TOTANA.-El alcalde comunista de Totana, Juan José Cánovas, ha presentado una moción al
su último pleno como regidor, a celebrar en mayo, en la que propone reafirmar la solidaridad y el apoyo
institucional del Ayuntamiento de esta localidad con el pueblo saharaui
en su lucha por sus legítimos derechos para su libre autodeterminación.
Además,
se insta al Gobierno de España a que siga defendiendo ante la ONU el
plan de paz, reiterando que el problema del Sahara Occidental es un
proceso de descolonización inacabado que debe ser solucionado de acuerdo
al Derecho Internacional.
En la misma propuesta, se exige el
respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara
Occidental, y la inmediata liberación de los 25 presos políticos de
Gdeim Izik, que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en
febrero de 2013 y condenados a fuertes penas que varían desde los 20
años a la cadena perpetua.
El acuerdo establece solicitar al
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la comunidad internacional a
que se adopten las medidas necesarias para la rápida aplicación de la
ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar el respeto a los
derechos humanas en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
También
se insta a la Unión Europea a que respete la legalidad internacional en
los acuerdos que pueda suscribir con el Reino de Marruecos, de manera
que no afecten al territorio ni a las aguas del Sahara Occidental ni a
los derechos políticos y económicos del pueblo sahararui.
La
moción de la Alcaldía aboga por incrementar la ayuda alimentaria y la
cooperación a la población saharaui que resiste en condiciones
infrahumanas en los campamentos de Tindouf para paliar las extremas
condiciones de vida de sus habitantes.
Contexto histórico
Marruecos
ocupó el Sáhara Occidental de forma violenta en los años 70 y el pueblo
saharaui desde entonces lucha por la autodeterminación, siendo el
campamento de Gdeim Izik, que fue levantado en 2010, espejo de esta
reivindicación y lucha pacífica donde miles de saharauis estaban en
protesta hasta el brutal desmantelamiento, tras lo cual fueron detenidos
y torturados cientos de saharauis.
Su proceso de descolonización
fue interrumpido en 1976, cuando su potencia administradora, España,
abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania-tras
la Marcha verde y conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid (1975),
no válidos según el Derecho Internacional.
El territorio está
ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, que lo llama
sus Provincias Meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida
ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo y es rechazada
por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando
la República Árabe Saharaui Democrática(RASD), reconocida hasta el
momento por más de ochenta países. La RASD administra la región al este
no controlada por Marruecos, la cual denomina Zona Libre.
El 8 de
noviembre de 2010 la Policía y el Ejército marroquí arrasaron a sangre y
fuego el Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad) situado a
las afueras de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, donde un mes
antes se habían congregado unos 20.000 saharauis.
Se trataba de un
pacífico campamento de protesta en el que los saharauis denunciaban la
discriminación social y civil a la que eran sometidos por las
autoridades marroquíes en sus propias tierras del Sahara Occidental
ocupado y, sobre todo, el cumplimiento de la resoluciones de Naciones
Unidas que defienden el legítimo derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación a través de un referéndum.