sábado, 4 de noviembre de 2017

'Cartagena Sí Se Puede' denuncia la limpieza de las playas con maquinaria pesada

CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha constatado que el Ayuntamiento continúa retirando la acumulación de hojas de posidonia que llega a las playas con maquinaria pesada, «cosa que el propio Gobierno había negado enfáticamente en el pleno del pasado mes de octubre», indicaron desde este grupo municipal de Podemos.

Así, la formación morada ha criticado «unas actuaciones que generan un daño medioambiental irreparable, ya que dichos arribazones tienen una importante función ecológica, además de que actúan como barrera contra la erosión al reducir la pérdida de arenas de nuestras costas durante los temporales».
La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) ya pidió a finales de septiembre que se suspendieran estas prácticas, evitando la retirada de arribazones en las playas con dunas y realizando la limpieza de forma manual y selectiva en el resto de las playas de Levante y Cala Reona.
No obstante, CTSSP ha criticado que el Gobierno municipal ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones, incluso a pesar de haberse comprometido a no retirar los arribazones fuera del período estival (de junio a septiembre) y realizar estas limpiezas de modo manual para no dañar el frágil ecosistema.

Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (I)


MADRID.- La gestión de Ana Patricia Botín está en tela de juicio por las estrategias implementadas desde que ella accedió a la presidencia del banco tras la muerte de Emilio Botín. Su equipo más cercano está aplicando una serie de métodos que rozan continuamente los límites de la legalidad y la ética profesional, según publica http://diario16.com.

Esta forma de proceder en nombre del Santander provoca un daño a la imagen del banco, hasta el punto de que los máximos accionistas no están dispuesto a seguir permitiendo tal situación .
Según información de diferentes fuentes recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, accionistas importantes de la entidad bancaria cántabra se plantean muy seriamente la posibilidad de provocar un cambio en la presidencia, tanto por los resultados operativos como por la imagen de falta de ética que los últimos movimientos corporativos se están transmitiendo al mercado en general.
Un porcentaje muy elevado de los beneficios declarados por el Santander presuntamente provienen de operaciones ejecutadas bajo importantes sospechas jurídicas. Movimientos como los realizados con el Royal Bank of Scotland, en el que se ha intentado en varias ocasiones inyectar capital para la compra de oficinas, pero que aún no se ha llevado a efecto a pesar de que el dinero para dicha compra esté disponible o que el propio RBS participará en la compra de la entidad brasileña Banespa
Y lo hará con la compra de acciones por valor de 300 millones de libras, una operación que, por cierto, se realizó mientras Miguel Zorita era presidente de Deloitte, la auditora del Santander.
Otra operación en la que se actuó al límite de la ética y de la legalidad fue la de Abengoa. En esta ocasión, para conseguir hacerse con el control de la multinacional sevillana, engañaron al Consejo de Administración para que cesaran a Felipe Benjumea con falsas promesas de apoyo en una ampliación de capital que no cumplieron tras producirse ese cese.
En este medio hemos informado también de la estrategia ejercida por el Santander en Duro Felguera con la imposición de un personaje tan oscuro y “peligroso” en sus comportamientos empresariales como Miguel Zorita .
Finalmente, el mayor “pelotazo económico” que ha dado la entidad presidida por Ana Patricia Botín ha sido el de la adquisición por un euro del Banco Popular a través de una operación que está en los tribunales europeos y españoles porque, tal y como hemos ido informando en Diario16, se realizaron movimientos y se ocultaron datos tanto al Consejo de Administración como a las autoridades españolas de control financiero que tuvieron como consecuencia la ruina de más de 305.000 familias y por la que el Santander ya ha obtenido pingües beneficios y, estos seguirán aumentando de forma “escandalosa” a corto, medio y largo plazo, y con ellos arreglar un grave problema de liquidez y solvencia que venía arrastrando la entidad cántabra desde los últimos años agravados desde la presidencia de la hija de Don Emilio Botín.
Por estas razones y por otras muchas, según información lobtenida por Diario16 en Norteamérica, los principales accionistas estadounidenses del Santander se están planteando ejecutar las estrategias necesarias para sustituir a Ana Patricia Botín. 
Estos accionistas —bancos custodios, fondos de inversión, gestores de cartera—, no pueden permitir que su imagen quede deteriorada por los movimientos ajenos a las normas bancarias habituales en un Banco comercial puesto en práctica en los últimos años, tanto por la presidencia como por sus ejecutivos más afines , ya que estos comportamientos están poniendo públicamente en peligro el prestigio e imagen del Grupo Banco Santander.
Por otro lado, hoy (viernes) se celebrará una reunión fundamental de directivos del Santander con la Representación Legal de los Trabajadores para tratar el tema de la fusión. Casualmente, un día antes de este encuentro, se produce una filtración desde medios judiciales por la que se deja caer que la solicitud de concurso necesario que daría un vuelco a toda la operación del Popular e, incluso, podría paralizarla, no tendría ninguna posibilidad de prosperar por un aspecto procedimental. 
Será casualidad, o no, pero cada vez que hay algún movimiento importante en tomas de decisiones con el fin de aligerar la “diabólica” operación Popular-Santander, siempre aparece una decisión o una filtración judicial que favorece al Santander.

Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (II) 

En el artículo anterior publicamos las causas principales que están provocando que los máximos accionistas del Santander estén planteándose provocar un cambio en la presidencia de la entidad cántabra. No se trata sólo de una reacción por los resultados cuantitativos, que también lo es, sino que los métodos de actuación aplicados desde que Ana Patricia Botín es su presidenta, unos métodos que van en contra de cualquier ética profesional y que no son las que se esperan de una entidad con el prestigio internacional del Santander.
Los métodos utilizados por parte del Santander para hacerse con el Popular también están muy cuestionados por estos grandes bancos y empresas estadounidenses. El volumen de demandas que ya se están dirigiendo contra la entidad presidida, de momento, por Ana Patricia Botín ha hecho plantearse a estos gigantes del mundo financiero a cuestionarse si lo que, en principio, fue una gran operación, se va a transformar en un verdadero fiasco económico y, sobre todo, de imagen para el propio Santander como para ellos mismos como principales accionistas de la entidad.
Hay que recordar que la familia Botín -una familia ¿unida o desunida?- apenas controla un 1,7% tras la última ampliación, mientras que algunos de estos bancos custodios o gestores de cartera tienen en su poder más del 7%. Por más que algunos tuvieran una participación activa en la operación bajista, los errores cometidos por precipitar la intervención pueden llevar a que esa «gran operación» se convierta en el punto de inflexión para la caída de uno de los principales bancos del mundo.
La Justicia está a un paso de determinar medidas cautelares si realmente se sigue con rigor el contenido de nuestro sistema legal, medidas que paralizarían cualquier nuevo movimiento de rentabilidad rápida como, por ejemplo, la operación de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, los bonos de fidelización cuyo coste será asumido por el capital del Popular pero los beneficios recogidos por el Santander, la eliminación de la marca y de la personalidad jurídica del Popular, el pelotazo urbanístico de la actual sede de los servicios comerciales de Santander España tras su traslado a la nueva sede corporativa del Popular o el plan de reestructuración que supondrá la destrucción de más de 7.000 puestos de trabajo.
Todos estos movimientos están en peligro por la actuación de una Justicia que está en la obligación de dictaminar una paralización cautelar de la operación para evitar que los perjudicados lo sean aún más ante el planteamiento de tierra quemada que el Santander pretende plantear ante la Audiencia Nacional para demostrar que la compra del Popular es una operación que no puede paralizarse, por más que con ello se mantenga la ruina para más de 300.000 familias.
En resumen, los máximos accionistas del Santander no están contentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y están dispuestos, según las informaciones recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, a realizar los movimientos necesarios para que ella misma pruebe de su propia medicina. La protección se ha terminado. Hay demasiado en juego, siempre según http://diario16.com.

VOX Murcia denuncia el drama que viven los agricultores de Cieza ante la escasez de agua


CIEZA.- Los agricultores de Cieza se encuentran sin recurso hídrico alguno, lo que conlleva la más que probable muerte de los frutales ciezanos y de los del resto de la comarca, por no poder regarse de aquí a final de año.

La situación supone la ruina de muchos agricultores que hoy mismo van a sufrir el corte de suministro de agua en algunas comunidades de regantes, y el recorte drástico de los caudales en las acequias de Cieza. Para empezar, se prohíbe el riego en la acequia del Horno, Los Charcos y Andelma (en la imagen).
VOX Murcia les muestra todo nuestro apoyo y reclama que se garantice la perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura y, con carácter urgente, un Plan Hidrológico Nacional, que permita conservar los miles de puestos de trabajo que se están poniendo en riesgo por la escasez de agua.

Guerra en todos los frentes / Ramón Cotarelo *

La nave capitana de la flota española abre fuego portada tras portada contra el navío fantasma del Puigdemont errante. La de hoy trae tres andanadas que apuntan a la línea de flotación del independentismo. Helas aquí:

Andanada propagandística El paro crece el doble en Cataluña que en toda España. Ya está aquí la ruina, propiciada por estos sediciosos que, desde la cárcel por fin no podrán (d.g.) embelesar a las buenas gentes catalanas, esas del seny que de las piedras sacan panes. Bien poco gusta a estos honrados ciudadanos verse abocados al doble de paro en su tierra que en "toda España". Tranquilas. Es una tasa de variación que, asegura ominoso el diario españolísimo, de consolidarse en el futuro, llevaría a Cataluña a..., quién sabe, quizá la situación de Andalucía. 
 
Porque, según la Encuesta de Población Activa de las CCAA,, las últimas tasas de paro en 2016 fueron de 28,3% en Andalucía y 14,9% en Cataluña, más o menos como en Madrid (14,6%). Y no nos pongamos tiquismiquis y preguntemos por el tipo de empleo de las respectivas poblaciones activas empleadas, esto es, el porcentaje de personal en la administracion y sector público en general en proporción al total de población activa empleada. 
 
Así que, por mucho que esa tendencia al alza de la coyuntura se consolide en el futuro, harán falta decenios para que se equilibre el abismo de los 14 puntos de diferencia entre Andalucía y Cataluña. Pero no importa, el diario independiente a quien tanto molesta la independencia podrá seguir bombeando miedo.

Andanada judicial. El nacionalismo español, ese que "ha reaccionado" sacando banderas a los balcones a toque de silbato y energúmenos por las calles agrediendo a la gente bajo sus colores, bate palmas de alegría con la velocidad de actuación de la jueza Lamela. El País está exultante. Sigue creyendo que el hiperactivismo político de la jueza es la voz majestuosa de la justicia ante la cual comparecen ¡por fin! los responsables de delitos gravísimos. Ese es el espíritu e, invadida por él, la jueza ha cursado la euroorden para que, doquiera se encuentre el presidente Puigdemont, se le dé preso hasta tanto sea entregado a España. 
 
El espíritu que transpiran estas actuaciones judiciales, de consuno con la febril actividad de la fiscalía, adornada de cierta capacidad fabuladora y que no oculta su finalidad de persecución ideológica, reflejan un deplorable cuadro de la independencia del poder judicial en España. No será difícil a la defensa de Puigdemont salvarlo de la entrega a España, según antiguos ejemplos de otros presidentes perseguidos. Otra cosa es el asilo político porque seguramente comportará algún tipo de restricción legal de su actividad política. Recuérdese cómo, tras conceder las autoridades belgas residencia a Marx en 1845, tres años después lo devolvieron a Francia, acusado de la tremolina del 48.

Andanada bufa. Para lo que ha quedado Felipe González. Ignoro qué entenderá el expresidente por vodevil, aunque lo que parece de vodevil es el hecho de invocarlo. Lo sublime es la acusación de cobardía a un hombre que está jugándose prácticamente una cadena perpetua por una convicción y un ideal, si bien al sevillano, lo de las convicciones e ideales le parecen gatos. Y si yo me hubiera tirado al suelo, según se me ordenó un 23 de febrero de 1981 y refugiado debajo del pupitre, esperaría comprensión y empatía de mis coetáneos y yo la mostraría a mi vez en otros casos en lugar de acusar a nadie de cobarde. Por eso digo que lo del vodevil no encaja.

Porque la conducta de Puigdemont podrá ser estrafalaria, idealista, delirante, audaz, desmesurada, lo que se quiera. Pero no es cobarde. Al contrario, con pleno acuerdo de sus colegas del govern y (supongo) la presidencia del Parlament y los movimientos sociales, ninguno de los cuales es o ha sido sospechoso de cobardía alguna, le ha correspondido la función de representar la República Catalana, la máxima responsabilidad política que llevará aparejada, si su proyecto no se realiza, la máxima responsabilidad penal.

Fuera de guión. Las elecciones. Puigdemont declara estar dispuesto a encabezar una candidatutara indepe unitaria. Aquí hay cuestión previa: si los indepes irán en bloque o en candidaturas separadas. Merece la pena considerarlo. Leo en El Plural que Junqueras rechaza ir en bloque. Doy mi opinión con toda modestia. 
 
La unidad es el activo mayor del independentismo. El mayor. Un sentido de la estrategia recomendaría aumentarla -invitando a la CUP a incorporarse- en lugar de fracturarla. En las elecciones catalanas, el sistema de reparto es d'Hondt, que penaliza a los pequeños. Es poco, pero es cuatro pocos, uno en cada provincia en una situación que se prevé ajustada. Además, si la idea de ir por libres es aquilatar el apoyo electoral de cada cual, no despreciaría la fuerza de atracción simbólica de los dirigentes encarcelados y del presidente en el exilio. Por último, una campaña electoral con opciones distintas que inevitablemente chocarán porque compiten, debilitará esa unidad y hasta puede hacer difícil la convivencia de los presos.

Si no he entendido mal, el gobierno ha afirmado que a las elecciones podrán presentarse todos los partidos y que todos pueden ser candidatos mientras no estén judicialmente inhabilitados para el ejercicio del sufragio. La atención de Europa estará disimuladamente concentrada en las elecciones catalanas y aunque el gobierno que las organiza es ducho en todo tipo de trampas e ilegalidades, no parece que pueda recurrir a ellas. Otra cosa será si la oposición no consigue impedir que se encargue del recuento a Indra, esa empresa que aparece en los papeles de la Gürtel.

Estas elecciones, convocadas en contra del parecer del unionismo español más acendrado, serán el episodio del nudo gordiano en el proceso. Desde el momento en que escuché a Puigdemont lo de la transición de la ley a la ley, supe que estaba repitiendo la ficción jurídica que posibilitó la transición española: de la legalidad a la legalidad y, de paso, cambio la legitimidad. Este es el momento en que la ficción jurídica, convertida en un verdadero galimatías, se resolverá al gordiano modo: zanjando la cuestión con una consulta democrática. Da igual cómo quiera llamarla La Moncloa, si elecciones autonómicas o regionales. Es un referéndum, una decisión dicotómica: independencia sí o no. 

Es la solución que todo el mundo pedía pero el triunvirato español negaba hasta que ha sido preciso llevarlo hasta ella tirando del ronzal. Y, como digo, con ella se aclarará el guirigay jurídico. 
 
Pongo un minúsculo ejemplo: ¿cuál es el estatus de la República Catalana? ¿Y el de su presidente? Las destituciones que anunció el presidente eran de cargos que ya no estaban ocupados. El presidente de la Comunidad Autónoma catalana había dejado de existir, trasmutándose en el de la neonata (y según muchos, nonata) República Catalana. 
 
Con algo de guasa diríamos que en Bruselas habitan dos Puigdemonts, según a qué legalidad de las dos en pugna nos refiramos: el Puigdemont presidente autonómico destituido y puesto en busca y captura o el Puigdemont presidente de la República Catalana en el exilio. 
 
Puede parecer extraño, pero no lo es tanto. Si, como previsible, las elecciones dan una mayoría absoluta indepe, algunos dirán que la República ha sido confirmada y, por lo tanto, las decisiones adoptadas en el vecino Reino de España no son de aplicación en Catalunya. Por ejemplo, un estiramiento del 155. 

Todo está hoy en función del 21D.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Fracturas / Manuel Castells *

El proyecto independentista catalán no ha terminado. La intervención de la autonomía y el encarcelamiento del Govern por orden judicial han profundizado y agravado la fractura del país. Y las perspectivas de solución política, mediante unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, no parecen resolver la cuestión pendiente: la ubicación de Catalunya en el Estado español y en el contexto europeo. 

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió señala un aumento significativo del apoyo a la independencia. La encuesta, realizada tras el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, muestra un 47,8% a favor de la independencia y un 43,2% en contra. Sigue habiendo una división dramática en la sociedad catalana, pero ahora, tras las acciones del Gobierno y las grandes manifestaciones unitarias, se acentúa el apoyo a la secesión. Aunque no supera el 50%, este resultado muestra que sin un diálogo y un pacto no habrá solución estable de la cuestión catalana. 

Porque los resultados de las elecciones autonómicas de diciembre que prevén diversas encuestas parecen confirmar la actual composición del Parlament. Es decir, los partidos soberanistas volverían a obtener la mayoría absoluta. Con el añadido de que Catalunya en Comú, que entrará en liza por primera vez, aun manteniendo su distancia con respecto a la independencia, propone un frente común catalanista resucitando la reivindicación histórica de “llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”.

Por tanto, el futuro Parlament tendría una importante mayoría en favor de un referéndum legal. En contraste con una oposición parlamentaria posiblemente liderada por un Ciudadanos envalentonado y más contrario que nunca al diálogo entre dos nacionalismos, el catalán y el español. La fractura se consolidaría y la convivencia se haría cada vez más difícil, tanto en Catalunya como en España. Es más, el autoexilio del president Puigdemont en Bruselas, equiparándose simbólicamente a Tarradellas, ha incrementado la internacionalización del conflicto, por más que la Unión Europea haya apoyado a España. 

No hay más que examinar la opinión publicada en el mundo para constatar que la noticia sigue acaparando la atención y que además se asocia la crisis catalana con otras contiendas civiles en Europa o incluso con el imaginario de nuestra Guerra Civil. La inculpación por rebelión de los dirigentes nacionalistas, incluyendo la de Puigdemont en rebeldía, intensificará la percepción de represión en el ámbito internacional.

Cada paso en la represión, cada acto de resistencia, ensanchan el abismo que se está creando, haciendo aún más difícil el futuro para todos, cualquiera que sea el desenlace. Un desenlace que aún no se percibe en el horizonte. Pero lo que ya se observa es la multiplicación de fracturas políticas y sociales. Se extienden las fracturas por todo el sistema ­político. Porque en toda situación de ­enfrentamiento, se refuerzan las po­siciones extremas y se debilitan los ­partidarios del diálogo. 

Así, Ciudadanos podría beneficiarse de su ul­tranacio­nalismo español, mientras que el soberanismo radical se carga de razón, haciendo más difícil el tender puentes entre los contendientes. Pero la fractura más significativa es la división entre PSOE y Podemos, que aborta el principio de una estrategia común de las dos izquierdas que hubiese podido desplazar a Rajoy con el apoyo del PNV y los partidos catalanes. Rajoy ha activado hábilmente el nacionalismo español de una parte del PSOE contra un Pedro Sánchez que había aceptado la plurinacionalidad del Estado español. 

Rajoy ha obtenido el apoyo de Sánchez a cambio de una futura reforma constitucional controlada por la mayoría del PP en el Senado. Pero los tiempos se aceleran. La intensificación de la represión judicial empieza a fracturar también al PSC, en particular en el ámbito municipal, y agrava las tensiones entre socialistas catalanes y andaluces.

Podemos, por su parte, se encuentra confrontado a divisiones internas entre una dirección de Podem que se sitúa en la órbita del independentismo y la resistencia pragmática de algunos referentes de Podemos a mantener el apoyo de principio al derecho a decidir. Precisamente por su coherencia ideológica, proponiendo a la vez el derecho democrático a un referéndum legal y argumentando contra la independencia, Podemos podría pagar un alto precio electoral en el conjunto de España, al no ser entendido ni por unos ni por otros.

La movilización popular contra el encarcelamiento de los dirigentes independentistas suscitará probablemente una represión policial de mayor alcance a la practicada hasta ahora, en la medida en que se ­extienda la desobediencia civil y las ocupaciones pacíficas de espacios públicos. La Assemblea de Càrrecs Electes será confrontada a su vez por acciones de la Fiscalía y en algún supuesto la intervención de las instituciones catalanas podría extenderse al ámbito municipal. 

Y ­como las elecciones de diciembre reproducirán una mayoría en favor del referéndum, el ar­tículo 155 seguiría­ ­im­perando, según recl­ama el PP catalán. Estaríamos así ante un bloqueo institucional permanente mientras no haya un pacto de Estado, sin intimidación, entre todas las partes.

Pero aún más graves son las fracturas que se están produciendo entre las personas, en Catalunya y entre Catalu­nya y España. Todos ­conocemos amistades, familias y relaciones rotas por la divisoria creada entre unos y otros. No se pudo dialogar y no se quiso dialogar. Y al movilizar a la población en ambos sentidos, al hacer de las pertenencias de Estado una cuestión existencial, se perdió la capacidad de convivencia. 

Ya no se trata de identificar culpables porque lo que importa es el resultado. Ni Catalunya es independiente ni España puede seguir como antes, como si no hubiera pasado nada, ni la economía puede salvarse de una pérdida de inversión y confianza, ni las personas pueden volver a relacionarse más allá de sus diferencias. Nos hemos roto. Y la culpa es de todos porque no nos creemos otra democracia que la que nos conviene.


(*) Profesor universitario de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley




España es ahora muy débil / Jordi Galves *

Ahora ya se habla en Madrid, incluso, de utilizar el Ejército contra la revolución de las sonrisas, contra la revuelta de los catalanes. Se trata del recurso a la violencia de los débiles. La diferencia fundamental entre el independentismo y el españolismo sigue siendo la misma, que uno es un movimiento popular, imparable, a menudo improvisado y muy mejorable, que arrastra a la clase política catalanista, mientras que el otro, incapaz y sistemático, es una operación política débil, de las elites españolistas que han puesto a trabajar a la administración colonial y punitiva del Estado. 

Unos actúan de acuerdo con sus convicciones políticas, por idealismo político, perdiendo tiempo, dinero, incluso la libertad, mientras que los otros trabajan profesionalmente para justificar su sueldo, siguiendo unas órdenes jerárquicas, hoy en la dirección marcada por las autoridades de Madrid en contra del legítimo Govern de Cataluña pero que, mañana, en cualquier momento, podría variar y ser cualquier otra cosa. Es una confrontación entre ciudadanos que se consideran a sí mismos como libres, soberanos, frente a unos determinados funcionarios a las órdenes del españolismo del PP. Ciudadanos contra funcionarios. 

Mientras en España la controversia política ha quedado distraída, durante muchos años y más años, entre el PP y el PSOE, no ha habido ningún tipo de problema puesto que conllevaba solo ciertos cambios mínimos y testimoniales. 

El día que la democracia ha intentado ir más allá, el día que los ciudadanos han dado la mayoría parlamentaria a un proyecto político de auténtico cambio, en este caso, independentista, los poderes fácticos del Estado han demostrado por la vía de los hechos consumados que no piensan tolerarlo, que tienen la capacidad de generar miedo, sufrimiento, y que la voluntad popular, que la democracia, en realidad, está tutelada, limitada, secuestrada. 

Lo mismo habría sucedido si Podemos hubiera conseguido la mayoría parlamentaria o si otra fuerza radical hubiera ganado las elecciones para abordar decididamente otro rumbo. Sus representantes políticos también habrían acabado en la cárcel y se habría perseguido, políticamente y judicialmente, su ideología. Hemos visto, acabamos de vivir, que los auténticos límites de la democracia española son muy estrechos cuando los electores pretenden algo más que sustituir en el gobierno a un partido por otro.


Ante la violencia policial y paramilitar durante el referéndum del 1 de octubre contra una población pacífica e indefensa, el president Carles Puigdemont, afortunadamente, tomó la decisión inamovible de evitar por cualquier medio la confrontación física. Su política es firme y quiere evitar la violencia a toda costa. 

Es en este sentido que, a pesar de la vergonzosa indiferencia de la Unión Europea ante la crisis de los refugiados y de la guerra de lo que fue Yugoslavia, el president de la Generalitat ha querido ir a llamar personalmente a la puerta de las autoridades europeas para denunciar el autoritarismo de Madrid, el encarcelamiento político de líderes sociales y, ahora también, de más de la mitad del Govern legítimo, los consellers y conselleres que se encontraban en el territorio administrado por el Estado español. 

Su gesto ha sido muy positivo ante la opinión pública internacional, aunque no haya, por ahora, obtenido ninguna respuesta oficial por parte de la Unión. Madrid no solo ha reprimido a la población que pretendía resolver pacífica y civilizadamente el conflicto catalán a través del voto, también ha castigado, reprimido, intimidado a los principales actores del independentismo, incluso a los medios de comunicación, hasta desfigurar la naturaleza misma de la democracia española. 

La desesperación de Rajoy y de las autoridades españolas no ha hecho más que aumentar cuando, según las últimas encuestas, el independentismo político no deja de crecer y de reunir aún a más voluntades sensatas, moderadas, democráticas, en definitiva, que no aceptan ni toleran el juego sucio de los poderes fácticos españoles. 

Tras la represión ha aparecido la humillación, completa, de los miembros del Govern encarcelados y, especialmente, de la figura del vicepresident Junqueras, ridiculizado por unos guardias civiles paramilitares que se han atrevido a valorar su anatomía como hipotética cobaya para el disfrute sexual de otros presos, como un ejercicio de deshumanización, de animalización, como vejación y reducción a la categoría puramente objetual del honorable preso político. 

Como si fuera un ciudadano sin ningún tipo de derecho, secuestrado por delincuentes, en manos de una organización criminal o de un Estado sin garantías democráticas ni respeto por los derechos humanos. España, su Guardia Civil, sus cárceles, tienen el prestigio como instituciones que ellas mismas generan.


Después de la brutal persecución política, de la burla y del escarnio, España solo tiene la opción de la ocupación militar de Catalunya, en caso de que la OTAN le dé luz verde, lo cual no será fácil. Tanta intimidación, tanta saña, tanta desproporción no hacen más que dejar en evidencia la extraordinaria debilidad de Madrid, mientras el independentismo no para de crecer. Catalunya cada vez está más y más separada de España, a punto de la definitiva ruptura, si sus ciudadanos mantienen la calma y persisten en reclamar legítimamente la plena democracia, la libertad. 


(*) Profesor de Historia en Cataluña


La fabricación de las falsedades sobre Podemos y su supuesto proindependentismo / Vicenç Navarro *

Por qué tanta hostilidad hacia Podemos
Hoy, Podemos, un partido que no existía hace sólo cuatro años, ha alcanzado tales dimensiones a lo largo del territorio español (junto con otros nuevos partidos políticos como En Comú en Cataluña, En Marea en Galicia, y otros renovados como Izquierda Unida y Equo) desarrollando un nuevo espacio político con una clara vocación transformadora de España que ha asustado a las  estructuras del poder económico y financiero y a sus instrumentos políticos que temen perder sus privilegios. 

De ahí que la mayoría de medios de información que están a su servicio hayan mostrado una enorme hostilidad hacia tal nuevo espacio político y hacía su dirigente, Pablo Iglesias (una de las personas más agredidas y vilipendiadas por los poderes fácticos que dominan la vida económica y política del país), mediante una campaña de desprestigio en la que las falsedades,  manipulaciones e insultos se prodigan extensamente en su intento de destrucción al que consideran como “el enemigo” (y utilizo este término bélico pues su comportamiento traduce una cultura de escasa sensibilidad democrática).

La más reciente construcción de falsedades sobre tal formación política ha sido el presentar a Podemos como favorable a la independencia y próximo a los partidos que aspiran a alcanzarla. En consecuencia se presenta tal espacio político como parte de la “anti-España”,  en una campaña que tiene parecido a las que existieron en épocas históricas anteriores en las que a los movimientos político-sociales que proponían enriquecer a España, aceptando su plurinacionalidad, se les definió también por los defensores de la España uninacional como los anti-España, y tengo experiencia en ello.  

Mis padres,  que amaban intensamente  a Catalunya y España,  y que dieron lo mejor de su vida  para mejorarlas,  fueron brutalmente represaliados (cuando los militares golpistas ganaron la Guerra Civil) por “separatistas” (además de rojos) cuando en realidad lo que deseaban era otra España, una España republicana, mucho más justa y más sensible a la plurinacionalidad del país que la que tenía la España uninacional monárquica.

Un ejemplo de tal fabricación
En una situación semejante estamos viendo como se está intentando presentar a Podemos como un partido de simpatías separatistas y por lo tanto antipatriota. El caso más reciente es el artículo de una de las editoras de El País (uno de los rotativos más hostiles a Podemos), la Sra Gabriela Cañas,  titulado  “Podemos, él ni-ni  de la política” (31.10.17),  que contiene una gran cantidad de mentiras,  falsedades  y manipulaciones en su intento de presentar a Podemos cómo  secesionista. 

 Con este objetivo,  la Sra. Cañas  muestra las declaraciones pro-independencia de una diputada de Podem Catalunya en el Parlament Catalá, la Sr. Angels Martínez Castells, que declaró su apoyo al independentismo y a la República Catalana (a través de sus aplausos, declaraciones y tweets) como representativas de la política de Podemos, ignorando y ocultando las críticas y amonestaciones que la dirección de tal partido, incluyendo Pablo iglesias, han hecho para repudiar ese comportamiento en múltiples ocasiones. La Sra. Cañas  sabe de ello, pues todos estos hechos son conocidos en el establishment político-mediático del país, pero ha preferido no citarlo.

La postura de Podem Catalunya ha sido utilizada extensa y erróneamente para reforzar esa imagen manipulada de Podemos.
Entre los hechos que los medios han utilizado para desacreditar a Podemos y a su Secretario General hay que incluir el comportamiento de la dirección de Podem Catalunya que actuando por su cuenta, sin previa consulta con la dirección de Podemos, ha estado colaborando con los partidos independentistas y sus medios de información (que le han ofrecido altavoces mediáticos para exponer sus puntos de vista favorables a las izquierdas independentistas y muy críticas a las izquierdas no secesionistas como En Comú e incluso Podemos). Es difícil de creer que la dirección de Podem no fuera consciente de que estaban  siendo utilizados para desprestigiar a las izquierdas no secesionistas tanto en Cataluña (En Comú) como en España (Podemos). 

La línea de alianzas de Podem ha sido también criticada en múltiples ocasiones por Pablo iglesias y por la dirección de Podemos. Pero lo que es menos conocido (y que también ha sido ignorado en los medios) ha sido el hecho de que muchos militantes en Podem Catalunya han dejado el partido. Se ha iniciado una rebelión por parte de los militantes y de los inscritos de Podem que está llevando a un rechazo a la estrategia y el discurso de la dirección de Podem, con peticiones a una Asamblea General que cambie la dirección y la línea política de Podem,  recuperando el espíritu inicial de Podem: ser parte de Podemos y aliarse con las izquierdas no secesionistas que defiendan la plurinacionalidad de España. Estas tensiones dentro de Podem se han presentado en los medios como un conflicto entre la dirección de Podem y la dirección de Podemos, ignorando que gran parte del conflicto estaba y está dentro de Podem.

La presentación de Pablo Iglesias como independentista
Estos medios de comunicación no tienen tampoco ningún reparo en atacar injustificadamente a Pablo Iglesias, siendo el artículo de la Sra. Gabriela Cañas el máximo ejemplo de ello. Miente a mansalva cuando escribe que el discurso que Pablo iglesias dio en el día de la Diada (día nacional de Cataluña) en Santa Coloma de Gramenet, terminó con la expresión “Visca Catalunya Lliure” que es el eslogan de los partidos independentistas. ¡Eso no es cierto! Yo estaba sentado en la primera fila, como invitado de la fiesta, y a pocos metros de Pablo Iglesias. Y puedo dar testimonio, como también puedan atestiguar las miles de personas presentes en el acto, que Pablo Iglesias, jamás utilizó esa expresión, lo que dijo fue “Visca Catalunya”, sin añadir el eslogan independentistas.

Cómo garantizar la unidad de España
Frente a la enorme crisis que existe en Catalunya y España, hay dos alternativas. Una, la represión que ha estado imponiendo el gobierno Rajoy con las judicializaciones y encarcelamientos a dirigentes del movimiento independentista y que aparece en su plena magnitud en la aplicación de la ley 155 que anula toda la potestad de dirigir las instituciones democráticas catalanas por parte de las autoridades elegidas en Cataluña. Tal medida, profundamente ofensiva a Cataluña se añade a la represión policial realizada por la Policía Nacional, que con su brutalidad, produjo casi 900 personas que necesitaron asistencia sanitaria (datos generados por los propios servicios sanitarios). 

Sin lugar a dudas, estas políticas represivas hacen crecer el sentimiento secesionista en Cataluña. Y los datos lo muestran. El apoyo al secesionismo en Cataluña ha crecido significativamente (como indica el último barómetro del CEO, Octubre 2017), y continuará creciendo. Creerse que España puede continuar unida mediante la represión es no conocer la historia de este país. Estas políticas llevadas a cabo desde el estado central romperán España. En realidad, la están ya rompiendo y los datos lo muestra: el movimiento independentista que representaba aproximadamente el 15% de la población catalana cuando el Gobierno Rajoy inició su mandato ha alcanzado ya el 48%. Más de dos millones de catalanes. Esta es la muestra de su fracaso.

La otra alternativa, es la que proponen las nuevas izquierdas en España, incluido Podemos: reconocer la diversidad y plurinacionalidad de España, permitiendo que las diferencias se respetan y que cambie la orientación uninacional del Estado para que se permitan la diversidad nacional, manteniendo e incluso reforzando la solidaridad y fraternidad entre los distintos pueblos y naciones que conforman España. 

En realidad, indicadores de cómo medir el amor y compromiso de una fuerza política a la nación y a la patria de su país, muestran fácilmente que las derechas “superpatriotas” españolistas y catalanistas suspenden espectacularmente. Si analizamos el impacto de las políticas públicas llevadas a cabo por las derechas nacionalistas españolas y catalanas, que se presentan con enorme arrogancia como las defensoras de la patria, se ve claramente que han sido ellas las que han estado imponiendo las políticas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida y bienestar de las clases populares que son la mayoría de la población española y catalana. El PP y el PSOE que se presentan como los defensores de la unidad de España han hecho un enorme daño con la aplicación de reformas laborales y recortes de gasto público en la población. 

Y una situación idéntica ha ocurrido en Cataluña con el partido del Sr. Artur Mas y su discípulo, Puigdemont, que controlan los aparatos de la Generalitat de Catalunya, incluyendo sus medios de comunicación. Ambos partidos han utilizado las banderas para promover los intereses de las minorías privilegiadas que tienen un enorme poder en la vida económica, política y mediática del país.  Sus equipos económicos son de clara sensibilidad neoliberal que es la ideología del mundo empresarial frente al mundo del trabajo. 

No por casualidad, estos días de gran tensión nacional, TV3 promovía de forma expresa tal neoliberalismo, a través de un programa de promoción del neoliberalismo dirigido por el economista más neoliberal e independentista del establishment catalán. Una vez más, las derechas que se presentan como las defensoras de la patria, han utilizado sus banderas para distraer a la ciudadanía y que esta se centre en los temas nacionales a costa de los sociales. Así de claro.


(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra

NOTA:
La periodista Ana Cabanillas, de El Independiente, ha colgado un tweet en el que me ataca por críticar “injustamente” a la periodista de El País, Gabriela Cañas al indicar que, en su intento de presentar a Pablo Iglesias como próximo al secesionismo, le atribuía una frase con la que terminaba su discurso en Santa Coloma de Gramanet que era “Visca Catalunya Lliure” que todo el mundo sabe que es el eslogan del movimiento independentista catalán. Pues bien, Ana Cabanillas para mostrar lo falso de mi acusación invita al lector a escuchar el vídeo que incluye solo la parte final y conclusión del discurso de Iglesias, suponiendo erróneamente que dice lo que Cañas había escrito.

Véanlo y verán sin embargo que Pablo Iglesias dice algo distinto. Si ven la totalidad del discurso que Cabanillas no presenta y el contexto en el cual se da, verán que él no termina diciendo “Visca Catalunya Lliure”, que se asocia con el movimiento independista, sino otra cosa similar pero distinta: “Visca Catalunya Lliure i soberana”, llamando además a la fraternidad entre los pueblos de España. Y lo hace después de hacer una llamada a sentirse profundamente español en una Catalunya libre y soberana dentro de una España plurinacional. No puede deducirse de ello que Pablo Iglesias estaba promoviendo el punto de vista independentista como la autora del artículo insinuaba.

El síndrome de la rana cocida / Rosa Roda *

La Región de Murcia va a entrar en el siglo XXI de las infraestructuras ferroviarias desde el siglo XIX sin pasar por el siglo XX. ¿Están preparados los monederos de los murcianos para un tren de alta velocidad, más bien velocidad alta dado el trazado por la Vega Baja, cuyo precio por billete no encaja precisamente con el bajo nivel salarial y de pensiones que exhibe la Región de Murcia? Solo el 7% de los contratos que se suscriben en Murcia son indefinidos. 

Estamos a la cola de España en salarios y pensiones aunque eso no impide que los murcianos sean los trabajadores más felices de España, según una encuesta de Adecco sobre felicidad en el trabajo. Un tuitero explicó que debe tratarse del ´síndrome de la rana cocida´ que padecemos los murcianos debido al exceso de sol y que podría definirse como «negación de la realidad y conformismo patológico hasta el extremo de no hacer nada por cambiar las cosas bajo la máxima de que todo es susceptible de empeorar porque más vale malo conocido que bueno por conocer». Ese síndrome podría ser la clave del éxito político del PP.

AVE y nivel salarial. El AVE no es accesible a todos los bolsillos. Eso es cierto. En cuanto tengan que viajar en ese tren dos miembros de una familia, compensará ampliamente ir en coche a Madrid porque viajar en ese tren saldrá demasiado caro. Y precisamente por eso es vital y crucial que el gobierno regional pelee con Renfe el mantenimiento de trenes de pasajeros a través de Cieza y Albacete a un precio más asequible y adecuado a las nada boyantes economías familiares murcianas. Al fin y al cabo, eso fue lo prometido a Murcia por el entonces ministro Álvarez Cascos en el pacto de San Esteban de 2001 que encabezó Valcárcel. Uno no, dos trenes AVE nos iban a dar por aceptar el AVE por Alicante y los amaestrados empresarios murcianos se lo creyeron. Todos a una con Ramón Luis, gritaron cual dartacanes.

La Región de Murcia acumula años de retraso y atraso ferroviario. Es incalculable el lucro económico cesante. Ya en 2003, tras el trágico accidente de Chinchilla en el que murieron abrasadas 19 personas al chocar un tren de mercancías cargado de gasoil con uno de pasajeros, el entonces vicepresidente de la comunidad, Antonio Gómez Fayren, clamó y exigió una línea ferroviaria decente para la Región de Murcia, y caso omiso. Los murcianos seguimos esperando el AVE que ahora se anuncia para la primavera de 2018, mientras a la variante de Camarillas le queda como mínimo un año porque, aunque está al 65% de ejecución, ahora deben construir una galería junto a uno de los túneles debido a la nueva normativa de seguridad. Tampoco hay planes para desdoblar y electrificar esa vía férrea como habría sido lo decente y responsable desde hace muchos años.

Norte/Sur. Los murcianos no solo somos víctimas de la sumisión política ante Madrid, sino que venimos sufriendo y pagando una cascada de decisiones políticas erróneas por mala planificación en unos casos e intereses inconfesables en otros. Veamos. El auténtico polo turístico de la Región de Murcia por sus maravillosos restos arqueológicos, el puerto y los cruceros es Cartagena. Me atrevería a decir que la línea del AVE a la ciudad portuaria y no el soterramiento debería haber sido la auténtica prioridad del Gobierno regional si, como dicen, solo les mueve el interés general.

Hoy tampoco estaríamos hablando del polémico y costoso soterramiento de las vías entre Senda de los Garres y Barriomar cuyo coste se cifra en seiscientos millones de euros si en su día, con permiso del fallecido Samper, hubiesen apostado por la opción de ubicar la estación de trenes al Norte de la ciudad donde ahora se ubica el centro comercial Nueva Condomina, donde el PGOU reservó terreno industrial; o si la propia Plataforma del Soterramiento, que también ha dado sonoros bandazos, hubiese aceptado la opción de hacer una nueva estación en Los Dolores, a tan solo tres kilómetros de El Carmen. 

El portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, obcecado con el convenio del soterramiento de 2006, llegó a calificar de ´cacicada´ la opción propuesta por Valcárcel en 2012 de llevar la estación de trenes a Los Dolores. Contreras dijo que el presidente regional estaba proponiendo «una estación de pueblo», aunque ahora sus camaradas aceptarían con los ojos cerrados esa alternativa ante la perspectiva de años de interminables obras y el riesgo de que se paralice el soterramiento con cualquier excusa política o económica como ha sucedido en Valladolid. 

Algo que muchos murcianos no afectados directamente por las vías no verían del todo mal porque creen, aunque no se atreven a verbalizarlo, que hay necesidades en sanidad y educación más importantes que soterrar las vías en tramos donde apenas hay viviendas.

Opciones. De haberse optado por la alternativa Norte que traía el tren desde Elche siguiendo el corredor de la A-7, el AVE ya estaría en Murcia. La alternativa defendida en su día por la pedanía de Alquerías, el Gobierno valenciano y los ayuntamientos de Orihuela y Benejúzar era la más recomendable técnica, ambiental y económicamente porque ya entonces los vecinos exigían el soterramiento. Donde ahora se ubica el centro comercial y el estadio de fútbol había terreno de sobra para haber ubicado la nueva estación multimodal de trenes y autobuses de Murcia sacando del centro de la ciudad unas estaciones que están encajonadas en los barrios del Carmen y San Andrés. Pero el Gobierno regional, Renfe y el ayuntamiento de Murcia alegaron en contra y prosperó la opción Sur por la Vega Baja «por sus excelentes condiciones de accesibilidad», dijeron.

Finalmente se eligió la alternativa Sur a pesar de ser un recorrido más largo, que ha resultado más costoso económicamente (cuanto más dinero en juego, mejor para algunos) y con un mayor impacto ambiental al discurrir por zonas inundables y de huerta. El Norte habría sido lo más conveniente para el interés general, pero puede que lo menos rentable para el interés particular de algunos como ha demostrado el caso judicial Nueva Condomina, que sentará en el banquillo a Cámara (dos años estuvo sin sacar dinero del cajero) acusado de un delito de prevaricación por favorecer los intereses del empresario en perjuicio de la ciudad de Murcia.

Lo más triste y lamentable es que durante el periodo de información pública de las alternativas Norte y Sur (corría el año 2002) solo se presentaron 33 alegaciones, lo que demuestra la falta de interés y la pasividad de la sociedad murciana de aquella época que ahora se lleva las manos a la cabeza por el muro del AVE en superficie cuando pudo haber peleado por alternativas más adecuadas.

La estación en Los Dolores, presupuestada en su día en cincuenta millones de euros, se propuso más tarde y también habría sido una opción infinitamente más barata y sencilla que el soterramiento porque permite desviar todos los trenes, incluidos mercancías, por una nueva plataforma paralela a la autovía del Reguerón para enlazar de nuevo con la vía férrea en Sangonera la Seca. Una opción que también habría sacado las vías del tren del centro de Alcantarilla, cuyo alcalde, Joaquín Buendía, no dice nada, pero tiene un grave problema del que van a dar cuenta los vecinos de Las Tejeras concentrándose cada miércoles en el entorno de las vías.

Valcárcel propuso con firmeza esa opción porque el propio PGOU había reservado una franja de terreno para un corredor ferroviario bajo la denominación (NI), pero la plataforma del soterramiento inexplicablemente la rechazó. Y Cámara y Sánchez Carrillo rápidamente se lo quitaron de la cabeza a Valcárcel por intereses que solo ellos conocen.

Intereses. No duden de que hay mucho dinero en juego con el plan especial del Carmen que se aprobó en 2010 para generar plusvalías urbanísticas con las que sufragar las costosas obras del soterramiento. Un plan especial del Carmen (aprobado sin informes preceptivos de CHS sino del EPA que acabará anulando la Justicia) que urbaniza un total de 207.290 metros cuadrados de los que 141.026 pertenecen a Adif, 11.559 a Gas Natural, 23.503 están en manos particulares deseando que se soterren las vías para hacer negocio, y 18.316 a Latbus, que ya dio un pelotazo al vender esos terrenos por diecinueve millones de euros.

El 23 de junio de 2006, solo un día después del convenio del AVE, la empresa de transporte vendió en escritura pública los 18.631metros cuadrados de sus viejas cocheras situadas en el entorno de la estación de El Carmen a la compañía inmobiliaria Urbis SA que finalmente acabó quebrando. 

El precio se fijó en función de la edificabilidad futura que iban a tener esos terrenos, ya que en la escritura se hizo constar que tenían inicialmente asignada una edificabilidad de 0,6m2/m2, pero se añadía un dato que ni Latbus ni Urbis debían conocer en esa fecha y era que por razón de la llegada del AVE estaba prevista la modificación del Plan General de Murcia en la que el indice de edificabilidad, por considerarse más adecuado para la viabilidad económica de la actuación, sería del 0,9%m2/m2. Latbus nunca explicó cómo supo que el aprovechamiento urbanístico se incrementaría un 50%. Solo algún ingenuo sigue creyendo que no hubo información privilegiada.

Tanto la alternativa Norte como Los Dolores eran opciones más ventajosas técnica, ambiental y económicamente para el interés general que mantener la estación en el Carmen con el consiguiente y millonario soterramiento de las vías que ahora se proyecta, pero esas opciones habrían dado al traste con los pelotazos pasados y los que han de venir.
Definitivamente, los murcianos padecemos el síndrome de la rana cocida.


(*) Periodista y jefa de Informativos de Onda Cero en Murcia


viernes, 3 de noviembre de 2017

Un estudio del Imida indica que ha emergido una superficie de 35 hectáreas en la zona de las Encañizadas desde 2009


SAN JAVIER.- La zona de Las Encañizadas del Mar Menor, una de las principales zonas de intercambio de agua entre la laguna y el Mar Mediterráneo, se ha visto reducida significativamente en los últimos años y han emergido más de 35 hectáreas de terreno por el depósito de más de 50.000 metros cúbicos de arena. Además, la zona de conexión entre el Mar Menor y el Mediterráneo en la zona de Las Encañizadas se ha reducido, al pasar de unos 580 metros en 2009 a los 105 metros y a un calado de 12 centímetros de media en 2017.

Así lo concluye el estudio encargado por la Comunidad sobre las Encañizadas al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), institución encargada de elaborar la mayor base de datos sobre parámetros que caracterizan el Mar Menor con el fin de disponer de la más completa información que permita tomar las decisiones necesarias para la recuperación total de la laguna salada.
El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, asistió hoy a los trabajos que realiza el Imida en el Mar Menor y que constatan su aislamiento. 
Celdrán aseguró que "hemos solicitado al Comité de Asesoramiento Científico de Mar Menor que nos indique de forma urgente una planificación de medidas y acciones que eviten que el Mar Menor se colapse por la falta de intercambio de agua con el Mediterráneo y evite que sea un conjunto de agua estancada".
En los trabajos de obtención de datos, el Imida emplea la última tecnología disponible y está desarrollando una propia con empresas murcianas como Nido Robotics, especializada en drones. Precisamente, los vehículos no tripulados se usan para realizar las batimetrías detalladas de las zonas someras del Mar Menor, como la ya realizada en las Encañizadas y que se extenderá al conjunto de la laguna.
"Vamos a seguir colaborando con el Imida para realizar tareas de teledetección y fotogrametría de alta resolución y para obtener una batimetría de zonas someras, con técnicas similares a las que se utilizaron para realizar los trabajos de las Encañizadas pero abarcando todo el perímetro del Mar Menor. 
Con este y otros trabajos que se llevan a cabo en la actualidad, se pretende obtener una batimetría de detalle actualizada para toda la superficie del Mar Menor, necesaria para estudiar y modelizar la circulación de agua en la laguna", indicó Javier Celdrán.

Colaboración con el Imida
La colaboración con el Imida consiste en crear y mantener una base de datos con un conjunto de parámetros relevantes que caracterizan el Mar Menor, tanto desde un punto de vista físico como químico o biológico, con el objetivo de disponer de series históricas que puedan facilitar el cruce de información para establecer relaciones entre los distintos parámetros y elaborar escenarios predictivos para tomar decisiones.
En las labores de vigilancia y control del Mar Menor, el Imida se encarga ya, mediante técnicas de fotogrametría y teledetección, de hacer seguimiento de los niveles de concentración de clorofila y turbidez en el agua. Asimismo, semanalmente y en colaboración con la Dirección General de Pesca, toma los registros de temperatura, pH y salinidad del Mar Menor.
Por último, también con una periodicidad semanal se realizan tomas de muestras de agua para determinar la concentración de nutrientes presentes en el Mar Menor (amonio, fosfato, nitrito y nitrato), que determinan la calidad del agua. Las muestras se extraen en una red de 15 puntos distribuidos en el entorno de la Rambla del Albujón.

Ciudadanos critica la filtración de un Pacto Regional del Agua “que por ahora solo recoge las propuestas del PP”

CALASPARRA.- Un acuerdo “urgente y necesario”. Así ha calificado Miguel Sánchez el posible Pacto Regional del Agua esta mañana durante un acto convocado por los regantes del Tajo-Segura de Cieza y Calasparra, en el que el portavoz regional ha plasmado su firma en el Manifiesto Levantino por el Agua, un documento que, entre otras medidas, pide garantizar la perdurabilidad del trasavase y una serie de medidas para “paliar una situación de sequía gravísima, que puede acabar con la tala de más de un millón de árboles y la pérdida de miles de empleos”. 

Durante la celebración del acto, en el paraje calasparreño de El Picarcho, Sánchez ha criticado la filtración partidista e interesada del supuesto documento base para un futuro Pacto Regional del Agua “en el que no están recogidas todavía las propuestas de Ciudadanos. No es nada definitivo, sino un documento de trabajo del PP que abordaremos en una próxima reunión la semana que viene”, ha añadido el portavoz naranja.
A su juicio, el documento está lejos de ser un documento de síntesis político, sino que se trata de 21 páginas tan farragosas que podrían incluso dificultar su asunción en un Pacto Nacional del Agua.
 “Desde el primer momento, Ciudadanos  está en una mesa de negociación a la que el PSRM acaba sentarse y de la que Podemos ya se ha levantado”, ha explicado Miguel Sánchez, quien ha resaltado que dicho pacto nacional “es el verdadero objetivo y no podemos ponerle trabas antes incluso de empezar su discusión”.
A pesar de estas críticas, el portavoz de Ciudadanos se ha mostrado a favor de algunas de sus propuestas, como la creación de un Banco Nacional del Agua, la interconexión de cuencas y las mejoras en los procesos de desalación. 
“Abogamos por soluciones técnicas aportadas por especialistas y no por supuestas soluciones políticas que lo único que hacen es complicar aún más la situación”, ha declarado Sánchez, quien ha adelantado que una de las propuestas que llevará al pacto regional será la puesta en marcha de una auditoría para conocer tanto las necesidades hídricas reales de la Región como sus recursos. 
“No es lógico que ni la CHS ni la propia Comunidad Autónoma sepan a ciencia cierta cuántas hectáreas de regadío hay en la Región y necesitan agua”, ha razonado el portavoz naranja.

Manifiesto Levantino del Agua
Miguel Sánchez y el concejal de C's en Cieza Óscar Verdejo han aprovechado su presencia en el acto para estampar su firma de apoyo al denominado Manifiesto del Levantino por el Agua, a través del que se quiere tanto alertar de la gravísima situación que viven Almería, Alicante y Murcia por la sequía como proponer soluciones. Entre ellas, muchas suscritas por Ciudadanos en sus propuestas de acuerdos de largo recorrido sobre el agua, tanto a nivel nacional como regional.
Entre ellas, el propio Miguel Sánchez ha destacado la garantía de mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, poner a pleno rendimiento las actuales desalinizadoras o facilitar las cesiones de derechos. 
Pero también otras coyunturales y de urgencia, como la puesta en marcha de los pozos de sequía: “Nos han vendido tantas veces que están en marcha que muchos se sorprenden de que sigan sin dar agua a los regantes”, ha lamentado Sánchez. 
“Siempre falta una firma, una declaración de impacto ambiental y no acaban de ponerse en marcha”.
Además, el portavoz naranja ha recordado a los regantes que Ciudadanos ha sido el único partido que por ahora ha llevado hasta el Congreso la “incongruente y a todas luces injusta situación de que aún sin usar agua para sus cultivos, los regantes tengan que pagarla”, una medida que el diputado Miguel Garaulet ya ha denunciado en la Cámara Baja.

Andrés Pedreño (Podemos): "Las políticas del PP sólo generan desempleo, microcontratos y trabajadores pobres"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño señala que el PP no es capaz de frenar el ascenso continuo de las cifras del paro, y que la poca actividad laboral se está dando con contratos precarios, inestables y de corta duración.

Andrés Pedreño, ha valorado los datos relativos al empleo durante el mes de octubre que siguen en su dinamica del aumento del paro en la Región de Murcia en 1.704 personas, con lo que "la Región sigue en su ascenso continuado en desempleo mes, tras mes".
Pedreño ha adelantado que el "el PP ya no puede aludir al argumento de la estacionalidad para justificar la sangría en la destrucción de puestos de trabajo" y ha añadido que "precisamente ese es uno de los problemas; ya que tenemos un modelo productivo que no ha funcionado ni siquiera en la pasada temporada de verano que el pasado mes de agosto la Región perdió 3.685 en plena temporada".
Pedreño ha añadido que el modelo productivo actual "precariza cada vez más a los trabajadores y que engrosa las cifras de economía sumergida", y ha añadido que el hecho de que las cifras de afiliación social aumenten y se sitúen en 5.211 personas lo único que nos indica es que se realizan microcontratos, por horas, y por días, lo cual nos sigue mostrando como el poco empleo que se genera es precario y de muy baja calidad".

Los servicios juridicos de tres ayuntamientos toman nota del incumplimiento de la Ley del Rosell


CARTAGENA.- La Comisión Paritaria de Sanidad celebró su reunión ordinaria en el Ayuntamiento de Cartagena presidida por el concejal de Calidad de Vida, Francisco Calderón, e integrada por representantes de los grupos municipales, así como de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ‘Salvemos el Rosell’.

El principal punto dentro del orden del día fue el posible incumplimiento de la Ley 3/2016, de 21 de marzo, para el funcionamiento pleno de Santa María del Rosell como hospital general.
Para abordar este asunto, se sumaron concejales y miembros de los servicios jurídicos de los ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Fuente Álamo, y de la Plataforma ‘Salvemos el Rosell’.
Así, los habituales intervinientes de la Comisión dieron cuenta a los jurídicos sobre los antecedentes que fundamentan esta medida. De esta forma, conocieron tanto los puntos del articulado no desarrollados como los tiempos efectivos en lo que se sigue manteniendo la falta.
En este sentido, los abogados de las diferentes entidades participantes, liderados por la letrada de la Plataforma, y que participaron por primera vez en las reuniones de la Comisión Paritaria de Sanidad, presentaron sus dudas acerca de si hay objeto que pueda ser recurrido y si hay legitimación en cuanto a la ‘Ley del Rosell’.
Del mismo modo, cabe reseñar que durante la reunión del pasado 6 de septiembre se determinó aunar esfuerzos para definir una estrategia conjunta sobre la probable judicialización del incumplimiento de la citada Ley.
Por su parte, el concejal del área de Calidad de Vida y presidente de la Comisión Paritaria de Sanidad, Francisco Calderón, aseguró tras la reunión que “en consecución con lo acordado en el Pleno municipal" se continuará recabando información para realizar un seguimiento exhaustivo de la ‘Ley del Rosell’, de modo que el día 2 de enero pueda constatarse cuál es el estado del cumplimiento y se pueda denunciar "en el caso de que no se hayan cumplido los once puntos que están estipulados en un hospital general".
Asimismo, Calderón apuntó que se va "a solicitar a la gerencia del Área II de Salud que se convoque la Comisión de seguimiento del Rosell y el Consejo de Salud”. Para ello, concluyó el edil, se está avanzado junto a los abogados que van a trabajar conjuntamente para comprobar la información necesaria con el fin de realizar un seguimiento jurídico de lo que, intuye, "va a ser un incumplimiento de la Ley".

El plan de inversión privada en carreteras reaviva los pactos entre constructoras medianas

MADRID.- Los 5.000 millones del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que ultima el Ministerio de Fomento han reactivado a la clase media de la construcción española, donde se están moviendo alianzas en busca de volumen para competir con los mayores conglomerados de infraestructuras del país. A falta de un listado en firme de proyectos, distintas fuentes aseguran que hay una versión extraoficial de lo que será el plan, así como un borrador de pliego de condiciones que Fomento está discutiendo con el sector, según Cinco Días.

Aldesa, Copasa, Azvi, Cyopsa, Rubau, Rover Alcisa, Sarrion y Sando, entre otras, están entre las empresas que pueden configurar equipo. Alguna de ellas rondaba los 1.000 millones de facturación antes de la crisis y operaban en el mercado local a máximo rendimiento, pero sus balances se resintieron con la debacle de la inversión pública y hoy buscan subirse al tren de la recuperación.
Pese a la unánime queja entre los grupos de la oposición por la escasa información hecha pública hasta ahora, tanto el Ministerio que lidera Íñigo de la Serna como el sector privado dan pasos para la puesta en marcha del que ha sido presentado como un programa de impulso para “el último sector productivo en salir de la crisis”. El Gobierno está pisando el acelerador para licitar las primeras actuaciones antes de que concluya el año, pero el grueso del plan saldrá a concurso y será adjudicado entre 2018 y 2019.
Con un papel protagonista en las negociaciones de Seopan, asociación de las grandes constructoras, se da por descontado el interés de las mayores referencias del sector. Más difícil lo tienen las constructoras medianas asociadas a Anci, entre las que hay ciertos recelos sobre el diseño del PIC. De esta asociación, de la que forman parte algunas de las empresas citadas, pueden partir hasta tres consorcios para concursar, según fuentes cercanas a las negociaciones.
“Se han anunciado proyectos a partir de los 100 millones de euros, cuando la nueva Ley de Contratos del Sector Público propugna la máxima fragmentación en los mismos, con el claro fin de que planes como el PIC alcancen a todo un sector. Habrá que ver la lista definitiva”, se queja el primer ejecutivo de una de las firmas interesadas. Se espera que Fomento incluya los seis tramos de autovía de nueva generación que no pudieron licitarse para su acondicionamiento en 2007. Así, se verían afectados por el nuevo plan tramos de la A-3 o de la A-4 en Andalucía.
Las constructoras medianas también permanecen atentas a los filtros, en forma de requisitos de solvencia, que pondrá el Gobierno en los pliegos. En el sector se especula con la exigencia de un mínimo en fondos propios que represente el 20% de la inversión y no de la primera anualidad del contrato, lo que exigiría cierto músculo a los concursantes.
También se mira con lupa la demandada limitación de los riesgos de expropiación de suelo tras el fiasco de las autopistas radiales. Al parecer, una primera versión del PIC cifraría en un 175% el máximo que debe afrontar el sector privado sobre el coste presupuestado de expropiación, cuota que habría bajado al 150% en una segunda versión y que se deja abierto a modificación en un tercer borrador. 
Por encima de ese porcentaje, sería el Estado quien corre con la factura excedentaria de las expropiaciones. Las constructoras si correrán, por contra, con las posibles desviaciones en el presupuesto de obras y no tendrán que gestionar el riesgo de demanda o tráfico.
Las carreteras tocadas por el PIC deben formar parte de la red transeuropea de transportes y los proyectos saldrán en concesión. El canon mensual que cobrarán las adjudicatarias responde al modelo de pago por disponibilidad. Es decir, el sector privado adelanta la inversión en obras de mejora y la recupera a lo largo de 30 años de explotación –plazo que incluye el diseño y construcción–, en los que cobra en función del estado de la infraestructura. 
El PIC, totalmente independiente del presupuesto de Fomento y sin cómputo en el déficit, será financiado en un 40% por el BEI, las constructoras deben aportar otro 20% y levantar financiación de la banca comercial por el 40% restante.

La tradición de sumar fuerzas

- La alianza de constructoras medianas ha sido una estrategia recurrente cada vez que el Gobierno ha activado un plan extraordinario de inversiones. El último de ellos, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de Rodríguez Zapatero, motivó la creación de un equipo entre Cyopsa Sisocia, Rubau, Sarrión, CHM (las cuatro de la asociación Anci) y la vallisoletana Zarzuela.
- Un frente de compañías valencianas, integrado por Cyes, Rover Alcisa, Torrescámara y la ingeniería Arin, se fundió en un consorcio estable en plena crisis para buscar obra fuera de España.
- Hasta cinco constructoras catalanas formaron la compañía Quatuor Infraestructuras en 2009 en busca de concesiones. Fueron Àrids Romà, Emcofa, Excover, Rubau Tarrès y Vicsan Torredembarra.
- En el seno de la patronal Anci llegó a debatirse en 2012 la creación de una constructora abierta a la participación de los 25 integrantes del colectivo. Se trataba de sumar balances para competir fuera de España.

La Comunidad Autónoma presenta el distintivo VTC para taxis, que facilitará su control


MURCIA.- La Consejería de Presidencia y Fomento presentó este viernes el distintivo que facilitará la identificación y el control de Vehículos con Conductor (VTC) con autorización residenciada en la Región de Murcia y cuyo objetivo es evitar competencias desleales. La regulación de su uso se realizará a través de un decreto que está elaborando la Consejería.

Esta presentación se realizó durante la reunión que mantuvo el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, con los representantes de las asociaciones de taxi de la Región de Murcia, en la que destacó que esta acción "es uno de los avances de la estrategia regional para garantizar la adecuada convivencia de este sector con las plataformas VTC".
"El distintivo permitirá identificar estos vehículos y constatar de modo visual que están provistos de la correspondiente autorización administrativa", explicó el consejero e indicó que con él "daremos una mayor seguridad e información a las personas usuarias de VTC", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Las autorizaciones deberán colocarse en la parte superior derecha de la luna delantera y en la parte inferior izquierda de la luna trasera del vehículo, respectivamente, de forma que resulten visibles desde el exterior sin interferir en ningún caso la visibilidad del conductor. El distintivo hace referencia al mes y año en que el titular de las autorizaciones deberá proceder a su visado e, igualmente, incluye la matrícula del vehículo autorizado.
En respuesta a la petición de los taxistas, la Consejería ha reforzado las inspecciones de los transportes terrestres, en las que se han incluido acciones específicas de control de los VTC en el territorio regional.
"En las últimas 55 inspecciones realizadas en los meses de julio y octubre, la Dirección General de Transportes detectó cuatro VTC ilegales cuyos vehículos fueron sancionados e inmovilizados", expuso el consejero.
Rivera también ha informado que su Departamento ha impulsado una campaña de colaboración con los ayuntamientos para que los policías colaboren en las inspecciones para el cumplimiento normativo de los VTC. Se ha actualizado el protocolo que sistematiza el trabajo de los agentes en las inspecciones de este tipo de vehículos, y ya se ha distribuido entre los municipios.
"Estas medidas complementan a las dispuestas por el Ministerio de Fomento, que es el organismo competente en la regulación del transporte", recordó Rivera, quien puso como ejemplo las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos 'Plan Movea' o la futura normativa específica para evitar la especulación de las licencias de VTC.
"El respaldo del Ejecutivo regional al sector del taxi también se refleja en las dos convocatorias de ayudas por un valor total de 180.000 euros, destinadas a la renovación y adquisición de vehículos eurotaxis, y las de adquisición de nuevas tecnologías para los vehículos, que fueron convocadas el pasado verano", concluyó.

De la Serna firmará con López Miras un protocolo para financiar la 'autovía del bancal'

MURCIA.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, firmará el próximo lunes con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, un protocolo de intenciones para la financiación de actuaciones en materia de carreteras para el tramo Alquerías-Santomera de la autovía RM-1, conocida como 'autovía del bancal'.

Con este protocolo, ambas partes consideran adecuado al interés general del Estado y de la Región de Murcia la ejecución y explotación de tramol Alquerías-Santomera de la autovía RM-1 entre San Javier y Santomera, que discurrirá por el corredor paralelo a la carretera autonómica MU-303 y que conectará la futura Autovía del Reguerón, a la altura de Alquerías, con la autovía A-7 en Santomera.

López Miras atribuye a Podemos una denuncia de la Plataforma ProSoterramiento

CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha lamentado hoy que "Podemos ha politizado la Plataforma Pro Soterramiento" y ha atribuido a ese partido político una denuncia ante la Fiscalía presentada hoy contra él mismo y contra el alcalde de Murcia, José Ballesta, en relación con las obras de soterramiento.

López Miras ha hecho esa valoración en declaraciones a los periodistas durante la gala organizada por Ucomur en el auditorio El Batel de Cartagena con motivo del Día Mundial del Cooperativismo.
Para el presidente, "en cuanto Podemos hizo su acto de presencia en el entorno de la plataforma se radicalizaron las manifestaciones, hubo presiones, violencia, boicot a las obras del soterramiento, escraches y una forma de reivindicar con agresividad, violencia y sin respetar los derechos de las personas".
Por eso, en su opinión, "hoy se ha dado un paso más, y es un abogado miembro de la ejecutiva de Podemos el que firma esa denuncia" interpuesta ante la Fiscalía "intentando judicializar la política en la Región de Murcia una vez más".
El presidente ha hecho esa valoración en referencia a Fernando Losana, presidente del Comité de Garantías de Podemos, quien esta mañana acompañó al portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, a interponer la denuncia.
La denuncia considera que el propio López Miras y Ballesta, además del concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Navarro; el consejero de Fomento, Pedro Rivera, y el de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, podrían estar incurriendo en delitos de prevaricación por omisión.
Así, la denuncia expone que no se han tomado medidas para paralizar las obras del soterramiento a pesar del mandato del pleno municipal al considerar que están fuera de la legalidad porque el proyecto carece de memoria de impacto ambiental.
Según explicó Contreras, la única memoria ambiental que se ha redactado se refiere al proyecto redactado en 2006 para la llegada del AVE a Murcia, que solo coincide en un 18 por ciento con las obras que actualmente se están ejecutando, por lo que esa memoria no puede ser la misma.
López Miras ha insistido en que "el gobierno regional quiere que haya un soterramiento ya, que se soterren unas vías que llevan más de 150 años dividiendo la ciudad" mientras que Podemos quiere que su ejecutivo "no soterre" esas vías.
Por eso, ha confiado en que la mayoría de vecinos y miembros de la plataforma "estén más cerca de los intereses de la Región de Murcia que de los intereses de Podemos".

'Repsol' invierte 60 millones en Escombreras para reducir las emisiones de CO²


CARTAGENA.- El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el director de la refinería de Repsol en Cartagena, Juan Antonio Carrillo de Albornoz, y su equipo directivo, en la que se ha abordado el trabajo conjunto de control y mejora de la calidad del aire.

Al respecto, según informa el Ejecutivo regional, Repsol está invirtiendo en su complejo de Escombreras 60 millones de euros para reducir las emisiones de dióxido de carbono en 420.000 toneladas.
Celdrán ha conocido de primera mano el Plan de Reducción de Emisiones de CO2; de la petrolera, "en el que la refinería de Cartagena es una pieza clave". 
El objetivo es lograr una disminución mayor del 35 por ciento en 2020 con respecto a 2010, un porcentaje que se traduce en casi 500.000 toneladas menos de emisiones de CO2;, han explicado las mismas fuentes.
La inversión de Repsol se traducirá en 136 acciones de mejora y eficiencia de procesos y equipos, que redundan en el menor consumo energético de la instalación.
En 2017, se han presupuestado para el desarrollo del Plan de Reducción de CO2; cerca de nueve millones de euros, que se destinarán a la sustitución de equipos por otros de mayor eficiencia energética. Estas medidas han permitido reducir el consumo de energía por cada barril procesado en un 20 por ciento.
Celdrán ha destacado "el trabajo e implicación de Repsol y de la refinería de Cartagena con la Región en todos los ámbitos y, en este caso, con el medio ambiente. Repsol es un modelo de buscar siempre la mayor eficiencia, también en materia ambiental".