que el constitucionalismo –que cada vez tiene menos que ver con el Gobierno Rajoy- se lo juega todo a una carta: la toma de la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2019, justo un año a partir de ahora, un envite que puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra la lacra independentista.

La bomba explotó el viernes, con el anuncio de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, baraja la posibilidad de presentar su candidatura a esa alcaldía como cabeza de lista por Ciudadanos en las municipales del próximo año, respondiendo a una invitación formulada por Albert Rivera

 “Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes”, explicó el viernes en Los Desayunos de TVE. “España es un Estado democrático de Derecho con una Constitución de las más democráticas que existen en el mundo, pero no hay posibilidad para Catalunya de salir de España”. 

Esta es la gran operación en la que C’s, junto a Sociedad Civil Catalana y otras organizaciones opuestas al rodillo indepe, llevan meses trabajando en silencio, muy de espaldas a Soraya y sus cuitas con el preso de Estremera. Esta es la llama de la esperanza que el viernes prendió en millones de españoles, dentro y fuera de Cataluña, porque a nadie se le oculta que estamos hablando de un candidato excepcional, que haría de la de C’s una lista ganadora.

Romper el espinazo del separatismo

Todos los partidos del arco parlamentario catalán consideran las municipales de mayo del 19 como el envite decisivo. Para todos se trata de una cita crucial. Ocupar la alcaldía de Barcelona supondría para el independentismo un espaldarazo casi definitivo; conquistar Barcelona para el constitucionalismo, por el contrario, significaría romper el espinazo del separatismo, cerrando probablemente la puerta a ese tipo de aventuras en toda Europa y dando paso al restablecimiento de la normalidad democrática, con un alcalde y un Ayuntamiento capaces de servir a todos los barceloneses y no solo a la minoría indepe

 Desde hace meses, los sectores constitucionalistas antes citados han estado sondeando la posibilidad de formar una candidatura transversal, como se dice ahora, integrada básicamente por nombres de C’s y del PSC, con el apoyo de independientes de prestigio y el respaldo por fuera o a posteriori del PPC. Pero lo que sobre el papel podría imaginarse como una apuesta a caballo ganador, en la práctica se ha demostrado imposible. Las resistencias son infinitas, como infinita es la desconfianza mutua.

Esa realidad terminó reorientando los trabajos en la dirección de un pacto poselectoral mediante el cual PSC y PPC pasaran a apoyar, dentro del mismo o por fuera, a un Gobierno municipal liderado por C’s como lista a priori más votada. El PSC tiene ya su candidato prácticamente elegido. Se trata de Jaume Collboni, un representante de esa “izquierda caviar” a la que ayer aludía aquí Miquel Giménez, incapaz de despertar el menor entusiasmo entre los descendientes de aquella emigración que décadas atrás conformó el cinturón rojo de Barcelona en busca de una vida mejor. 

“No es mal candidato, pero no despierta muchas simpatías”. Por su parte, el PPC, con el nombre de Andrea Levy revoloteando, parece decidido a presentar de nuevo a Alberto Fernández, de los Fernández & Fernández de toda la vida, la finca de los hermanos Fernández Díaz, asumiendo con resignación la posibilidad de que el PP pueda quedar fuera del Ayuntamiento, y ello porque el centro derecha en Cataluña no es ahora el PP, sino C’s.

Y en esto estalló la bomba Valls y la posibilidad cierta de rescatar del fango a la gran Barcelona que fue antes de que cayera en manos de la extrema izquierda, de una Ada Colau dispuesta a poner la ciudad al servicio de su turbio negocio político. El cambio de la calle dedicada al Almirante Cervera, un héroe de la guerra de Cuba respetado por los vencedores de la batalla naval de Santiago, por un titiritero como el tal Rubianes y su “puta España”, ha sido la última humillación a la que esta señora ha sometido a una ciudad antaño espejo de tolerancia. 

La doña no pasa por su mejor momento. Su proyecto estelar, la multiconsulta promovida por sus Comunes, supuestamente llamada a ser un hito de participación ciudadana a costa de dilapidar 3,6 millones del erario público, ha sido tumbada días atrás por la oposición municipal. Privada de apoyos desde que decidiera romper el pacto de Gobierno que mantenía con el PSC, y con el respaldo de apenas 11 concejales -una cifra del todo insuficiente para plantear una gestión municipal autónoma-, la Colau afronta su último año de mandato en la mayor de las soledades.

El gran enemigo de Valls no será Colau

El gran enemigo de Valls y C’s no será obviamente Colau y sus muy loables artes y oficios (“Fregar suelos o vender pescado son trabajos tan dignos y respetables como el de alcaldesa. También trabajar en una verdulería”), sino un nacionalismo que ya trabaja con la idea puesta en una lista única capaz de situar a un separatista al frente del Ayuntamiento, lista que tras la irrupción en escena de Valls hay que dar por cierta, por difícil que pueda resultar su concreción. 

Ese va a ser el envite. Recuperar la ilusión de aquella Barcelona del 92, la de los Juegos Olímpicos, un evento que le puso en el mapa de las ciudades más atractivas del mundo. La importancia de lo que ocurra en mayo del 19 es obvia. Barcelona es la rada sobre la que descansa toda Cataluña, con un efecto tractor brutal sobre la Comunidad. La ciudad y su hinterland cuentan con cerca de 5 de los 7,5 millones de habitantes que pueblan la región, y el Ayuntamiento dispone de capacidad suficiente para formular políticas capaces de surtir un efecto arrastre definitivo sobre la vida económica, política y social catalana.

Se trata de convertir la antaño llamada Ciudad Condal en un espacio de libertad y progreso, una especie de Comunidad autónoma al estilo de la de Madrid en el corazón de la Cataluña rural y carlista. Esa sería la gran victoria de la candidatura Valls, que muy probablemente vendrá avalada por una serie de personalidades independientes y de prestigio dispuestas a devolver a la ciudad el papel que siempre jugó como adelantada del desarrollo y la liberalidad española. 

Hacer de Barcelona el faro capaz de iluminar la Europa mediterránea, para desde allí recuperar un clima de normalidad democrática que dote al constitucionalismo de un relato integrador susceptible de atraer a una buena parte de los catalano-parlantes que en los últimos tiempos se han sentido atentados por la inclemente propaganda independentista. Es la gran jugada que escondía la broma de Tabarnia. Ese sería el triunfo de Tabarnia.


(*) Columnista


El Gobierno logra 'sacar' los Presupuestos, pero no evita la sangría de votos / José Hervás *

Cuando el jueves se re­chacen las en­miendas a la to­ta­lidad de los Presupuestos Generales del Estado, como está pre­visto que su­ceda, Mariano Rajoy habrá dado un gran paso para ga­ran­ti­zarse la go­ber­na­bi­lidad de España un año más pero no logra evitar la san­gría de vo­tos, lo que pro­voca cada día mayor ner­vio­sismo entre las filas po­pu­lares y entre los mu­chos dipu­tados que prevén no re­petir es­caño. 

Esto explicaría muchas de las tensiones internas en el Partido Popular y entre los miembros del Gobierno. Va mucho más allá que las tensiones entre los partidarios de Soraya y los partidarios de Cospedal. Aunque estas tensiones no se puedan soslayar.

En cuanto a los Presupuestos, el Ejecutivo solo necesita para seguir adelante con su proyecto que este cuente con más votos a favor que en contra y que ninguna de las enmiendas a la totalidad consiga mayoría en la Cámara. Pero este paso no logrará evitar la sangría de votos.

El apoyo implícito del PNV al Gobierno, al no presentar una enmienda a la totalidad, hace pensar que a su vez no apoyará ninguna de las seis enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Hay que agradecer al PNV su decisión. Llega en un momento de extrema incertidumbre política. Menos mal. La devolución al Gobierno de su proyecto acrecentaría la gravedad de la cuestión catalana.

A la dificultad de la situación, se ha venido a añadir las diferencias internas en el Gobierno sobre cómo afrontar la situación, diferencias que se han agudizado por la aparente diferente interpretación entre el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre si ha habido o no malversación de fondos públicos en la organización y celebración del referendo del 1 de octubre.

El Partido Popular y el Ejecutivo están divididos sobre la oportunidad de las declaraciones de Montoro al diario ‘El Mundo’, que venían a ratificar lo que ya había dicho en el Congreso. Aseguraba que no le constaba registralmente que haya existido esa presunta malversación que el juez Llarena argumenta, en base a los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para pedir la extradición de los líderes catalanes huidos al extranjero.

Entre miembros del Gobierno, diputados populares y responsables del partido, se puede oír la interpretación de que estas declaraciones de Montoro, inspiradas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, buscan rebajar la gran tensión existente y tratarían de abrir de nuevo una vía al diálogo para volver a reiniciar el intento de que la cuestión catalana se reconduzca a los cauces que nunca debió abandonar. Es decir, abrir cualquier mejora de las relaciones dentro de los cauces que permite la Constitución, nunca fuera de los mismos.

En este momento de tensión en el Partido Popular, en el que todos estos asuntos han interrumpido el proyecto de renovación interna, con la futura sustitución de su líder actual, Mariano Rajoy, el primer objetivo es rebajar las diferencias de interpretación con el Tribunal Supremo. Leídas textualmente las palabras que reproduce la entrevista del titular de Hacienda al diario ‘El Mundo’, no cuesta entenderlas. Es más, parece que hubiera interés en que Montoro hubiera dicho más de lo que ha dicho.

Entre los que quieren rebajar la tensión están las declaraciones últimas del portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que ha defendido este domingo al ministro de Hacienda, pero sin mencionar ni corregir al juez Llarena.

Así, en su defensa de la actuación del Gobierno, Hernando dice que las afirmaciones de Montoro sobre que no se había gastado dinero público en el 1 de octubre se han ‘cogido por las hojas’, recordando que fue el propio Montoro ‘el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos’.

Tiene razón Hernando. Las palabras textuales de Montoro no pueden ser más medidas. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, aseguraba. Y además añadió que “hay una investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo».

Leído lo dicho por Montoro, no cabe duda que se puede concluir que el enemigo está dentro. No es lo mejor que le puede pasar en este momento ni al Gobierno, ni a España. Pero merece la pena antes de emitir juicios sobre lo dicho, leer lo que han declarado.

Nos evitaríamos muchos mal entendidos en un momento en que sobre todo hace falta claridad.



(*) Periodista

Contra Catalunya vale todo / Ramón Cotarelo *

La tercera pata del triunvirato del 155, Pedro Sánchez, anda de gira por Alemania para difundir el discurso represivo, falaz, de la derecha española (PP y C's) sobre Cataluña, probablemente por encargo directo de M. Rajoy (a) Sobresueldos, aprovechando que habla a sus congéneres socialistas alemanes. 
El mismo M. Rajoy cuya dimisión sería lo primero que pensaba Sánchez pedir si ganaba las primarias. No solo no pide su dimisión sino que es su más firme apoyo para seguir desgobernando el país y que su partido, el PP, continúe expoliándolo. Como el PSOE en Andalucía, por lo demás. La fraternidad es evidente.

La misión de Sánchez en Europa es mentir a los europeos sobre el conflicto España-Catalunya y descaradamente. Sostiene el secretario general que en el PSOE ofrecimos el diálogo repetidamente al independentismo catalán, pero no recibimos respuesta
Hace falta tener morro. Lo siento; no hay otra expresión: morro, caradura, desfachatez. Este payo debe pensar que los alemanes son imbéciles, como los que le aplauden sus embustes. ¿Diálogo con los catalanes? Jamás, como todo el mundo sabe. A él lo echaron precisamente por haber amagado algo parecido. 
Recuperado su puesto, demostró haber aprendido la lección, se sometió a los arribaespañistas de su partido, los Rubalcabas, González, Bono, etc y se opuso y se opone siempre con uñas y dientes a todo diálogo con los independentistas. No quiere ni sus votos, aunque sean sin condiciones. No está dispuesto a hablar con ellos en absoluto. Lo ha dicho, redicho y requetedicho porque piensa que eso le dará votos en España.

¿Por qué, pues, miente como un bellaco en Alemania, aparte de porque es un oportunista y un embustero? Porque comparte el orden de prioridades de los otros políticos del cuadrilátero hispánico de la desvergüenza política, M. Rajoy, Rivera e Iglesias. Primero es España, la nación española de la derecha nacional-católica que todos comparten; luego sus opciones políticas particulares.

Y hay más en el programa de propaganda y mentiras que lleva este hombre por Europa. También afirma con idéntico descaro que "España, es una "democracia sólida", donde impera el Estado de derecho y se respeta "la pluralidad". 
La doctrina oficial de los intelectualess españoles y su panfleto de cabecera, El País: España, la democracia homologable en Europa y blablabla. Un país en estado de excepción con el 155, en donde hay presos, exiliados y embargados políticos, un país en el que se apalea a la gente por querer votar, se la encarcela por rapear y se la despoja de sus prendas de vestir arbitrariamente; un país gobernado por ladrones, con un partido de facinerosos, unos tribunales al servicio del gobierno y unos medios que son puros aparatos de propaganda, es un "Estado de derecho a nivel europeo", según la manga de ideólogos al servicio de este régimen neofranquista al que apoya la oposición en pleno, por activa o por pasiva, cuando se trata de Cataluña.

Añade Sánchez de colofón que la situación sería muy distinta si gobernara el PSOE, como queriendo marcar unas distancias inexistentes con el PP. Porque es otra mentira. En primer lugar, estamos así precisamente porque el PSOE de Zapatero comenzó una reforma del Estatuto en 2006 que luego no tuvo la inteligencia ni el valor ni la honestidad de mantener. 
En segundo porque el PSOE carece de todo proyecto catalán (ya ni menciona las bobadas federales o de reforma de la Constitución con que amenizaba las fiestas del partido) y prefiere apoyar el del PP y, sobre todo, su modo de resolverlo a palos. 
En tercero porque un partido que tiene en su historia los GAL es posible que hubiera hecho algo distinto que el PP y probablemente peor y más sucio.

Quizá no han encontrado a otro más vacuo y vanidoso que Sánchez para encargarle estas mentiras en el extranjero. Si España fuera un Estado de derecho no sería necesario asegurarlo en todos los foros. Es inimaginable que un político alemán o francés o inglés o del resto de los homologables vaya por ahí tratando de convencer a otros de que su país es un Estado de derecho. ¿No?

Frente al nuevo propagandista de la fe, Chomsky y cien académicos internacionales más, reclaman la libertad de los presos políticos y, por ello mismo, denuncian la falta de garantías de Estado democrático de derecho en España. Por supuesto, la prensa de este país "libre" difunde profusamente las mentiras de Sánchez, mientras que oculta la exigencia de Chomsky y sus colegas.

¿A quién piensan los lectores que hará más caso la opinión pública internacional, a Sánchez o a Chomsky?

Hay que poner en marcha cuanto antes una Comisión Chomsky que bien puede llamarse "Comisión de la verdad sobre Catalunya" o "Comisión de apoyo a la democracia catalana".

La necesitamos para contrarrestar las falacias y los engaños de estos siervos de la derecha muy y mucho española.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Ellos, los ausentes / José Antich *

La festividad de Sant Jordi, el libro y la rosa, uno de los días más especiales en Catalunya y único por sus características en Europa, el día del amor y la explosión de júbilo de un país que se reconoce en sus tradiciones, la fiesta de la libertad en un momento en que estas son cuestionadas, empezando por la de expresión, tiene este año una característica que, sin borrar todo lo anterior, lo empaña y le da un barniz especial. 

La represión y la injusticia hace que una quincena de políticos, integrantes del Govern cesado por Mariano Rajoy, representantes de las entidades soberanistas, la expresidenta del Parlament y la secretaria general de Esquerra, estén en la prisión o en el exilio. Este Sant Jordi tan anómalo es de ellos. Fundamentalmente de ellos, privados de libertad, en una prisión provisional incomprensible que solo se sustenta por la causa general contra el independentismo. Nada más.

No deja de ser paradójico: por un lado, el relato del juez Pablo Llarena tiene cada vez más grietas de agua, no solo en el extranjero, sino también en España. Nadie duda hoy en día que la instrucción practicada en el Tribunal Supremo no ha sido la adecuada. Las posibilidades de que los cinco miembros del Govern exiliados en Alemania, Bélgica y Escocia acaben teniendo una resolución favorable en la petición de extradición formulada por el gobierno de España por los delitos, entre otros, de rebelión y malversación, empieza a ser muy alta. 

En España, la crisis institucional es muy alta. No solo en el gobierno, sino entre las instituciones del Estado. Lo más razonable sería la retirada de las euroórdenes y la libertad condicional de los presos con una revocación de las penas actuales. Es difícil, muy difícil, que esto lo haga Llarena, que ha sido el magistrado instructor. Otra cosa sería si el caso volviera al TSJC y se reformularán las condenas. Es una posibilidad remota, pero en política no hay posibilidades remotas.

El Estado está perdiendo la partida a ojos de muchos observadores, pero cuenta con la fuerza de la arbitrariedad en sus decisiones. ¿O no es una anomalía que el Govern esté en el exilio o en la prisión y que, en cambio, quienes les cesaron giren visita a Catalunya? 

Puigdemont, en Berlín; Comín, Serret y Puig, en Bruselas; Ponsatí, en Edimburgo; Rovira, en Ginebra; Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Forn, en Estremera; Sànchez y Cuixart, en Soto del Real; y Forcadell y Bassa, en Alcalá-Meco. 

Completa este repaso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que estará en Barcelona en un acto de Societat Civil Catalana que premiará a Manuel Valls y al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Por eso, este Sant Jordi de fiesta y alegría es, sobre todo, un Sant Jordi de ellos, los ausentes. Una multitudinaria manifestación pidió hace una semana la libertad de los presos políticos al cumplirse seis meses de la entrada en la cárcel de los Jordis, Sànchez y Cuixart, que igual que el conseller Turull celebrarán su santo en prisión. Fuera, en las calles de Catalunya, el Sant Jordi será diferente. Nosotros, en El Nacional, lo celebraremos con un estand en passeig de Gràcia 76 y muchas sorpresas durante la jornada. Bon Sant Jordi!



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Mucha mierda / Adrián Ángel Viudes *

Teatro Romea, entre bambalinas departo amigablemente con un amigo actor que espera el estreno presa de los nervios propios de ese momento. Pasa por nuestro lado un compañero y le suelta: “Mucha mierda”. Quedo confuso, tanto por la supuesta grosería del pasante, cuanto por la forma en que mi amigo le agradece con una amplia sonrisa la que para mí es una inconveniente salutación.

No fue hasta después de la representación- que por cierto fue un éxito- que averiguara el porqué de aquella escatológica frase.

Nos debemos remontar al principio de nuestro teatro, al Siglo de las Luces cuando Tirso de Molina, Lope de Vega y Calderón de la Barca eran representados en corrales de comedia como los de Almagro y el de la Pacheca, en Madrid, que a buen seguro muchos de ustedes habrán conocido y disfrutado. 
 
Gran parte de los espectadores, los más principales, acudían a estos lugares en sus carruajes tirados por caballos o mulas que quedaban aparcados en las afueras del local. Los animales defecaban sin pudor y así a más animales de transporte, más mierda. “Mucha mierda”, por tanto era la constatación que el corral iba a estar atestado de publico. Lo que me pareció grosería resulta que era, y es, frase acrisolada entre comediantes, expresión de los mejores deseos de éxito.

La contundencia de la frase y lo escatológico del término me dan pie para este artículo. Pido venia para poder utilizar el vocablo en su prístina acepción, y así, aún a riesgo de ser calificado como grosero, pueda señalar donde, a mi parecer, hay mucha mierda, tanta que el hedor deviene en insoportable.

Hay mucha mierda en nuestro adorado Mar Menor; la de las depuradoras que no dan abasto por culpa de tanta construcción; la de algunos abonos químicos que no respetan los estándares de calidad; la de las arenas de rambla que colmatan esas horribles playas ortopédicas y están anegando nuestro mar de un lodo putrefacto.

Apesta el asunto del AVE, no se entiende la vuelta que hay que dar por Alicante con lo sencillo que hubiera sido electrificar de Albacete a Cartagena pasando por Camarillas. Y el olor es nauseabundo en el aeropuerto de Corvera, y en Novo Cartago, en Nueva Condomina, en el Auditorio de Puerto Lumbreras.

Hay mucha mierda en cómo los separatistas catalanes han convertido la próspera y querida Cataluña en un lodazal donde sepultar sus rencores mientras esquilman los tesoros

Huele que apesta el apoyo del señor Iglesias y de UGT y CCOO al secesionismo golpista.

Hay mucha mierda en Gurtel, y en Púnica, y en las tarjetas negras; en Noos, en los Eres de Andalucía, y en tantos casos de corrupción que nos obligan a circular con las narices tapadas porque a los productores de la caca se les tolera, se les ampara, y no se les obliga a recoger el excremento.

Huelen mal las pensiones de nuestros jubilados. La cantidad que empresas y trabajadores cotizan durante la vida laboral para disponer de una pensión de jubilación, debidamente capitalizada, sería mas que suficiente para unas pensiones dignas si no fuera porque ese dinero se utiliza para tapar los agujeros que producen una administración elefantiásica y voraz. Y ahora se pide a los trabajadores que piensen en su jubilación y ahorren, cuando lo poco que se puede ahorrar ya se encarga Montoro de saquearlo.

Mucha mierda la que destilan los injustificados privilegios y sinecuras de diputados y eurodiputados, senadores, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, consejeros, asesores, concejales, mamando sin freno de la ubre de los presupuestos, mientras casi no queda leche para el resto de los españoles

Mucha mierda la que por televisión e internet y por todas las redes mal llamadas sociales se difunde para enmerdar a nuestros hijos y a nuestros nietos

Y mucha mierda la que en aras de una falsa progresía castiga en la educación la excelencia, el mérito y el esfuerzo para igualar por lo bajo a todos y todas, miembros y “miembras”, jóvenes y “jóvenas,” “masteres” y “masteras”

Esto tiene que acabar y pronto porque pudiera ser que, si seguimos así, la mierda nos sepulte a todos, y eso sí que nuestros próceres, los cagones, no podrían soportarlo.
 
 
 
(*) Ex presidente de la CHS y de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
 


(Publicado hoy en La Verdad)

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Portadas y grandes ti­tu­lares muy va­riados ante la abun­dancia de in­for­ma­ción este lunes Día del Libro, con las tra­di­cio­nales rosas de Sant Jordi en Cataluña, donde tam­bién hay ama­ri­llas además de las rojas de siempre como nueva muestra de que el des­en­cuentro si­gue..., pero según el sondeo de NC Report en La Razón, los in­de­pen­den­tistas per­de­rían la ma­yo­ría, ERC da el ‘sorpasso' a JxC, que cede tres es­caños y deja en 67 a los se­pa­ra­tis­tas, mien­tras los cons­ti­tu­cio­na­listas su­ma­rían cuatro más. También con­ti­núan las disputas de vio­lencia o no y de mal­ver­sa­ción o no el 1-O, con nuevos datos de los in­ves­ti­ga­dores y más pe­ti­ciones de in­for­ma­ción de los jueces desde Alemania, donde Pedro Sánchez hizo de hombre de Estado al de­fender la le­ga­li­dad. 

Otras en­cuestas desde el fin de se­mana re­flejan el vuelco de los úl­timos tiem­pos. Metroscopia para El País: El 73% de los ma­dri­leños y el 79% del total de es­pañoles cree que la pre­si­denta de la Comunidad de Madrid debe di­mi­tir, y dos de cada tres vo­tantes de Cs están a favor de la mo­ción de cen­sura. 

Este úl­timo dato lo con­firme hoy Gesop para El Periódico, aunque eleva el total de es­pañoles que piensan eso al 83,1%, en la se­gunda en­trega del sondeo do­mi­ni­cal: Cs se sale en es­ti­ma­ción de voto a nivel na­cio­nal: 110-114 es­caños, PP 79-82, PSOE 75-79 y Podemos 55-59. 

Celeste-Tel para Eldiario.es: La Comunidad de Madrid cam­biaría de manos según la es­ti­ma­ción de voto: Cs 25,7% de votos y 36 es­caños, PP 24,3% y 34 es­caños, PSOE 23,9% y 34 es­caños y Podemos 17,6% y 25 es­caños. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Expansión: Plan Renove para pymes en bienes de equipo: fi­nan­ciará la compra de ma­qui­naria para im­pulsar su com­pe­ti­ti­vi­dad. Otro ti­tu­lar: Iberdrola pre­para el re­levo de Galán en cuatro años. La Información.com: Reynés planea un re­vo­lu­ción en la cú­pula de Gas Natural antes del plan es­tra­té­gico (Santiago Carcar). Otro ti­tu­lar: Microsoft pierde la his­tó­rica ba­talla con Hacienda por una deuda de 11,9 mi­llones (Jesús Martínez). 

Vozpopuli: Florentino Pérez hará pre­si­dente de Abertis a Fernández Verdes, su CEO en ACS (Raúl Pozo). El Confidencial: Estados Unidos echa a Iberdrola de una cen­tral de ciclo com­bi­nado de 565 mi­llones (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Carmena gana la ba­talla a Iberdrola, Endesa y Gas Natural: se quedan sin el me­ga­con­trato (Juan Cruz Peña). El Correo: Urkullu pide la ges­tión de los ae­ro­puertos vascos ante el mayor foro aéreo eu­ro­peo. El Mundo: El PNV exige ges­tionar la Seguridad Social para fi­nal­mente apoyar los Presupuestos (Carlos Segovia). 

Capital Madrid: Hispania quiere sacar su OPA del guión de las so­cimi: ya co­tiza con una prima muy su­pe­rior al de otras grandes de su sector como Colonial o Merlin, y el mer­cado no cree en una subida sus­tan­cial del precio ofre­cido por Blackstone (Marcos Celada). Otro ti­tu­lar: El rom­pe­ca­bezas de las fa­mi­lias es­paño­las: aho­rran más que nunca ga­nando menos (Héctor Chamizo). Las fa­mi­lias pagan 40.000 mi­llones menos de in­tereses que hace 10 años (Antonio Maqueda). 

Otro ti­tu­lar: Rota será un cuartel es­tra­té­gico de la UE tras el ‘Brexit’ (Miguel González). El Economista: Acciona in­vierte 1.000 mi­llones en re­no­va­bles fuera de España (Rubén Esteller). Otro ti­tu­lar: Zaragoza ame­naza el li­de­razgo de El Prat en carga aérea por Inditex (África Semprún). Cinco Días: Las ce­men­teras claman contra la in­se­gu­ridad de su ta­rifa eléc­trica. 

Otro ti­tu­lar: La banca ana­liza ins­talar ofi­cinas mul­ti­marca en zonas ru­ra­les: (Ángeles Gonzalo Alconada). Otro ti­tu­lar: Hispania es­tudia vender su car­tera de ofi­cinas pese a la opa de Blackstone. Otro ti­tu­lar: B.Free, pri­mera en de­volver por móvil el IVA a los tu­ristas de fuera de la UE. 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL. Financial Times ade­lanta a cuatro co­lumnas en pri­mera plana las lí­neas ge­ne­rales del bo­rrador del Presupuesto de la UE 2021-2027 que se hará pú­blico el mes que viene y que in­cor­pora un cambio ra­dical en el con­cepto de 'cohesión', hasta ahora re­fe­rido al PIB de cada país pero que según el nuevo plan tendrá tam­bién en cuenta va­ria­bles como el des­em­pleo ju­venil y la edu­ca­ción; parte de los 350.000 mi­llones 'se des­viará de países como Polonia, Hungría y República Checa hacia los más cas­ti­gados por la crisis fi­nan­ciera, como España y Grecia'. 

Un ma­cro­sondeo de va­rios pe­rió­dicos bri­tá­nicos con 220.00 en­cuestas re­vela que el No al Brexit ga­naría 51-49 en un se­gundo re­fe­rén­dum, que el 53% piensa que la eco­nomía iría mejor dentro que fuera y que sólo el 18% está con­tento de cómo van las ne­go­cia­cio­nes. Los datos llegan cuando la pri­mera mi­nistra Theresa May afronta el miér­coles una po­sible re­vuelta de los pesos pe­sados de su ga­bi­nete a favor del Brexit, como Davis Davis, Liam Fox y Boris Johnson para que no ceda a los que quieren que no se aban­done la Unión Aduanera. 

OPINIÓN. Editorial en La Vanguardia: ‘Sant Jordi, la fiesta de to­dos‘. Otro edi­to­rial: ‘Podemos no re­mon­ta’. Màrius Carol en el mismo dia­rio: ‘La cuenta atrás: falta justo un mes para que el Parlament pueda in­vestir un pre­si­dent de la Generalitat’. Jordi Juan en el mismo dia­rio: 'Valls re­vo­lu­ciona la ba­talla de Barcelona'. 

Editorial en El Mundo: ‘Los mos­sos, cóm­plices del 1-O‘. Editorial en ABC: ‘Separatismo sin­dical en Cataluña‘. Otro edi­to­rial: ‘Desastre de Ortega en Nicaragua’. Editorial en La Razón: 'Cataluña es hoy más cons­ti­tu­cio­nal'. Editorial en El Español: 'Sánchez y Rivera, en la misma senda. Sánchez ha ini­ciado una gira por Europa para des­en­mas­carar a Puigdemont'. Javier Gómez de Liaño en el mismo me­dio: ‘Por fa­vor, más res­peto al Supremo’. 

Jesús Cacho en Vozpopuli: 'La bomba Valls'. Miguel Alba en el mismo me­dio: ‘El se­ce­sio­nismo de UGT y CCOO me­rece el fin a sus sub­ven­ciones pú­bli­cas’. Moisés Romero en La Carta de la Bolsa: 'Bolsa es­pañola: echá­bamos en falta planes es­tra­té­gi­cos, ideas y am­bi­ción. Mejor no ha­cer­lo­s…'. Editorial en El Economista: ‘Gestión pru­dente en la deuda pú­bli­ca‘. Otro edi­to­rial: ‘Fuerte im­pulso ex­te­rior de Acciona’. Otro edi­to­rial: ‘Alzas ex­ce­sivas en li­cen­cias VTC’. Editorial en Cinco Días: ‘España debe poner los mdios para no perder la ca­rrera del coche eléc­tri­co‘. 


(*) Periodista


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