jueves, 4 de enero de 2018

Un nuevo contrato de servicios energéticos permitiría al Ayuntamiento de Lorca ahorrar más de un millón de euros

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha propuesto la tramitación de un nuevo contrato para la renovación de los servicios energéticos que permitiría al Ayuntamiento ahorrar hasta un millón de euros de lo que en la actualidad se paga por consumo y mantenimiento municipal, así como mejorar el alumbrado público y reducir de manera efectiva las emisiones contaminantes.

Mateos apuesta además por aplicar este cambio en el contrato de los servicios energéticos manteniendo la actual plantilla de trabajadores municipales y respetando sus condiciones laborales, antigüedad y derechos reconocidos. Asegura que "es perfectamente compatible".
Con esta propuesta del PSOE, Mateos asegura que se conseguiría un "triple beneficio" para el municipio de Lorca. En primer lugar, apunta, se lograría la reducción del consumo de energía eléctrica entre un 50 y un 60%, que supondría una "reducción automática" de los costes de los recibos de electricidad que paga el Ayuntamiento de Lorca, de entre un 30 y un 40%.
Además, con este cambio en el contrato de servicios eléctricos se procedería a la renovación y mejora de la red de alumbrado público, puesto que asegura "se renovarían y repararían todas aquellas instalaciones obsoletas y que no reúnen criterios de eficiencia energética". 
De esta manera, también se conseguiría reducir las actuales emisiones contaminantes.
Como paso previo a la tramitación de este nuevo contrato, Mateos ha apuntado la necesidad de realizar una auditoría sobre el estado actual del servicio energético actual, para disponer de un inventario que permita conocer la situación actual de los puntos de alumbrado público y actuar de manera prioritaria en aquellos puntos más necesitados de una renovación.
Mateos ha apuntado que este cambio ya lo están afrontando municipios como Murcia, Pamplona o Altea, entre los más de 50 ayuntamientos repartidos por el territorio nacional que ya han dado este paso con el que, insiste "es posible conseguir un ahorro energético y económico a través de la modernización de la red de alumbrado municipal".
Para el caso de Lorca, Diego José Mateos asegura que se conseguiría un ahorro, mínimo, de un millón de euros para las arcas municipales. Teniendo en cuenta que, según los presupuestos de 2018 para el municipio, la partida municipal para pagar tanto el consumo eléctrico como el material para el mantenimiento asciende a los 3,5 millones de euros, esta medida supondría un ahorro del 30%, con una rebaja de un millón de euros que, añade, "podría ir destinado a cualquier otro servicio o prestación municipal que lo necesite".
Una vez dado este paso, Mateos apunta que esta renovación sería ampliable también a los servicios de energía contratados con edificios municipales, tales como el propio Ayuntamiento, polideportivos, estadios o hasta los propios colegios, cuyo mantenimiento y pago del consumo eléctrico corre a cargo del municipio. De esta manera, insiste, se conseguiría un "ahorro mayor".

IU alerta del déficit de vivienda social y de alquiler en Lorca

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha alertado hoy del déficit de parque dedicado a vivienda social y de alquiler en Lorca, lo que está generando un incremento significativo en el número de ocupaciones ilegales (mayoritariamente de inmuebles vacíos propiedad de los bancos). 

Martín explicó que este fenómeno es una consecuencia directa de la ausencia de una política municipal encaminada a ofrecer alternativas a quienes no pueden comprar una casa, y recordó que la falta de un título habilitante produce la estigmatización de las personas ocupantes, les impide el acceso a servicios públicos, e incrementa el riesgo de exclusión social. Ha asegurado también que, en Lorca, la concentración de ocupación ilegal está actuando como catalizador de procesos de degradación urbana y segregación social en diferentes barrios, como el de Los Ángeles.
Martín señaló que no se trata únicamente de una problemática que afecta a personas sin ingresos económicos, sino que hay muchos trabajadores en activo, con empleos y salarios precarios, fundamentalmente vinculados a la actividad agraria, que tienen "importantísimas dificultades" para encontrar una vivienda en régimen de alquiler a precio asequible.
Por ello, la edil de IU-Verdes ha pedido que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de localización de vivienda desocupada y cree un Servicio Municipal de Alquiler que genere incentivos, ofrezca seguridad a propietarios y arrendatarios, y establezca un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población, porque "tratar de invisibilizar este problema no lo hace desaparecer".
Martín también ha propuesto la creación de un fondo de vivienda social, mediante acuerdos con las entidades financieras propietarias de inmuebles desocupados, o el fomento y regulación de la "masovería urbana" (ocupación de una vivienda a cambio de la restauración y el mantenimiento), como una alternativa solidaria y sostenible de garantizar el derecho a la vivienda.
Por último, ha exigido al equipo de Gobierno municipal del PP que redacte el Plan de Vivienda 2018-2023 aprobado en Pleno el pasado mes de junio por iniciativa de IU-Verdes. Dicho plan en el que estarían incluidos los 59 inmuebles de propiedad municipal ubicados en el barrio de San Fernando debe establecer líneas de ayuda específica para la emancipación de los lorquinos menores de 35 años, y también facilidades para que familias desahuciadas puedan acceder a una vivienda mediante rentas reducidas.
Martín aseguró que "Lorca necesita un Urbanismo social y participativo, transformador de la realidad, y que coloque en el centro de su política las necesidades básicas de las personas". Al respecto, recordó que uno de los "deberes" del Ayuntamiento es destinar parte de sus recursos y programas a garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna a sus vecinos y vecinas.

Ángeles Navarro: "La mejor vacuna contra la congestión de los hospitales es una visión global de la salud"

CARTAGENA.- Podemos apuesta por una atención primaria continuada y la reapertura de los centros de salud por las tardes avalado por un estudio poblacional de las situaciones concretas de cada territorio para "romper el problema crónico de colapso en el servicio de urgencias".

La diputada regional de Podemos,  Ángeles G. Navarro, ha afirmado que el SMS necesita una reorganización del servicio de urgencias "sin perder la visión integral de la persona y la continuidad asistencial incidiendo en algo que resulta imprescindible como el tener una visión global de la salud que empieza en Atención Primaria"
García Navarro ha argumentado que la población en la Región de Murcia presenta una tasa de envejecimiento progresivo "por lo que cada vez hay más pacientes crónicos complejos que tienen múltiples patologías y que son hiperfrecuentadores de las urgencias.
Estos pacientes, ha añadido la diputada de Podemos "son vulnerables y lo que realmente necesitan es una atención domiciliaria de más calidad en atención primaria lo que haría que tuviesen que recurrir menos a los servicios de urgencias".
En este sentido ha argumentado que es urgente incrementar la plantilla de profesionales en Atención Primaria, y disponer de un tiempo de atención del que actualmente no disponen los profesionales para atender a los pacientes.
La diputada de Podemos, ha exigido así, que se garantice que la atención continuada, por lo que "se hace necesario la creación de un número de plazas que dé cobertura a la necesidad real, que dote de recursos técnicos y formativos" que mejoren la capacidad resolutiva de los profesionales redundando en menor uso de los servicios de urgencias hospitalarios.
Así, ha subrayado que "se debe trabajar en la optimización de los recursos existentes para elevar el nivel de resolución abriendo en un determinado horario los servicios de radiología cercanos a los SUAPS que ocasionaría menos derivaciones a hospitales".
Del mismo modo, ha añadido que "es necesario que se realicen los estudios poblacionales socio laborales pertinentes para valorar la reapertura de centros de salud en horarios de tarde con el fin de prestar la Atención Primaria necesaria a la población y descongestionar los servicios de urgencias hospitalarios y extra hospitalarios".

López Miras y el ministro Méndez de Vigo clausuran este domingo el Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, asisten el próximo domingo, 7 de enero, al solemne acto de clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, que tendrá lugar en la Basílica Santuario de la Vera Cruz, y que estará presidido por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

La visita del ministro Íñigo Méndez de Vigo se suma así a la realizada el pasado mes de noviembre por Sus Majestades los Reyes de España, durante la cual también clausuraron la exposición 'Signum. La Gloria del Renacimiento' en la iglesia de la Compañía de Jesús, así como a la visita del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, realizada el 27 de diciembre.
El Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2017 ha triplicado el número de visitantes con respecto al anterior jubileo de 2010, y ha consolidado a la Región de Murcia como referente de turismo religioso mostrando a los visitantes el rico patrimonio histórico y cultural de la Región a través del más de un centenar de actividades desarrolladas, dice la Comunidad Autónoma en un comunicado sin ofrecer cifras concretas comparativas.
Entre esas actividades, destacan los festivales de verano; la exposición 'Signum. La Gloria del Renacimiento'; 'Las Cocinas del Jubileo', donde más de 5.000 personas disfrutaron de lo mejor de la comida monacal y los productos y la gastronomía de la Región; o los eventos deportivos como las etapas de la Vuelta Ciclista a España, la II Regata Punta Este Año Jubilar 2017 y la carrera de ultrafondo '90K. Camino de la Cruz'.

En 2017 se firmaron en la Región casi 6.000 contratos indefinidos más que el año anterior, según la CARM

MURCIA.- En 2017 se firmaron en la Región de Murcia un total de 68.252 nuevos contratos indefinidos a trabajadores, 5.898 más que en el año 2016. Por tanto, la celebración de contratos estables experimentó una subida del 9,46 por ciento en el pasado ejercicio con respecto a los 62.354 que se registraron de enero a diciembre de 2016.

La evolución de las cifras muestra que, desde que arrancó la recuperación económica y de empleo, la contratación indefinida no ha dejado de crecer cada año. Así, los resultados de 2017 contrastan, por ejemplo, con los 54.397 contratos fijos registrados en 2015, los 48.530 de 2014, o los 40.686 en todo el año 2013. 
Es decir, desde el final de la crisis cada año ha traído consigo una mejora con respecto al anterior, mientras que durante la crisis la tendencia era la opuesta: cada año arrojaba un descenso en referencia al año previo.
La previsión del Gobierno regional a comienzos de 2017 era cerrar el año con unos 66.000 contratos indefinidos, pero los picos de contratación indefinida alcanzados sobre todo en el segundo trimestre del año ya indicaban la posibilidad de que se mejorase ese objetivo. Finalmente, en la Región se han firmado 2.252 contratos fijos más de los marcados como meta.
Para el director general del SEF, Alejandro Zamora, "las empresas observan el escenario económico con cada vez más optimismo, y eso las decide a llevar a cabo contrataciones duraderas. 
Además, para ayudar a tomar esa decisión, la Comunidad ofrece subvenciones que volverán a entrar en vigor a principios de este año, como por ejemplo, la subvención de 6.000 euros por la conversión de un contrato formativo en indefinido".
En cuanto a los registros a lo largo del año, octubre se convirtió en el mes que más contratos indefinidos dejó en la Región de Murcia durante 2017, con una cifra récord de 7.492, y por encima de los 6.905 que se formalizaron en mayo. 
El mes que menos contratos fijos arrojó el año pasado fue agosto, con 4.004.
En cuanto al pasado mes de diciembre, el último mes del año dejó 4.105 contratos fijos, de los cuales 1.889 fueron para personas de entre 30 y 44 años (el 46 por ciento del total); 1.238 para menores de 30 años (el 30 por ciento) y 978 para trabajadores mayores de 45 años (el 24 por ciento).
La Región alcanzó en la recta final de 2017 los 315.100 asalariados con un contrato indefinido, la misma cifra con la que cerró el segundo trimestre del año 2007, es decir, antes del inicio de la crisis. 
Sin embargo, a pesar de que la cifra de trabajadores fijos es la misma que en los meses previos a la crisis, el porcentaje que supone ese colectivo con respecto al total de asalariados ha aumentado.
Así, este colectivo representa el 64,4 por ciento de los 489.400 trabajadores por cuenta ajena (no entran en consideración los autónomos), mientras que en 2007 eran el 58,6 por ciento de una cifra global de asalariados más alta que la actual, y que se situaba en los 537.100.

Miguel Sánchez´(C's): «Que el PP no nos haga perder el tiempo y cumpla lo que firmó»


MURCIA.- El portavoz regional de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, pidió este jueves al Partido Popular "que cumpla el pacto de investidura" y que exija a la senadora por la Región y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, "que deje su acta de senadora de inmediato o que sea expulsada del partido".

“Si no la fuerzan a hacerlo, estarán incumpliendo de nuevo su palabra, su acuerdo y lo firmado. Nosotros hemos cumplido nuestra parte, el PP si no cumple, haría difícil un entendimiento con un presidente que no tiene palabra, una situación que nos recuerda otros tiempos vividos en la Región”, ha añadido el portavoz naranja.
Así, tras la reciente citación a Barreiro para declarar como imputada en el caso Púnica, Miguel Sánchez consideró que "el PP debe cumplir lo que prometió" y, por ello, pidió al Partido Popular "que no nos haga perder el tiempo y cumpla con prontitud lo que firmó con Ciudadanos".
Además, el portavoz de Ciudadanos avanzó que, si la exalcaldesa de Cartagena no actúa como pide la formación naranja, "el PP estaría nuevamente incumpliendo su palabra", lo que "haría difícil llegar a otros acuerdos".
Igualmente, lamentó que el Partido Popular "regala para Reyes a la Región un nuevo caso de corrupción y vergüenza", en referencia a este caso, al tiempo que ha asegurado que "Murcia vale mucho más que la corrupción y los presuntos corruptos".
Y recordó que "la señora Barreiro debió ser juzgada hace tiempo", ya que "en mayo de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil propuso que se la investigara" y, por eso, "Ciudadanos propuso que se impulsara la supresión de los aforamientos, que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional", que en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación en el Senado.
En este sentido, subrayó que "no queremos que los políticos gocen de un privilegio judicial por el cargo público que ocupan", sino que "deben ser juzgados en las mismas condiciones y por los mismos tribunales que el resto de ciudadanos". 
Así, si la figura del aforado no existiera, aseguró Miguel Sánchez, "la señora Barreiro no nos habría dado el bochorno que nos ha dado estas Navidades".
Por otra parte, se mostró orgulloso de que Ciudadanos es "punta de lanza en regeneración democrática y lucha contra la corrupción" y aseguró que "somos un partido pactista, útil y responsable", pero también "inflexibles contra la corrupción política", al tiempo que "nos estamos preparando para gobernar".

El desfalco de los gestores de las cajas de ahorro sobrepasa los 3.700 millones

MADRID.- Las investigaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y las pesquisas judiciales están desmontando una retahíla de operaciones sospechosamente irregulares, que dejaron tocadas las arcas de las antiguas cajas de ahorro, a juicio de elEconomista.

Al menos los directivos están siendo investigados por desfalcar a estas entidades en los años del boom y en los comienzos de la crisis 3.704 millones. Ésta es la cuantía de las diferentes transacciones supuestamente ilegales que el organismo público ha denunciado ante la Fiscalía desde 2013, cuando puso en marcha una serie de informes para analizar la situación de los grupos que tuvieron que ser rescatados con dinero público. La inmensa mayoría están en procedimientos abiertos, en diferentes causas, en los tribunales.
Estas irregularidades tienen que ver con créditos, sueldos y prejubilaciones que fueron autorizados al margen de la legalidad y que supusieron un quebranto patrimonial de tal dimensión.
Hace dos semanas el presidente del Frob destacaba en el Congreso de los Diputados que hasta la fecha la institución había remitido a Anticorrupción 57 informes con transacciones sospechosas. 
"Es obvio que la actuación de los gestores es un elemento determinante de la eventual inviabilidad de una entidad", aseguraba Jaime Ponce, quien subraya que el Frob, como autoridad de resolución, "ha velado por la persecución de aquellas conductas irregulares que podrían haber causado un perjuicio patrimonial a las entidades y, en concreto, ha ejercido directamente las acciones judiciales o extrajudiciales cuya titularidad le corresponde encaminadas a conseguir el resarcimiento patrimonial".
Las últimas denuncias fueron presentadas el año pasado, cuando llevó nueve créditos supuestamente irregulares de Caja España Duero, que habían supuesto un quebranto de 120 millones, y otro de Sa Nostra, cuyo agujero aún no se había determinado.
En estas causas no se encuentran algunas de las más relevantes y de impacto social, como la salida a bolsa de Bankia o la comercialización de preferentes, ya que las pérdidas han sido asumidas finalmente o bien por el Estado, a través de compensaciones o indemnizaciones, o por los inversores. 
Precisamente está previsto que próximamente se sienten en el banquillo de los acusados los antiguos consejeros y directivos de Bankia por la colocación de acciones en el mercado a mediados de 2011.
De momento, muy pocas denuncias han sido resueltas aún por la Justicia. Y muy poco dinero se ha podido recuperar. Las condenas, hasta la fecha, han llegado a cuentagotas.
Apenas varias causas han culminado ya. La más importante, por su relevancia social, ha sido el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, cuya sentencia aún debe ser ratificada por el Supremo.
También es destacable la causa de las prejubilaciones de las cajas gallegas, por la que algunos directivos se encuentran aún en prisión. Desde octubre los cinco exgestores disfrutan de un régimen de semilibertad tras haber cumplido buena parte de la pena y de haber comenzado a realizar trabajos sociales.
El que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas, fue condenado a un año y medio de cárcel por una de las operaciones que más quebranto ha supuesto a una entidad, la denominada Grand Coral
Los préstamos a un proyecto inmobiliario en el Caribe conllevaron un agujero a la caja valenciana de 750 millones de euros. Olivas se enfrenta a otras causas, entre ellas, la salida a bolsa de Bankia, de la que llegó a ser vicepresidente en la época en que Rodrigo Rato era su máximo responsable.

La inversión pública se sitúa en 2017 en mínimos de hace 50 años


MADRID.- Aunque todavía con datos preliminares, las cifras de contabilidad nacional apuntan que la inversión pública quedará en 2017 en cotas similares o incluso por debajo de las de 2016. En ese año, la inversión del conjunto de las Administraciones Públicas cayó hasta el 1,9% del PIB, su valor mínimo desde 1970 según el Banco de España que recoge El País. 

Esta ratio es la menor de toda la UE, solo por encima de la de Portugal y al mismo nivel que Irlanda. Desde 2009, año excepcional por el Plan E de Zapatero, esta partida se ha desplomado en más de 30.000 millones hasta situarse en el entorno de los 22.000 millones al año registrados en 2016 y 2017.
Al inicio de 2016 se vislumbraba una cierta recuperación de la inversión de las Administraciones, una rúbrica que incluye desde las infraestructuras hasta el I+D, pasando por inversiones en educación, sanidad, defensa, servicios de la policía o desarrollo de la vivienda. 
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy había elaborado unas cuentas poco realistas, condicionadas por el panorama electoral y que no contemplaban el esfuerzo de austeridad que aún quedaba por hacer. Forzado por Bruselas, en 2016 tuvo que poner en marcha dos ajustes: uno en abril con un acuerdo de no disponibilidad. Y otro cuando adelantó a agosto el cierre de todos los gastos no esenciales
Entre los dos tijeretazos se recortaron unos 5.000 millones de euros. Y el grueso del tajo se centró otra vez en la inversión pública. Como resultado, en 2016 el porcentaje que realmente se ejecutó respecto a lo presupuestado fue muy bajo. En Agricultura, Fomento o I+D se gastó prácticamente la mitad de lo planeado. El desembolso en carreteras se colocó en cotas de los años ochenta
 Como la compra de un aparato no se contabiliza hasta que no se ha entregado, en Defensa se llegó al extremo de dejar en los hangares Eurofighters pagados y sin estrenar para que no computasen en el déficit público. Y todo ello hizo que en 2016 la inversión pública acabase en el 1,9%, una cifra que el Banco de España señala como un mínimo de los últimos 50 años.
Con la vista puesta en el cierre de 2017, la cosa no pinta mejor. Los presupuestos de este año también se prepararon bajo las presiones de Bruselas para reconducir el déficit público, todavía en las mayores cotas de la UE. Y para ajustarse, el Gobierno los confeccionó a partir de las cantidades de gasto realmente ejecutadas en 2016, y no sobre la base de los anteriores presupuestos como se suele hacer. 
Eso ha provocado que estos niveles mínimos de inversión se repitan en 2017. Las cuentas remitidas a Bruselas en noviembre auguran que la inversión de 2017 volverá a quedar congelada en el 1,9%. Sin embargo, según la contabilidad nacional, la formación bruta de capital de las Administraciones está descendiendo un -0,8% hasta octubre. En esos datos faltan los números de los ayuntamientos. 
Pero estos solo suponen el 20% del total y se encuentran sometidos a la regla de gasto, que limita sus aumentos de la inversión. En consecuencia, los municipios difícilmente podrán engordar la cifra final. Solo un desembolso extraordinario en Defensa podría alterar algo el cierre. Dado que se prevé un crecimiento del PIB para 2017 del 3,1% más una inflación del entorno del 1,5%, la evolución de las inversiones quedará por debajo y perderá otra vez peso en proporción al PIB. 
Al ritmo de crecimiento exhibido hasta septiembre, se situaría en el 1,88% del PIB. De confirmarse, se trataría del peor dato en cinco décadas y muy por debajo de la media del 3,6% del PIB registrada entre 1970 y 2016.
Las inversiones no tienen nombres y apellidos como ocurre con los gastos sociales, no están comprometidas como sucede con los intereses de la deuda. Por eso, resulta más fácil aplicarles un recorte, aunque según los expertos sean los gastos que más contribuyen al crecimiento futuro siempre que cubran carencias y sean eficaces.
Según un informe del Banco de España, “la contribución de la inversión pública al proceso de consolidación de las finanzas públicas ha excedido su peso dentro del gasto”. El organismo advierte de que esta partida, que representa el 10% del gasto, soportó cerca del 60% del ajuste fiscal. Solo Irlanda ha hecho un recorte de la inversión similar. 
En el anterior ajuste que abordó España en los años noventa, la inversión solo supuso el 22% del recorte. No obstante, el Banco de España admite que el total de infraestructuras acumulado es más elevado que entonces. En 2015, supera de hecho la media europea. Pero eso sí: advierte de que con una inversión tan baja no da ni para el mantenimiento y que, por tanto, se está perdiendo una parte del parque de infraestructuras.
Fuentes del Gobierno defienden que la dotación de inversiones que tiene España es elevada y que parece lógico que no se repongan aquellas que se construyeron sin un sentido económico. Según el Banco de España, las áreas que más sufrieron recortes fueron vivienda y protección social con un ajuste del 80%. 
En cambio, defensa y orden público sólo tuvieron mermas de entre el 10 y el 20%. Respecto a defensa, fuentes gubernamentales alegan que se trata de inversiones comprometidas y ligadas al mantenimiento de empleos en España.
Según la patronal Seopan, las licitaciones suben un 31% hasta noviembre gracias a las comunidades autónomas y las entidades locales. Eso significaría que este año probablemente habrá una cierta mejora. No obstante, Seopan recuerda que se trata de niveles mínimos históricos: solo representan un 1% del PIB frente a un promedio del 2,6% en los últimos 22 años. Además, estas cifras apuntan que las licitaciones de Fomento caen un 7,3%.

Educación cae a la mitad y sanidad, un 37%

La inversión pública ha caído desde 2009 a la mitad en educación y un 37% en sanidad, según un estudio de la Fundación BBVA-Ivie publicado la semana pasada con datos hasta 2015 recopilados de los Ministerios entre otras fuentes. 
Según el informe, el desembolso en sanidad, que inició una recuperación en 2014, se encuentra en cotas por encima del 2000. Sin embargo, la inversión en infraestructuras educativas se ha desplomado un 55% y presenta unos niveles todavía un 12% inferiores a los de principios de siglo. 
El informe destaca que el descenso de la inversión pública en los años más recientes ha sido “tan intenso” que ni siquiera se han logrado mantener las dotaciones existentes de infraestructuras educativas y sanitarias disponibles, lo que “afecta a la calidad de los servicios prestados”, concluye.
Respecto a la inversión en infraestructuras de obra civil, otro documento de la Fundación BBVA-Ivie explica que esta ha llegado a retroceder hasta un 60% respecto a 2007 y un 80% sobre 2009, ejercicio en el que se impulsó el gasto por el Plan E. 
“La inversión de Ayuntamientos y Diputaciones sigue hundida, también en puertos, aeropuertos y zonas urbanas con caídas del 80% sobre 2007. En las inversiones viarias la caída es superior al 40%. Solo se ha recuperado algo la rúbrica del ferrocarril, que ha recobrado unos 20 puntos en dos años después de haber llegado a caer un 60%”, explica Matilde Mas, catedrática de la Universidad de Valencia-Ivie y uno de los autores del estudio.

Europa exige que los jueces sean quienes elijan el CGPJ y no los políticos

BRUSELAS.- El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) cargó contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción. A ojos de la institución, las autoridades españolas sólo han avanzado parcialmente en siete de las 11 recomendaciones que la organización había presentado para mejorar la transparencia en el ámbito político y judicial, según detalla hoy El País de Madrid.

Entre las reformas que plantea el Greco y que no han sido suficientemente atendidas se encuentra el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 20 vocales que lo integran son votados en última instancia por el Congreso y el Senado, frente a la petición del Consejo de Europa de que al menos la mitad sean elegidos directamente por los jueces. El informe estima que lo mejor sería que el poder político no participara de ninguna manera en la elección.
El equipo de evaluación del Greco "recomienda que al menos la mitad de los miembros" del Consejo "sean jueces elegidos por sus compañeros de todos los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del mismo". El informe se alinea también con la tesis del Consejo Consultivo de Jueces Europeos de que "las autoridades políticas tales como el Parlamento o el Poder Ejecutivo no se deberían implicar en ninguna fase del proceso de selección" del órgano de gobierno de los jueces.
Actualmente, los 20 vocales del Consejo son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Doce deben ser jueces o magistrados, escogidos por el Parlamento entre candidatos propuestos por la carrera. Los otros ocho son juristas designados libremente por las Cámaras. 
Un sistema que según el Consejo de Europa -una organización formada por 47 Estados, cuyo principal objetivo es la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos-, resulta insuficiente para garantizar la independencia o, al menos, la apariencia de independencia del CGPJ.
En respuesta al informe, el Ministerio de Justicia resalta que en 2013 se modificó el sistema de nombramiento de los vocales para "ampliar la posibilidad de que un mayor número de jueces y magistrados puedan presentar sus candidaturas, consiguiendo así una representación más plural".
El Greco considera que debe acoger "con cautela" la posibilidad de que la reforma "pueda reforzar eficazmente la imagen del CGPJ como organismo imparcial".
Respecto al riesgo de que la elección del Consejo responda a afinidades de un partido, el ministerio que dirige Rafael Catalá subraya que los vocales actuales "recibieron un apoyo parlamentario alto, siendo la mayoría de ellos propuestos de manera conjunta por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria".
Añade que las tres reformas del sistema en los últimos años revelan que se trata de un asunto "que preocupa a los poderes públicos". También que el Gobierno acaba de aprobar un plan que "incluye una propuesta de modificación de la [ley] para reforzar la independencia del CGPJ, a través de la modificación del sistema de nombramiento de sus vocales de procedencia judicial, posibilitando su elección por los propios jueces y magistrados".
Una función esencial del CGPJ es la designación de los principales cargos judiciales, un aspecto sobre el que el Greco también muestra su preocupación. Una de las 11 recomendaciones no cumplidas pedía "que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso".
Cuatro de las recomendaciones que el Greco examina se centran en el ámbito judicial, cuatro en la Fiscalía y tres en el ámbito parlamentario. "La gran mayoría de esas propuestas programáticas deben ser aún materializadas en la práctica en el Parlamento", lamenta el informe. 
El organismo contra la corrupción asume que en los últimos años el bloqueo político en España dificultó las reformas, pero no lo considera excusa suficiente. Ese periodo, dice, pasó hace tiempo, por lo que pide "una acción decidida", "no sólo palabras y planes, sino hechos", para luchar contra la corrupción. 
En resumen, el Consejo de Europa valora que ha habido un "progreso limitado" en el cumplimiento de las recomendaciones, que describe como "insatisfactorio globalmente" desde su anterior informe publicado en 2016. En vista de los resultados, el Greco reclama a España que incremente sus esfuerzos con el objetivo de "alcanzar un progreso tangible lo antes posible".

Los obispos africanos, contra la postura inmigracionista de Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco predicó en Navidad sobre un asunto que es ya obsesivo en él: la acogida de los inmigrantes. En ninguna de sus declaraciones y homilías en que ha tratado esta cuestión ha insinuado el Santo Padre que pueda haber algún límite prudencial en cuanto al número de los recién llegados, y apenas ve la posibilidad de un inevitable choque cultural, dificultades económicas y logísticas insuperables o una distinción entre refugiados e inmigrantes económicos, entre legales e ilegales, según resalta https://infovaticana.com.

En esto tiene a favor a todo el estamento globalista, empezando por los jerarcas de la Unión Europea y la ONU, y en contra a no pocos obispos. Es razonable, por tanto, que Su Santidad esperase algún tipo de reacción negativa o crítica por parte de unas autoridades italianas que no saben ya qué hacer para frenar la invasión descontrolada desde África, o desde sus colegas en el episcopado italiano.
Pero las críticas han venido de donde, imaginamos, menos podía esperarlo: sus amadas ‘periferias’. Concretamente, de África, de donde procede el grueso de esta inmigración masiva y que, por tanto, sería comprensible imaginar una acogida entusiasta del espíritu de acogida papal.
Y no, todo lo contrario. Los prelados más importantes del Continente Negro piden desesperados medidas urgentes para frenar la emigración masiva que está despoblando África, en oposición frontal a la línea marcada por Francisco.
Los africanos defienden su postura alegando que los emigrantes son tratados de modo espantosa por las mafias que les llevan a Europa, donde la vida que encuentran es, además y por lo común, muy distinta de la que esperan.
“No tenemos derecho a permitir que existan canales de emigración ilegal cuando sabemos perfectamente cómo funcionan”, asegura el senegalés, Benjamin Ndiaye, Arzobispo de Dakar, con el apoyo absoluto de su colega nigeriano Joseph Bagobiri y muchos otros. “Todo esto tiene que acabar”.
Desde el lado europeo de la ecuación defiende la misma tesis, curiosamente, otro prelado africano, en este caso el cardenal Robert Sarah, prefecto para el Culto Divino.
El pasado octubre, el cardenal guineano afirmó el derecho de las naciones a distinguir entre refugiados e inmigrantes económicos, según la revista polaca wPolityce.pl, apoyando la postura de Polonia frente a los intentos de Bruselas de obligar al país a abrir sus fronteras.

Se restringe el trasvase de agua desde la cuenca del Tajo hasta la del Segura


MADRID.- Desde el pasado 1 de enero el volumen de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el Trasvase Tajo-Segura, no puede descender de los 400 hectómetros cúbicos, un nivel que supera holgadamente el actual, situado en 236 hectómetros y que impide suministrar agua a la huerta levantina a través de la infraestructura. Los regantes, no obstante, reclaman un trasvase "de socorro" para salvar 44 millones de árboles frutales, publica hoy elEconomista.

Corría el mes de octubre de 2013 cuando Miguel Arias Cañete, por entonces ministro de Agricultura, lograba muñir un acuerdo con las cinco comunidades autónomas implicadas en el Trasvase Tajo-Segura sobre el uso de esta polémica infraestructura. Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia estaban todas gobernadas por el PP y se aprovechó la sintonía política para introducir varias enmiendas en la Ley de Evaluación Ambiental que, teóricamente, ponían fin a una de las eternas guerras del agua del país.
En virtud de esas medidas se establecieron varios escenarios y se incrementó el umbral mínimo a partir del cual no se puede desembalsar agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía para alimentar la sedientas cuencas del Júcar y el Segura, pasando de 240 a 400 hectómetros a partir del pasado 1 de enero, un nivel muy superior al actual, de 236 hectómetros, equivalente al 9,6% de capacidad de ambos embalses.
Para alcanzar ese umbral de 400 hectómetros, la norma contemplaba un período transitorio en el que el mínimo se iría incrementando en 32 hectómetros anuales. En virtud de esta restricción, el Trasvase no funciona desde el pasado mes de mayo, si bien en octubre la Comunidad de Castilla-La Mancha denunció un "trasvase encubierto", porque regantes del Tajo habían cedido ocho hectómetros a regantes del Segura, algo que el Ministerio consideró una operación privada, permitida por las citadas enmiendas a la Ley de Evaluación.
En cualquier caso, por el Travase circularon el año pasado 82,5 hectómetros de agua -sobre un máximo permitido, en caso de una excepcional bonanza hídrica, de 650 hectómetros anuales- y este año no se espera que circule nada, habida cuenta de que la Confederación del Tajo augura que el año concluirá con 172 hectómetros.
Sin embargo, los agricultores del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) reclaman un trasvase "de socorro" -en palabras de su presidente, Lucas Jiménez- para salvar 44 millones de árboles frutales.
Ellos, grandes beneficiarios de la infraestructura, reclaman que funcione y recuerdan su importante peso económico: mantienen 100.000 empleos y su producción -de la que exportan el 60%- se valora en unos 2.300 millones de euros.
La alternativa al agua del Trasvase es el agua desalinizada. No siempre es posible y resulta mucho más cara: en la cuenca del Segura, según calcula la Confederación, de 197 a 564 millones más cada año.

Los sindicatos temen que Bankia cierre casi el 20% de las oficinas a medio plazo

MADRID.- Los sindicatos y la dirección de Bankia reanudarán el 11 de enero las negociaciones del ERE originado por la fusión con BMN. El banco quiere prescindir de 2.510 empleados y cerrar 145 oficinas, cuya lista ya ha comunicado (ver oficinas). Fuentes sindicales confían en recortar el número de despidos, pero creen que Bankia continuará clausurando sucursales tras cerrar la fusión. Además de estas 145 iniciales, estas fuentes creen que Bankia prescindirá de 300 más para 2019, lo que supondrá casi el 20% de sus sucursales. El efecto de la digitalización y la bajada de tipos están detrás de este movimiento, según avanza hoy El País.

Los representantes de los trabajadores afirman que los primeros contactos  con la dirección de Bankia ha empezado con mal pie. No están dispuestos a aceptar los 2.510 despidos (el 14,3% del total) y esperan reducirlos hasta los 2.000 ó 2.200 como máximo.
Sin embargo, en cuanto a la red de oficinas, la situación es muy diferente. Lejos de esperar que el cierre se quede en las 145 sucursales anunciadas hasta febrero, están convencidos de que irán a más hasta doblar esta cifra y acabar 2019 con 450 sucursales menos que ahora: el 18% de la red, compuesta en el momento de la fusión con BMN por 2.515 oficinas.

El efecto de la digitalización y los tipos negativos

Desde la entidad no ofrecen ninguna cifra, pero recuerdan que, en años anteriores, sin que hubiera una fusión por medio, han ido cerrando unas 140 anuales. En Bankia aseguran que “no se abandonará ningún pueblo o ciudad”, es decir, no se quedarán sin oficinas ninguna localidad. 
 También recuerdan que unos 600.000 clientes ya trabajan con gestores remotos, es decir, sin acudir a las oficinas, salvo para temas excepcionales, utilizando las vías digitales. Bankia tuvo que abandonar muchas ciudades tras recibir 22.424 millones del Estado. 
Ahora, cinco años después, Bruselas ha quitado esta restricción, pero el banco no espera cubrir esos huecos con la apertura de muchas oficinas, ya que apuesta por una presencia física testimonial.
Por otro lado, la fuerte caída de los tipos de interés —el euríbor lleva 23 meses al 0% o por debajo— también empuja al ahorro de costes. La integración informática con BMN estará acabada en marzo de 2019.

Desastre de audiencia (0,0%) de 'La 7RM' en Nochevieja

BARCELONA.- Las televisiones autonómicas de Murcia (La 7) y Castilla y León empezaron el 2018 con el dudoso honor de ser las únicas emisoras que cosecharon un decepcionante 0,0% en las audiencias de las campanadas de Fin de Año.

La tele murciana optó por transmitir las campanadas en directo desde la plaza de Santo Domingo de Murcia. 
Mientras, la castellana decidió emitir una grabación efectuada el 22 de diciembre por la tarde en Salduero (Soria), considerado uno de los pueblos más bonitos de la Castilla y León. Vecinos y visitantes llenaron la plaza mayor del pueblo tras el llamamiento del alcalde, Guillermo Abad.
Los paupérrimos datos de audiencia de estas dos emisoras contrasta con los obtenidos por otras cadenas de la FORTA como TV-3 (40,5%), Canal Sur (17,4%), ETB (15,5%) o TVG (9.6%).

Previsión de lluvia, frío y nieve en gran parte del país


MADRID.- Mañana viernes entrará un frente atlántico que recorrerá la Península de oeste a este y dejará hasta el fin de semana frío, lluvia y heladas casi generalizadas, así como nevadas en amplias zonas, según la Aemet.

La portavoz adjunta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Delia Gutiérrez, señaló que esta semana habrá "dos partes bastante claras", puesto que el anticiclón se impondrá en prácticamente todo el país hasta el jueves, con lo que hasta entonces seguirán el cielo despejado y las temperaturas templadas.
Gutiérrez subrayó que las temperaturas continuarán este jueves muy por encima de los valores normales para esta época del año y las heladas se reducirán a zonas altas de los Pirineos, en tanto que se esperan precipitaciones en Galicia y zonas cercanas. En la noche de este jueves llegará un frente frío muy activo que intensificará las precipitaciones en el extremo noroeste peninsular.
Por otro lado, Gutiérrez indicó que el anticiclón comenzará a debilitarse el viernes, cuando llegará "una baja atlántica con frentes asociados que traerá un cambio bastante grande en el tiempo con precipitaciones generalizadas, bajada de las temperaturas, heladas y nevadas".
Ese tiempo invernal coincidirá con la llegada de los Reyes Magos, con lo que, según Gutiérrez, lo más probable es que las cabalgatas estén pasadas por agua porque "el frente iría barriendo la península salvo zonas del Mediterráneo", aunque precisó que "no parece que vayan a ser precipitaciones abundantes".
Ese frente atlántico, seguido de una masa de aire acusadamente fría, recorrerá este viernes la Península de noroeste a sureste, aunque no llegará al tercio oriental, y dejará precipitaciones abundantes y generalizadas, sobre todo en Galicia, donde serán localmente fuertes o persistentes.
Además, el viernes bajarán las temperaturas de forma generalizada y gradual a lo largo del día, con lo que la cota de nieve irá bajando y se situará a unos 700 metros en el noroeste peninsular, 900 metros en el centro y el alto Ebro, y 1.300 metros en el sur. Las temperaturas mínimas llegarán al final de la jornada, con heladas débiles en zonas montañosas, si bien el área mediterránea aún continuará con tiempo estable y cielos poco nubosos.
Por otra parte, el fin de semana podría formarse una borrasca centrada en el área mediterránea, acompañada de aire frío en altura sobre la Península y Baleares, que traerá un aumento de la inestabilidad en casi todo el país.
No obstante, hay incertidumbre en la distribución y cuantía de las precipitaciones, así como en la cota de nieve, si bien la mayor probabilidad e intensidad de las precipitaciones corresponderán al área cantábrica, el alto Ebro, los Pirineos, el este de Castilla y León y Aragón. 
Por el contrario, el extremo oeste y el sureste peninsular, así como el sur de Canarias, son, en principio, las zonas donde es menos probable que llueva.
Las temperaturas descenderán de forma clara el sábado en la Península y en Canarias, mientras que el domingo sólo lo harán en el área mediterránea.
La cota de nieve se situará entre 600 y 800 metros en amplias zonas de la Península y de 900 a 1.200 metros en Baleares. Lo más importante del fin de semana es la probabilidad de nevadas significativas en el interior del área cantábrica, los Pirineos, el alto Ebro, la mitad este de Castilla y León, y el entorno del Sistema Ibérico.

Xti, Fama e Interplasp, las tres empresas de Yecla que más facturaron en 2016


YECLA.- La empresa de Yecla que más facturó en 2016 no se dedica al sector del mueble. Se dedica al calzado y es Xti. El ranking de volumen de ventas de las empresas de la Región de Murcia que en los últimos años ofrece MurciaEconomía y Axesor otorgo a la yeclana Xti la posición 50 del ranking regional con una facturación de 75.837.163 euros, unos 13 millones menos que el año anterior, recoge http://www.elperiodicodeyecla.com.

En el segundo puesto de la facturación local se encuentra la empresa Fama Sofás. Es la primera del sector del mueble aunque la tenemos que buscar en el puesto 178 del ranking regional. La facturación de esta empresa yeclana fue de 26.389.894 euros, casi 5 millones más que el año 2015.
La tercera empresa de Yecla por facturación es Interplasp dedicada a la fabricación de espumas de poliuretano con una facturación en 2016 que casi alcanzó los 16 millones de euros.
Tapizados Acomodel, Ecus Sleep, Estructuras LYM, Tapizados Pedro Ortíz, Losbu y Mobel Yecla Tapizados completan los diez primeros de la lista de Yecla.
Las 2.500 empresas que forman parte del ranking regional de estas empresas está encabezada por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, seguida de ElPozo.
La empresa jumillana J García Carrión es la primera de la comarca del Altiplano y la cuarta a nivel regional con un volumen de ventas de 661 millones de euros en 2016.
Según explican MurciaEconomía y Axesor, los datos de volumen de ventas de estas empresas están recogidos del Registro Mercantil sobre las cuentas presentadas por las propias empresas y los errores que pudieran encontrarse, salvo los de transcripción, no son atribuibles a los autores de este ranking. 

Educación, Sanidad y cuerpo general son las oposiciones que se convocan en Andalucía este 2018

SEVILLA.- En Andalucía el año 2018 viene cargado de promesas de trabajo para quienes aspiran a un puesto de funcionario en la administración andaluza. A la oferta pública de empleo (OPE) ordinaria de la Junta hay que sumarle la extraordinaria. Las oposiciones, se espera, alcanzarán miles de puestos, que se reparten, fundamentalmente, en tres grupos: sanidad, educación y administración general, según publica Abc en Andalucía. 

En el caso de Educación, hay en juego 5.200 plazas aproximadamente para el año que viene. En 2018 se espera que en el apartado de OPE ordinaria se convoquen unos 2.300 puestos, que se corresponden con la tasa de reposición del cien por cien. Es decir, para cubrir las jubilaciones y bajas de este año.
En cuanto a las plazas que corresponden a la OPE extraordinaria de unas 3.000 plazas para 2018, la Consejería de Educación publicó los puestos concretos por especialidades. Matemáticas (319 plazas), Geografía e Historia (310 plazas) y Lengua Castellana y Literatura (290 plazas) con las especialidades para las que la Junta de Andalucía ha convocado más puestos de cara a las oposiciones ordinarias de 2018. 
También tienen un número alto de plazas Inglés (232 plazas), Biología y Geografía (145 plazas) o Educación Física (116 plazas).
También con un número considerable de plazas están dentro del apartado de Formación Profesional Servicios a la Comunidad (40 puestos), Cocina y Pastelería (32 puestos), Sistemas y Aplicaciones informática (35 puestos) o Mantenimiento de Vehículos (29). En Escuelas de Idiomas gana el inglés (30 plazas), seguido de francés (10) y alemán (seis plazas). 
Ya en el caso de Artes Plásticas y Diseño, el último de los bloques para los que se ofertan puestos en esta OPE, la especialidades con mayor número de plazas son Dibujo Artístico y Color y la de Materiales y Tecnología (con 12 plazas cada una).

Sanidad, la otra gran bolsa de empleo

Junto con Educación, Sanidad es el campo de la administración que más plazas tiene en juego en 2018. Sin embargo, el calendario no está tan avanzado como en el caso de Educación. Para Sanidad sí se sabe que hay procesos que se iniciaron hace años y que la Junta ha prometido que finalizarán en 2018. Es el caso de la OPE de 2013-2015 y también la de 2016. Además, la de 2017 debería examinarse también en este año que entra. Aunque el proceso extraordinario en este caso no tiene desglosadas las plazas por año, se estima que se repartan de forma parecida a las de Educación.
En la OPE ordinaria de 2017, sí que se conocen los números. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de verano la oferta pública de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2017, con un total de 3.553 plazas de personal sanitario y no sanitario. Esta cifra se ajusta al 100% de la tasa de reposición de vacantes, por segunda vez después de los tres años anteriores de restricciones impuestas por el Gobierno de España.
Del total de nuevos profesionales, «2.555 se incorporarán con plaza propia al sistema sanitario público a través del turno libre, mientras que los 998 restantes podrán mejorar su situación laboral por la vía de la promoción interna. El 7 por ciento de los puestos (179 del primer tipo y 70 del segundo) se reserva a personas con alguna discapacidad», explicó la Junta.
En la OPE extraordinaria, explican fuentes sindicales, hay 18.618 plazas en juego, que se corresponden con todas las especialidades del sector. «Esperamos que se convoquen todas en 2018 pero hay que coordinar la oferta con las mesas de sanidad del resto de España para que no haya efecto llamada», explica Joaquín Álvarez, del sindicato Csif. La idea es que las oposiciones de la oferta extraordinaria se celebren el mismo día en toda España, para que no haya opositores haciendo una ronda de comunidades autónomas en busca de plaza.

Justicia

Para Justicia hay ciertas variables a tener en cuenta. No es la Junta de Andalucía la que convoca directamente las plazas, sino que hace una petición al Ministerio de Justicia con las previsiones de recursos humanos. Para la OPE extraordinaria han trasladado a Madrid que hacen falta 350 plazas en la Justicia andaluza, pero «ahora es el ministerio el que tiene que convocar», indica Álvarez.

Para 2018 no se espera que haya exámenes de OPE ordinaria, que, previsiblemente, se anunciará a finales del año próximo y sumará las plazas de 2017 y 2018, indican fuentes presentes en las negociaciones.

Cuerpo general

Por último, en la categoría de cuerpo general. La OPE extraordinaria contempla 900 plazas para 2018, a lo que hay que sumar 961 plazas (538 de acceso libre y 423 para personal laboral que quiere consolidar su plaza) y 1140 plazas más (600 para plan de carrera de funcionarios que quieran mejorar su puesto en la administración y 540 para personal laboral que tenga la misma aspiración).




La insostenibilidad del AVE / José López de Uralde Garmendia *

La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido recientemente los 25 años. 

En este tiempo se han invertido, según Adif, nada menos que  51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla.

Hoy en día hay serias dudas sobre la sosteniblidad económica, ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. 

Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su ‘decretazo’ de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.

Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10 pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro –además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados.

De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como Suecia, Finlandia Noruega… no tengan ninguna línea de alta velocidad, aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.

Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar más de 2.600 millones de euros en la línea.

Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE. 

Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes cercanías.

El coste la Y vasca
La llamada ‘Y vasca’ no se escapa de esta situación general: cuando el Gobierno vasco y el Central acordaron la construcción del AVE vasco, el presupuesto previsto fue de 4.178 millones de euros, de los que casi un 40%, 1.642 millones, los adelantaría la Administración vasca, para descontarlos después vía Cupo. Una pequeña parte, 118 millones, procederían de fondos europeos y el grueso de la operación correspondería a Adif, con algo más de 2.500 millones por asumir. 

Sin embargo esos presupuestos ya están desfasados, y hoy se estima que el coste superará los 6.000 millones cuando finalice en 2023. La desviación es, por tanto, notable, y justifica un informe específico del Tribunal de Cuentas.

Las obras de la denominada ‘Y vasca’, según un informe entregado al Parlamento vasco por la consejera competente en materia de Transportes, Arantxa Tapia, acumulan 263 millones de sobrecoste con respecto al presupuesto de adjudicación en los tramos que construye el Gobierno vasco en Gipuzkoa tras una encomienda de gestión por parte del titular de la infraestructura, la sociedad pública estatal Adif. El denominado “presupuesto vigente líquido” es de 1.838,59 millones frente a los 1.699,81 estimados inicialmente, que se redujeron a 1.575,30 merced a las mejoras económicas ofrecidas por las contratistas.

Con estos números, la Administración ha puesto un 16,71% más de fondos públicos con respecto a lo contratado y un 8,16% más si lo que se toma como referencia es lo presupuestado. Un total de  263 millones en sobrecostes. Ni uno solo de los 17 tramos en que se divide el corredor guipuzcoano ha cumplido su presupuesto.

Además, ha de tenerse en consideración también que tras más de medio año de investigación secreta, la Fiscalía de Álava, apoyada por la Ertzaintza y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial” el millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain Este de la ‘Y vasca’, terminadas hace ya un lustro.

Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato a la UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.

Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido. Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia, ser insostenible económica, social y medioambientalmente.


(*) Ecologista y político


El futuro de la Generalitat en manos del Tribunal Supremo / José Oneto *

La Sala de recursos del Tribunal Supremo tendrá en cuenta la mayoría independentista que salió de las elecciones del pasado 21 de Diciembre para la decisión que tiene que tomar sobre la libertad provisional del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Esa mayoría sería un impedimento en contra de Junqueras ya que podría influir en la reiteración delictiva. La Sala de recursos la preside el magistrado Miguel Colmenero, que también hará de ponente en el recurso de apelación. Igualmente forman  parte de la Sala los magistrados Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde.

Con la resolución que se conocerá este jueves, se decide, también, en cierto modo, el futuro del nuevo Gobierno de la Generalitat que comenzará a debatirse, a partir de la primera reunión del nuevo Parlament catalán el 13 de Enero, fecha fijada por el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, en virtud de la intervención, en su momento, de la Autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ese futuro del Gobierno de la Generalitat depende de si este jueves la Sala que estudia el recurso  para la puesta en libertad de Oriol Junqueras, en prisión  desde hace dos meses en la cárcel de Estremeras, e imputado en delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, según auto judicial del juez de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, decide o no, la libertad provisional de quien fue vicepresidente de la Generalitat.

Horas antes de que se produzca la comparecencia judicial del líder de Esquerra, todas las informaciones indican que, de acuerdo con la petición del Fiscal, no se producirá la puesta en libertad de Junqueras ya que no se cree que el dirigente político catalán, que antes de la intervención de la Autonomía, se consideraba como el futuro Presidente de la Generalitat, esté dispuesto a acatar la Constitución, reconocer y aceptar el artículo 155, y rechazar la unilateralidad del llamado “Procés”, cuando durante la campaña electoral ha venido defendiendo la ilegal declaración de independencia de la República catalana.

La Fiscalía insiste en que hay riesgo de reiteración delictiva. Una reiteración que afecta a la unilateralidad y, también, a la posible realización de incidentes graves en la calle. Su puesta en libertad, insisten fuentes judiciales relacionadas con el Supremo, no garantiza que se puedan producir nuevos incidentes de orden público, como los que se produjeron durante el registro de la Consejería de Economía de Junqueras, por orden de la autoridad judicial, donde se encontraron papeles comprometedores sobre la tebelión, pero dónde también acciones de una gran gravedad contra miembros de la Guardia Civil, cercada durante horas por miles de manifestantes.

Si sigue en prisión se complica la situación del expresidente fugado Carles Puigdemont, y aumenta las diferencias entre Junqueras y Puigdemont, y entre Esquerra y Junts Pel Catalunya (la llamada “lista del Presidente”, la primera fuerza política independentista), por la actitud del expresidente de ser de nuevo investido, a pesar de que no quiere comparecer personalmente (requisito legal imprescindible) para defender su programa de investidura, por miedo a ser detenido. 

Puigdemont pretende que  el Govern cesado por Rajoy, recupere el poder, ya que legalmente él sigue considerándose Presidente de la República catalana en exilio, un delirio del que tiene que alejarse Oriol Junqueras, y  Esquerra, y aplaudido por la CUP, que pretende profundizar sobre esa declaración de independencia. Por otra parte, los  planes de Puigdemont, no han sido ni siquiera pactados con quienes están imputados por rebelión y que están en prisión o en libertad provisional, tras comprometerse a todo lo contrario de lo que está defendiendo Puigdemont.

La negativa del Supremo a la libertad del líder de Esquerra, rompería la única esperanza de volver de Puigdemont, que cree que si Junqueras es liberado el jueves, confía en no ingresar en prisión. A pesar de una prolongación de su estancia carcelaria, Junqueras, obtendría permiso para presentarse a la investidura, algo, que no puede hacer, ni siquiera telemáticamente, a menos que se cambie el Reglamento del Parlament, como pretende, el fugado Puigdemont.


Análisis urgente



A la espera de la decisión sobre la vista en la Sala de Recursos del Tribunal Supremo sobre la puesta en libertad o la permanencia en prisión del dirigente de Esquerra Republicana  de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, cuando acaban de cumplirse 61 días de su estancia en la cárcel de Estremera, a cincuenta  kilómetros de Madrid, ahora se ignora cuándo se conocerá. 
El día 11 de enero la misma Sala estudiará el recurso de los Jordis (Jordi Sanchez , Presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, ANC, y Jordi Ciuxart, Presidente de Òmnium Cultural) presos en la cárcel de Soto del Real.
Este jueves toda la clase política ha estado pendiente de la Sala de Recursos, que ha oído  las razones que el abogado defensor de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha esgrimido para su puesta en libertad (no hay posibilidad de reiteración delictiva, ni riesgo de destrucción de pruebas, ni por supuesto riesgo de fuga), y que ha escuchado a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia  Nacional, que ha  insistido en que el dirigente de Esquerra debe seguir en prisión, precisamente por posible  reiteración delictiva dado el ambiente nuevo,  proindependentista, reforzado el pasado 21 de diciembre en las elecciones autonómicas. La acusación particular ejercida por el partido político Vox se ha sumado a las tesis de la Fiscalía.
Según  la versión de su abogado, los miembros de la Sala del Supremo le han dado la palabra al preso y Junqueras ha solicitado su libertad con el objetivo de representar a la gente que le ha votado, estar con su familia y manejar esta situación que requiere cintura política. También ha reafirmado su compromiso con el acatamiento de la situación legal que se produjo con el artículo 155 y de las vías pacíficas,  basadas en un convencimiento personal y moral de las mismas. 
Igualmente  ha insistido en que es un hombre de paz, profundamente religioso que defiende el diálogo y que siempre ha rechazado cualquier relación de la lucha política con la  violencia.
Para el líder de Esquerra, él debería ejercer sus derechos políticos por lo que debería salir de prisión. 
Por último, el abogado de Junqueras ha asegurado que ha sido una vista “provechosa” en la que se ha discutido si el exvicepresidente “merece estar en libertad” y en la que se ha dejado de lado el “debate de fondo”, que se dará en el juicio. Ha señalado a los magistrados que no hay riesgo de reiteración delictiva porque es “altamente improbable” que su excarcelación propicie una “explosión violenta” en Cataluña.
Fuera, decenas de cargos de Esquerra apoyaban al Presidente del partido. Nadie del PDeCat, ni de la CUP,  hizo acto de presencia, clara muestra de las divisiones internas del independentismo en la lucha entre Puigdemont y Junqueras por la Presidencia de la Generalitat. 
En estos momentos, sea cual sea la decisión de la Sala de Recursos del Supremo, Junqueras está en mejor situación que Puigdemont para ser Presidente de la Generalitat. Si es puesto en libertad, puede ser investido ante la ausencia de Puigdemont que se niega a volver por la orden de detención que pesa sobre él. 
Si sigue en prisión, puede conseguir un permiso para hacer un discurso de investidura, algo que no puede hacer Puigdemont porque según el Reglamento de la Cámara la investidura tiene que ser presencial y no telemáticamente ni por Skype.
Además, dadas las circunstancias y el comportamiento mesiánico de Puigdemont,  Junqueras sería el mejor candidato para la Moncloa  y para la actual Presidenta en funciones de la Generalitat,  Soraya Saenz de Santamaria…


(*) Periodista y economista


La presidencia creciente / Ramón Cotarelo *

El galopar del caballo independentista catalán va a dejar sin hierba las verdes praderas de la izquierda española, pastos preferidos de unicornios, hipogrifos y otras creaciones poéticas. Ayer se dio de baja en el PSOE José Antonio Pérez Tapias, un histórico (24 años de militancia) del ala izquierda. 
 
Compitió con Sánchez por la secretaría general y perdió. Luego se opuso a la defenestración de octubre y apoyó a su antiguo rival en la recuperación de la secretaría general con un discurso de izquierda. Ahora se va desengañado. El más notorio punto de fricción: el referéndum pactado catalán. Este, como los racimos de cerezas, trae otros, singularmente el del apoyo del PSOE al 155.

Cataluña ha pasado de ser un incordio periódico que se conllevaba con  hastío cosmopolita a constituirse en la misma centralidad política. Todos reaccionan a los hechos de Cataluña y Cataluña determina la vida política española. Lo más importante que ha hecho el presidente del gobierno ha sido fijar fecha de constitución del Parlament al 17 de enero al amparo del 155. 
 
La finalidad habrá de ser el restablecimiento de la normalidad institucional: los diputados electos toman posesión de sus actas y se constituye el Parlament. Pero esa normalidad no puede restablecerse mientras está en vigor la excepcionalidad de cargos electos en el exilio y en prisión. La excepcionalidad del 155.

Al margen de otras opciones como que algunos candidatos electos renuncien al acta para que corran las listas (cosa que plantea diversos problemas, alguno de ellos de principio), no se ve por qué los electos no pueden tomar posesión por vía telemática en la era de las TICs. 
 
El argumento de que las normas exigen el requisito de la presencia física, material, del candidato no descansa sobre ninguna cita explícita y más bien parece apuntarse a la aviesa intención de invocar pretextos jurídicos para atraer a Puigdemont a España y echarle el guante. 

Sin duda la exigencia de presencia física (no virtual) descansa en la muy lógica asunción de que es un asunto tan evidente, que no se consideró necesario especificarlo. El requisito de presencia física se presume. 
 
Pero también se presume que la justicia no acusa a nadie extra muros de delitos que no puede sostener y los retira para imputárselos intra muros. Para que la solución política sea fructífera se requiere buena fe por todas partes.

Puigdemont es el presidente de hecho y derecho de la Generalitat de Cataluña. 

Será imposible explicar a los europeos por qué no se le permite ejercer como tal. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El 155 no debe alterar el voto de los catalanes / José Antich *

El independentismo ha obtenido con 70 diputados la mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya en las elecciones del pasado 21-D y, en consecuencia, debe ostentar la presidencia de la Cámara legislativa, la mayoría de la Mesa y, posteriormente, conformar el próximo Govern de Catalunya para los próximos cuatro años. Eso es lo que votaron los catalanes hace dos semanas y su voluntad debe ser respetada.

Aunque puede parecer una obviedad es bueno recordarlo, ya que las circunstancias políticas en Catalunya son excepcionales y el ruido mediático puede llevar a considerar normal aprovechar la circunstancia de que tres diputados están en prisión -—Junqueras, Sànchez y Forn— y otros cinco en Bruselas —Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig—. 

Si el día de la votación de la presidencia del Parlament fuera esta la situación de los ocho diputados antes citados, la actual mayoría de 70 escaños quedaría reducida a 62 frente a otra posible mayoría de 65 escaños que sumarían todos los partidos del 155 y los ocho diputados de los comunes.

En estas condiciones, Ciudadanos, socialistas y populares se han puesto a hacer números de qué sucedería si se mantuvieran en prisión los tres diputados y no pudieran ir a votar e, incluso, barajan la opción de atraerse a los comunes, quién sabe si a cambio de ofrecerles la presidencia o una vicepresidencia si con ello impiden una presidencia del Parlament independentista y una mayoría en la Mesa. Los comunes esquivan una respuesta directa y tan solo han dicho que no apoyarán una presidencia para Ciudadanos.

Más allá de todo lo que tiene de obsceno tratar de ganar con el 155 lo que los catalanes no han querido darles en las urnas, habría que pedir, al menos a los comunes, que desactivaran el movimiento de aquellas fuerzas políticas que a lomos de decisiones judiciales quieren quebrar el resultado del 21-D. El contorsionismo en política también tiene sus límites aunque los hooligans aplaudan y aplaudan movimientos cada vez más imposibles.  


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Dos ám­bitos in­for­ma­tivos com­parten este jueves por­tadas y mu­chos ti­tu­la­res: por un lado, eu­foria aunque 'matizada' como des­taca El País, por el des­censo del paro y el au­mento del em­pleo a cotas des­co­no­cidas desde hace 12 años; por otro, es el día de la verdad (o no) para Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo, pre­ce­dido por una carta suya en tono 'estoico' y épico con citas ro­manas pero tam­bién con algún dardo como ‘poder po­lí­tico des­pó­tico’ y em­pe­ci­na­miento en 'diálogo bi­la­te­ral', que du­do­sa­mente le pueden ayudar a salir de la cár­cel. 

El País pun­tua­liza en su prin­cipal ti­tular de pri­mera que ‘más del 90% de los con­tratos de 2017 fueron tem­po­ra­les’. ABC se lo toma muy en serio en por­tada: ‘España planta cara al pa­ro’, con la in­di­ca­ción de que con 18.460.201 afi­liados a la Seguridad Social, ‘se acerca al ob­je­tivo del Gobierno para 2019: 20 mi­llones de ocu­pa­dos’. Como sub­raya El Economista en por­tada, todo más o menos bien ‘con el pero de Cataluña’, donde El 'procés' im­pacta en em­pleo, gasto tu­rís­tico e in­ver­sión in­mo­bi­lia­ria. 

Versiones de todo tipo sobre si los ex con­se­llers fu­gados dejan pasar la vez al si­guiente en la lista para blindar la ma­yo­ría, sobre si Puigdemont, según La Razón, 'iría a elec­ciones antes de que Junqueras sea pre­si­dent’, y sobre si el propio Junqueras alega en su re­curso al TS que pre­tende 'ejercer la re­pre­sen­ta­ción po­lí­tica como pre­si­dente del Gobierno', como señala Manuel Marraco en El Mundo. Enn OKdiario, Carlos Cuesta dice que ERC ha hecho saber que sería 'conveniente' li­berar al ex vi­ce­pre­si­dent; además pu­blica las 99 pá­ginas de la fa­mosa agenda Moleskine con el paso a paso del golpe. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Cinco Días: Santander y BBVA co­lo­carán en mayo en Bolsa más del 50% de Testa: la so­cimi de­di­cada a vi­viendas de al­quiler de­cide salir al mer­cado des­pués de Metrovacesa; los bancos harán caja en ambas ope­ra­ciones y ace­leran su sa­lida del la­dri­llo. Otro ti­tu­lar: BM logra una pró­rroga sobre Mifid 2 para su mer­cado de de­ri­va­dos. Otro ti­tu­lar: Bankia ase­so­rará a sus 8,2 mi­llones de clientes en la venta de fondos de in­ver­sión. 

Bolsamanía: Goldman Sachs ofrece más mu­ni­ción al es­cua­drón 'bajista' que ataca DIA: el banco ha no­ti­fi­cado a la CNMV que eleva sus in­tereses en el grupo del 10,2% al 10,5%, pero en realidad es un au­mento de su prés­tamo de ac­ciones (Rubén J. Lapetra y Carlos R. Cózar). Otro ti­tu­lar: Los Domínguez de Mayoral su­peran los 400 mi­llones in­ver­tidos en Bolsa tras dar otro mor­disco a la ga­llega Adolfo Domínguez. 

Capital Madrid: Los ana­listas prevén grandes lo­gros para Telefónica en 2018: Citigroup y Ahorro Corporación re­saltan el es­fuerzo de la ope­ra­dora para re­ducir deuda, y la ten­sión po­lí­tica en España se es­grime como la prin­cipal causa de su bajo nivel (J. Muñoz). Otro ti­tu­lar: El poder de las 'small caps': han ga­nado en 2017 por am­plia di­fe­rencia la ca­rrera de la ren­ta­bi­li­dad. 

Expansión: Ofensiva de Inditex en China y Japón: el gi­gante de la moda pone su ob­je­tivo en Asia, donde ha du­pli­cado ventas en 5 años. Otro ti­tu­lar: La deuda de BBVA y Santander da una ren­ta­bi­lidad del 12%. Otro ti­tu­lar: DuPont, Medichem y Kettal salen de Cataluña. El País: La in­ver­sión pú­blica se sitúa en 2017 en mí­nimos de 50 años: las Administraciones in­vir­tieron el año pa­sado en torno al 1,9% del PIB (Antonio Maqueda). 

El Economista: El des­falco de los ges­tores de las cajas al­canzó 3.700 mi­llo­nes: los ex di­rec­tivos de las firmas se en­frentan a 57 casos ju­di­ciales (Fernando Tadeo). Otro ti­tu­lar: Iberdrola le da ne­gocio a Vestas en plena bronca con Gamesa (Rubén Esteller). 

Otro ti­tu­lar: Fomento lan­zará este año ocho obras de ca­rre­teras por 2.200 mi­llones (Javier Mesones). Otro ti­tu­lar: El sector de bio­tec­no­logía pide un plan de res­cate al Gobierno (Juan Marqués). Vozpopuli: Ron es­tudia me­didas le­gales contra un exem­pleado por de­nuncia falsa (Jorge Zuloaga). Otro ti­tu­lar: La pen­sión media de ju­bi­la­ción se ha dis­pa­rado un 40% en la úl­tima dé­cada (Teresa Lázaro). 

El Confidencial: Coto a la es­pe­cu­la­ción: cláu­sulas 'antipase' en la compra de vi­vienda sobre plano (Víctor Romero y Elena Sanz). Otro ti­tu­lar: Lazard se con­vierte en primer ac­cio­nista pri­vado de Enagás y REE en un mes. El Periódico: El Castor en­ca­re­cerá el re­cibo del gas casi 2 euros al mes du­rante 30 años: el coste total de la in­dem­ni­za­ción por el al­macén de hi­dro­car­buros fa­llido suma más de 4.700 mi­llones de euros (Agustí Sala). 

El Mundo: El robo per­fecto en la em­presa co­rrupta: la­drones pro­fe­sio­nales sus­traen de Mercasa sólo do­cu­mentos clave para probar pagos de co­mi­siones (Esteban Urreiztieta). La in­for­ma­ción.­com: El Atlético dis­para el precio del suelo y com­plica la Operación Mahou-Calderón (Bárbara Barón).


(*) Periodista


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